Oscar González del Río

Expediente 32/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
32/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2015

Partes del expediente

  • Oscar González del Río

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintiuno de enero del año en curso (fojas 23 a 27), por el que se desechó la demanda que presentó; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Oscar González del Río, por si y en su carácter de representante legal de la persona moral Kairos Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien acredita su personalidad con la copia certificada del instrumento notarial cincuenta y nueve, otorgado ante la fe del Notario Público número doce, con ejercicio en el Distrito Notarial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en dicha ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 32/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "IV. El acto u omisión que de la autoridad se reclama; Respetuosamente se viene a interponer demanda de amparo indirecto en contra de actos y omisiones de la autoridad señalada como responsable ordenadora: La resolución interlocutoria de primera instancia de fecha 11 de diciembre del año 2014, pronunciada por C. Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 679/2014. De la ejecutora el cumplimiento que conforme a ley deba realizar de la ordenadora. Causándonos perjuicio los considerandos cuarto y tercero resolutivo". En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo vigente. Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio ejecutivo mercantil promovido ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en dicha ciudad) el juicio de garantías sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, como regla general, que los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, número 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205651, que dice: Asimismo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional estimó que de igual manera procedía el juicio de amparo indirecto, contra actos derivados durante procedimiento judicial, cuando afectaran en grado predominante o superior a las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006338, que a la letra dice: Así pues, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos cometidos durante el procedimiento judicial, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental, sin que actualmente conforme al criterio federal transcrito, para establecer la procedencia del amparo, pueda acudirse a la diversa opinión relativa a la violación procesal exorbitante a las partes, pues ello fue abandonado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución incidental reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de garantías que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque la resolución incidental de once de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil en el Distrito Judicial de Sabinas, con residencia en dicha ciudad, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 679/2014, en la que se declaró improcedente los agravios expuestos dentro del recurso de revocación promovido en contra del auto de diecisiete de octubre de dos mil catorce, dentro de la audiencia de desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la empresa Kairos Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues es un auto que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicho proveído, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, pero de no ser así, esta última podrá reclamarla en el amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos preceptos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo vigente, se consideran violaciones procesales, las determinaciones de los juicios tramitados ante tribunales civiles, cuando no se le reciban a la parte quejosa las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban con arreglo a derecho. Luego, el auto reclamado, corresponde a un acto dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 104, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el precepto 172, fracción III de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 679/2014 de origen, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Sobre el tema se emitió la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, tomo II, segunda parte-2, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 230405, de rubro y texto siguientes: Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente, la tesis sostenida por la Sala Auxiliar, visible en la página cuatrocientos cincuenta y siete, volumen 175-180, Séptima Parte del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro electrónico 245539, de contenido literal: Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano la demanda de garantías. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la nueva Ley de Amparo. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintiuno de enero de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 32/2015 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.

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