Óscar Gerardo Prieto Carreto
Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Óscar Gerardo Prieto Carreto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19 del acuerdo general citado, este órgano jurisdiccional califica: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULA. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico coincida en su totalidad como el impreso. DATOS PERSONALES Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 738/2021. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en el apartado correspondiente señaló que reclama al Fiscal de Investigación Metropolitana, Osvaldo Ramírez Zavala, y otras autoridades, el retardo para dictar acuerdo dentro de la carpeta de investigación FGEP/CD/FIM/ATLIXCO-I-006871/2021, respecto a su solicitud de devolución del vehículo de su propiedad marca Toyota, Tipo Camry SE, número de serie 4T1J11AK2LU986888, motor A25AA53884, modelo 2020, color negro, con placas de circulación TTK453A del Estado de Puebla, que realizó primeramente mediante escrito de acreditación de Propiedad y Formulación de Denuncia de veintisiete de abril del dos mil veintiuno, y de nueva cuenta mediante escrito de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, ambas realizadas ante la Abogada Elizabeth Contreras García, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, con lo que refiere se le afecta su derecho de petición y acceso a la justicia. Por su parte, a lo largo de los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, indicó que a la fecha, la agente del Ministerio Público referida en el párrafo que antecede no ha dado respuesta a su petición de devolución de vehículo, pese a que se dio por pagado de la reparación del daño que sufrió el vehículo de su propiedad y otorgó el perdón al responsable del hecho de tránsito de que fue víctima, ya que refirió que en una ocasión se le refirió que no estaban glosados en la carpetea los dictámenes periciales, en otro momento se le dijo que la autorización de devolución de vehículo depende de Osvaldo Ramírez Zavala, Fiscal de Investigación Metropolitana, así como de Fabián Bogar Romero Fajardo, Agente de Ministerio Publico de Zona, por lo que con su actuar le afecta en su derecho de petición y acceso a la justicia, destacando que el impetrante refiere que estima existe una afectación a sus derechos pues se cuentan con suficientes datos de prueba glosados en la indagatoria y a la fecha no se emite respuesta a su petición siendo omisos en su actuar, no obstante tienen la obligación de resolver la indagatoria en breve termino, con lo que causan una afectación en la procuración de justicia. De lo anterior, se advierte que la negativa de la que se duele el quejoso descansa en la actitud omisa e inconsistente de las autoridades responsables, mismas que paralizan la investigación y le impiden tener acceso efectivo a la indagatoria y conocer las condiciones de la investigación para estar en aptitud de terminar con la misma obteniendo la resolución que conforme a derecho corresponde, generado una afectación a su derecho de procuración de justicia. Sentado lo anterior, debe decirse que respecto de dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las aclaraciones y omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de las autoridades investigadoras en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora donde se incluye recibir las querellas presentadas ante él. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la autoridad investigadora que aquí controvierte. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido y artículo 113 del ordenamiento legal en cita SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados a las personas que señala en su escrito de demanda únicamente para oír y recibir notificaciones, tal como lo solicitó en el proemio de dicha demanda. Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a la parte quejosa, para que de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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