Oscar Guadalupe Torres Cruz
Expediente 1052/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Oscar Guadalupe Torres Cruz
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 38799/2021, enviado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, Tamaulipas, a través del cual acusa de recibido el diverso oficio 17278/2021, asimismo, informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1052/2021 de nuestro índice, quedando registrado con el número de expediente 1158/2021-1 de su índice. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del Artículo 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General conjunto, asimismo que carece de relevancia documental, al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria en Funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Marlene Landín Colle, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Óscar Guadalupe Torres Cruz, contra actos de este órgano judicial, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 1052/2021-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama la orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia libradas en su contra y su ejecución, actos que les atribuye a diversas autoridades responsables entre las que se destacan los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residentes en esta ciudad. Ante lo anterior, este órgano judicial considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Óscar Guadalupe Torres Cruz, pues al señalar como autoridades responsables a los Jueces Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residentes en esta ciudad, corresponde conocer de dicha demanda al Juez de Distrito más próximo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." En tal virtud, este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la presente acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 103, fracción I, 107, fracciones I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, como se dijo, los dos Jueces de Distrito que residen en esta ciudad, fueron señalados como responsables dentro del escrito de amparo que nos ocupa, siendo el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, residente en Matamoros, el más inmediato dentro de la jurisdicción de este circuito. Lo anterior es así, pues se reitera, se señalan como autoridades responsables a los dos jueces de Distrito residentes en esta ciudad, de ahí que este órgano judicial y el homólogo octavo de esta misma ciudad, tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, puesto que con independencia de que hayan emitido o no la orden reclamada, tendrán durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, entre otras, rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. En esa medida, no puede operar la regla general para fijar la competencia que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que los Jueces de Distrito residentes en esta ciudad, han sido señalados como autoridades responsables, quienes con independencia de que ejerzan jurisdicción en el lugar en el que el acto reclamado trate de ejecutarse, podría ejecutarse, o se haya efectuado, pasarán a ser parte en el juicio respectivo y no pueden tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que se estaría en el caso de impedimento que estipula la fracción IV, del artículo 51 de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano judicial no tenga competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee. Por tanto, se estima que el Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, a favor de quien se declina la competencia, es quien debe conocer de la presente demanda, según lo expuesto en el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por lo que, se le solicita, de no existir inconveniente legal alguno, informe a este órgano de control constitucional si acepta o no la competencia planteada. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2006; publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, visible en la página 75, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Por otra parte, cabe hacer mención que en el presente caso no se está en presencia de ninguno de los actos que menciona el artículo 15 de la Ley de Amparo, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que motive a este tribunal proveer sobre la suspensión de plano. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ernesto Garza Garza, quien cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Yocelin Sanromán Rodríguez, en virtud de no haber acreditado estar autorizado para ejercer la profesión de licenciada en derecho, como lo exige la primera parte del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo.
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