Óscar Hernández Cruz

Expediente 1204/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1204/2014
Año
2014
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2015

Partes del expediente

  • Óscar Hernández Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DEL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO, EN ATENCION AL MISMO TENGASELE ACUSANDO RECIBO DE LO QUE REFIERE Y ESTESE A LO ORDENADO MEDIANTE PROVEÍDO DE OCHO DEL MES Y AÑO ACTUAL. FINALMENTE DEVUELVASE AL ARCHIVO EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se observa que mediante oficio 7966 de cinco de diciembre de dos mil catorce, se informó al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo, que este órgano federal tuvo por consentida la resolución de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado; y, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, se remitieron a dicho Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo, por incompetencia diversos documentos, mismos que por razón de turno tocaron al Juez Tercero de Distrito en esta entidad federativa, como se observa en la papeleta con número de registro 284/2014 de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo; y, asimismo, tanto la recepción del diverso del índice de este tribunal así como de los documentos antes indicados, se advierten del sello que obra estampado en la constancia de notificación visible a foja treinta y uno del presente asunto. De igual manera, mediante oficio 7965 de cinco de diciembre de dos mil catorce, se informó a la Jueza Primero Civil y Familiar de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que la resolución de veinticuatro de noviembre del año en curso había causado estado al no haberla impugnado el quejoso Óscar Hernández Cruz; recepción del oficio en comento que se advierte del acuse de recibo visible a foja treinta y tres de autos; en tal virtud, al haberse tenido por consentida la resolución indicada, por la cual esta potestad federal se declaró incompetente para conocer del presente asunto, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, conforme a lo que dispone la fracción I, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito; el expediente en que se actúa es destruible y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citado.

  3. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO LEGALMENTE INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA LEGAL, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de noviembre de dos mil catorce. Visto el oficio de la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6603/2014, con el que remite cuaderno de amparo relativo al expediente 622/2013, el cual contiene: escrito de presentación, proveído de siete de noviembre del año en curso, demanda de garantías promovida por Óscar Hernández Cruz, certificación, copia de credencial de elector y constancia de emplazamiento; asimismo remite oficio 2394/2014 mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; tres copias de demanda de amparo; y, expediente 622/2013; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Óscar Hernández Cruz, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, las siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo con tal carácter a la C. (sic) Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo.- (.).- IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo del C. (sic) Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo, Hidalgo, LA SENTENCIA DEFINITIVA DENTRO DE LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DEDUCIDA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2014, promovido por el LIC. GUSTAVO GRESS LÓPEZ en su carácter de endosatario en procuración y en contra de la C. MARTHA FRANCISCO MORALES expediente 622/2013, sentencia en la que declara entre otras cosas 'SE DECLARA IMPROCEDENTE LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO INTERPUESTA POR ÓSCAR HERNÁNDEZ CRUZ'.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el catorce de octubre de dos mil catorce, la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, resolvió la tercería excluyente de dominio interpuesta por el hoy quejoso Óscar Hernández Cruz, derivada del juicio ejecutivo mercantil 622/2013, misma que declaró improcedente. Inconforme con dicha determinación, Óscar Hernández Cruz, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de catorce de octubre de dos mil catorce, dictada por la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, donde declaró improcedente la tercería excluyente de dominio interpuesta por el hoy quejoso Óscar Hernández Cruz; por lo tanto, este tribunal colegiado considera que la misma no tiene la naturaleza de sentencia definitiva para la procedencia del amparo directo, ya que en su contra procede el recurso de apelación. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por los ya apuntados preceptos legales de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de los actos impugnados, por no tratarse de sentencia definitiva, ni resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas por la fracción I del artículo 170 de la ley de la materia y, tampoco actualizarse las hipótesis contenidas tanto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, como en el diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es claro que por falta de competencia legal, el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". De igual forma, la tesis jurisprudencial 94/2013, de la Décima Época, que por contradicción de tesis 248/2013, resolviera la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cuatro de septiembre del año en curso, del texto siguiente: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013.". Asimismo, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 C (10a.), sustentada por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, la cual este tribunal federal comparte, visible en la foja mil setecientos dos, del Libro Vigésimo, correspondiente al mes de mayo de dos mil trece, Tomo Tres, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto refieren: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO PROMOVIDA CON MOTIVO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CON INDEPENDENCIA DE LA CUANTÍA DE ÉSTE. El juicio de tercería excluyente de dominio, cuya materia es ajena a la controversia mercantil principal, es de cuantía indeterminada cuando en el escrito de demanda respectivo la reclamación primordial no consiste en una prestación económica directa, sino en dejar sin efectos un acto jurídico, como es el embargo. En este sentido, la sentencia definitiva es recurrible mediante el recurso de apelación porque se ubica en los supuestos del artículo 1341 del Código de Comercio, ya que el asunto es de cuantía indeterminada y la procedencia de ese medio de impugnación está prevista en el numeral 1339 Bis de ese ordenamiento legal. Lo anterior, sin tener que tomar en cuenta el monto de lo reclamado en el juicio mercantil en el que se promueve dicha tercería, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado a las tercerías como un juicio distinto e independiente del principal y, por lo mismo, autónomo, observándose en la tramitación de cada uno de estos juicios las formalidades esenciales del procedimiento sin que el tercero coadyuvante o excluyente deba aceptar el estado que guarde el juicio principal en el momento en que se promueve la tercería. Bajo esa lógica, la sentencia dictada en la tercería excluyente de dominio interpuesta en un juicio ejecutivo mercantil en que se hace consistir el acto reclamado en el amparo directo no se ubica en ninguno de los supuestos de los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal, ni de los diversos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho acto reclamado no constituye una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo por proceder en su contra el recurso de apelación mencionado. Por tanto, la competencia legal para conocer de la demanda respectiva radica en un Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 36 y 47, párrafo tercero, de la propia ley.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de garantías y, como autorizados para tales efectos a las personas que ahí menciona. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

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