OSCAR GERARDO ESCALANTE CERVANTES y Otros.

Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
356/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • OSCAR GERARDO ESCALANTE CERVANTES y Otros.
  • Oscar Gerardo Escalante Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió un legajo de constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Juez Vigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, en los términos que precisa, y al efecto acompaña las constancias que refiere en su apoyo, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento. Con las documentales aludidas fórmese el tomo I, para un mejor manejo de este expediente. De las constancias remitidas se advierte sobreviene una causal de improcedencia, como se demostrará a continuación. PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Auto de fecha 18 de marzo del año 2022. Auto de fecha 23 de agosto de 2021. Auto de fecha 06 de octubre de 2021. Auto de fecha 17 de noviembre de 2021. Ahora bien, tomando en consideración los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional y establecen que los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los libelos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Lo anterior se apoya en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Así como lo manifestado por la parte accionante de amparo en sus antecedentes y transcripciones que realizó de las actuaciones reclamadas, es posible concluir que lo que en realidad combate son los: Proveídos de veinte de agosto, cinco de octubre y dieciséis de noviembre, todos de dos mil veintiuno, y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictados en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Vigésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, donde se reservó a proveer los escritos presentados por la parte quejosa por encontrarse los autos en el centro de digitalización. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Sobre los actos reclamados descritos sobreviene la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cesan los efectos del acto reclamado cuando se deroga o revoca, o aun, sin tal pronunciamiento, cuando se destruyen todos sus efectos en forma total e incondicional; de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En estos casos, se hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala, registro 193758, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, junio de 1999, Página: 38, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, para sustentar la actualización de la mencionada causal de improcedencia se hace necesario en primer orden precisar cuál es el acto reclamado y, en segundo lugar, señalar que circunstancia fue la que ocasionó que hayan cesado sus efectos, elementos que permitirán justificar el sobreseimiento del asunto. En primer lugar, los actos reclamados son los proveídos de veinte de agosto, cinco de octubre y dieciséis de noviembre, todos de dos mil veintiuno, y dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictados en el juicio ordinario civil de origen, donde se reservó a proveer los escritos presentados por la parte quejosa por encontrarse los autos en el centro de digitalización. Y en segundo, la circunstancia que ocasionó el cese de efectos del acto reclamado en el presente juicio es la emisión del proveído de diecisiete de mayo del año en curso, en el cual se proveyó sobre los escritos aludidos, donde tuvo por autorizadas a diversas personas de la parte quejosa, dando cumplimiento a lo solicitado relativo a la exhibición de copias para notificar a los terceros llamados a juicio, ordenó se realizara la cédula correspondiente, autorizó la compañía de la actora a la diligencia respectiva, por señalado el correo y número telefónico como medios para recibir notificaciones. De ahí que, respecto de los actos reclamados, se actualice el segundo de los supuestos de la causal invocada. Es así, pues la respuesta de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, sustituye la reserva de la cual se dolía la parte quejosa de pronunciarse sobre sus escritos, y que servía de sustento de las transgresiones que reclama, por lo que ya no se puede entrar a su estudio, pues su finalidad era, exactamente, que al hacer el análisis de las violaciones estimadas por la parte impetrante, se ordenara emitir pronunciamiento sobre lo solicitado, lo cual ha acontecido, lo que actualiza la causal en estudio. Apoya lo anterior, la tesis perteneciente a la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, página 198, cuyo rubro y texto indican: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Por tanto, al quedar subsanado lo reclamado con la contestación a las peticiones planteadas por la parte accionante; el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no existe motivo para emitir un fallo que analice el fondo de las reclamaciones del impetrante de garantías, cuando ésta ya no surte más efectos legales o materiales, por haber sido judicialmente destruidos. Sustenta lo anterior, jurisprudencia 2a./J. 205/2008, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, enero de 2009, página 605, registro 168189, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez responsable, por el que remite la información solicitada en autos, al efecto se provee: Con fundamento en los preceptos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA promovida por ..., representante de ... y ..., ambas de apellidos ..., y ..., su sucesión. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que habrá de rendir cumpliendo con lo prescrito en los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberá anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Sin que haya lugar a tramitar la medida suspensional, por no haber sido solicitada de manera expresa. IV. De los terceros interesados. De la lectura integral de la demanda, se corrobora que no es viable designar parte tercera interesada, pues el acto reclamado consiste en una omisión atribuida al Juez responsable, de donde se sigue que la litis constitucional versará sobre la justificación de tal conducta procesal. Sobre esa base, se estima que si la situación que se juzgará no es una determinación que hubiere constituido derechos, o bien, agotado una etapa procesal, tampoco habrá parte tercera interesada que antagonice con la omisión reclamada, pues no se reclaman cuestiones declarativas en relación a los derechos litigados. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las diez horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, y con el único fin de que las partes accedan a una justicia ágil y efectiva, hágase de su conocimiento que para el caso de que sea su intención presentar alguna promoción dirigida a la audiencia constitucional, deberán hacerlo con la anticipación suficiente para que sea recibida oportunamente en este órgano; ya que constituye un hecho notorio las condiciones extraordinarias en que se reanudaron las actividades judiciales, generaron una alta carga laboral en las oficinas de correspondencia, y conforme al sistema de recepción y tratamiento de documentos previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éstos podrían no ser enviados el mismo día de la audiencia al órgano de radicación; de modo que para evitar que un desfase entre la presentación física de los ocursos ante el Juzgado y la celebración de la audiencia, será conveniente que los justiciables actúen con la prevención debida. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. De las Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa las que describe en el escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso de ..., quien se ostenta representante de ... y ..., ambas de apellidos ..., y ..., su sucesión, donde alega la imposibilidad para remitir documento idóneo para acreditar la personalidad que defiende -ante la aparente digitalización de las constancias que integran el procedimiento primigenio-, atento a ello, con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales y atender íntegramente la demanda, como se solicita, gírese oficio al Juez Vigésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, remita a este órgano constitucional copia certificada de las constancias que acrediten la personalidad de ..., como representante de ... y ..., ambas de apellidos ..., y ..., su sucesión, en el expediente ... de su índice, o en su caso informe si tal afirmación no corresponde en realidad al proceso. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en el artículo 237 fracción I en relación al 259 ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización. NOTIFÍQUESE.

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