Oscar Giovani Rodriguez Nuñez

Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
63/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Oscar Giovani Rodriguez Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno se tuvo a la responsable Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, ofreciendo como prueba de su parte la documental que anexó a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente ***** un tomo de pruebas. Ahora de autos, se evidencia que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo en el juicio principal del cual deriva el incidente que nos ocupa; por tanto, se ordena devolver el cuaderno de pruebas formado con motivo de las constancias enviadas por el Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, en apoyo a su informe de ley. En ese sentido, devuélvase a la autoridad en mención, las constancias consistentes en copia certificada del expediente *****, de su índice, en un tomo, sin que sea necesario que acuse recibo. Finalmente, hecho que sea lo anterior, vuelvan los autos al archivo definitivo del juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la legislación en comento, contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, en virtud que la sentencia no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa allegó documentos al presente sumario, de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, incisos b), 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, inciso c) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, devuélvase a la responsable Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, la copia certificada del expediente ***, de su índice, que obra en un tomo por separado, por considerarse innecesaria su conservación. Ahora, no se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos por la parte quejosa, no están catalogados como original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Ahora bien, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** LA SENTENCIA DICTADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: ... TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 54). Además, su existencia se corrobora con las constancias que dicha responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copia certificada del juicio oral ordinario *****; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la tercera interesada, en su escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, aduciendo que el juicio de amparo es improcedente debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, pues la ley que rige el acto otorga al gobernado un medio de defensa y/o de impugnación ordinario para dejar sin efectos una medida precautoria de alimentos, esto es, debió agotar la revisión de medidas provisionales, de aseguramiento y precautorias ya decretadas; por lo que al no haberse hecho valer debe sobreseerse el juicio de amparo. Causa de improcedencia que resulta infundada, por las siguientes razones. En efecto, como se asentó en párrafos que anteceden, el acto reclamado en el presente sumario versa sobre el acuerdo emitido en el juicio oral ordinario F- 107/2021 por la juez responsable, en el que decretó una medida provisional de alimentos en favor ***** y de sus menores hijos *****, ***** y *****, respecto del 70% del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones de ley, que percibe el demandado (aquí quejoso). Ahora, de las constancias aportadas por la citada autoridad, previamente valoradas, se advierte que tal determinación se emitió con apoyo a lo establecido en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Numeral que en su último párrafo4 establece que contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá la apelación; en ese sentido, como puede apreciarse, el acto reclamado encuadra en la primera de las hipótesis establecidas en el citado párrafo del precepto en comento, esto es, en el auto que nos ocupa se concedió una pensión alimenticia provisional, por ende, es irrecurrible con base en tal artículo. Aunado a lo anterior, se considera que la revisión de medidas provisionales, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, invocada por la parte tercera interesada, no goza de la característica de ser un recurso ordinario que tenga por efecto la modificación, revocación o anulación de manera inmediata del acto reclamado, dado que esta no se encuentra prevista como tal en la legislación que rige la materia, pues la misma está contemplada hasta el desahogo de la audiencia preliminar, momento en el cual puede ser revisa incluso de manera oficiosa por el juzgador5; motivo por el cual, no asiste razón a la tercera interesada en el sentido de que el quejoso deba esperar hasta ese momento procesal a fin de solicitar la revisión de la medida precautoria decretada en su contra, pues ésta incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes. En consecuencia, la causa de improcedencia invocada resulta infundada, dado que, por lo antes expuesto, el quejoso no estaba obligado a agotar el principio de definitividad, previo a acudir al juicio de garantías. En el presente asunto no se hicieron valer diversas causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de iniciar el estudio del concepto de violación formulado por la quejosa en su demanda, para una mejor comprensión del asunto se reseñan los antecedentes relevantes del acto reclamado, que se derivan de las constancias aportadas por la juez responsable: 1. Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, *****, promovió demanda en la vía oral ordinaria civil contra *****, de quien reclamó el otorgamiento de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva en su favor y de sus menores hijos *****, ***** y *****, por un porcentaje del 60% de los ingresos del demandado, así como el pago de gastos y costas (fojas 1 a 7, cuaderno de pruebas). 2. Asunto que correspondió su conocimiento a la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, quien, en auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite, radicándolo bajo el expediente *****; en el citado acuerdo decretó la medida precautoria solicitada por la parte actora y fijó como pensión alimenticia provisional en favor de ***** y de sus menores *****, ***** y *****, el 70% del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones de ley, que percibe el demandado (aquí quejoso), ordenando girar oficio a la empleadora del quejoso a fin de que realizara el descuento ordenado de manera inmediata, así como para que rindiera un informe; hecho lo cual ordenó que se emplazara al demandado (fojas 13 a 18, cuaderno de pruebas). Resolución que constituye el acto reclamado. 3. En diligencia de doce de febrero de dos mil veintiuno se emplazó al demandado, quien en ocurso presentado el uno de marzo siguiente acudió a contestar la demanda instada en su contra y posteriormente a reconvenir a la parte actora (fojas 25, 57 a 77 y 92 a 103, cuaderno de pruebas). SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. En un apartado de sus conceptos de violación, el quejoso señala que la resolución reclamada contraviene la garantía de legalidad establecida en los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, pues al decretar la medida precautoria consistente en el aseguramiento del 70% de su salario interpreta de manera incorrecta el artículo 365-A del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Ello es así, pues la responsable argumentó que los acreedores alimentarios gozan de la presunción legal de necesitar alimentos, sin embargo, dicha presunción solo opera en favor de los menores *****, ***** y *****, no así en beneficio de su progenitora, pues no es menor de edad, ni se dedica al hogar, ya que actualmente trabaja en el colegio de belleza *****; además, el diverso numeral 356 del mismo ordenamiento legal no hace ninguna distinción y por ende, no establece ninguna presunción en favor de los cónyuges de la que pueda derivarse el otorgamiento de una pensión alimenticia; por lo que la citada presunción no opera por el solo hecho de tener el carácter de cónyuge del deudor alimentario; por ello, no está obligado a otorgar alimentos en favor de su aún esposa, pues la percepción que recibe por su trabajo es suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias. Elementos de prueba que deben ser analizados por este tribunal, como lo dispone el artículo 75, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, al no haber tenido la oportunidad de exhibirlos en el juicio de origen. Por lo que, la medida reclamada debe declararse inconstitucional, ya que la misma debe prevalecer solo respecto de sus menores hijos, pero únicamente por el 30% de su salario, lo cual es suficiente para satisfacer sus necesidades y con ello se respeta la protección de los menores que estable la Constitución. Asimismo, el peticionario refiere que la fijación del 70% de su salario le ocasiona un agravio al no apegarse al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 365 del Código Civil para este Estado, pues la responsable ordena tal descuento sin que su mandamiento se encuentre fundado y motivado. Planteamientos que resultan infundados, por las siguientes consideraciones. Los artículos 848 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato establecen lo siguiente: "Artículo 848. En el auto que admita la demanda y cuando no se haya decretado en una medida precautoria, el juez fijará de oficio una pensión alimenticia provisional, contra la cual no se admitirá recurso alguno. Para la determinación y cumplimiento de la pensión provisional, se observará lo establecido en el artículo 402 de este Código. Si no se cumpliere con la ministración de la pensión provisional fijada se manifestará así al juez del conocimiento, abriéndose el incidente respectivo conforme al Capítulo Sexto del Título Primero del presente Libro. El pago sólo se acreditará con prueba documental, de lo contrario se entregarán de inmediato los frutos, productos, ganancias o ingresos que generen los bienes embargados o intervenidos y, en caso de que no se produzcan, se procederá al remate de dichos bienes, aplicándose en lo conducente las disposiciones del Capítulo Séptimo del Título Sexto del Libro Segundo, de este Código." "Artículo 402. La medida a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, si aún no se instaura el juicio. La resolución que conceda la medida fijará el importe de la cantidad que deba asegurarse. Si la medida se refiere a alimentos provisionales, bastará que el acreedor alimentario demuestre su derecho a recibir alimentos, debiendo manifestar además, si el deudor alimentario trabaja en alguna empresa pública o privada, tiene un negocio propio, trabaja por su cuenta o si cuenta con bienes de su propiedad. El juez despachará sin más trámite la medida precautoria, fijando en la resolución que la ordene la cantidad que periódicamente deba ministrarse y ordenará que se otorgue la correspondiente garantía de que se ministrarán, requiriéndose al deudor alimentario del pago inmediato de la pensión provisional y, en caso de no otorgarse, que se le embarguen bienes suficientes de su propiedad para garantizarlos. Cuando se trate de un asalariado, el juez podrá fijar la pensión provisional de manera proporcional a los ingresos que recibe el deudor alimentario. Si trabaja por su cuenta o tiene un negocio propio y no se tiene información de sus ingresos, por lo menos otorgará una Unidad de Medida y Actualización diaria, correspondiente a la actividad del deudor. La medida se notificará de inmediato a la persona física o moral de quien reciba ingresos el deudor alimentario, ordenándole para que se haga entrega de la pensión provisional al que exige alimentos. Para el caso de incumplimiento de la cantidad fijada para ministrarse periódicamente, se manifestará así al juez del conocimiento, quién dará vista por el término de tres días en forma personal al obligado, a fin de que acredite con prueba documental su pago, en caso contrario se procederá a hacer entrega de los frutos, productos, ganancias o ingresos que generen los bienes embargados o intervenidos y, en caso de no darse, se procederá al remate de dichos bienes, aplicándose en lo conducente las disposiciones del Capítulo VII, Título Sexto, Libro Segundo, de este Código. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra la que los deniegue procederá la apelación." Conforme a los numerales preinsertos, en el auto que se admita la demanda y cuando no se haya decretado en una medida precautoria, el juez fijará de oficio una pensión alimenticia provisional. Para fijar la medida de alimentos provisionales, bastará que el acreedor alimentario demuestre su derecho a recibir alimentos, y que manifieste además si el deudor alimentario trabaja en alguna empresa pública o privada, tiene un negocio propio, trabaja por su cuenta o si cuenta con bienes de su propiedad. Luego, el juez despachará sin más trámite la medida precautoria solicitada. En el entendido que, tratándose de un asalariado se podrá fijar pensión provisional de manera proporcional a los ingresos que recibe el deudor alimentario; y, si trabaja por su cuenta o tiene un negocio propio y no se tiene información de sus ingresos, por lo menos otorgará una Unidad de Medida y Actualización diaria, correspondiente a la actividad del deudor. Lo antepuesto, pone de relieve que para fijar la medida precautoria de alimentos, tratándose de los ingresos del deudor, no se exige mayor prueba que la manifestación de la acreedora, pues se justifica en un estándar probatorio menos rígido, dado que está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de éstos. Por su parte, el numeral 365-A6 del Código Civil para este Estado, establece que los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y el cónyuge o concubinario que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos. En tal virtud, del numeral indicado en el párrafo anterior, se aprecia que, opuesto a lo argumentado por el quejoso, las personas que se encuentren en uno de los supuestos que establece el citado numeral tienen en su favor la presunción de necesitar alimentos, a fin de que les sea otorgada la providencia precautoria, como acontece con la cónyuge del ahora quejoso. En ese sentido, se estima correcta la determinación reclamada, en la que se decretaron los alimentos provisionales, en virtud que éstos son de naturaleza cautelar y surgen de la necesidad o urgencia de garantizar la subsistencia de los acreedores hasta en tanto se resuelve eljuicio de origen en definitiva. Por ende, al no tenerse mayores elementos para resolver, se atiende a lo que se manifestó en la demanda y los documentos hasta ese momento se aportaron, por lo que con tal decisión no se deja en estado de indefensión al quejoso, pues será cuando exista pronunciamiento sobre los alimentos definitivos cuando en caso de demostrarse por parte del ahora deudor alimentario que la progenitora de los menores no requiere del citado beneficio se modifique tal medida por parte del Juez de origen, quien, incluso está obligado a recabar oficiosamente los elementos que le permitirán establecerlos; por lo que, no asiste razón al peticionario del amparo en el sentido de que, la medida debe prevalecer solo respecto por los menores y por un 30% de su salario. Cuenta habida que tanto los alimentos provisionales como los definitivos pueden modificarse en su cuantía atendiendo a las circunstancias en que originalmente fueron otorgados o en las que se encuentren los acreedores alimenticios o el deudor al momento de resolver; motivo por el cual, el inconforme se encuentra en aptitud de solicitar y demostrar lo conducente ante el juez responsable, y por ello, opuesto a lo que argumenta, el acto reclamado debe ser apreciado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, acorde al numeral 75 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 172/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 170406 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 172/2007 Página: 58 "ALIMENTOS. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA PENSIÓN CUANDO NO SE HAYAN ACREDITADO LOS INGRESOS DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 311 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. El citado artículo prevé expresamente el supuesto de la falta de comprobación del salario o los ingresos del deudor alimentario y establece los lineamientos para fijar el monto de la pensión relativa, consistentes en la capacidad económica y el nivel de vida que aquél y sus acreedores alimentarios hayan llevado durante los dos últimos años. En congruencia con lo anterior y en virtud de que las controversias sobre alimentos son una cuestión de orden público y de interés social, cuando no se hayan acreditado los ingresos del deudor alimentario, los juzgadores -en primera o segunda instancia- deben atender a lo dispuesto en el artículo 311 Ter del Código Civil para el Distrito Federal, y en el caso de no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, conforme a los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, están obligados a recabar oficiosamente los elementos que les permitan establecer la capacidad económica y el nivel de vida a que se refiere el mencionado numeral 311 Ter, además, quien cuente con la información relativa debe proporcionarla en términos del artículo 323 del señalado Código Civil; y una vez hecho lo anterior realizar un estimado del ingreso mensual del deudor alimentario, respecto del cual fijará un porcentaje como monto de la pensión alimenticia. Contradicción de tesis 49/2007-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 31 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo. Tesis de jurisprudencia 172/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete." Aunado a lo anterior, se aprecia que la juez responsable sí tomó en consideración lo dispuesto en el artículo 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en tanto que al fijar la pensión alimenticia provisional destacó que en el caso se trataba de acreedores menores de edad y de un cónyuge que se dedica al hogar, aunado a que los niños por su edad no pueden allegarse por sí solos los satisfactores que requieren para su subsistencia, asimismo, que el deudor tenía la posibilidad de otorgarlos pues labora para la empresa *****, planta Salamanca. Así, se colige que si bien los datos aportados hasta la presentación de demanda no revelan la existencia de ingresos líquidos del quejoso, lo cierto es constituyen indicios de una solvencia económica por parte deudor alimentario (aquí quejoso), de ahí que la responsable de manera implícita atendió a la capacidad económica que se presume tener. En suma, el hecho que hasta ese momento los ingresos del deudor se desconozcan o no hayan sido comprobados, de manera alguna conlleva a que se le absuelva de la obligación de proporcionar alimentos, ni que con ello se le deje en estado de indefensión, pues como se dijo, tanto los alimentos provisionales como los definitivos pueden modificarse en su cuantía atendiendo a las circunstancias en que originalmente fueron otorgados o en las que se encuentren los acreedores alimenticios o el deudor al momento de resolver. Ante tal panorama, esta Juzgadora advierte que el acuerdo reclamado está debidamente fundado y motivado, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que la autoridad responsable expuso las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para fijar la pensión provisional en un 70% de las percepciones del deudor alimentario. En otro apartado de sus motivos de disenso, el quejoso refiere que le causa perjuicio que se le prive de su salario sin otorgársele posibilidad de evidenciar que su cónyuge carece de la necesidad de percibir alimentos, lo que genera una violación a su garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, pues aun cuando el acto reclamado se considere como un medida precautoria, sus efectos no son provisionales, pues más bien tiene la naturaleza de una acto privativo, que el perjuicio que se le ocasione no será reparable ni mediante sentencia favorable, dado que la cantidad que se le descuente no le será devuelta. Argumento que resulta infundado En efecto, cabe señalar que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/9610, estableció que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los de molestia, pues los primeros, son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. También consideró que para dilucidar la constitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de los numerales antes referidos, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si el acto constituye un acto privativo, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Luego, en el presente asunto, el acto reclamado lo constituye el auto por el que la juez de origen decretó la medida provisional de alimentos en favor de ***** y de sus menores *****, ***** y *****, respecto del 70% del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones de ley, que percibe el demandado (aquí quejoso). Ahora, aunado a lo anterior y opuesto a lo argumentado por la parte quejosa, el Pleno del máximo Tribunal del país, también consideró que tratándose de actos de esa naturaleza, con el hecho de que no otorgue garantía de audiencia al deudor no se viola en su perjuicio el magno precepto 14. Ello, pues los actos de privación que dicho precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Motivo por el cual, contrario a lo argumentado por el quejoso, con la emisión del acto reclamado no contraviene su garantía de audiencia, pues sí de trata de un acto de molestia, cuya premura y finalidad se evidencian con la necesidad del acreedor de percibir los alimentos una vez acreditado el vínculo que lo une con el deudor. Sirve de apoyo la siguiente tesis: Registro digital: 233012 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Constitucional, Civil Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 68, Primera Parte, página 16 Tipo: Aislada "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTICULOS 1291 AL 1299 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla". Amparo en revisión 5195/70. Arturo Uriarte González. 20 de agosto de 1974. Unanimidad de quince votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 42, Primera Parte, página 13, tesis de rubro "ALIMENTOS PROVISIONALES, FIJACION DE LOS, SIN AUDIENCIA DEL OBLIGADO A DAR LOS. CONSTITUCIONALIDAD DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN QUE LOS ESTABLECE.". En diversa parte de los conceptos de violación, el peticionario refiere que la fijación del 70% de su salario es excesivo, dado que tiene gastos personales que pagar; con lo cual, la responsable viola su dignidad humana, por lo que debe realizarse un estudio del principio pro-persona. Argumentos que resultan inoperantes. Ello es así, pues con las manifestaciones expuestas no rebate los razonamientos que emitió la juez para sostener su resolución y emitir la medida cautelar decretada en contra del quejoso. Pues, como se aprecia de lo antes expuesto, el quejoso se limitó a realizar manifestaciones dogmáticas, sin verter argumento alguno del que se desprenda cuestionamiento respecto a las razones que llevaron a la jueza a decretar la medida provisional en la forma en que lo hizo, con los cuales controvirtiera lo señalado en ésta. Así es, dado que, el promovente no controvirtió los argumentos de la autoridad responsable que lo llevaron a fijar tal porcentaje, como lo es que, los infantes, por el solo hecho de ser menores de edad y su progenitora por dedicarse al hogar, no requerían tal porcentaje para su subsistencia; ni mucho menos, confrontó lo relativo a que la a quo, para decretar tal suma haya tomado en consideración que el quejoso labora en la empresa *****, planta Salamanca y que además, a decir de la parte actora original, tiene diversos ingresos con los que podía hacer frente a tal medida. Pues, por el contrario, se insiste, solo esgrimió locuciones afirmativas en el sentido de que la fijación del 70% de su salario es excesivo, pero en nada debatió los argumentos indicados en el párrafo anterior. Motivo por el cual, tales asertos devienen inoperantes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 3a. 30, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 207328 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 30 Página: 277 "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida". Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de Ortiz. 16 de marzo de 1988. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño. Octava Época, Tomo I, Primera Parte, página 273. Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 196. Amparo en revisión 1877/88. Ibaur Chem, S.A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Octava Época, Tomo II , Primera Parte, página 196. Amparo en revisión 1885/88. Bufete de Asesoría Administrativa, S.C. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Octava Época, Tomo III, Primera Parte, página 308. Amparo en revisión 3075/88. Paulino Adame Flores. 10 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión privada de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. Cinco votos de los señores ministros: presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas." En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los argumentos formulados por el quejoso, procede dejar incólume la determinación reclamada y negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** contra el acto que atribuye a la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, por los motivos expuestos en esta resolución.

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