Óscar Godínez Guerrero

Expediente 99/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
99/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Óscar Godínez Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja ******************** de su índice y un legajo de copias certificadas relativas al juicio en que se actúa. Acúsese recibo, y comuníquese a las partes que al resolver el citado medio de impugnación, el tribunal de alzada resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. ...este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado electrónicamente por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con el que informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto en contra del auto de dos de febrero del presente año, el cual se registró bajo el expediente 23/2023 de ese índice. Al respecto, tómese conocimiento y estese en espera de la determinación que asuma el tribunal de alzada. Asimismo, otórguense al tribunal de alzada los permisos necesarios en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), para que pueda ingresar al expediente electrónico del presente asunto.-

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Juzgado Primero Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, con el cual devuelve diligenciado el despacho de este índice. En tales condiciones, téngase al quejoso notificado oportunamente del proveído de dos de febrero del año en curso. En otro aspecto, revisadas las constancias del despacho recibido, se advierte que en el momento de desahogarse la diligencia de notificación del auto precitado, el quejoso, quien se encuentra recluido, expresó su voluntad para recurrir dicha determinación. téngase interpuesto recurso de queja contra el proveído de dos de febrero pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En vía de informe, comuníquese al tribunal de alzada que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 113 ambos de la Ley de Amparo, a través del proveído recurrido, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************; no obstante, se sostiene su legalidad al tenor de las razones y fundamentos ahí expuestos. Para justificar lo anterior, remítase copia certificada de todo lo actuado en el expediente 99/2023-VII, a efecto de que el órgano colegiado que corresponda, esté en aptitud de determinar lo que en derecho proceda.-

  4. Principal

    Recepción de demanda Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Director General del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 99/2023-VII. Desechamiento. De conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que se fundamenta en el artículo 17 Constitucional, que reconoce el derecho de acceso a la justicia e impone como imperativo a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con el consecuente demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. De un análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: a) La orden de reubicación de celda en la que se encuentra, a saber: dormitorio 2, sección 7, estancia 3. b) La orden de traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, a cualquier otro centro penitenciario. Aduce que en el lugar de su actual internamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el veintiséis de octubre del dos mil nueve, por el Juez Cuarto Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato, que tiene el temor de ser trasladado a otro centro carcelario, o bien, que lo reubiquen de celda, en razón de que otros reclusos fueron trasladados a otros centros penitenciarios a partir del trece de diciembre de dos mil veintidós, por lo que tiene temor de que otra vez lo trasladen en contra de su voluntad, como ocurrió el dos de marzo del año pasado. Respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, antes de solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. En ese tenor, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, cuenta con legitimación, tanto procesal como sustantiva, para promover el juicio de amparo. Así, en relación con el acto identificado en el inciso a), en términos del artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal procede la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria bajo la cual se encuentre recluido el quejoso, pues tal medio de defensa procede en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, como lo es la orden de reubicación de celda. Y en caso de obtener una respuesta negativa por parte de la autoridad carcelaria, o bien, no se atienda su petición dentro del término de ley, el quejoso puede realizar su solicitud directamente al juez de la causa penal de origen, en este caso, al Juez Cuarto Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato, tal como lo dispone el artículo 114 de la misma legislación. Por lo que ve al acto reclamado descrito en el inciso b), la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un mecanismo de defensa para regular las cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o que estén compurgando una pena, denominado "controversias ante el juez de ejecución o de control", y regulado en los artículos 115, 116 y 117, que en lo que interesa. Así, de los preceptos transcritos, se deduce que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como mecanismo para regular las cuestiones relacionadas a las condiciones de internamiento la controversia ante el Juez de Control (juez de la causa) o Ejecución, dentro del cual pueden ventilarse las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, por ejemplo, en materia de traslados. Que tratándose de traslados, la acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y como lo dispone el citado artículo 115 de la ley en comento, por tratarse de un caso urgente, dicho juzgador, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Resulta relevante para el caso lo dispuesto por el artículo 117 citado, puesto que del mismo se obtiene que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán a su alcance la acción judicial ante el Juez de Control (sistema acusatorio adversarial) o Juez de la Causa (sistema inquisitivo) o Juez de Ejecución, según corresponda; por tanto, a través de ese medio, las personas privadas de la libertad podrán impugnar el traslado ya sea antes o después de ejecutado. Además, se destaca que los traslados urgentes no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, no obstante, dicha determinación puede ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. Entonces, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la que tiene por objeto establecer las normas que se deben observar durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De manera que una orden de traslado y su ejecución puede ser sujeta a revisión directamente por el juez de ejecución o de control mediante dicho mecanismo de defensa, el cual prevé la suspensión del hecho u acto que lo motive. Por tanto, con motivo de lo expuesto, el promovente del amparo, previo acudir al amparo, debió y debe agotar el medio de defensa ordinario que prevé la Ley de Ejecución Penal, concretamente la promoción de la controversia ante el Juez de Ejecución o Juez de la Causa para que en caso de emitirse una orden de traslado, revise la legalidad de la misma. Lo anterior pues, en el caso de una orden de traslado, al tener noticia de ella, la persona privada de su libertad tiene la posibilidad de reclamarla, con todas las prerrogativas legales que establece el citado mecanismo de control, al constituir un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, con los mismos alcances pretendidos y posibles como si intentara la acción de amparo. Lo cual es coincidente con las razones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 448/2019, en la determinó que en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio, cuando el quejoso que se encuentra en reclusión reclama una orden de traslado a un diverso centro penitenciario, previamente debe agotar el mecanismo de control denominado controversia judicial. Tal criterio es aplicable al caso y obligatorio de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues fue publicado el viernes cinco de noviembre de dos mil veintiuno en el Semanario Judicial de la Federación, por lo cual se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes ocho siguiente. Por otro lado, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los supuestos de urgencia en que procede -cuando se ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la salud, la seguridad o gobernabilidad del centro de reclusión, etcétera-, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa de traslado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Que contra esa resolución judicial, se podrá interponer recurso de apelación en los términos previstos en esa ley. Asimismo que, en caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo que se sigue que, aun cuando la autoridad judicial aprobará o calificará de legal, la orden de traslado del quejoso por parte de la autoridad administrativa, dicho quejoso estaba obligado a agotar, antes de acudir al amparo, el recurso de apelación previsto en los artículos 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese contexto, toda vez que el quejoso promueve la acción constitucional contra una orden de traslado de celda, aunado a una posible emisión de orden de traslado a otro centro de reclusión atribuida a autoridades administrativas, sin haber agotado previamente los medios ordinarios de defensa legales para combatirlos, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el diverso 113, de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Oscar Godínez Guerrero. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juez Penal de Partido, en turno, de Valle de Santiago, Guanajuato, a efecto de que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya a quien corresponda que de manera inmediata se constituya en aquel centro penitenciario y notifique al quejoso el presente auto, corriéndole traslado con la versión electrónica que para tal efecto se remite. Para llevar a cabo la diligencia solicitada, se autoriza la habilitación de días y horas inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley de la materia. Autorizados del quejoso. Se reconoce a Francisco Javier Ramírez Ramírez y Alejandro Juárez Ramírez como autorizados del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngase como medio de contacto expedito con el quejoso, el correo electrónico: juralejandro@hotmail.com; en los casos en que se estime necesario. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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