Oscar Gustavo Castro Castro
Expediente 1234/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Oscar Gustavo Castro Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido. Luego, en virtud de que el presente expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que en un plazo de noventa días naturales, posteriores a la notificación que de manera personal se le practique, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los mismos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por medio del cual, acredita que notificó a la autoridad demandada el proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral 1075/2009-D1, de su índice; al respecto, se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda, quedando a la espera de que dé total cumplimiento a lo requerido en proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio suscrito por el Notario Público número 12, doce de Guadalajara, Jalisco, Jorge Robles Farías, al efecto se le tiene realizando las manifestaciones que de su oficio se desprenden, mismo que se ordena agregar para que obre como corresponda. Ahora bien, analizadas que son las presentes actuaciones, quien aquí resuelve estima es necesario recabar diversa información a la que existente, conforme quedó establecido en auto de veintiocho de agosto del presente año. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, que al efecto establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, remita a esta juzgado copia certificada, completa y legible, de la escritura pública número 6,557 (seis mil quinientos cincuenta y siete), otorgada el uno de agosto de mil novecientos sesenta y uno, que ampara la constitución de la empresa denominada "Terrenos Industriales de Guadalajara", Sociedad Anónima. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de no manifestar la imposibilidad legal que tengan para esto, se le impondrá la sanción prevista en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, que consiste en multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente la cantidad de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J17/97, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto" .
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