Óscar Gerardo Cruz Díaz

Expediente 635/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
635/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2017

Partes del expediente

  • Óscar Gerardo Cruz Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio 13440 del índice de este Juzgado, a través del cual se le notificó el proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, y se le devolvieron las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 26/2008 de su estadística.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención del juicio ejecutivo mercantil 26/2008 que como justificación a su informe anexó el Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 330/2017 del índice de este Juzgado, que se le envió para notificar al quejoso **********, el proveído de diecinueve de junio del año en curso; en ese sentido, dese de baja la comunicación oficial de referencia, háganse las anotaciones respectivas y acúsese el recibo de estilo. Por otra parte, del estado de autos, así como de la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de junio pasado, y de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación, así como las subsecuentes, aun cuando revistan el carácter personales, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de junio del año en curso, en el que el Magistrado Presidente del órgano de su adscripción declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, y otras a autoridades, remite: original y cinco copias simples de la demanda, oficio 354, juicio ejecutivo mercantil 26/2008, informe justificado de las autoridades responsables, así como el escrito signado por el tercero interesada ********** y la constancia de su emplazamiento; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 635/2017-V. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca del conocimiento del asunto, lo cual hágase del conocimiento de la superioridad, a través del acuse de recibo correspondiente. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: El auto de ocho de mayo del año en curso, emitido por el Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2008 de su índice. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente en aquel año, estatuyen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Artículo 1340.- La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de Cuantía Menor o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya. El Consejo de la Judicatura Federal, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de Estados tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el párrafo que antecede dentro de los primeros cinco días del año." De los numerales transcritos se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario a través del cual pueden ser modificados total o parcialmente los autos dictados por el juez que no sean apelables. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto de la suerte principal es inferior a la suma prevista en el numeral 1340 del Códex Mercantil, son impugnables mediante el recurso de revocación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de ocho de mayo del año en curso, emitido por el Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, dentro del juicio ejecutivo mercantil 26/2008 de su índice; y los referidos numerales 1334 y 1340 del Códex Mercantil, establece un recurso [revocación] a través del cual pueden ser modificados total o parcialmente los autos que no sean apelables; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; y, III. No se trata de un tercero extraño al procedimiento, porque el acto que reclama emergió con motivo de la petición que formuló mediante escrito de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, por lo que válidamente puede afirmarse que se integró la relación jurídica procesal. Por ello, se afirma que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al promovente autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, por así haberlo solicitado. Tomando en consideración que el impetrante señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********** número ********** de la ciudad de Guanajuato; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído al quejoso, en el indicado domicilio, y lo requiera para que dentro de los tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Finalmete, dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar cinco tomos de pruebas para el mejor manejo del expediente.

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