Oscar Hernández Torres
Expediente 788/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Oscar Hernández Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 999/2021 del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña copia certificada de la resolución de once de febrero del presente año, dictada en el recurso de queja civil 268/2020. Acúsese recibo; agréguese el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes y, notifíquese a las partes el contenido de la mencionada resolución en la que se resuelve: "[...] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja número 268-2020, interpuesto por Oscar Hernández Torres; en consecuencia se confirma el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo indirecto 788/2020-VI. [.]" Asimismo, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido.
- Principal
Para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes, agréguese a los presentes autos el oficio 9689/2020 que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que acusa recibo del diverso 28245/2020 del índice de éste Juzgado y hace del conocimiento que se admitió el recurso de queja planteado, quedando registrado bajo el toca 268/2020.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por quejoso; en atención a su contenido se provee: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Se remiten los autos. Remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, el escrito de expresión de agravios y copia del mismo, así como los autos originales del juicio en que se actúa; para los efectos legales a que se contraen los artículos antes citados.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 8207/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que dicho tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo promovida por *******, contra actos que reclamó de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; asimismo, remite los autos originales del toca 147/2020 y juicio extraordinario civil 551/2017. Anexo por separado. En atención al volumen del anexo, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, y 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese cuaderno auxiliar con dicho anexo, el cual no será digitalizado y queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este órgano jurisdiccional. Se avoca al conocimiento. En virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 35, 37 y 58 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca a su conocimiento; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 788/2020-VI. Acúsese recibo. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda, se colige que la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca 147/2020, del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativa al recurso de apelación interpuesto por el demandado (aquí quejoso) contra la interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil veinte, pronunciada por la Juez Segundo del Ramo civil, de esta ciudad, en el cual se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad en la actora promovido por el ahora inconforme en el juicio extraordinario civil 551/2017; determinación aquella (aquí reclamada) que confirmó la interlocutoria recurrida Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. En el presente caso, se estima se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo - ésta última interpretada en sentido contrario-. Marco jurídico. Los dispositivos señalados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Los artículos antes señalados prevén la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que resulta de alguna disposición de la Ley, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b, de la citada Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el cual exige para la impugnación de los actos en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que estos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora, en relación con el alcance de los actos de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia sostiene que puede afirmarse que con el detalle en la propia prescripción normativa el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra aquellos actos, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. De ahí que, a juicio del Máximo Tribunal del País, las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento son las siguientes: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Caso concreto. En la especie la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca 147/2020, del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativa al recurso de apelación interpuesto por el demandado (aquí quejoso) contra la interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil veinte, pronunciada por la Juez Segundo del Ramo civil, de esta ciudad, en el cual se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad en la actora promovido por el ahora inconforme en el juicio extraordinario civil 551/2017; determinación aquella (aquí reclamada) que confirmó la interlocutoria recurrida. Sin embargo, dicha determinación no es un acto de ejecución irreparable, pues solo surte efectos procesales pero no afecta derechos sustantivos, de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se promueve en su contra. Así es, esa determinación no constituye un acto que sea de imposible reparación, habida cuenta que el impetrante de amparo no resiente una afectación grave o trascendental en sus derechos subjetivos, concretamente el de defensa, aunque sea adversa a sus intereses, pues al ser de carácter formal o intraprocesal, sus consecuencias podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, porque, en su caso, la sentencia que llegare a dictarse podría serle favorable. Así, dicha determinación por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, ya que sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el juicio de origen, y se podrían reparar en caso de obtener sentencia acorde a sus intereses. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause al impetrante de garantías un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. En lo conducente, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 3a.40, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Materia Común, Página 280, Octava Época, registro 207332, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE." De igual forma, por las razones que la sustentan, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 39, Tomo I, junio de 2014, registro 2006589, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En virtud de lo expuesto, el acto reclamado no es de aquellos actos que afecten algún derecho sustantivo que corresponda a la ahora inconforme, protegido por los derechos humanos que otorga la Constitución y los tratados internacionales; ya que las posibles violaciones que en su caso pudieran ocasionarle, son meramente formales, mismas que pueden ser reparadas si obtiene una resolución favorable y, en caso contrario, es decir, de que resultara adversa tal resolución, es hasta el dictado de la misma cuando la parte quejosa, puede promover el medio que corresponda y reclamar la determinación dictada por la autoridad responsable. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Exhortación al resto de las partes -juicio en línea-. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente.
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