Óscar González Hernández

Expediente 990/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
990/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Óscar González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee:Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa Oscar González Hernández, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Jueza Cuarto Especializada en Materia Civil de la Ciudad de Puebla dejara insubsistente el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve dictado dentro de los medios preparatorios a juicio 381/2019, promovido por el aquí quejoso Oscar González Hernández y emitiera otro en el que ordenara admitir los citados medios preparatorios a juicio con el único objeto de girar oficio al Vocal del Registro Federal de Electores de la Ciudad de Puebla y a los Administradores Desconcentrados de Jurídica del Servicio de Administración tributaria con sede en Puebla 1 y 2 para que proporcionen la información solicitada por el quejoso en el escrito de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el entendido de que deberá reiterar las consideraciones, por las que determinó desechar la petición del quejoso en el sentido de girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Puebla. En cumplimiento a lo anterior, la Jueza Cuarto Especializada en Materia Civil de la ciudad de Puebla, mediante oficio recibido el dieciséis de octubre de año en curso, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo informando que en acuerdo de catorce de octubre del año en curso, dejó insubsistente el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y dictó otro, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en autos, ello dentro del expediente de origen 381/2019 de su estadística. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, en el entendido de que el presente juicio se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de Puebla, mediante oficio recibido el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, informó que mediante acuerdo de catorce de octubre del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve y dictó otro, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en autos. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Cuarto Especializado en Materia Civil de la Ciudad de Puebla, visto su contenido, se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Cuarto Especializado en Materia Civil de la ciudad de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de amparo, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del último considerando de la sentencia dictada por este órgano judicial, el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, misma que le fue notificada el diecinueve de septiembre del año en curso, a través del oficio 31555/2019; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado Cuarto Especializado en Materia Civil de la ciudad de Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones.

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