Oscar García Tellez
Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 41 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Oscar García Tellez
- OSCAR GARCÍA TELLEZ y Otros.
- Director del CEFERESO número 13 "CPS Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
SECCIÓN II MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.********************Causa estado proveído********************Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído.********************Archivo del expediente********************Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido.********************Directriz establecida en el manual correspondiente********************En términos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEMPLE./ADM./004/***/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en su punto 7.4, se estableció como lineamiento que los expedientes en los que obre suspensión de plano se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitida en el juicio, (manual que es aplicable, en lo conducente, de conformidad con el artículo Transitorio noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hasta en tanto se emita el nuevo manual correspondiente).********************Expediente conservable ********************Bajo esa directriz y toda vez que el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia, sin embargo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que, se estima que este expediente es CONSERVABLE, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será transferido al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo invocado.********************Anotación en la carátula y libro********************En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico.********************Notificación al quejoso en el lugar en el que se encuentra interno********************Toda vez que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, a través de su representante común, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria o por videoconferencia, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. ********************Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.********************Notifíquese personalmente, al quejoso en el lugar en que se encuentra privado de su libertad.
- Incidental
SECCIÓN II MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 355/2023, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por lo que se provee en los siguientes términos: Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva. Base normativa Ahora, con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9,12, 14, 17, fracción III, inciso b), y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente. Destino del incidente Este incidente resulta CONSERVABLE por haberse concedido la suspensión definitiva, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula y libro Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA Número de expediente: 355/2023 Acuerdo: SECCIÓN II MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés.********************Causa estado proveído********************Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído.********************Archivo del expediente********************Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido.********************Directriz establecida en el manual correspondiente********************En términos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio SEMPLE./ADM./004/***/2020 de veintiséis de agosto de dos mil veinte, específicamente en su punto 7.4, se estableció como lineamiento que los expedientes en los que obre suspensión de plano se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitida en el juicio, (manual que es aplicable, en lo conducente, de conformidad con el artículo Transitorio noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hasta en tanto se emita el nuevo manual correspondiente).********************Expediente conservable ********************Bajo esa directriz y toda vez que el presente expediente se sobreseyó fuera de audiencia, sin embargo, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que, se estima que este expediente es CONSERVABLE, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será transferido al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo invocado.********************Anotación en la carátula y libro********************En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico.********************Notificación al quejoso en el lugar en el que se encuentra interno********************Toda vez que el quejoso ********************, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, a través de su representante común, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria o por videoconferencia, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. ********************Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.********************Notifíquese personalmente, al quejoso en el lugar en que se encuentra privado de su libertad.
- Principal
SECCIÓN II. MESA II B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés.******************** Glósese a los autos el oficio suscrito por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA" Miahuatlán, Oaxaca, por el que en atención al requerimiento ordenado en auto de dieciséis de agosto del año en curso, remite copia certificada de los formatos de suministros de medicamentos omeprazol cápsulas y benzafibrato tabletas al quejoso ********************. ********************Pruebas********************Ahora bien, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas documentales que anexa la citada autoridad responsable, consistentes en copia certificada: ******************** Formatos de suministros de medicamentos omeprazol cápsulas y benzafibrato tabletas. ********************Información reservada******************** Por otra parte, toda vez que la citada autoridad indica que la información que remite se encuentra clasificada como reservada y confidencial, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción V y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los diversos 113, fracción V, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En consecuencia, a fin de evitar que dicha información se use de manera incorrecta, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. ******************** Es aplicable al caso por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 26/2015 (10a.), visible en la página 28, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ********************INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. ********************Vista de autos********************Ahora bien, de las autoridades responsables, Director General; Titular del Área de Seguridad y Custodia; y, Titular del Área Seguridad y Guarda, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la parte quejosa reclama:********************Golpes, Malos Tratos e Inhumanos, Encierro y Tortura; ********************La falta de atención médica y el suministro medicamentos.********************Las autoridades responsables antes precisadas negaron la existencia de los actos reclamados relativos a Golpes, Malos Tratos e Inhumanos, Encierro y Tortura, pues precisaron que esas autoridades son respetuosas de los derechos humanos fundamentales, de igual forma se prohíbe el uso de procedimientos que provoquen cualquier tipo de lesión o menoscabo de la dignidad de las personas, de conformidad con lo establecido por el numeral 9 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social.********************Respecto de lo cual, deben existir situaciones de modo, tiempo y lugar de las cuales se infiera que las violaciones al artículo 22 constitucional sean reales y no simples expectativas, sospechas o suposiciones de su probable existencia.********************Bajo ese orden de ideas, por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que acorde con lo dispuesto por el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.********************Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 7372/2016, expuso algunos aspectos doctrinales que ha desarrollado en diversos asuntos con relación al tema de la tortura y definió que cuando una persona aduzca dentro de un procedimiento penal haber sufrido ese tipo de actos, la misma tendrá impacto en dos vertientes, siendo éstas: la violación de derechos humanos con trascendencia dentro del proceso y la configuración del delito de tortura. ********************Refirió que con base en la jurisprudencia 1a./10/2016, cuando un inculpado dentro de un procedimiento penal denunciare haber sido víctima de tortura, el mismo cuenta con el derecho fundamental de que la autoridad judicial investigue tales actos, con la finalidad de que se establezca si tal aspecto transgrede en perjuicio de dicho inculpado derechos fundamentales dentro del proceso penal; ya que de no hacerse así, esa omisión actualizaría la violación a las reglas del procedimiento, con la consecuente reposición del mismo, con el objeto que se realice la investigación correspondiente y se analice la denuncia de los mencionados actos de tortura, únicamente en lo relativo a las implicaciones que se hubieren generado dentro del proceso penal. ********************| Resulta aplicable al caso la tesis número 1a. CCCXXVI/2018 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, con Registro digital: 201853003, Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:********************ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores.******************** Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 2, señala:********************".todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.".******************** El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis: P. XXII/2015 (10a.) precisó que los elementos constitutivos de la tortura, son; (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) éstas sean infligidas intencionalmente; y, (III) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona, por lo que a continuación se transcribe:********************ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito.******************** ******************** En ese sentido, este Juzgador considera que no se encuentra acreditado el acto de tortura que el quejoso aduce se perpetra en su contra, ya que de la demanda se infiere que los hizo depender de la falta de atención médica; además, de las pruebas que existen, no se demuestra que hayan existido afectaciones físicas o mentales graves; infligidas intencionalmente al ahora quejoso, y con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tuviera por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental del inconforme.******************** Aunado a que de las constancias probatorias, no se desprende que el impetrante del amparo ********************, haya confesado o incriminado a diversa persona en la comisión de un hecho delictuoso ni que hayan existido afectaciones físicas o mentales graves; infligidas intencionalmente al aquí quejoso, y con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tuviera por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental del disconforme.********************Además, de las constancias de autos se aprecia la existencia del memorando ******************** de trece de abril de dos mil veintitrés, en donde el Director General del Centro Federal Número Trece, CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán, solicitó a los encargados de las Direcciones de Seguridad, Técnica, Coordinador Médico y Administrativo a fin de que se abstuvieran de llevar en contra del quejoso malos tratos, tortura física y psicológica, intimidación y amenazas de muerte así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, por lo que la Dirección de Seguridad, mediante memorando ******************** de veinticinco de abril del año en curso, instruyó a los comandante y/o encargados de compañías de custodia penitenciaria a efecto de que estos y el personal a su mando se abstengan de efectuar en contra del quejoso dichos actos.********************Además, que en dicho centro penitenciario no se tiene registro de una incidencia o nota informativa en relación con las agresiones físicas y psicológicas que indica el amparista. Para ello, indicó que del informe psicológico de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se desprendió que se ha brindado atención psicológica al quejoso de mérito, acorde a sus características a fin de coadyuvar a su estabilidad emocional; y de la cual se desprende que el quejoso de mérito se mostró con contacto visión en forma directa, sin barreras en la comunicación, de actividad motora flexible, con movimiento dirigidos a meta, con lenguaje convencional en tono de voz y velocidad media, accesible y cooperador, sin alteraciones en la conciencia, estado de alerta normal, con adecuada atención, concentrado de manera persistente ante un estímulo o actividad, se encontró orientado en tiempo, persona y espacio, respecto a su memoria remota no evidenció dificultad aparente, congruente en las expresiones con las verbalizaciones, el curso del pensamiento es coherente y congruente, no se perciben alteraciones, siendo lógico de acuerdo con el contexto sociocultural de la persona, no refleja anomalías, negó alteraciones en la sensopercepción. ********************Luego, es menester precisar que este órgano jurisdiccional en observancia a lo previsto por el numeral 1° y 4° constitucional, ordinales 1° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como al principio de certeza jurídica que asiste al quejoso, procede a revisar las constancias que obran en autos del presente sumario constitucional a efecto de determinar si existe base razonable para acreditar su existencia en perjuicio del solicitante del amparo.********************Orienta a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO" (antes ya citada). ********************En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LV/2015 (10a.), visible en la página 1425, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Décima Época, con número de registro 2008504, de rubro: "TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS", ha establecido que ésta acontece cuando: ********************a) La naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves;********************b) Éstas sean infligidas intencionalmente; y.********************c) Tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona.********************Ahora, de las constancias que obran en autos, a las cuales se le otorga el valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su ordinal 2°, no se advierte dato alguno del que se desprenda que las autoridades responsables hayan realizado u ordenado algún acto de tortura al impetrante de amparo, que afectara su integridad física y psicológica, por lo siguiente:********************En el informe psicológico de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, suscrito por el Psicólogo penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán, Oaxaca, hizo constar que la oficina de psicología ha brindado y continuará brindando atención psicológica a la persona en cuestión acorde a sus características, y los servicios que se prestan son sin causa de discriminación, y anexó las hojas de firma de atenciones brindadas.********************Entonces, dado que de autos no se obtiene razón alguna para considerar que el quejoso sea objeto de golpes, malos tratos e inhumanos, encierro y tortura, dado que no existe evidencia probatoria que demuestre que los actos que dice sufrir tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigarlo o intimidarlo por alguna conducta que hubiere realizado, o para cualquier otro fin que tenga por objeto perjudicar su personalidad o la integridad física y mental, aunado a que del certificado médico de estado psicofísico no presentó lesiones actuales.********************Así, los actos reclamados en el presente controvertido constitucional, a juicio de quien resuelve, no constituyen un acto de tortura catalogado por nuestro más Alto Tribunal del País, justamente por no colegirse una gravedad tal, encaminada a menoscabar la personalidad o la integridad física y mental del amparista.********************Sin que obste a lo anterior lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a.CCCXXVI/2018 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, (Diciembre de 2018), Tomo I, página 256, Décima Época, con número de registro 2018533, del epígrafe: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO" que establece que al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma, debiendo solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis; toda vez que en el informe justificado de las autoridades responsables no existe una negativa de actos de forma genérica sumado a que acompañaron las constancias conducentes para acreditar su dicho.********************Por tanto, de las aludidas constancias no se desprende dato alguno que lleve a este Juzgador Federal a estimar que existe una base razonable, ya sea mediante un indicio o prueba directa, que al quejoso se le esté privando de la alimentación; que se encuentra confinado sin actividades penitenciarias; que se le estén aplicando tormentos al mantenerlo segregado en un área especial sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos, o que se le haya restringido su capacidad deambulatoria, así como impedirle el contacto con la población penitenciaria, lo que trae como consecuencia que resultara innecesario allegarse de mayores elementos en el presente juicio para la investigación de la conducta atribuida a la responsable, por lo cual se tienen por inexistentes los actos reclamados.********************Asimismo, se destaca que la parte quejosa estuvo en aptitud de desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, en virtud de que fue notificado de los autos de veinticinco y veintinueve de mayo de dos mil veintitrés en los que se agregaron los informes justificados de las autoridades responsables, sin que emitiera alguna manifestación al respecto. ********************Similar criterio fue sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, del Décimo Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión números ********************, en sesiones ordinarias virtual de dos de marzo de dos mil veintiuno y treinta y uno de enero de dos mil veintidós.********************En consecuencia, ante la negativa no desvirtuada con medio de convicción idóneo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de tales autoridades y por los actos antes mencionados.********************Ahora, la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negó la existencia de los actos reclamados relativos a la falta de atención médica y suministro de medicamentos, al tenor de que al quejoso se le ha brindado atención médica siempre que lo ha necesitado, para lo cual remitieron copias certificadas de lo siguiente:********************Los memorándums CFRS13/DG/GJ/********************/2023 y CFRS13/DG/GS/********************/2023, de trece y siete de abril del año en curso; ********************Informe psicológico de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, emitido por el psicólogo penitenciario, realizado al quejoso ********************; ********************Impresión del registro de asistencias psicológicas individuales; ********************Nota médica de cinco de abril del año en curso; ********************Formatos de suministro de medicamentos; ********************Captura de pantalla de correo electrónico enviado al Coordinador de Centros Federales, enviado el veinte de abril de esta anualidad;********************Examen psicofísico de cinco de abril de dos mil veintitrés, realizado al quejoso de mérito;********************Formato de suministro de medicamento con folio de receta ******************** de seis de abril del año en curso; ********************Dos vales de salida de almacén con folios de requisición 1202 y 1456 respectivamente;********************Oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS13/DG/********************/2023 de diecinueve de abril del actual; ********************Nota médica y hoja médica, ambas de veintiuno de febrero de este año, relativas al expediente ********************;********************Formato de suministro de medicamentos QG5 tabletas y Omeprazol con folio de receta ******************** de seis de abril del año en curso; ********************Formato de suministro de medicamento Miconazol, Centrum y Vaselina con folio de receta ******************** de veintiuno de febrero del año en curso; ********************Formato de suministro de medicamento Cisaprida con folio de receta******************** de veintidós de junio del año en curso; ********************Formato de suministro de medicamento Captopril, Acido Acetilsalicilico, Catorvastadica y Bezafibrato con folio de receta ******************** de treinta de enero de dos mil veintidós;********************Nota médica de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, suscrita por el médico de dicho centro penitenciario; ********************Nota médica de cinco de abril de dos mil veintitrés, suscrita por el médico de dicho centro penitenciario;********************Nota médica de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, suscrita por el médico de dicho centro penitenciario;********************Cuatro formatos de suministro de diversos medicamentos; y ********************Formatos de suministros de medicamentos omeprazol cápsulas y benzafibrato tabletas.********************Documentales que en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. párrafo segundo, de la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno. ********************Sin embargo, sus negativas resultan insuficientes para acreditar que al impetrante del amparo se le haya proporcionado la atención médica y el suministro de medicamentos antes de la presentación de la demanda, ya que las documentales que remiten son de la atención médica que se le proporcionó al quejoso el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, -antes de la presentación de la demanda de amparo-, y veinticuatro de julio del año en curso, -fecha posterior a la presentación de la demanda-, esto es, trece de abril de esta anualidad-; de ahí que su negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados. ********************Así, contra los actos reclamados -falta de atención médica y suministro de medicamentos-, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: ********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.********************De la fracción transcrita del numeral mencionado en relación con la jurisprudencia 2a./J. 59/99 se colige que la cesación de efectos del acto reclamado, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido como, si el acto jamás hubiera nacido.********************En la especie, mediante valoraciones médicas que se le realizaron al quejoso el veintiuno de febrero y cinco de abril del año en curso, se le diagnosticó Síndrome de Intestino Irritable, Gastritis Crónica; Colitis Crónica y Dermatitis en Rostro, para lo cual se le indicó tratamiento farmacológico a base de Omeplazol, Senocidos, Cisaprida, QG5, Hidroquinona (crema), Vaselina Liquida y Clindamicida (gel), mismo que se le suministran como se advierte de los formatos de suministro de medicamentos relativos al expediente ******************** con números de folio ********************, ********************, ******************** y********************, remitidos por la responsable.********************De lo anterior, se pone de manifiesto que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al quejoso le fue proporcionada la atención médica correspondiente, y se le brindaron los medicamentos correspondientes conforme lo fue prescrito por el médico penitenciario, de ahí que es evidente que se restituyó al impetrante del amparo en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. ********************Aunado a la manifestación realizada por el quejoso en la razón actuarial de veintiuno de agosto del año en curso, en la que indicó bajo protesta de decir verdad que recibió por parte del centro los medicamentos que solicitó. ********************Por tanto, el acto aquí reclamado cesó en sus efectos, de esa manera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, conforme lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada Ley.******************** Para concluir, cabe mencionar, que las diversas responsables Titular del Área de Seguridad y Custodia y Titular del Área Seguridad y Guarda, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negaron el acto reclamado, indicado que no se encuentra dentro de sus funciones y competencia brindar atención médica ni medicamentos a las personas privadas de la libertad en el citado centro de internamiento, de ahí que se tenga por inexistente dichos actos, ya que como se dijo, al quejoso ya se le brindó la atención médica correspondiente.******************** Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional.********************Notificación al quejoso******************** Ahora bien, en razón a que el quejoso ********************, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS-OAXACA", con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario notifique personalmente la presente determinación al interno de que se trata. ******************** Por último, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. ********************Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra privado de su libertad.
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