Oscar Hernández Cruz

Expediente 499/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
499/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Oscar Hernández Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la determinación emitida el uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; de cuyo contenido se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, resolvió el juicio de amparo 78/2016 de su índice, promovido por el aquí quejoso *****************, en el que entre otras cosas, se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la misma orden de traslado que hoy reclama; resolución que quedó firme el treinta y uno de mayo del mismo año; por tanto, en el caso, este Juzgado de Distrito estima que el acto reclamado constituye cosa juzgada, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el ocho de agosto pasado y turnado a este órgano en esa misma fecha, ************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló como responsables, Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Director, Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, Titular Subdirector Jurídico y Titular de Seguridad y Custodia, los últimos cuatro del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, todos en la Ciudad de México y Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", en esta localidad, a quienes reclamó la orden de trasladarlo desde el lugar en el que se encontraba recluido, esto es, Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, hasta el diverso Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" y su respectiva ejecución. Por acuerdo de ocho del propio agosto, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 499/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de las documentales adjuntas al oficio que remitió el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, ***************, promovió por conducto de ***********, demanda de amparo, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario y Director, ambos del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, Jefe de Gobierno, Subsecretario del Sistema Penitenciario y Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales, todos en el Distrito Federal, en la que, entre otros, señaló como acto reclamado la orden de traslado desde el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria a diversa institución carcelaria; asimismo, se advierte que mediante proveído de diecisiete de febrero de la misma anualidad, en lo que aquí interesa, el Juez de Distrito tuvo por ampliada la demanda respecto del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de igual manera solicitó informe con justificación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte"; el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el juzgador remitente resolvió, entre otras cosas, conceder al quejoso el amparo y la protección de la justicia Federal, resolución que quedó firme el treinta y uno de mayo del mismo año y cuyos efectos de concesión son los siguientes: **** para el efecto de que el Subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, realice lo siguiente: Complementar, directamente o en alcance, el oficio número SG/SSP/5094/2015, de 21 de octubre de 2015, únicamente respecto al traslado del quejoso al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número 9 "Norte" en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia, remita al Juez Especializado en Ejecución de Sanciones del Distrito Federal en turno, el informe de traslado del quejoso, a efecto de que dicha autoridad, acorde a sus facultades, se pronuncie en definitiva al respecto, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, así como los previstos en los convenios de colaboración entre la Federación y la Ciudad de México. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no haberse reclamado por vicios propios. **** Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la diversa X del mismo artículo, ya que el acto que aquí se reclama fue materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por lo que ha operado la figura procesal denominada en la doctrina como cosa juzgada. En efecto, del análisis de las referidas constancias permiten advertir que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa X del mismo artículo, ya que el acto que aquí se reclama fue materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por lo que ha operado la figura procesal denominada en la doctrina como cosa juzgada. Para corroborar la actualización de la causa de improcedencia, se transcribe lo dispuesto en el artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: **** X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; **** El dispositivo transcrito en su fracción X, dispone por una parte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, pues en este caso, sólo se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento a que se refiere esa fracción tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias, y que se inutilice el principio de la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia; por tanto para que cobre vigencia dicha causal es necesaria la concurrencia y plena identidad entre ambos juicios, comprendida también la causa de pedir o derecho tutelado en cada uno, y las pretensiones que se deducen en los mismos. Por otra parte, de una recta interpretación del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Apoya a lo anterior, por su contenido esencial, la tesis aislada I.6o.C.45 K., aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, de Abril de 1999, materia común, página 551, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: 'materia de una ejecutoria', debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a actos que hayan sido materia de una sentencia en otro juicio de amparo, y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. A efecto de verificar que en la especie se actualiza la figura de cosa juzgada, conviene señalar que en el asunto que con esta data se resuelve, el quejoso nuevamente señaló, en lo sustancial, la "orden de trasladarlo desde el lugar en el que se encontraba recluido, esto es, Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, hasta el diverso Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" y su respectiva ejecución", que de constancias se advierte que es el mismo acto reclamado en el juicio de amparo 78/2016-IV, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. De esta manera, en el juicio que en esta data se resuelve y el diverso 78/2016-IV de la estadística del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la situación o hecho que funge como elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio, se refieren exactamente al mismo objetivo: la orden de trasladar al quejoso del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria al centro carcelario en que actualmente se encuentra. En esa medida, las consideraciones jurídicas en que se sustenta el acto reclamado ya fueron resueltas en el juicio de amparo 78/2016 precitado; de ahí que la resolución que se dicte en este juicio de amparo (499/2018-II) no podría restarle sustento a lo que ya se decidió en el juicio primeramente señalado. En ese sentido, es evidente que el presente juicio resulta notoriamente improcedente en virtud de que la pretensión del quejoso sigue siendo la misma, y respecto de la cual ya se falló en un juicio de amparo anterior, de manera que el demandante no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional, porque sería tanto como permitir que el mismo tema se ventile en múltiples ocasiones, aunque resulte ya cosa juzgada. Sustenta el anterior razonamiento, la tesis aislada del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, de Mayo de 1992, página 450, materia común, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis I.7o.A.132 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, de Abril de 2010, materia común, página 2717, del contenido siguiente: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Ante la configuración la cosa juzgada, se arriba a la conclusión de que, se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del mismo artículo y en relación con el 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.

  3. Principal

    vista la constancia de la actuaria se hace efectivo el apercibimiento y se notifica por medio de lista a la representante del quejoso el auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, mismo que en lo conducente dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; de cuyo contenido se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, resolvió el juicio de amparo 78/2016 de su índice, promovido por el aquí quejoso *****************, en el que entre otras cosas, se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la misma orden de traslado que hoy reclama; resolución que quedó firme el treinta y uno de mayo del mismo año; por tanto, en el caso, este Juzgado de Distrito estima que el acto reclamado constituye cosa juzgada, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el ocho de agosto pasado y turnado a este órgano en esa misma fecha, ************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades que señaló como responsables, Titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Director, Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario, Titular Subdirector Jurídico y Titular de Seguridad y Custodia, los últimos cuatro del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, todos en la Ciudad de México y Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", en esta localidad, a quienes reclamó la orden de trasladarlo desde el lugar en el que se encontraba recluido, esto es, Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, hasta el diverso Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" y su respectiva ejecución. Por acuerdo de ocho del propio agosto, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 499/2018-II, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de las documentales adjuntas al oficio que remitió el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierte que mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, ***************, promovió por conducto de ***********, demanda de amparo, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario y Director, ambos del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, Jefe de Gobierno, Subsecretario del Sistema Penitenciario y Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales, todos en el Distrito Federal, en la que, entre otros, señaló como acto reclamado la orden de traslado desde el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria a diversa institución carcelaria; asimismo, se advierte que mediante proveído de diecisiete de febrero de la misma anualidad, en lo que aquí interesa, el Juez de Distrito tuvo por ampliada la demanda respecto del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de igual manera solicitó informe con justificación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte"; el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el juzgador remitente resolvió, entre otras cosas, conceder al quejoso el amparo y la protección de la justicia Federal, resolución que quedó firme el treinta y uno de mayo del mismo año y cuyos efectos de concesión son los siguientes: **** para el efecto de que el Subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, realice lo siguiente: Complementar, directamente o en alcance, el oficio número SG/SSP/5094/2015, de 21 de octubre de 2015, únicamente respecto al traslado del quejoso al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número 9 "Norte" en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia, remita al Juez Especializado en Ejecución de Sanciones del Distrito Federal en turno, el informe de traslado del quejoso, a efecto de que dicha autoridad, acorde a sus facultades, se pronuncie en definitiva al respecto, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, así como los previstos en los convenios de colaboración entre la Federación y la Ciudad de México. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, al no haberse reclamado por vicios propios. **** Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en relación con la diversa X del mismo artículo, ya que el acto que aquí se reclama fue materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por lo que ha operado la figura procesal denominada en la doctrina como cosa juzgada. En efecto, del análisis de las referidas constancias permiten advertir que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa X del mismo artículo, ya que el acto que aquí se reclama fue materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por lo que ha operado la figura procesal denominada en la doctrina como cosa juzgada. Para corroborar la actualización de la causa de improcedencia, se transcribe lo dispuesto en el artículo 61, fracciones X y XI de la Ley de Amparo, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: **** X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; **** El dispositivo transcrito en su fracción X, dispone por una parte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, pues en este caso, sólo se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Para interpretar dicho precepto debe tenerse presente que el sobreseimiento a que se refiere esa fracción tiene como fin evitar que se emitan sentencias contradictorias, y que se inutilice el principio de la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia; por tanto para que cobre vigencia dicha causal es necesaria la concurrencia y plena identidad entre ambos juicios, comprendida también la causa de pedir o derecho tutelado en cada uno, y las pretensiones que se deducen en los mismos. Por otra parte, de una recta interpretación del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Apoya a lo anterior, por su contenido esencial, la tesis aislada I.6o.C.45 K., aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, de Abril de 1999, materia común, página 551, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: 'materia de una ejecutoria', debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir. Luego, la causa de improcedencia que establece la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a actos que hayan sido materia de una sentencia en otro juicio de amparo, y se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto de las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. A efecto de verificar que en la especie se actualiza la figura de cosa juzgada, conviene señalar que en el asunto que con esta data se resuelve, el quejoso nuevamente señaló, en lo sustancial, la "orden de trasladarlo desde el lugar en el que se encontraba recluido, esto es, Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, hasta el diverso Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte" y su respectiva ejecución", que de constancias se advierte que es el mismo acto reclamado en el juicio de amparo 78/2016-IV, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. De esta manera, en el juicio que en esta data se resuelve y el diverso 78/2016-IV de la estadística del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la situación o hecho que funge como elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio, se refieren exactamente al mismo objetivo: la orden de trasladar al quejoso del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria al centro carcelario en que actualmente se encuentra. En esa medida, las consideraciones jurídicas en que se sustenta el acto reclamado ya fueron resueltas en el juicio de amparo 78/2016 precitado; de ahí que la resolución que se dicte en este juicio de amparo (499/2018-II) no podría restarle sustento a lo que ya se decidió en el juicio primeramente señalado. En ese sentido, es evidente que el presente juicio resulta notoriamente improcedente en virtud de que la pretensión del quejoso sigue siendo la misma, y respecto de la cual ya se falló en un juicio de amparo anterior, de manera que el demandante no puede replantear la misma controversia en este juicio constitucional, porque sería tanto como permitir que el mismo tema se ventile en múltiples ocasiones, aunque resulte ya cosa juzgada. Sustenta el anterior razonamiento, la tesis aislada del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, de Mayo de 1992, página 450, materia común, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis I.7o.A.132 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, de Abril de 2010, materia común, página 2717, del contenido siguiente: COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO. El artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías. Ahora bien, si el quejoso promueve un juicio de amparo que se sobresee y, con posterioridad, inicia otro contra las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados, procede también sobreseer en éste, a pesar de que en el primero no se analizó el fondo del asunto planteado, si no se demuestra fehacientemente que los hechos y circunstancias que llevaron a tomar nuevamente dicha determinación fueron distintos a los inicialmente estudiados o que a la presentación de la nueva demanda imperan nuevas situaciones de hecho que modifican lo antes analizado. En consecuencia, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Ante la configuración la cosa juzgada, se arriba a la conclusión de que, se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del mismo artículo y en relación con el 217 de la Ley de Amparo y con apoyo en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por parte de las autoridades responsables, Director Ejecutivo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, Presidente del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, Subdirector Jurídico del Centro varonil de Seguridad Penitenciaria y por el Encargado de la Subdirección de Seguridad del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, todos ellos con sede en la Ciudad de México; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en su informe. Por otro lado, dado que el Encargado de la Subdirección de Seguridad del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria, en la Ciudad de México, informa que esa es su denominación correcta; por tanto, realícese la anotación respectiva, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Órgano Jurisdiccional, en el entendido de que el quejoso la señaló como Titular de Seguridad y Custodia del Centro Varonil en comento. En otro orden de ideas, dado que de los informes de cuenta, se advierte que el quejoso ** promovió el diverso juicio de amparo 78/2016-IV, ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, solicítese a ese Juzgado Federal, que en caso de no tener impedimento legal alguno, envíe a este órgano jurisdiccional copia certificada de todo lo actuado en aquel juicio, con el propósito de proveer al respecto, pues de la información proporcionada por los responsables, se advierte que los actos y autoridades tienen relación con la demanda de amparo promovida por el quejoso; lo anterior, de conformidad con el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

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