Oscar Gutiérrez Tejada

Expediente 613/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
613/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Oscar Gutiérrez Tejada

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el doce de noviembre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. Adjúntese el oficio del Presidente de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la misma Ley, se admite como prueba documental las constancias que anexa, mismas que se tienen por desahogadas en este acto en razón de su propia naturaleza. Así también informa que no se ha promovido diverso juicio de amparo en relación a los actos aquí controvertidos. Ahora bien, del estado de autos se advierte el quejoso Óscar Gutiérrez Tejada reclama en esencia de la responsable Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito de demanda presentada el diecisiete de febrero de dos mil veinte, a la que correspondió el número de expediente 257/2020(4) Bis. En tanto que, de las constancias anexas al informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial responsable, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente 257/2020(4) Bis, se dictó auto de inicio en relación a la demanda en la vía ordinaria laboral presentada por el quejoso en contra de la fuente de trabajo denominada Caminos y Aeropistas de Oaxaca y otros, y se le requirió para que en el término de tres días aclarara la misma, precisando respecto al hecho marcado con número1, la forma en la que percibía su salario, así también para que precisara los hechos marcados con los números 3 y 4; determinación que le fue notificada de manera personal por conducto de su apoderado legal en dicho juicio José María Nuriulú Valencia, el cuatro de noviembre del año curso. Luego, al haberse emitido acuerdo en relación al escrito de demanda laboral de la parte quejosa (cuya omisión controvirtió en esta instancia constitucional), se considera cesaron los efectos de citado acto reclamado y por ello se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y conlleva a sobreseer fuera de audiencia en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la misma, podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad jurídica, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Criterios que a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte) Se faculta al actuario para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veinte. Del estado de autos se advierte que se encuentra corriendo el término concedido a la responsable Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que rinda su informe justificado; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de octubre de dos mil veinte. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Óscar Gutiérrez Tejada, contra actos de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 613/2020, que le correspondió; tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100, moneda nacional ($8,688.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($86.88) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Dígase a la autoridad responsable que dado el alto riesgo de infección y propagación en el marco de la pandemia derivada del virus COVID-19, se le requiere para que rinda su informe justificado y envíe cualquier oficio, al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deba remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), podrán presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional, en un horario de las 15:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes (dado que este juzgado labora de manera presencial sólo por las tardes). Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos seis pesos 40/100, moneda nacional ($2,606.40) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($86.88) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($4,344.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($86.88) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación a la autoridad responsable. En la inteligencia de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista electrónica que publica este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estarán en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Así mismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones que deban practicarse a las autoridades responsables, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de dar continuidad a este juicio de amparo de forma electrónica, con el objeto de proteger la salud de las partes y del personal de este juzgado. Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el número doscientos diecisiete (217), de la calle de Río Atoyac, Fraccionamiento Los Ríos, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; así como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Wilber Román Martínez Vargas y José María Nuriulú Valencia; y únicamente para oír y recibir notificaciones como lo solicita el quejoso a Edwin Emmanuel Melgar Martínez. Exhortación a tramitar el asunto en línea. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo y pedir las notificaciones por esa vía, así como proporcionar su número de usuario. De igual forma, en la siguiente promoción que realicen, deberán proporcionar un correo electrónico y número celular de contacto a efecto de entablar comunicación (no para notificaciones procesales). Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

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