Oscar Hernandez Velazco
Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Oscar Hernandez Velazco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS SI NO NO SI Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 2 declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del mismo año, se provee lo siguiente. Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 3 Amparo indirecto 674/2021 ??????????????? JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 4 Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 214, inciso d) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 35, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese sentido, una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de 4 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 5 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 5 Amparo indirecto 674/2021 ??????????????? Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 256 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. 6 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 6 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 217 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se vislumbra que bajo el resguardo de esta secretaria, obran dos tomos de copias certificadas remitidas por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; sin embargo, resulta innecesario proveer respecto a su devolución, toda vez que no encuadra en el artículo citado en párrafo precedente, por lo que, será destruido junto al expediente principal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Erick Manuel Ruiz Abarca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 674/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de diciembre del dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de la que correspondió conocer por razón de turno a este juzgado de distrito, Óscar Hernández Velazco, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el número de expediente 674/2021, se previno al promovente conforme a los artículos 108, fracciones III, IV, y V, y 114, fracción II de la Ley de Amparo, asimismo, se solicitó la designación de Defensor Público Federal, a fin de que patrocinara al quejoso en el trámite de este juicio. Desahogada la prevención en trato por el quejoso, se admitió a trámite la citada demanda, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se desechó la ampliación de demanda promovida por Daniel González Romero, Defensor Público Federal del quejoso, determinación que se notificó en tiempo y forma, tal y como se aprecia en las constancias que obran en autos. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional previos diferimiento, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de cuya ejecución tiene lugar en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, su aclaración, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en: La negativa de traslado al Centro de Readaptación Social Estatal de Acapulco, Guerrero o de cualquier otro centro estatal que este cerca y que tenga convenio con los Centros Federales emitida en el expediente 121/2019. TECERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Tercero Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, al rendir informe justificado afirmó la existencia de los actos reclamados (foja 43); y al efecto remitió dos tomos de copias certificadas de los expedientes SIPE 121/2019 y SM 13/2020, las cuales se les concede valor probatorio, en términos de los 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Conforme a lo anterior, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que se acredita que dicho acto fue consentido tácitamente por el quejoso, al no promover el amparo dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la propia legislación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] 3 Registro: 394182, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, Página: 153. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". La disposición legal transcrita, prevé que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye, que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. El plazo se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, en el caso, de las constancias enviadas por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, se pone de manifiesto que la resolución de quince de octubre del dos mil veinte, mediante la cual la autoridad judicial negó la solicitud de traslado del quejoso al Centro de Readaptación Social Estatal de Acapulco, Guerrero, fue notificado al defensor público de éste, desde el mismo día de su emisión, y al directo quejoso el veintidós de octubre del dos mil veinte [fojas 139 y 195 del tomo de 2 pruebas]. En ese orden, resulta patente e inobjetable que la acción constitucional se dedujo en forma extemporánea, porque el término legal para ello conforme al cómputo respectivo -en el mejor de los escenarios para la quejosatomado en consideración la fecha de notificación al directo quejoso [veintidós de octubre del dos mil veinte], confirma indudablemente que consintió tácitamente el acto reclamado, al no promover el juicio de amparo en su contra dentro del término de quince días que marca el dispositivo 17, de la legislación de la materia; por lo que, desde esa data, al quince de noviembre del dos mil veintiuno, en que signó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales (foja 3 de este sumario), transcurrió en demasía el término de quince días; por lo que se determina que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea. Sin que pueda oponerse a esta determinación la excepción a que alude la fracción IV, del dispositivo 17, en análisis, relativa que el juicio de amparo puede intentarse en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; ya que en la especie no se actualiza dicha particularidad, debido a que la determinación que se combate, fue emitida por una autoridad judicial dentro de un procedimiento en materia penal a solicitud del quejoso Oscar Hernández Velazco, y no ante una autoridad administrativa, fuera de procedimiento, siendo este último caso en que sí procedería el juicio constitucional. Apoya esta determinación por las razones ahí contenidas, la jurisprudencia 83/20154 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de 4 Registro digital: 2010596, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 83/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , página 247, Tipo: Jurisprudencia. modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado". -Aplicable en virtud de la temporalidad de la negativa de traslado reclamada [antes de la emisión de las jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.)- Así como la diversa XIII.1o.P.T.3 P (10a.)5, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE TRASLADAR A UN PROCESADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO EMITIDA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL. AUN CUANDO ESA DETERMINACIÓN AFECTA 5 Registro digital: 2020781, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, Tesis: XIII.1o.P.T.3 P (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3489, Tipo: Aislada. INDIRECTAMENTE SU LIBERTAD PERSONAL EL PLAZO PARA PRESENTARLA DEBE SUJETARSE AL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la libertad personal puede verse afectada indirectamente con actos que determinen la permanencia del gobernado en su situación de privación de libertad o modifique las condiciones en que ésta debe ejecutarse. Luego, cuando un procesado solicita su traslado a un centro de reclusión distinto de aquel en que se encuentra, y éste es negado por la autoridad judicial competente, tal negativa, aun cuando afecta indirectamente su libertad personal, por obligarlo a mantenerse en ese lugar, al provenir de un procedimiento judicial, el plazo para presentar la demanda de amparo en su contra debe sujetarse al genérico de quince días, previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Todos esos datos, conllevan a sostener indudablemente que la demanda de amparo de que se trata, fue presentada fuera del término previsto por el numeral 17, de la Ley de Amparo, al quedar evidenciado el conocimiento de la parte quejosa respecto del acto del que se queja. En esas condiciones, conforme a lo expuesto y con apoyo además en lo previsto en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Circunstancia que impide analizar el fondo del asunto, ello en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos treinta y cinco, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Óscar Hernández Velazco, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por la licenciada Yazmín Giselle Osorio Lecona, secretaria del Juzgado con quien actúa, el día de hoy treinta de marzo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de marzo de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra pendiente la notificación del Defensor Público Federal, del auto que antecede, en el que se desechó la ampliación de demanda que promovió a favor del quejoso; toda vez que en uno de marzo pasado, se le dejó el aviso de notificación en el domicilio proporcionado. Asimismo, se hace notar que el referido auto fue notificado al quejoso el veintiocho de febrero pasado en el lugar de su reclusión. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 2 DIFERIMIENTO En tal virtud, a fin de dar oportunidad a que transcurra el plazo referido y no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se difiere la audiencia de ley y se fija las once horas con veinte minutos del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, para que tenga verificativo su desahogo. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, toda vez que ya se encuentran emplazadas al juicio y este órgano jurisdiccional, está en aptitud de notificarles por medio de lista. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/YGOL/YPLG En esta fecha se giran los oficios Conste.-El suscrito Secretario certifico y hago constar que esta foja corresponde a la parte final del proveído emitido el tres de marzo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 674/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. ESCRITO DEL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL Intégrese a los presentes autos el escrito signado electrónicamente por Daniel González Romero, Defensor Público Federal del quejoso, mediante el cual ejerce la defensa de su representado en atención a los requerimientos efectuados en autos que anteceden1, y a su vez, pretende ampliar la demanda de amparo, en razón al análisis del informe justificado y constancias anexas por la autoridad responsable. De ahí que, se desprenden los siguientes puntos: - Actos reclamados: a) Resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del SIPE 121/2019 por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en la que calificó la legalidad del traslado de Óscar Hernández Velazco [quejoso] del Centro Regional de Reinserción Social en 1 Proveídos de veintiuno de enero y nueve de febrero del dos mil veintidós. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 Acapulco, Guerrero al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS". b) Omisión del Director del Centro Regional de Reinserción Social en Acapulco, Guerrero de informar el traslado de referencia, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, a fin de que se pronunciara al respecto dentro de la causa penal 48/2016. - Autoridades responsables: 1. Director del Centro Regional de Reinserción Social en Acapulco, Guerrero, dependiente de la Dirección General de Reinserción Social, Subsecretaria del Sistema Penitenciario del Estado de Guerrero. 2. Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. SE DESECHA AMPLIACIÓN DE DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la ampliación de demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 3 Amparo indirecto 674/2021 ??????????????? El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En tal tenor, de la lectura del escrito de ampliación de demanda, resalta la manifestación del defensor público federal de reclamar el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro de los autos del SIPE 121/2019 por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en la que MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 4 calificó la legalidad del traslado de Óscar Hernández Velazco [quejoso] del Centro Regional de Reinserción Social en Acapulco, Guerrero al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán Chiapas. Concatenado a ello, del análisis de las constancias que la autoridad federal responsable adjuntó como justificación a su informe, consistente en copias certificadas de los expedientes SIPE 121/2019 y SM 13/2020; en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se da valor probatorio al tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, las cuales permiten observar que el acto reclamado indicado en el inciso a), fue notificado personalmente al defensor público federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México dentro del SIPE 121/2019, el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve [foja 234], y vía exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión el dos de septiembre de dos mil diecinueve [foja 257], de las que se aprecia sus respectiva firma autógrafa. Por lo que, se estima que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que se acredita que el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve [acto reclamado] fue consentido tácitamente por el quejoso y su defensa, al no promover el amparo dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la propia legislación. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 5 Amparo indirecto 674/2021 ??????????????? "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, resulta menester precisar -en lo que interesa-, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 6 de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". La disposición legal transcrita, prevé que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 7 Amparo indirecto 674/2021 ??????????????? incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días. Dicho plazo se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En ese sentido, el acto del que se adolece el defensor público federal no puede ser combatido a través de la ampliación de la demanda, no obstante que se haya enterado por los informes justificados, pues como se ve, dicho acto fue notificado al quejoso y a su defensa en las datas antes apuntadas, es decir, ya tenían conocimiento de ello, lo que torna improcedente la referida ampliación de demanda. Ahora, respecto a la omisión del Director del Centro Regional de Reinserción Social en Acapulco, Guerrero de informar el traslado de referencia, al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 8 Tabares, Guerrero, a fin de que se pronunciara al respecto dentro de la causa penal 48/2016, por el delito de violación agravada; se apunta que la resolución en la que se calificó el traslado del quejoso -acto reclamado señalado en el inciso a)- fue notificada al Director del Centro Penitenciario, así como al Juzgado del fuero común [foja 235 y 243 del expediente certificado SIPE 121/2019], tan es así que en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Guerrero, informó el estado procesal de la causa penal 48/2016, y comunicó que se encontraba pendiente dictar la sentencia. Dicha determinación, se notificó el uno de octubre de dos mil diecinueve al entonces defensor público federal que lo representaba, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión el nueve de octubre siguiente [fojas 282 a 286 y 306]. Bajo tales consideraciones, se demuestra plenamente que la citada autoridad judicial tiene conocimiento de la situación jurídica del quejoso y que éste, se enteró de la existencia de los actos reclamados por los que el Defensor Público Federal pretende ampliar la demanda de amparo. Además, la omisión reclamada por el aludido defensor, conforme a las constancias del sumario no ha incidido en el desarrollo de su defensa, pues como lo señala la citada juzgadora, sólo se encuentra pendiente de desahogar el dictamen de medicina legal, bajo los lineamientos que marca el Manual del Protocolo de Estambul para efecto de emitir la sentencia; por lo tanto, la omisión reclamada resulta inexistente, por una parte, y por otra, no causa un daño de difícil reparación al quejoso. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 9 Amparo indirecto 674/2021 ??????????????? En consecuencia, es claro que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV y XXIII, 63, fracción V, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y por ende, se desecha la ampliación de la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, y al defensor público federal. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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