Oscar García Ponce

Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Oscar García Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 846/2021-V, promovido por XXXXXX. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por xxxxx, la cual fue recibida el siete siguiente en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, del que reclamó: [.] El control de detención y retención y el auto de vinculación a proceso dictado el día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 9705/2021, seguida en contra del quejoso, por la supuesta comisión del delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró con el número 846/2020-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que interviene en el proceso penal de origen 9705/2021 y a XXXXX, en su carácter de representante de la menor de edad de iniciales XXXX, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. Referencia a Menor de Edad. Cabe puntualizar, que en virtud de que en el presente expediente se encuentran involucrados derechos de una menor de edad, la referencia que se haga de ella será mediante las iniciales de su nombre y apellidos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo B, denominado "Principios rectores y sus correlativas obligaciones generales a cargo de las autoridades judiciales, fracción III, bajo el rubro Participación, en el punto 3 del epígrafe Derecho a la protección de su intimidad, identidad y vida privada, todos del "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior a fin de salvaguardar su identidad. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 9705/2021, en la que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, calificó de legal la detención y retención del quejoso xxx . 2. El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 9705/2021, en contra de xxxxx, por los hechos que la ley señala como delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 173, en relación con el 175, fracción VII, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales J.G.P., en su calidad de autor, atento a lo establecido en el ordinal 21, fracción I; todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, y; Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, convino en la existencia de los actos de que se duele el justiciable, a saber, la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno en la que se calificó de legal la detención y retención, así como el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 9705/2021, por el injusto penal descrito con antelación. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada del auto de vinculación a proceso dictado por la Juez responsable, así como las videograbaciones de las audiencias celebradas el diecisiete y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 9705/2021, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Estudio del acto reclamado relativo al control de la detención y retención del quejoso. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación, como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción, además de que no existe obligación legal de hacerlo. Luego, como al quejoso xxxxx, le resulta el carácter de imputado, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. La parte accionante hace valer en vía de concepto de violación el siguiente: 1. Que el Juez de origen carece de objetividad y parcialidad (sic) al no pronunciarse sobre la legalidad de la detención, sin tomar en cuenta la declaración del menor D.A.G.V. Concepto de violación que deviene infundado, como se explicará a continuación: A fin de justificar tal aserto, en principio, es necesario tomar en consideración que el artículo 16 constitucional, en la parte que interesa, establece lo que a continuación se transcribe textualmente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. (.) En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. (.) De la porción de la norma constitucional reproducida, se obtiene que, si bien todas las personas gozan de los derechos a la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestadas en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, como cualquier otro derecho humano, al no ser absolutos, su ejercicio puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En ese contexto, el artículo 16 de la Constitución prevé que para que una persona pueda ser privada de su libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso urgente en la comisión de una conducta delictiva. Además, se desprende que la flagrancia consiste en la detención del imputado al instante de la comisión del delito, o bien, al momento de la huida u ocultamiento del sujeto que se genera inmediatamente después de la realización de los hechos delictuosos, sin establecer un tiempo determinado. Por otro lado, los artículos 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. 147. Detención en caso de flagrancia Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición. De la interpretación sistemática de las normas procesales reproducidas, se desprende que, para conducir al imputado al proceso penal bajo la hipótesis de detención por flagrancia, es necesario que se actualice alguno de los supuestos siguientes: 1. Flagrancia propia, la cual se entiende como aquella detención del activo que se lleva a cabo al momento en que se comete el delito, contemplada en el artículo 146, fracción I, del Código. 2. Flagrancia impropia, o inmediata, a que alude el artículo 146, fracción II, del mencionado ordenamiento legal. En cualquiera de los supuestos de detención en flagrancia, una vez que el detenido sea puesto a disposición del fiscal investigador, este debe calificar tal detención y, de encontrarla justificada; es decir, de estimar que se observaron y cumplieron las exigencias constitucionales y legales de procedibilidad establecidas al respecto, deberá dictar la retención; caso contrario, deberá ordenar la libertad del detenido. Cabe señalar al respecto, que si la persona o autoridad que haya detenido en flagrancia al probable responsable del ilícito, demora de manera injustificada en poner a este a disposición de la representación social, no implica, per se, que la detención pueda estimarse ilegal por esa demora. Es así, porque la detención en flagrancia de una persona y la presentación de esta ante la autoridad más cercana o ante la fiscalía investigadora, son actos distintos, con autonomía uno respecto del otro, en tanto que se trata de dos operaciones que, aun cuando estén relacionadas, son fáctica y sustancialmente independientes. Por tal motivo, el hecho de que quien haya detenido en flagrancia al presunto infractor demore en ponerlo a disposición del Ministerio Público, no puede dar lugar a considerar como ilegal la detención, si fue realizada en acato y observancia a los parámetros constitucionales y legales. En el caso de que se haya detenido a una persona en la comisión flagrante de un delito, inmediatamente después de que sea puesta a disposición de la representación social, esta deberá examinar las condiciones de la detención, y en caso de considerar que no se ajusta a los lineamientos constitucionales y legales, decretará la libertad inmediata del inculpado, según lo dispuesto en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada CCCLXII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2010491, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, de noviembre de 2015, Tomo I, página 972, que a la letra dice: DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. LA DEMORA INJUSTIFICADA DE LA PUESTA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO NO IMPLICA QUE AQUÉLLA SEA ILEGAL. La detención de una persona y la inmediatez de su puesta a disposición ante el Ministerio Público son actos diferentes, por ello, es importante considerar que ambos supuestos tienen autonomía y deben analizarse en ese contexto; es decir, se trata de dos acciones que si bien tienen una relación causal y sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Así, en el supuesto constitucional de detención en flagrancia, la primera acción que deben realizar los policías es la detención; y la siguiente es presentar de inmediato al detenido ante el Ministerio Público, para el efecto de que éste defina su situación jurídica. Sin embargo, el hecho de que la policía demore injustificadamente la presentación, no implica que pueda afirmarse jurídicamente que la persona fue detenida de forma ilegal; esto es, si la detención se ajustó a los parámetros constitucionales, no existe razón jurídica por la que deba afectarse la declaratoria de validez constitucional que se realice de ésta. Consecuentemente, la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público es una condición fáctica sucesiva e independiente; de ahí que en caso de flagrancia, aquélla tendrá que calificarse de legal por estar apegada a los parámetros constitucionales, sin perder validez jurídica, a pesar de que los aprehensores, después de la detención y el aseguramiento de las evidencias, retrasen la entrega del detenido de forma injustificada ante el Ministerio Público. Ello, porque la violación se suscita con posterioridad a la detención que fue legal, por lo que el impacto deberá reflejarse a partir de que la retención del detenido se torna injustificada. Establecido lo anterior, en el caso concreto, la agente del Ministerio Público solicitó al Juez de Control calificar de legal la detención del promovente, al actualizarse el supuesto de flagrancia previsto en el artículo 146, fracción II, inciso b) del Código Procesal Penal, lo cual solicitó con base en las consideraciones siguientes: 13:45 En uso de la voz la agente del Ministerio Público, solicitó se ratificara de legal la detención y retención de XXXX, de conformidad con el artículo 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que se cuenta con el acta de aviso suscrita por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, XXX, XXX Y XXX, quienes informaron que aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, recibieron un llamado del número de emergencia 911, comunicándoles que en la calle xxxx, se suscitaba un llamado de auxilio. Por lo que siendo las veinte horas con quince minutos, se constituyeron en dicho cruce, entrevistándose con quien dijo llamarse xxxxxx de treinta y nueve años de edad, quien les manifestó que su menor hija de nombre con iniciales xxx, de catorce años de edad, tenía algo que informarles; a lo que la menor de edad xxx, les comunicó que siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba en el domicilio de su tío xxxx y dos años de edad, ubicado en la calle xxxxx, para lo cual estaba jugando con su celular, sentada en un sillón de una de las habitaciones del inmueble, y en ese momento se le acercó su tío xxxxx, preguntándole si podía sentarse junto a ella, a lo que respondió que sí, por lo que éste se sentó junto a ella en el sillón, mencionándole que tenía frio, además de tomar la chamarra con la cual la menor xxxx, se cubría las piernas, mientras le decía que estaba "bien buena" y empezó a tocarla en las piernas y en su vagina por encima del pantalón, mientras le acariciaba la cara con las manos, a lo que J.G.P. le pidió que se quitara, levantándose del sillón para pedir ayuda a su mamá, quien iba llegando al domicilio y a quien le informó sobre los hechos, motivo por el cual llamaron al 911. Enseguida, la menor xxxxx. y su madre xxxxxx, señalaron a una persona del sexo masculino, complexión robusta, tez morena, un metro con ochenta y cinco centímetros de estatura aproximadamente, como quien le había realizado tocamientos a la menor, por lo que se acercaron a dicha persona, la cual se encontraba a unos metros de distancia, en el exterior del domicilio de la calle xxxxx, ante el cual se identificaron como agente de la Policía Municipal, quien se identificó como xxxx, de cuarenta y dos años de edad, a quien se le informó que con motivo del señalamiento directo que había en su contra por parte de la víctima y la ofendida sería presentado ante la autoridad correspondiente, por la probable comisión del delito de abuso sexual; además, que por protocolos de seguridad, se le realizaría una revisión en su persona, a lo cual accedió, misma que llevó a cabo el agente xxxx, sin localizarle algún objeto constitutivo de delito; de este modo, a las veinte horas con veintiocho minutos, se realizó su formal detención, luego a las veintiún horas con diez minutos fue trasladado a la Estación Universidad, ubicada en calle xxxxx, donde fue valorado por el médico, posteriormente se registró su ingreso en el sistema AFIS y enseguida ingresó al área de resguardo a efecto de realizar las gestiones administrativas para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, diligencias que finalizaron a las veintidós horas con veinte minutos y fue puesto a disposición de la Representación Social a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, autoridad que ratificó de legal su detención, al haberse realizado en términos de la flagrancia que contempla el numeral 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que xxxx, fue señalado por la víctima y la madre de ésta, por el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 174, en relación con el 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, la agente xxxxx, realizó una entrevista a la menor xxxxx, quien se constriñó a señalar lo precisado en la pieza informativa, así como que ella no otorgó su consentimiento para los tocamientos que le realizó xxxx. Con motivo de lo anterior, a las veinte horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, xxxx fue puesto a disposición del Juzgado de Control, peticionando se califica de legal la detención y retención. Con posterioridad, el Juez de Control otorgó el uso de la voz a la defensa, quien manifestó lo siguiente: 14:03 En cuanto a la retención la defensa precisó no tener nada que manifestar: y respecto a la detención, indicó que su representado fue detenido dentro de su domicilio, ya que indican que se realizó la formal detención de xxxx en el cruce de las calles xxxxx, lo cual hacen saber los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxxx, xxx y xxxx, así como la menor víctima xxxx, quien señala que se encontraban en la casa de su tío; lo cual violentó el artículo 16 Constitucional, pues si bien la menor mencionó haber sido víctima de un delito, esto lo hizo fuera del domicilio donde fue entrevistada por los agentes, mientras que el diverso 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando: I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas, o II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. Precisando, que la persona facultada para autorizar el ingreso a los agentes era xxxx; sin embargo, éste nunca refirió darles acceso a la casa, además de que no se actualizan los supuestos de la fracción I, del numeral 290 en comento, y lo correcto era que la menor víctima acudiera a la Fiscalía a presentar su denuncia, y en su caso, se librara una orden de aprehensión, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional. Asimismo, en el apartado sexto del parte informativo, relativo al lugar de la detención, aparecen completamente vacíos, concluyendo la defensa que no se solicitaron las autorizaciones, violentando así los derechos fundamentales de la persona detenida contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, peticionando se decrete la ilegalidad de la detención. Con motivo de las manifestaciones vertidas por la defensa, en el sentido de que el justiciable fue detenido en el interior de su domicilio y no el exterior del mismo como arguyen los elementos policiacos, así como que éstos ingresaron al inmueble sin su autorización, siendo él la única persona que podía otorgarla, el Juez del proceso otorgó replica a la agente del Ministerio Público, quien adujo lo siguiente: 14:06 En uso de la voz, la Representación Social indicó que se señala que la detención se dio a las afueras del domicilio marcado con el numeral xxxx. Luego, a petición de la defensa, la Representante Social realizó las aclaraciones pertinentes en los términos siguientes: 14:07 La defensa peticionó se le precisara en qué parte de la pieza informativa se menciona que fue en las afueras del domicilio. 14:07 La agente del Ministerio Público señaló, que textualmente se menciona que por parte de los agentes: ".debido al señalamiento como la persona que momentos antes había realizado los tocamientos, por el riesgo que representa para la adolescente y por los hechos narrados, nos aproximamos al masculino, quien se encontraba a unos metros de distancia en el exterior del domicilio y se identifican como agentes de la Policía Municipal (.) 14:08 La defensa se reservó a manifestarse. Expuesto lo anterior el Juez de Control cerró debate y procedió a deliberar de la siguiente manera: 14:08 El Juez manifestó que en términos del artículo 16 Constitucional, párrafos quinto y décimo, se deben cumplir con cuatro requisitos; el primero de ellos, es que haya ocurrido un hecho con apariencia de delito; el segundo, que la detención haya ocurrido con inmediatez o en el momento en que se estaba cometiendo dicho delito; el tercero, que no haya ocurrido demora en la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público y el cuarto que la Representación Social no haya excedido de las cuarenta y ocho horas de la retención del ahora detenido. Así, se actualiza el primer punto, ya que se dio cuenta con el acta de aviso realizada por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxx, xxx y xxx, quienes le informaron al Ministerio Público, que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos, recibieron un llamado a través del 911, por lo que acudieron a la calle xxxxx, en esta ciudad; sitio al que arribaron a las veinte horas con quince minutos y en el que xxxxx, les dijo que la menor de iniciales J.G.P., de catorce años de edad, tenía algo que informarles; a lo que la menor de edad J.G.P., les comunicó que siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba en el domicilio de su tío xxxx y dos años de edad, ubicado en la calle xxxxx, para lo cual estaba jugando con su celular, sentada en un sillón de una de las habitaciones del inmueble, y en ese momento se le acercó su tío xxxx, preguntándole si podía sentarse junto a ella, a lo que ella aceptó, por lo que éste le dijo que tenía frio, tomando la chamarra con la cual la menor xxxx, se cubría las piernas, mientras le decía que estaba "bien buena" y empezó a tocarla en las piernas y en su vagina por encima del pantalón, mientras le acariciaba la cara con las manos, a lo que xxx le pidió que se quitara, levantándose del sillón para pedir ayuda a su mamá, quien iba llegando al domicilio, motivo por el cual llamaron al 911. Es decir, hay una denuncia por parte de la menor de iniciales xxx ante los agentes aprehensores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y los hechos que narró tienen la apariencia del delito establecido en el artículo 174 del Código Penal Estatal, que establece que: (.) . A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años, o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo." o el 173, que dice: ".A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual."; es decir, lo que narra la menor xxxx,a los agentes, da las características del delito de abuso sexual. El segundo requisito es que haya ocurrido con inmediatez al delito o el momento en que éste se estaba cometiendo; al respecto el artículo 16, párrafo quinto, Constitucional, establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido; así, en el artículo 146, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, da un amplio explicación del significado de la inmediatez en la detención, estableciendo que se se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia y que se entiende que hay flagrancia cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Por lo que debe considerarse que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización; así, debe decirse, que aparentemente la menor de iniciales xxxx., podría haber detenido a xxxxx, en el momento en que estaba realizando tocamientos a su persona, sin embargo, es solo una persona de catorce años de edad, y han descrito al detenido como una persona de complexión robusta, lo que evidencia que la menor no podía cumplir con el mandato Constitucional, además de que no es una obligación, sino una potestad; y lo que hizo la menor fue pedir auxilio inmediatamente a su madre xxxxx, quien pidió auxilio a las autoridades a través del número 911, y al llegar, la menor y su madre realizaron un señalamiento sobre la persona que le había realizado tocamientos, la cual, según los agentes se encontraba cerca del lugar y afuera del domicilio, por lo que se acercaron procediendo a su inmediata detención al considerar que se había actualizado el delito conocido como abuso sexual. De ahí que se considera, que a partir de que reciben la noticia criminal los agentes policiales y en virtud del señalamiento directo que se hace en contra del detenido que se encontraba afuera del domicilio, es que realizan su localización inmediata y la detención; actualizándose así la hipótesis de flagrancia que establece el artículo 16, párrafo quinto, Constitucional y 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, Al respecto sobre lo que ha señalado la defensa, relativo a que fue detenido en el interior del domicilio, no existe dato de prueba en contrario al dicho de los elementos captores, en el sentido del lugar en que ocurrió la detención, motivo por el cual se concedió valor a lo expresado por los agentes municipales, respecto de que la persona detenida se encontraba afuera del domicilio de la calle xxxxx. Como tercer requisito, tenemos que no haya ocurrido demora en la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público; así, a las veinte horas con veintiocho minutos se realizó su formal detención, realizaron la entrevista de la menor, se trasladaron al Distrito Universidad, donde el detenido fue valorado por el médico, se registró su ingreso en el sistema AFIS, ingresó al área de resguardo a efecto de realizar los diversos documentos que la práctica forense indica que se realizan para una correcta puesta a disposición; habiendo una dilación entre la detención formal y la puesta a disposición del Ministerio Público, de dos horas con veinticinco minutos, pues la Fiscalía comunicó que fue puesto a su disposición a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que consideró que no hubo demora en la puesta a disposición del detenido ante el agente del Ministerio Público. Como cuarto requisito, se tiene que el agente del Ministerio Público no haya excedido las cuarenta y ocho horas en su retención, como lo prevé el artículo 16, párrafo X, Constitucional; así, la Representación Social indicó que fue puesto a su disposición a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno; y a disposición del órgano jurisdiccional, a las veinte horas con cincuenta y dos minutos, es decir, en un lapso menor a las cuarenta y ocho horas. Considerando así, que la puesta a disposición se encontraba ajustada a derecho. Por lo que con fundamento en el artículo 16, párrafo séptimo, Constitucional, se ratificó de legal la detención y retención de xxxxx. En ese sentido, se hace patente que es correcta la determinación del Juez de Control responsable, toda vez que se acreditó la hipótesis de flagrancia al momento de la detención del aquí quejoso, prevista en el artículo 146, fracción II, inciso b) del Código Procesal Penal, debido a que éste fue asegurado a las veinte horas con veintiocho minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, es decir, momentos posteriores a la comisión del hecho delictivo que se le imputa, pues es señalado de manera directa por la víctima menor de edad xx, como la persona que aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos de la misma fecha, le realizó tocamientos sin su consentimiento. Lo que se corrobora con lo asentado en el acta de aviso suscrita por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxx, xxx y xxx, quienes comunicaron que la menor víctima J.G.P., les informó que su tío xxxx, le había realizado tocamientos en su rostro, piernas y área vaginal, por encima de su ropa, así como con lo expuesto por la víctima en la entrevista realizada por la agente xxxx. Además, en el particular la puesta a disposición ante la autoridad ministerial fue realizada sin demora, pues como lo refirió el Juez de Control, no existió dilación en la misma ya que la detención aconteció aproximadamente a las veinte horas con veintiocho minutos (20:28) del catorce de noviembre de dos mil veintiuno; luego a las veintiún horas con diez minutos (21:10) fue trasladado a la Estación Universidad, ubicada en calle Pedro N. García y Eje Vial Juan Gabriel, donde fue valorado por el médico, posteriormente se registró su ingreso en el sistema AFIS y enseguida ingresó al área de resguardo a efecto de realizar las gestiones administrativas para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, diligencias que finalizaron a las veintidós horas con veinte minutos (22:20) y fue puesto a disposición de la Representación Social a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos (22:53) del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que en menos de tres horas fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, tiempo justificado con las acciones que realizaron los aprehensores. Lo que permite concluir que, como bien lo determinó la autoridad responsable, la detención fue legal. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa en su escrito de demanda. Lo anterior es así, pues el Juez del proceso se pronunció sobre la detención y retención del justiciable, de manera objetiva e imparcial, ya que, contrariamente a lo que argumenta el quejoso, de los datos de prueba reseñados en la causa de control penal referenciados de la carpeta de investigación, existen elementos suficientes para determinar que fue legal su detención y, por ende, también fue correcto el pronunciamiento del Juez de Control al calificar y decretar la detención del imputado, así como su legal retención. Es así, pues el juez de origen fundó su decisión en los artículos 16, párrafos quinto y décimo Constitucional y 146, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposiciones que prevén las circunstancias que acreditan la existencia de flagrancia delictiva, ante lo cual se exige que la persona sea detenida cuando sea señalada por la víctima inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización; lo que es acorde al caso en concreto, pues son esos arábigos los que permiten analizar lo peticionado por el fiscal federal en torno a esa figura jurídica. Además, motivó su determinación tomando en consideración lo argumentado por cada una de las partes, ya que hizo hincapié en que el quejoso se encontraba en el exterior del domicilio, pues así lo refirieron los elementos captores en su pieza informativa; sin que el caso concreto fuera posible valorar la declaración del menor de iniciales xxxxx, pues dicho medio de prueba no fue ofertado durante el desarrollo de la audiencia, de ahí que el Juzgador de origen se encontraba impedido para valorar una declaración que no fue sometida al contradictorio. En sustento a lo anterior se cita la tesis I.9o.P.18 P (11a.), con registro digital 2023769, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de noviembre de 2021, Tomo IV, página 3335, del rubro y texto: DATOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PUEDEN INCORPORARSE DURANTE EL CONTROL DE LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO, SIEMPRE QUE SEA AL MOMENTO EN QUE SE ESTÁ RESOLVIENDO RESPECTO DE SU LEGALIDAD EN LA AUDIENCIA INICIAL, O NO SE REQUIERA DE PREPARACIÓN PARA HACERLO. Hechos: En el control de la detención en la audiencia inicial, la defensora de los imputados pretendió incorporar datos de prueba para demostrar su ilegalidad; sin embargo, el Juez de Control no acordó de conformidad, bajo el argumento de que el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ninguna de sus partes permite la incorporación de datos o medios de prueba en la detención y no existe fundamento que así lo determine. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que durante el control de la detención del imputado pueden incorporarse datos de prueba, siempre que sea al momento en que se está resolviendo respecto de su legalidad en la audiencia inicial, o no se requiera de preparación para hacerlo. Justificación: En observancia al derecho a una defensa adecuada establecido en los artículos 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que es factible recibir datos de prueba que resulten conducentes para acreditar algún extremo determinado. Asimismo, se observa el espíritu garantista del legislador en el sentido de no restringir esa posibilidad, siempre que esos datos de prueba puedan incorporarse en ese momento o cuando no se requiera de preparación para hacerlo; lo anterior, para crear certeza jurídica y no dilatar la detención, pues este último precepto señala que inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de Control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención y en su párrafo tercero establece que permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial. De la misma manera, tampoco existe indicio del que se advierta que el actuar de los agentes de la policía pudiera traducirse en el que persigue señalamientos contrarios al paradigma de tutela de derechos humanos, pues se avocaron a su detención con motivo de la denuncia que les formuló la víctima. En ese sentido, como se adelantó, se considera acertada la resolución emitida por el Juez de Control respecto de declarar de legal la detención y retención del quejoso. Por lo plasmado, con base en los motivos expuestos, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertirse vulneración a los derechos humanos, en perjuicio de xxxxx, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, respecto a la resolución emitida por el Juez del proceso el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que decretó la legal detención y retención del quejoso. SEXTO. Estudio del auto de vinculación a proceso. La parte quejosa, en sus conceptos de violación, esgrime las consideraciones siguientes: 1. Refiere que se violentó la exacta aplicación de la ley que consagra el artículo 14, párrafo tercero, Constitucional, pues no fueron valorados debidamente los datos de prueba expuestos en la formulación de la imputación y en la solicitud de vinculación a proceso, de ahí que lo resuelto carece de la debida motivación y fundamentación, además de que se vulneró su derecho de audiencia y presunción de inocencia. 2. Indica que los datos de prueba aportados, tales como la declaración de la menor, los dictámenes en psicología y médico, son nulos, por haberse actuado sin sustento y existir contradicciones entre sí; pues lo narrado por la víctima, así como por su madre, se contradice con los hechos narrados en el dictamen psicológico. 3. Señala que la agente del Ministerio Público actuó de manera deficiente y con falta de lealtad y objetividad, al ser omiso en señalar las probanzas que lo benefician. 4. Que el Juez de origen, de manera arbitraria, supone los motivos por los cuales la menor dio aviso a su madre, y no gritó para que los menores que se encontraban en el domicilio -hermano y primo- escucharan, sin analizar que en el dictamen psicológico se asienta que la menor dio aviso primeramente a su prima, supliendo así las contradicciones de la menor víctima, la que miente de manera evidente. 5. Menciona el quejoso, que es dable resaltar que, si hubieran sido ciertas las manifestaciones de la supuesta víctima, los testigos menores D.A.G.V. y M.G.P., se hubieran dado cuenta; sin embargo, éstos refirieron no haber escuchado o visto nada, aun cuando se encontraban en el mismo sitio. 6. Que la menor víctima y su madre, se negaron a que se le realiza el examen médico, lo que, a su decir, evidencia que actúan con falsedad. Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas: En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que la Representante Social actuante (horario 14:20), formuló imputación contra el aquí quejoso, xxxxx, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: 14:20 la agente del Ministerio Público formuló imputación, de conformidad con los numerales 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le comunicó a xxxxx, que se sigue una investigación en su contra, en virtud de que se le imputa la comisión de los siguientes hechos: Que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta minutos, ejerció actos de carácter sexual en la humanidad de la menor víctima xxxx, de catorce años de edad, quien es su sobrina, pues con la mano le tocó la pierna y el área vaginal, además de decirle que estaba "muy buena", sin el consentimiento de la víctima, con un fin lascivo y sin el propósito de llegar a la cópula, hechos que ocurrieron en el interior del domicilio ubicado en la calle xxxxx, en esta ciudad. Hechos que, a su consideración, son constitutivos del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el artículo 173, en relación con el 175, fracción VII; consumado de manera instantánea, en términos del numeral 17, fracción I; de manera dolosa, conforme lo establece el ordinal 18, fracción I; con una participación de autor material, acorde a lo previsto en el arábigo 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, las personas que deponen en su contra son los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxxx, xxx y xxx, la menor de iniciales J.G.P., la madre de la menor de nombre xxxx, la perito en psicología Nora Olivia del Río Magallanes, la perito en medicina xxxx, la agente ministerial xxxx y la testigo menor de edad de iniciales xxxx de diecisiete años de edad, quien es hermana de la víctima. Así las cosas, la Representante Social, comunicó al imputado, en presencia de su defensor y del Juez de Control, que está siendo investigado respecto de hechos que la ley señala como delito de abuso sexual con penalidad agravada, en agravio de la menor víctima de iniciales J.G.P., así como los nombres de las personas que deponen en su contra. Por lo tanto, es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación, se obtiene que, en la audiencia de control de la detención y formulación de la imputación (horario 14:28), el Jueza de Control se aseguró de que el imputado estuviera debidamente informado de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de un defensor. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona acusada y lo cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándole que tenía el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que le otorga dicho precepto constitucional; a lo que, previa consulta con su defensa, en un primer plano, respondió que no era su deseo declarar (audiencia de 17 de noviembre de 2021); para luego, en audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, expresar que era su voluntad rendir declaración, manifestando en lo conducente lo siguiente: 12:57 Declaración del imputado xxxxx, a preguntas de la defensa respondió: No haber realizado tocamientos a la denunciante; que sus sobrinos viven con él desde hace un año y medio aproximadamente, es decir, se quedan de manera regular en su casa, pues el declarante tiene un departamento en El Paso, así que les presta el cuarto para que se queden ahí, ello debido a que sus padres no se llevan bien y él es el único que los acoge, además de que su excuñada tiene otros amores y los deja ahí, pues no tienen otro lugar donde quedarse, incluso ellos le hablan por teléfono para pedirle quedarse con él, lo cual acepta ya que la madre es muy desobligada y siempre tiene problemas con él y con otras personas, incluso la abuela no los quiere, además de que su hermano, padre de los menores, tiene otra relación; que los menores hermanos se quedan solos en su cuarto toda la semana; xxxxestá en el domicilio aproximadamente desde las cuatro o cinco de la tarde del sábado hasta la una de la tarde del domingo, pero ese domingo no se fue temprano porque iba a llevar a pintar su troca con el carrocero, por lo que pidió permiso a su patrón, pues tenía que pedir un "raid" para irse y para llevarse a su mamá a El Paso, puesto que ésta vive allá y requiere de tratamiento médico. Asimismo, que el día que lo detuvieron se encontraba sentado y durmiendo dentro del departamento, además se encontraban sus dos sobrinos; de repente, llegó gritando la mamá de la menor víctima diciéndole que por tocamiento y esto, su sobrino preguntó ¿por qué tío?, y el respondió no saber, lo sacaron de la casa y lo esposaron, que los policías llegaron hasta la puerta, hasta la entrada; que no pasó nada en su casa; que tiene muchos problemas con la mamá de la menor, por cuestiones de dinero, pues le prestó dinero para otra hija que tenía enferma en la clínica santa maría, porque le dice que se haga cargo de sus hijos, pero es una mujer irresponsable y siempre quiere andar en chismes, problemas y cosas de esas. Siendo todo lo que manifestó, así como su voluntad de no responder a las interrogantes de la Fiscalía. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que el quejoso xxxxx, tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición del Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que el imputado solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de control de la detención y formulación de la imputación, se advierte que el Juez de Control le hizo saber al justiciable que fue puesto a disposición de ese órgano jurisdiccional a las veinte horas con cincuenta y dos minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; luego, en audiencia celebrada el diecisiete de los mismos, en uso de la palabra, la agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso citando el contenido de los datos de prueba (horario 14:30); acto seguido, el Juez de Control explicó al imputado dicha circunstancia y le hizo saber los plazos para resolver su situación jurídica (horario 14:57). De lo que se sigue que, previa consulta con su defensor solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que el Juez de origen fijó las once horas del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para tal efecto. Así, a las trece horas con doce minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez resolvió vincular a proceso al justiciable, en los términos que más adelante se precisaran. Por lo que es dable colegir que el Juez de Control, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. En sus conceptos de violación el quejoso xxxx, refiere que el auto de vinculación a proceso no está debidamente fundado y motivado, pues no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, vulnerando así su derecho de audiencia y presunción de inocencia. Ahora bien, a fin de dar respuesta a su señalamiento, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia. En ese contexto, una vez analizados los discos versátiles que contienen las audiencias de diecisiete y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se advierte que el Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y los ordinales 21, fracción I, 173 y 175, fracción VII, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el imputado y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que el Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Para una mayor comprensión de dicho requisito formal, conviene distinguir entre lo que es la falta de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero, debe entenderse la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; lo cual puede dispensarse, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia, sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, cuando de la resolución se advierte con claridad en artículo en que se basa. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste, por lo que se constituye como un requisito de fondo, mismo que, en el caso que nos ocupa, será materia de estudio en párrafos subsecuentes. Sin embargo, en el caso concreto, el Juez del proceso, citó los preceptos legales que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de xxxxxx y los que prevén los injustos penales materia de la imputación. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que el Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos el hecho materia de formulación de imputación y la clasificación jurídica establecida por la agente del Ministerio Público, tomando en cuenta que no hubo variaciones y fue precisamente el hecho comprendido por el imputado. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción del delito que se imputa al justiciable xxxxx. Al respecto, los artículos 173 y 175, fracción VII, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, establecen: 173. A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá previa querella, salvo que concurra violencia o se trate de personas menores de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) VII. Por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. De la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como el delito de abuso sexual con penalidad agravada, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia, a que alguien, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una persona sin su consentimiento, así como que se actualice la agravante contemplada en la fracción VII, del ordinal 175, del referido código punitivo estatal, a saber, que sea cometido por una persona con quien la víctima tenga un vínculo de parentesco por consanguinidad. La agente del Ministerio Público (horario 16:19), citó como datos de prueba los siguientes: Denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público de quince de noviembre de dos mil veintiuno, por xxxx, quien manifestó que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, sus hijos de iniciales xxxx (víctima) y xxx. de trece años de edad, su sobrino xxx. de catorce años de edad, se encontraban de visita en casa de su tío xxxx, ubicada en la calle xxxxx, en esta ciudad; y siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, la declarante se encontraba en su domicilio, el cual se ubica a menos de una cuadra de distancia de la casa de xxxxr, por lo que recibió un mensaje de la víctima xxx, en el que le pedía que fuera por ella, por lo que de inmediato se dirigió a la casa de xxxx a recoger a su hija, y al verla le dijo que su tío xxxx la había tocado, pues cuando se encontraba sentada en un sillón, su tío se sentó junto a ella, diciéndole que estaba muy buena, que si tenía frio, tocándole con las manos las piernas y con una mano le tocó la vagina, lo cual fue por encima de la ropa, por lo que la menor se levantó y le envió el mensaje pidiéndole que fuera por ella; asimismo, que su hijo y su sobrino no se dieron cuenta de lo ocurrido, debido a que el primero se encontraba dormido y el segundo bañándose. Por otra parte, refiere xxxx, que cuando esto ocurrió ella le llamó a la policía y cuando llegaron su hija les informó lo que pasó, por lo que detuvieron axxxxr. Comparecencia ante la Representación Social de quince de noviembre de dos mil veintiuno de la menor xxxx., de catorce años de edad, con fecha de nacimiento de veintiocho de diciembre de dos mil seis, en presencia de su madre, quien manifestó que los nombres de sus padres son xxxx y xxxx, mientras que xxxx es su tío, quien vive en la calle xxxxx, en esta ciudad; así como que ella y su hermano van mucho a la casa de su tío , en ocasiones se quedan a dormir, ya que xxxxx los busca mucho. Así, como a las siete horas con cincuenta minutos de la tarde del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, ya estaba oscuro, cuando su hermano M. su primo D. y xxx., se encontraban en casa de su tío xxxx, su hermano estaba dormido y su primo bañándose, mientras que la menor xxx sentada en un sillón, jugando con su teléfono, su tío estaba borracho y fue a sentarse en el sillón, junto a la menor, preguntándole si tenía frio, tocándole la cara con la mano, quitándole la chamarra con la que cubría sus piernas, tocando con su mano la pierna de la menor, a lo que ella le dijo que se quitara e intentó levantarse, pero en ese momento, xxxxx le tocó con la mano la vagina por encima del pantalón, diciéndole que estaba "muy buena", por lo que se levantó asustada, enviándole un mensaje a su mamá para que fuera por ella, a lo que su madre llegó rápido, debido a que su casa está como a media cuadra de la casa de xxxx, comunicándole a su madre lo ocurrido, luego llegó la policía a quien les informó lo que había pasado, por lo que detuvieron a su tío. Informe de agresión sexual de quince de noviembre de dos mil veintiuno, realizado por la doctora xxxx, en la persona de la víctima xxxx, con fecha de nacimiento de veintiocho de diciembre de dos mil seis, en el que se asentó el relato vertido por la víctima, concluyendo que a la revisión física no se encontró ningún dato de interés médico legal; sin que se hubiere realizado examen ginecológico y proctológico, en virtud de que la menor informó que los tocamientos que se le realizaron fueron por encima de la ropa. Pericial en materia de psicología preliminar de quince de noviembre de dos mil veintiuno, realizado por la psicóloga xxxxx, en la persona de la víctima xxxx, la cual se basó en una entrevista directa, observación clínica y la aplicación de diversos instrumentos psicológicos relativos a la ciencia de la psicología, para lo cual se obtuvo un relato de la víctima, quien señaló que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba sentada en un sillón jugando con el teléfono en el cuarto de su tío xxxx, su hermano estaba dormido y su primo bañándose; luego, su tío se acercó, preguntándole si podía sentarse a su lado, a lo que ella respondió que sí, por lo que éste se sentó y le dijo que tenía frio, preguntándole si le prestaba la chamarra que tenía en las piernas, por lo que ella le dio la chamarra y continuó viendo el teléfono, a lo que éste se quedó sentado sin hacer nada, para luego decirle que estaba bien buena, agarrándole la cara e intentando voltearla hacia él, poniéndole la mano en la pierna y ella se la quitó, volvió a ponerla y ella nuevamente la quitó, por lo que se levantó para irse, pero al hacerlo, con la mano la tocó en sus partes por encima del pantalón, señalando sus genitales con la mano, preguntándole que si ya se iba, pero ella no contestó, salió y envió un mensaje a su prima Karen, pidiéndole que le dijera a su mamá que fuera por ella, cuando su madre llegó se fueron, pero no le comunicó lo ocurrido por temor a que no le creyera, luego le informó a su hermana mayor los hechos, quien a su vez se los comunicó a su madre; enseguida fueron a la casa de xxxx, y en el camino su mamá le marcó a la policía y al llegar con xxxx, también llegó la policía, por lo que su mamá entró por su hermano y su primo, mientras que la policía se llevó a xxxx. En referencia al estado mental, precisó que se aprecia un tiempo de asociación normal, lenguaje fluido sin alteraciones, norma el forma y contenido, congruente con el estado de ánimo, se percibe un estado de ánimo de tipo disforico, con predominante sentimiento de tristeza, precisando que se sintió triste, nerviosa y con miedo; concluyendo, que la menor presentó una afectación emocional de tipo moderado, recomendando un total de diez sesiones terapéuticas de preparación para su proceso judicial y veinte sesiones de terapia psicológica especializada con perspectiva de género, con un costo de mil doscientos pesos por sesión. Acta de nacimiento del municipio de Juárez, Chihuahua, suscrita por la Directora del Registro Civil e inscrita en la oficialía cuatro, libro quinientos cuatro, foja noventa y cinco, acta cuatro mil setecientos treinta y ocho, siendo el nombre de la persona registrada de iniciales xxxx, con fecha de nacimiento veintiocho de diciembre de dos mil seis, siendo los padres xxx y xxx. Parte informativo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, elaborado por la agente investigador xxxx, quien realizó una serie fotográfica del domicilio ubicado en la calle xxxx, en esta ciudad. Así como entrevista realizada el quince de noviembre de dos mil veintiuno a la menor xxxx, de diecisiete años de edad, en presencia de Concepción xxxx, quien mencionó que desde las ocho de la mañana su hermana se fue a la casa de su tío xxxx, ya que convive con él porque es hermano de su papá, además de que le ayuda a limpiar la casa, la cual se ubica en la calle xxxxx; luego, como a las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos, empezó a enviarle muchos mensajes, diciéndole que fuera por ella a la casa dexxxxr, por lo que ella acudió al domicilio y su hermana tardó como cinco minutos en salir, preguntándole por qué se iba a venir, ya que ese día se iba a quedar en la casa de xxxx puesto que éste vive en El Paso, comentándole J., "que nomás", pero estaba muy seria; y cuando llegaron a la casa cenaron, diciéndole que quería decirle algo antes, por lo que empezó a llorar sin poder hablar, preguntándole si xxxx le había hecho algo, contestando con la cabeza que sí, y una vez que se tranquilizó, le indicó que su tío Oscar le empezó a tocar la pierna por encima de su ropa cuando estaba sentada en un sillón, le dijo que tenía frio y J. le dio su chamarra, pero xxxx la seguía tocando en la pierna, hasta llegar a tocarle la vagina por encima de la ropa, a lo que J. se asustó y le quitó la mano, pero xxxx volvió a tocarle con la mano la vagina por encima de la ropa, diciéndole que estaba bien buena y que a poco se iba a "agüitar", siendo en esos momentos que empezó a enviarle los mensajes para que le hablaran a la policía y lo detuvieran. Acta de aviso suscrita por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxx, xxx y xxx, y la entrevista realizada a la víctima, las cuales se tuvieron por reproducidas. Asimismo, en audiencia de catorce de febrero de dos mil veinte, a solicitud de la defensa de xxxx, se desahogaron los medios de prueba siguientes: 12:23 Declaración del menor de iniciales xxxx., asistido de su madre xxxxx, señaló su voluntad de abstenerse a declarar; sin embargo, previo a ello, manifestó no haber visto nada. 12:34 Declaración del menor de iniciales xxxx (xxxxx, asistido de una persona mayor de edad que indicó ser su tío Jaime García Ponce; a preguntas de la defensa respondió que sabe que se le citó para atestiguar sobre el caso de su tío xxxxx; que los hechos ocurrieron entre las ocho y nueve de la noche del domingo pasado catorce; que estaba en la casa, acababa de salir de bañar y estaba acostado en el piso con su primo xxx (xxxx) a un lado, cuando escuchó los gritos y entraron los oficiales; que la casa está compuesta solo de una habitación, la cual mide cuatro por cinco metros; se encontraba de visita en casa de su tío xxxx, y además de él, en la habitación se encontraban su prima, primo y tío, pero para cuando él estaba acostado su prima ya se había ido, mientras que su tío se encontraba dormido en el sillón; que eran las ocho horas con cuarenta minutos cuando estaban dormidos, dándose cuenta de ello porque veinte minutos había visto el reloj; que su tío se encontraba como a dos metros y medio de donde ellos estaban acostados; se despertaron porque escuchó gritos, levantó a su primo porque era su mamá la que gritaba y cuando abrieron la puerta de afuera levantó a su tío, entrando al cuarto los policías municipales, quienes los sacaron a la parte alta donde se ubica el domicilio, el cual está en una loma; que al momento de que se fue su prima la notó bien, le dijo "bye", y su primo estaba dormido; la defensa preguntó si van seguido a quedarse a casa de su tío, respondió que "en veces", que en ocasiones solo se quedan su primo y él, y no es frecuente que en la casa se quede su prima; que estaba en casa de su tío desde un día antes, pues llegó el sábado trece, mientras que su primo llegó junto con él, pero no pasó la noche en el inmueble porque se fue a una fiesta; luego, su prima y su primo llegaron el catorce como a las siete u ocho de la mañana, esto lo sabe porque fue por ellos a la casa de sus abuelos, así como que cuando éstos llegaron, se encontraban en la casa el declarante y su tío, permaneciendo todo el domingo en la casa de su tío, teniendo una convivencia normal, sin notar nada extraño; que los policías se llevaron a su tío porque tocó a su prima, pero él no vio que la tocara, ya que se estaba bañando, pero cuando llegaron los oficiales su tía (la madre de la víctima) le comunicó lo que había pasado; sabe que la madre de la víctima y su tío tienen problemas, puesto que aquella le debe dos mil quinientos desde hace cuatro meses y no le ha pagado, así como por una cartera que ella le escondió o le quería robar a su tío, esto último lo sabe porque ese día él estaba ahí con sus primos, más no vio que ella tomara la cartera, sino que su tío empezó a buscarla y no la encontraba, a lo que su tía se metió al baño y cree que la escondió en unas botas. A preguntas de la Fiscalía respondió que el sitio donde ocurrieron los hechos es en la calle xxxxx; que cuando él vio a su tío sentado en el sillón iban a ser las nueve y ya tenía diez minutos ahí; que cuando él se metió a bañar eran como las ocho cuarenta y no se percató de los hechos que se le imputan a su tío porque se estaba duchando. 12:57 Declaración del imputado xxxxx, a preguntas de la defensa respondió: No haber realizado tocamientos a la denunciante; que sus sobrinos viven con él desde hace un año y medio aproximadamente, es decir, se quedan de manera regular en su casa, pues el declarante tiene un departamento en El Paso, así que les presta el cuarto para que se queden ahí, ello debido a que sus padres no se llevan bien y él es el único que los acoge, además de que su excuñada tiene otros amores y los deja ahí, pues no tienen otro lugar donde quedarse, incluso ellos le hablan por teléfono para pedirle quedarse con él, lo cual acepta ya que la madre es muy desobligada y siempre tiene problemas con él y con otras personas, incluso la abuela no los quiere, además de que su hermano, padre de los menores, tiene otra relación; que los menores hermanos se quedan solos en su cuarto toda la semana; xxxx está en el domicilio aproximadamente desde las cuatro o cinco de la tarde del sábado hasta la una de la tarde del domingo, pero ese domingo no se fue temprano porque iba a llevar a pintar su troca con el carrocero, por lo que pidió permiso a su patrón, pues tenía que pedir un "raid" para irse y para llevarse a su mamá a El Paso, puesto que ésta vive allá y requiere de tratamiento médico. Asimismo, que el día que lo detuvieron se encontraba sentado y durmiendo dentro del departamento, además se encontraban sus dos sobrinos; de repente, llegó gritando la mamá de la menor víctima diciéndole que por tocamiento y esto, su sobrino preguntó ¿por qué tío?, y el respondió no saber, lo sacaron de la casa y lo esposaron, que los policías llegaron hasta la puerta, hasta la entrada; que no pasó nada en su casa; que tiene muchos problemas con la mamá de la menor, por cuestiones de dinero, pues le prestó dinero para otra hija que tenía enferma en la clínica santa maría, porque le dice que se haga cargo de sus hijos, pero es una mujer irresponsable y siempre quiere andar en chismes, problemas y cosas de esas. Con motivo de las exposiciones realizadas en audiencia, se destaca que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el entonces defensor público del justiciable, ofertó los medios de prueba consistentes en (15:03) las declaraciones de la psicóloga xxxxx, la madre de la menor xxxx, el menor xxxx (xxxx) y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxxx, xxx y xxx, peticionando el auxilio del órgano jurisdiccional para su citación, mismas que fueron admitidas. Asimismo, en la continuación de la audiencia de veintidós de noviembre siguiente, compareció diverso letrado, quien fue designado por el quejoso como su defensor particular, aceptando y protestando el cargo conferido, quien a instancia del Tribunal ofertó las testimoniales a cargo de los menores xxxx (xxxxx) y xxxx (xxxxx), así como la declaración del imputado xxxx; y una vez que el Juez de origen le preguntó si contaba con algún diverso dato de prueba, indicó que eran todos. Lo anterior, pone de relieve, que el defensor particular del quejoso, optó por ofertar diversos medios de prueba, que a su consideración resultaban idóneos para dar sustento a su teoría del caso -que en el caso concreto no ocurrieron los hechos narrados por la víctima- y de manera tácita desistió de aquéllos que fueron ofrecidos por el entonces defensor público; sin que con ello se considere que ocurrió una violación procedimental en contra del justiciable, pues ello obedeció a la estrategia implementada por su defensor particular, máxime que éste, de manera expresa, indicó no contar con algún diverso medio de prueba para desahogar. En sustento a lo anterior se cita la tesis 1a. CIV/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021100, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, de noviembre de 2019, Tomo I, página 367, del rubro y texto: DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR. En el análisis del juicio, el juzgador debe evaluar detenidamente que las fallas o deficiencias en la defensa no sean, desde ningún punto de vista, consecuencia de la estrategia defensiva del abogado defensor, pues al ser licenciado en derecho se le reconoce un amplio margen de libertad para ejercer sus funciones. Una estrategia defensiva es un plan diseñado e implementado por la defensa con la finalidad de proteger/promover los intereses del inculpado, de acuerdo con el contexto fáctico y normativo del caso. En ese sentido, se reconoce que cada abogado es autónomo en el diseño de la defensa a seguir a favor del inculpado y no se soslaya que el silencio o la inactividad de éste o su defensor puede interpretarse como una estrategia legítima de defensa, ya que el derecho a guardar silencio, lejos de ser una restricción del derecho a la defensa o del debido proceso, constituye un derecho del inculpado previsto en los artículos 20 de la Constitución Federal y 8, numeral 2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la posibilidad de que el Juez distinga si está ante una estrategia de defensa, o bien, frente a una violación a los derechos del inculpado, dependerá, necesariamente, del contexto de cada caso. Consecuentemente, dependiendo de la etapa que corresponda y del sistema de justicia penal bajo el cual está siendo juzgado el imputado, el órgano jurisdiccional debe verificar si en la causa penal acontece o aconteció lo siguiente: 1) ausencia sin justificación evidente de pruebas; 2) silencio inexplicable de la defensa; 3) ausencia de interposición de recursos; 4) omisión de asesoría; 5) desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado; o, 6) ausencia o abandono total de la defensa. Así, al verificarse la existencia de una o varias de las condiciones anteriores, se estaría ante una violación manifiesta del derecho de defensa adecuada en su vertiente material; de lo contrario, se entenderá que el silencio o la inactividad del inculpado o de su defensor atiende a una estrategia legítima de defensa. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social, así como de los medios de prueba aportados por la defensa del quejoso, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se ha cometido el hecho determinado como delito de ABUSO SEXUAL CON PENALIDAD AGRAVADA, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, el Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público (transcritos en párrafos precedentes), así como con los medios de prueba aportados por la defensa, se presumen acreditados los hechos que ley prevé como el delito precisado con antelación, y que se atribuye a xxxx. Al resolver la situación jurídica del imputado, el Juez de Control responsable, señaló: En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las trece horas con doce minutos del día veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno, se procede a resolver la solicitud del Ministerio Público de que se vincule a proceso a xxxxx. En la interpretación de los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso, es necesario colmar determinados requisitos de forma y de fondo, para cumplir los requisitos de forma, se debió de haber formulado una imputación en contra del indiciado, se le debió de haber otorgado al imputado la oportunidad de declarar y el Ministerio Publico debió haber solicitado a este Tribunal que se vinculara al imputado a proceso, requisitos que ya fueron cumplidos. Se afirma lo anterior por lo siguiente: El día diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, el Ministerio Público le imputó a xxxxxx, los siguientes hechos: "Que xxxx, el día catorce de noviembre del año dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con cincuenta minutos aproximadamente, ejerció actos de carácter sexual en la humanidad de la menor víctima de iniciales xxxx, de catorce años de edad, quien es su sobrina, toda vez que le tocó la pierna y el área vaginal con la mano, además de decirle que ella estaba muy buena; lo anterior, sin el consentimiento de la víctima, con un fin lascivo y sin el propósito de llegar a la cópula, hechos ocurridos en el interior del domicilio ubicado en la calle xxxxx, en esta ciudad Juárez. Estos hechos, el Ministerio Público los clasificó de manera preliminar, como el delito de ABUSO SEXUAL AGRAVADO en términos de los artículos 173 y 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, atendiendo un grado de consumación, el Ministerio Público lo estimó instantáneo, en términos del artículo 17, fracción I, del citado Código punitivo de la entidad y la conducta la estimó como dolosa en términos del artículo 18, fracción I, del Código Penal del Estado, y la intervención del imputado la consideró como de autor material como lo prevé el artículo 21, fracción I, del multicitado código ilustrativo de la materia. También, en cuanto a la oportunidad para declarar, ésta le fue otorgada al imputado inmediatamente después de la imputación de los hechos ya ocurridos, manifestando el imputado su deseo de no declarar; sin embargo, en esta segunda fase de la audiencia inicial, hemos escuchado la declaración del ahora imputado. Por último, el Ministerio Público, en la primera fase de la audiencia inicial, solicitó que se vinculara al imputado a proceso y dio a conocer diversos datos de prueba con los que consideraba que se había cometido un hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en esos hechos. Ahora bien, para cumplir los requisitos de fondo, debió el Ministerio Público exponer antecedentes de investigación de los que se desprendieran datos que establecieran que se había cometido un hecho y que este hecho estuviera señalado como delito, que hubiese la probabilidad de que el imputado haya cometido ese hecho o participado en su comisión; así como que no se encontrara demostrada más allá de toda duda razonable una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Tenemos que el primer requisito se cumplió porque de los datos expuestos por el Ministerio Público se estableció la comisión del siguiente hecho: Que a la menor de iniciales J.G.P., sin su consentimiento, le fue realizada un acto sexual por una persona con quien tenía un vínculo de parentesco por consanguinidad y que no tenía propósito de llegar a la cópula. Los indicios razonables que permiten suponer el establecimiento de estos hechos, son los siguientes: En primer término, la denuncia de la menor de iniciales xxxxx, quien compareció ante el Ministerio Público el día quince de noviembre del presente año, y en presencia de la madre de ella, de la menor, dijo que tenía catorce años de edad, porque había nacido el veintiocho de diciembre de dos mil seis, y sus padres eran xxx y xxx, y que xxxx era su tío y que su tío vivía o vive en la calle xxxxx, en esta ciudad, y que su hermano y ella van mucho a la casa de su tío xxxx y que en ocasiones se quedan a dormir ahí; y que ayer, refiriéndose al día catorce de noviembre de dos mil veintiuno, dijo la menor, como a las siete cincuenta de la tarde, ya estaba oscuro, cuando se hermano M. y su primo D. estaban en casa de su tío xxxxxr, que su hermano M. dormía y su primo D. se bañaba, y que ella estaba sentada en un sillón, jugaba con su teléfono, cuando su tío se encontraba borracho y fue a sentarse en el sillón a su lado, y que le preguntó que si tenía frio, le tocó su cara con sus manos y ella tenía las piernas tapadas con una chamarra, que él le quitó la chamarra y le tocó la pierna con su mano, y que ella le dijo que se quitara y se quiso levantar y que en ese momento le tocó su vagina por arriba de su pantalón, le dijo que estaba muy buena, que ella se levanta asustada y le mandó un mensaje a su mamá para que fuera por ella, y que su mamá llegó rápido por que vivía cerca y su mamá llamó a la policía y que detuvieron a xxxx. Esta declaración de la menor, considera el de la voz, darle credibilidad, darle valor; en primer término, porque es una narración coherente, es decir, no hay contradicciones en su propio dicho. Consideramos que esta narración de la menor tiene contexto, porque da situaciones de lugar, tiempo y modo de los hechos, la hora aproximada, quienes estaban en esa habitación, la forma en que su tío xxxxx se acercó a ella, se acercó al sillón con ella y la forma en que le tocó las piernas, le tocó la cara y finalmente le tocó la vagina cuando ella se puso de pie, también dio cuenta de la forma en que ella pidió auxilio, señaló que su hermano estaba durmiendo y su primo se estaba bañando. Estos hechos, que además de tener contexto por la forma en que los narra la menor, pues se corroboran en este caso con el menor que se presentó a declarar, el menor de iniciales D. quien narró que no vivía con su tío, pero que ese día catorce de noviembre de este año, como a las ocho o nueve de la mañana, él estaba acostado, escuchó gritos y que entraron los oficiales, que cuando ocurrieron los hechos él se estaba bañando y que después de eso, de que él se bañó y que se despidió de su de su prima, y vio que su tío estaba en el sillón. Es decir, aquí el menor está situando también al imputado en esa habitación, en ese día, en ese horario, y también, inclusive, en el lugar en que ocurrieron los hechos, lo sitúa en el sillón; y, efectivamente, como lo alega la defensa, no recibió ninguna demanda de ayuda por parte de su prima, pero en ese momento, la que tomó la decisión de pedir auxilio fue la prima, fue con su madre y con su hermana dijo la defensa también. Esto es, dijo el menor que él se estaba bañando y el primo durmiendo, es decir, que la menor tenía en ese momento el teléfono en las manos, y consideramos que se le hizo más adecuado para ella en ese momento, vía teléfono pedir el auxilio y no a los menores que no estaban en ese momento viendo lo que estaba ocurriendo, porque este tipo de delitos, hay que recordar, que son de realización oculta, es decir, rara vez hay un testigo presencial de este tipo de delitos sexuales, por lo que no había nadie en ese momento viendo, como lo refiere la menor y como lo confirma el menor de iniciales D. Consideramos también que, esta narración de la menor, se encuentra confirmada con la pericial en psicología, ya que informa la licenciada xxxx, que ella entrevistó a la menor xxxx. mediante técnicas, como la entrevista directa, la observación clínica, le aplicó instrumentos psicológicos, que escuchó el relato de la menor, y un relato que le dio, que de ese relato que le da y de los instrumentos psicológicos que le aplicó, pues determinó que la menor tiene una afectación emocional moderada y determinó sesión de terapia inclusive para su rehabilitación de esa experiencia vivida. Tenemos que robustece también el testimonio de la menor con respecto al parentesco con el imputado, además de que lo señala directamente como tío de ella, porque es hermano de su papá xxxxx, pues el acta de nacimiento de la menor de xxxxx. documental que introdujo el Ministerio Público se desprende que nació el veintiocho de diciembre de dos mil seis, que nació en esta ciudad, y que sus padres son xxx y xxxx. También robustece el dicho de la menor, el testimonio de xxxx, quien narró ante el Ministerio Público el día quince de noviembre de dos mil veintiuno, que su hija es xxx, que tiene catorce años de edad, y que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, su hija J. y su hijo M. de trece años de edad y su sobrino D. de catorce años de edad, estaban de visita en la casa de su tío xxxx en la callexxxxx, y llegan a las diecinueve cincuenta horas, que se encontraba dormido y que ella estaba a una cuadra de ahí, y que recibió un mensaje de su hija, le decía que fuera por ella, por lo que ella fue y le dijo que su tío xxxxx la había tocado, que ella estaba sentada en un sillón y que su tío se sentó junto a ella y le dijo que estaba muy buena, le preguntó que si tenía frio, le tocó las piernas y la vagina con una mano por encima de su ropa; entonces que ella se levantó y llamó para pedir auxilio, que su hijo y su sobrino no se dieron cuenta, y ella fue quien llamó a la policía quien llegó y detuvo a xxx. También corrobora el dicho de la menor, la entrevista que hace la Agente de la Policía Ministerial xxxx, a una menor de iniciales J.G.V.. de diecisiete años de edad, quien en presencia de su madre le dijo al Agente Investigador, que su hermana J.G.P se fue desde la mañana a casa de su tío xxxx, quien es hermano de su papá, que ella le ayudaba a limpiar su casa, en la calle xxxxx, que J. como a las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos le empezó a mandar mensajes, muchos mensajes para que fuera por ella a la casa de xxxx, por lo que fue por ella y le preguntó por qué se quiso venir, que se iba a quedar a dormir ahí, porque su tío se iba a quedar en El Paso, y señaló que su tío le empezó a tocar la pierna cuando estaba en un sillón en casa de xxxxx, le tocó las piernas y su vagina encima de su ropa; es decir, de forma reiterada la menor señala lo ocurrido, señala el lugar en la casa del imputado, señala la dirección, señala el lugar que dentro del domicilio que fue en un sillón, señala siempre la forma en que la tocó, la forma en que le tocó las piernas, la forma en que le tocó la vagina por encima de la ropa. Lo que también refiere la menor con los agentes aprehensores xxxx., xxx y xxx, quienes el día de los hechos, el día catorce de noviembre del presente año, les refirió que hoy mismo a las diecinueve cincuenta horas del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, ella estaba en el domicilio de su tío xxxxx, de cuarenta y dos años, en la calle xxxx, que estaba sentada en un sillón y jugaba con el celular, se le acercó su tío xxxxx, que le preguntó si se podía sentar junto a ella, a lo que dijo que sí, que mencionó que tenía frio y tomó la chamarra con la cual la víctima se cubría las piernas, mientras le decía que estaba bien buena, que la empezó a tocar en las piernas, su vagina por encima de su pantalón, mientras le acariciaba la cara con sus manos, y ella le pidió que se quitara, se levantó del sillón para pedirle ayuda a su mamá, la cual iba llegando a su domicilio y por eso llamaron al 911, en fin es reiterativo el señalamiento de la menor, el lugar de los hechos, la forma en que le fue tocada por el ahora imputado. Respecto a la credibilidad de la menor, pues se desprende el testimonio de D., de la propia menor, del propio imputado, que realmente es una persona que ha visto por ella, y que por más de un año la ha auxiliado, dándole inclusive donde quedarse, que es en la casa ubicada en calle xxxxx. Por lo tanto, considera este tribunal, que no tendría la menor, al margen de las rencillas o pleitos con la madre de ella, pues con la menor no tiene ningún tipo de dificultad, al contrario, la menor aparentemente debería estar agradecida inclusive de las atenciones que le ha brindado el imputado para darle auxilio en cuanto a donde dormir, pues por los problemas familiares, por lo tanto que la menor señale, que diga, pues genera credibilidad ante este Tribunal; es decir, si hubiese problemas y si los hay es entre la madre de la menor y el ahora imputado y no se ha desprendido ningún dato de prueba, un posible aleccionamiento de la madre hacia la menor, es decir, hasta este momento no se ha advertido un tipo de dato de prueba, ese tipo de aleccionamiento que pudiera ocurrir, si está claro que hay una rencilla entre la madre de la menor y el imputado, pero también está claro que entre la menor y el imputado hay una relación de afecto entre ellos, porque inclusive dijo el imputado que siempre ha auxiliado a esta menor por más de un año y que se queda inclusive en su domicilio particular, consideramos entonces que esta denuncia de la menor, pues es digna de crédito para este Tribunal. El segundo requisito para vincular al imputado también se cumplió, por que los hechos establecidos con los datos de prueba vertidos por el Ministerio Público están señalados como delito en los artículos 173 y 175, fracción VII del Código Penal del Estado, los cuales a la letra dicen artículo 173 "A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o lo haga ejecutarlo, se le impondrá pena de prisión", y el artículo 175 nos dice que se podrá aumentar las penas hasta dos terceras partes, cuando fuera cometido por persona con quien la victima tiene un vínculo matrimonial de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; en el caso concreto, pues ya se ha advertido que la menor tiene un vínculo de parentesco por consanguineidad con el imputado por que es hermano del padre de ella; se advierte el señalamiento que ella hace directo como su tío hermano de su padre y se advierte también de la documental consistente en acta de nacimiento, del cual se advierte que los apellidos del padre de ella coinciden concretamente con los apellidos del ahora imputado. El tercer requisito también se cumplió, como la probable participación del imputado en estos hechos, se desprendió del señalamiento directo que hizo la menor, la menor sin duda alguna dice quién es el que le tocó su área vaginal y lo señala como su tío xxxxx, señala inclusive el domicilio de él, y sin ninguna duda ni reticencia y distinguiendo entre los menores, que hay dos menores, como su hermano y el otro menor, pues distingue entre ellos, distingue completamente al imputado, además de que dice que estaban ellos solos, que un menor se estaba bañando y el otro menor estaba durmiendo, por lo tanto ella no tiene ninguna duda en señalar al imputado como que fue quien le realizó tocamientos en su área vaginal. También, no se encontró demostrada más allá de toda duda razonable una causa de la extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, por todo lo expuesto con fundamento en los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se resuelve: Primero. Se vincula a proceso a xxxxxpor los hechos que le imputó el Ministerio Público con la clasificación jurídica que la Representación Social precisó. Segundo. Serán por los hechos imputados sobre lo que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de la terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; y Tercero. Los antecedentes de investigación aportados en la audiencia inicial que se dieron como base para el dictado del auto de vinculación a proceso carecen de valor probatorio para fundar una sentencia, salvo las excepciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, puede advertirse claramente que el Juez de Control, al resolver la situación jurídica del quejoso xxxx, concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, estrictamente por lo que hace al hecho acontecido el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas con cincuenta minutos, cuando al encontrarse en el domicilio ubicado en el cruce de las calles xxxxxx, en esta ciudad, en la que la víctima J.G.P., refirió que al encontrarse sentada en el sillón, xxxxx, sin su consentimiento, la tocó en las piernas y en el área vaginal, además de acariciarle el rostro diciéndole que estaba "bien buena", motivo por el cual ella dio aviso a su madre, quien a su vez comunicó lo ocurrido a la policía. Asimismo, el Juez indicó que el imputado tiene un vínculo de parentesco por consanguinidad con la menor víctima, pues es su tío paterno. Hechos que, según lo estableció el Juez de origen, constituyen el delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 173, en relación con el 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales J.G.P. Asimismo, el Juez responsable señaló que la representación social expuso como datos de prueba la declaración de la víctima xxxx quien relató las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos cometidos en su perjuicio, esto es, el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, cuando el imputado xxxx, sin su consentimiento, la tocó en las piernas y la vagina por encima de su ropa, además de acariciarle el rostro, diciéndole que estaba "bien buena", por lo que ella le comunicó a su madre de lo ocurrido, quien a su vez dio aviso a la policía. Declaración a la que el Juzgador del proceso, de manera acertada, consideró darle credibilidad, al ser una narración coherente y no existir contradicciones en su dicho, pues la menor precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, señalando a las personas que estaban en la habitación y la forma en que su tío xxxx se acercó a ella, le tocó las piernas, la cara y la vagina cuando ella se puso de pie, la manera en la pidió auxilio, además de indicar que su hermano estaba durmiendo y su primo bañándose. Igualmente, se advierte que el Juez de Control con acierto estableció que dicha relatoría encuentra sustento con lo relatado en la etapa de investigación, por xxxx, madre de la menor, quien indicó que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, sus hijos xxxx . y M., así como su sobrino D. se encontraban en el domicilio de su tío xxxx, ubicado en la calle xxxxx; asimismo, que recibió un mensaje de su hija pidiéndole que fuera por ella, y una vez que acudió ésta le comunicó que su tío xxxxx la había tocado las piernas y la vagina con una mano por encima de su ropa; cuando estaba sentada en un sillón, además de decirle que estaba muy buena, por lo que la menor se levantó para pedir auxilio, siendo la de la voz quien dio aviso a la policía. Así como con lo expuesto en deposado ante esa instancia judicial por el menor D.A.G.V., quien situó al imputado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas por la víctima; precisando que él no se dio cuenta de la agresión que su prima dice haber sufrido debido a que se estaba bañando, y que en ningún momento ésta le peticionó ayuda; considerando de manera apropiada el Juzgador, que fue xxxx, quien tomó la decisión de pedir auxilio y los más viable para ella fue utilizar su teléfono. En este mismo tenor, el Juez de origen valoró la partida de nacimiento del municipio de Juárez, Chihuahua, suscrita por la Directora del Registro Civil e inscrita en la oficialía cuatro, libro quinientos cuatro, foja noventa y cinco, acta cuatro mil setecientos treinta y ocho, siendo el nombre de la persona registrada de iniciales xxxxx, con fecha de nacimiento veintiocho de diciembre de dos mil seis, siendo los padres xxxx y xxxx; advirtiendo la coincidencia entre los apellidos del padre de la menor y del imputado xxxxx, además de que la víctima xxxx, lo identifica como su tío. Documental la anterior que sirve para acreditar, en el caso concreto, el supuesto contenido en el numeral 175, fracción VII, del Código Penal del Estado de Chihuahua, a saber, que el injusto penal sea cometido en perjuicio de una persona con quien el imputado tenga un vínculo de parentesco por consanguinidad. Concatenado con lo anterior, el Juzgador del proceso, valoró la pericial en materia de psicología preliminar realizada por la psicóloga xxxxx, en la persona de la víctima xxxxx, la cual se basó en una entrevista directa, observación clínica y la aplicación de diversos instrumentos psicológicos relativos a la ciencia de la psicología, concluyendo, que la menor presentó una afectación emocional de tipo moderado. Del mismo modo, engarzó a los datos de prueba reseñados la pieza informativa suscrita por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, xxxx xxxx y xxx, quienes en lo conducente, informaron que aproximadamente a las diecinueve horas con cincuenta y seis minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, recibieron un llamado del número de emergencia 911, comunicándoles que en la calle xxxxx, se suscitaba un llamado de auxilio, una vez en el lugar, la menor de edad xxxx, les comunicó que siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, se encontraba en el domicilio de su tío xxxxx, y al estar sentada en un sillón, éste se le acercó diciéndole que estaba "bien buena", tocándola en las piernas y en la vagina por encima del pantalón, mientras le acariciaba la cara con las manos, levantándose del sillón para pedir ayuda a su mamá, quien dio aviso a la policía. Además, de la entrevista que llevó a cabo la Agente de la Policía Ministerial xxxxx, a la menor de iniciales xxxx. de diecisiete años de edad, quien le informó que su hermana J.G.P se fue desde la mañana a casa de su tío xxxx, quien es hermano de su papá, y como a las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos le empezó a mandar mensajes para que fuera por ella a la casa de xxxxx, por lo que una vez que acudió al inmueble, la menor víctima le indicó que su tío le tocó las piernas y la vagina encima de su ropa. Por otra parte, el juzgador de instancia, consideró la declaración rendida en esa sede por xxxxx, precisando que de su exposición se desprende que ha visto por la menor víctima, y que por más de un año la ha auxiliado; considerando así, al margen de las rencillas o pleitos con la madre de la menor, que la víctima no tiene ningún tipo de dificultad con el imputado, al contrario, aparentemente la menor debería estar agradecida de las atenciones que le ha brindado, de ahí que arribó a considerar creíble el dicho de la menor víctima; máxime que de su narración se advierte que los problemas ocurridos son entre el imputado y la madre de la menor, sin que exista ningún dato de prueba que lleve a concluir en un posible aleccionamiento de la madre hacia la menor. De ahí que esta Juzgadora considera acertado lo resuelto por el resolutor de origen, pues la Representación Social, en ejercicio de su quehacer investigador, llevó a cabo las actuaciones necesarias para aportar los datos de prueba que fueron valorados por el Juez de Control, a saber, las declaraciones de la víctima menor de edad xxxxx, que se ven corroboradas a través de los deposados realizados por la madre de la menor xxxx, el parte informativo elaborado por la agente investigador Angélica Alvarado Cisneros, quien realizó la entrevista a la menor xxxx, los elementos que realizaron la detención xxxx xxxx y xxxx, el dictamen realizado por la experta en psicología, xxxx, así como la partida de nacimiento de la menor víctima; como aquellos medios de prueba aportados por la defensa del justiciable, consistentes en las declaraciones del menor de edad xxxx y el imputado xxxxx. Datos de prueba que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra del justiciable por el hecho ilícito que se le imputa; máxime que éste no aportó dato de prueba o medio de prueba tendente a desvirtuar aquellos que obran en la carpeta de investigación, sino por el contrario, los desahogados en audiencia de vinculación a proceso, únicamente corroboraron las exposiciones realizadas por la Fiscalía. Asimismo, debe tomarse en consideración que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 8, establece el derecho fundamental a una defensa adecuada, el cual se encuentra inmerso en el artículo 20, apartado b), Constitucional, que entraña una obligación para el Estado consistente en facilitar el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. En ese sentido, el que el imputado o su defensa, no oferten medio de prueba alguno inherente a la demostración de su versión de los hechos, no significa que el Juez de la causa vulnere el derecho fundamental en cuestión, pues la correcta o incorrecta actitud procesal en que incurre el defensor del acusado, así como su pericia jurídica, al no aportar medio de convicción alguno, pudiera obedecer a una estrategia de defensa; por tanto, dicha pasividad procesal no trae como consecuencia la consideración de un estado de indefensión sino, en todo caso, el desinterés de impugnar las argumentaciones jurídicas estructuradas por el órgano técnico del Estado, que le imputa y sustenta con diversos medios probatorios, la comisión de una conducta delictiva; máxime que la potestad para presentar pruebas es un derecho procesal del que no puede compelerse a la defensa a su ofrecimiento, a menos que se advirtiera un evidente estado de indefensión, propiciado por la actitud pasiva del defensor. De ahí que el Juez de Control responsable haya considerado, de manera correcta y justificada que esos datos y medios de prueba, interpretados en su conjunto, resultaban idóneos por lo menos para esa etapa procesal, que se ha cometido el hecho tipificado por la norma penal como abuso sexual con penalidad agravada, previsto y sancionado en los artículos 173, en relación con el 175, fracción VII, del Código Penal Estatal, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales xxxx; y también que existe la probabilidad de que xxxxxlo cometió en su calidad de autor, atento a lo establecido en el ordinal 21, fracción I, del referido código punitivo; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para que emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, que la víctima conoció los hechos que expuso ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que haya emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que le constaron, tampoco se advierte que haya sido con el afán de perjudicar al imputado, además que su deposado no es contradictorio con los datos de prueba relacionados con antelación, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de las conductas que se reprochan al imputado. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que el sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos del hecho con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización. Así, los datos de prueba y medios de prueba se estiman correctamente ponderados por el Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y respecto de la perito tiene los conocimientos técnicos para emitir su opinión. En ese orden, es infundado lo sostenido por el quejoso en sus conceptos de violación, relativo a que la autoridad responsable no valoró debidamente los datos de prueba expuestos en la formulación de la imputación y en la solicitud de vinculación a proceso, pues la declaración de la menor y los dictámenes en psicología y médico, son nulos, por haberse actuado sin sustento y existir contradicciones entre sí; pues lo narrado por la víctima, así como por su madre, se contradice con los hechos narrados en el dictamen psicológico. En este sentido, debe decirse, que en audiencia la defensa evidenció las contradicciones que existen entre los deposados vertidos por la víctima ante la Representación Social y la psicóloga xxxxx, pues en lo conducente, en una primera instancia manifestó que a las siete horas con cincuenta minutos del catorce de noviembre de dos mil veintiuno, su hermano M., su primo D. y ella, se encontraban en casa de su tío xxx su hermano estaba dormido y su primo bañándose, mientras que la menor xxxx sentada en un sillón, jugando con su teléfono, su tío estaba borracho y fue a sentarse en el sillón, junto a la menor, preguntándole si tenía frio, tocándole la cara con la mano, quitándole la chamarra con la que cubría sus piernas, tocando con su mano la pierna de la menor, a lo que ella le dijo que se quitara e intentó levantarse, pero en ese momento, xxxxx le tocó con la mano la vagina por encima del pantalón, diciéndole que estaba "muy buena", por lo que se levantó asustada, enviándole un mensaje a su mamá para que fuera por ella, a lo que su madre llegó rápido, debido a que su casa está como a media cuadra de la casa de xxx, comunicándole a su madre lo ocurrido, luego llegó la policía a quien les informó lo que había pasado, por lo que detuvieron a su tío. Luego, el quince de noviembre de dos mil veintiuno, ante la psicóloga xxxxx, en lo conducente precisó que una vez que salió del domicilio de su tío, le envió un mensaje a su prima xxx, pidiéndole que le dijera a su mamá que fuera por ella, cuando su madre llegó se fueron, pero no le comunicó lo ocurrido por temor a que no le creyera, luego le informó a su hermana mayor los hechos, quien a su vez se los comunicó a su madre; enseguida fueron a la casa de xxxx, y en el camino su mamá le marcó a la policía y al llegar con xxxx, también llegó la policía, por lo que su mamá entró por su hermano y su primo, mientras que la policía se llevó a xxxx. Por su parte, la agente investigador xxxx, el quince del citado mes y año, realizó una entrevista a la menor xxxx, de diecisiete años de edad, en presencia de xxxx, quien mencionó que desde las ocho de la mañana su hermana se fue a la casa de su tío xxxx, ya que convive con él porque es hermano de su papá, además de que le ayuda a limpiar la casa, la cual se ubica en la calle xxxx; luego, como a las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos, empezó a enviarle muchos mensajes, diciéndole que fuera por ella a la casa de xxxx, por lo que ella acudió al domicilio y su hermana tardó como cinco minutos en salir, preguntándole por qué se iba a venir, ya que ese día se iba a quedar en la casa de xxxx, puesto que éste vive en El Paso, comentándole J., "que nomás", pero estaba muy seria; y cuando llegaron a la casa cenaron, diciéndole que quería decirle algo antes, por lo que empezó a llorar sin poder hablar, preguntándole si xxxx le había hecho algo, contestando con la cabeza que sí, y una vez que se tranquilizó, le indicó que su tío xxxxr le había realizado tocamientos en la pierna y en su vagina, siendo en esos momentos que empezó a enviarle los mensajes para que le hablaran a la policía y lo detuvieran. A su vez, xxxx, en la denuncia que presentó ante el Fiscal, manifestó que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno, sus hijos de iniciales xxxxx (víctima) y xxx. de trece años de edad, su sobrino D. de catorce años de edad, se encontraban de visita en casa de su tío xxxxx, ubicada en la calle xxxxx, en esta ciudad; y siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, la declarante se encontraba en su domicilio, el cual se ubica a menos de una cuadra de distancia de la casa de xxxx, por lo que recibió un mensaje de la víctima xxxx en el que le pedía que fuera por ella, por lo que de inmediato se dirigió a la casa de xxxx a recoger a su hija, y al verla le dijo que su tío xxxx la había tocado, por lo que la menor se levantó y le envió el mensaje pidiéndole que fuera por ella. Una vez hecha la acotación anterior, esta Juzgadora considera, que en el acto reclamado sí se apreció el hecho delictuoso y los datos expuestos por la Fiscalía conforme a la sana crítica, ya que al ponderar los citados datos se explicó, en lo individual, por qué se estimaban idóneos y eficientes para acreditar que en las circunstancias de tiempo, modo y ocasión que reseñó la autoridad responsable, el imputado ejecutó un acto sexual sin consentimiento en contra de la víctima. Sin dejar de atender las contradicciones existentes que resultaron de los deposados vertidos por la víctima xxxx, su madre y hermana de nombres xxxx y xxxx, ésa última en la entrevista que le realizó la agente de la Policía Ministerial xxxxx, a saber, la forma en que la víctima comunicó a éstas los hechos ocurridos en su perjuicio. Empero, dichas contradicciones no son un dato de tal manera suficiente para desvirtuar los señalamientos realizados por parte de la víctima en contra del justiciable; pues la declaración de la víctima del delito, debe apreciarse por el Juez de origen en forma armónica con los datos de pruebas aportados por las partes. Por tanto, si el Juez tuvo por acreditado que se cometió un hecho con apariencia de delito -abuso sexual con penalidad agravada-, no infringió disposición legal alguna al considerar que el dicho de la víctima era coherente, pues partió de la premisa de que se trataba de un delito sexual (generalmente de realización oculta), así como que el dato de prueba relevante es el testimonio de la pasivo, al que debe dársele preponderancia como aspecto primordial a considerarse en la toma de decisiones y susceptible de tutelarse por el juzgador; máxime si la sujeto pasivo del ilícito es una menor de edad con un vínculo de parentesco con el imputado. Mayormente que el dicho de la victima es contundente en señalar al imputado como la persona que le realizó tocamientos sin su consentimiento; de ahí que la forma en que dio aviso a su madre, ya sea por mensaje telefónico, o a través de su hermana o prima, o la forma en que ello haya ocurrido en nada cambia el hecho materia de investigación; además de que no existe dato que lleve a concluir que la menor víctima tiene alguna incapacidad para comprender el hecho sobre el cual versó su declaración, por el contrario, fueron narrados de manera clara y precisa. Del mismo modo, esta Juzgadora toma en consideración que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que existe otro estereotipo persistente en los casos de violencia sexual que lleva a las personas juzgadoras a dudar a priori del testimonio de las víctimas, refiriéndose a la presunción sobre que las mujeres plantean fácilmente acusaciones sobre violencia o violación. A este respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ha destacado que no se pueden desestimar las alegaciones sobre violencia sexual por consideraciones de esa naturaleza y que, por el contrario, las autoridades están obligadas a investigar cualquier señalamiento de agresión sexual. Todo lo anterior ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fortalecer su doctrina respecto a que la declaración de las víctimas de violencia sexual constituye una prueba fundamental sobre los hechos, las cuales deben valorarse con perspectiva de género. En esencia, debido a que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, el Alto Tribunal ha sido puntual en establecer que ello "no significa que cualquier testimonial sea suficiente para derrotar la presunción de inocencia"; sin embargo, se debe tener presente que ésta constituye una prueba fundamental, la cual debe ser analizada sobre la base de ciertos lineamientos específicos, a saber: a) Se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En este sentido, al analizar la declaración de la víctima se debe tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. Se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que no debe ser inusual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; por tanto, dichas variaciones no podrán constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima. Cobra aplicación la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2010615, de la Décima Época, Materias Constitucional, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, de diciembre de 2015, Tomo I, página 267, que reza: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Así como la tesis 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015634, Décima Época, Materias Constitucional, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, de noviembre de 2017, Tomo I, página 460, que a la letra dice: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. En sus diversos conceptos de violación, el quejoso expresa que la agente del Ministerio Público actuó de manera deficiente y con falta de lealtad y objetividad, al ser omiso en señalar las probanzas que lo benefician; concepto de violación que resulta infundado, pues el artículo 314, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Bajo esa óptica, el que la representación social precise los datos de prueba que dan sustento a su solicitud de vinculación a proceso, no conlleva, por sí mismo, una violación a la ley; sobre todo cuando sus actuaciones son reproducidas ante el Juez de control, y sometidas a los principios de inmediación y contradicción, y si en la apreciación de la defensa alguno de esos datos de prueba, pudiera llegar a beneficiar al imputado, ello no pone en predicamento el principio de buena fe, o deslealtad por parte del Ministerio Público que las practicó; pues en todo caso será al juez de control a quien corresponde valorar el alcance de esos datos de prueba y estimar si son contundentes o no para decretar un auto de vinculación a proceso. Caso contrario ocurre cuando se observa que el Ministerio Público ha vulnerado dichos principios, al realizar actos prejuiciosos que, por sí mismos, repercutan en la defensa del quejoso, al no tener oportunidad de plantear su particular situación ante el Juez de la causa y que pudiera derivar en una injusticia; circunstancia que no se advierte del contenido de las audiencias celebradas el diecisiete y veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, pues tanto el defensor de oficio, como el defensor particular del justiciable, nada dijeron en ese sentido. Por las razones que informa se cita la tesis I.6o.P.110 P (10a.), con registro digital 2017103, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Materias Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo IV, página 2949, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AUN CUANDO EL IMPUTADO Y SU DEFENSA NO HAYAN TENIDO ACCESO A UN DATO DE PRUEBA QUE OBRA EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PORQUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO LES CORRIÓ TRASLADO, SI SE ADVIERTE QUE DICHO DATO NO FUE CONSIDERADO PARA LA EMISIÓN DE AQUÉL, NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, AL NO TRASCENDER ESA VIOLACIÓN A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO. De acuerdo con el principio de lealtad que rige en el nuevo sistema penal de corte acusatorio, corresponde al Ministerio Público proporcionar la información que se necesite, y no ocultarla a los intervinientes; por ello, en los supuestos en los que el imputado y su defensa no hayan tenido acceso a un dato de prueba que obre en la carpeta de investigación, porque dicho órgano ministerial no les corrió traslado en términos de ley, y que esos datos no hubieren sido considerados para emitir el auto de vinculación a proceso, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, al no haber trascendido esa violación a las defensas del quejoso, por no haberse materializado una afectación en sus derechos. Por otra parte, en lo relativo a lo expresado en el concepto de violación consistente en que el Juez de origen, de manera arbitraria, supone los motivos por los cuales la menor dio aviso a su madre, y no gritó para que los menores que se encontraban en el domicilio -hermano y primo- escucharan, sin analizar que en el dictamen psicológico se asienta que la menor dio aviso primeramente a su prima, supliendo así las contradicciones de la menor víctima, la que miente de manera evidente. Además, que es dable resaltar que, si hubieran sido ciertas las manifestaciones de la supuesta víctima, los testigos menores xxx y xxx se hubieran dado cuenta; aunado a que de su testimonio se aprecia que éstos refirieron no haber escuchado o visto nada, aun cuando se encontraban en el mismo sitio. Es infundado lo argumentado por el quejoso; pues cabe resaltar, que tal argumento en nada favorece al aquí quejoso, ya que es una apreciación meramente subjetiva, toda vez que por la naturaleza del delito imputado y que la víctima es una menor de edad, su reacción no necesariamente conlleva a alertar a otras personas, mediante gritos o llamadas de auxilio, más cuando la agresión se produjo dentro de un entorno familiar y los únicos testigos eran también menores de edad, siendo factible que la menor de edad comunicara a personas que le inferían mayor confianza la realización de ese evento, sobre todo por el estigma que para cualquier víctima genera este tipo de delitos; aunado a que se insiste el testimonio de una menor de edad víctima de agresión sexual puede presentar contradicciones o inconsistencias, por el impacto que provoca esta clase de delitos, pero en modo alguno puede ser desestimado por las contradicciones o variaciones que pueda presentar, sino que debe ser examinado conjuntamente con los restantes datos de prueba que se recaben. Del mismo modo, resulta infundado lo expuesto por el promovente del amparo, en lo relativo a la argumentación vertida en la resolución del auto de plazo constitucional por el Juzgador de origen, respecto a que -supone los motivos por los cuales la menor dio aviso a su madre, y no gritó para que los menores que se encontraban en el domicilio -hermano y primo- escucharan. Lo anterior es así, pues el Juzgador del proceso ponderó lo vertido en réplica y contrarréplica a fin de resolver la situación jurídica del imputado, asignando de manera libre y lógica el valor correspondiente a cada dato de prueba; además, que en esta etapa del proceso, la culpabilidad se equipara a un grado de sospecha razonable a efecto de tener por demostrada la posible participación del imputado en el hecho delictivo que se le atribuye; Cobra aplicación la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), con registro digital 2017728, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, de agosto de 2018, Tomo III, página 2388, del epígrafe y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. En otra tesitura, en lo relativo al concepto de violación respecto a que a su consideración no acontecieron los hechos que se le imputan, pues en el domicilio que la menor señala que ocurrieron, se encontraban los menores xxx y xxx, sin embargo, éstos refirieron no haber escuchado o visto nada. Es infundado, pues debe decirse que la menor víctima xxx precisó que los menores de edad xxxx y xxx, son su primo y hermano, respectivamente; así como que el catorce de noviembre de dos mil veintiuno se encontraba en compañía de los mismos en casa de su tío xxxx, y cuando éste realizó los tocamientos en su persona, sin su consentimiento, xxxx se encontraba bañándose y xxxx, estaba dormido; lo que se ve corroborado a través de la declaración que xxxx quien indicó que no se percató de los hechos que se le imputan a su tío porque se estaba duchando; mientras que M.G.P., se reservó su derecho a declarar, manifestando únicamente no haber visto nada, sin aportar mayores datos. Aunado a ello, de las declaraciones vertidas por la menor no se aprecia que haya gritado y que con ello su hermano y primo se hubieran dado cuenta de lo ocurrido; sino que indica haberse levantado del sillón donde se encontraba sentada y dar aviso a su madre. Finalmente, en lo relativo al concepto de violación atinente a que la menor víctima y su madre, se negaron a que se le realizara el examen médico, lo que, a su decir, evidencia que actúan con falsedad, resulta infundado; pues en primer término, se parte que la víctima refiere haber sido víctima de tocamientos en las piernas y vagina por encima de la ropa; luego, en el informe de agresión sexual de quince de noviembre de dos mil veintiuno, realizado por la doctora María Elena Robles Delgado, en la persona de la víctima xxxxx, con fecha de nacimiento de veintiocho de diciembre de dos mil seis, se asentó el relato vertido por la víctima, concluyendo que a la revisión física no se encontró ningún dato de interés médico legal; sin que se hubiere realizado examen ginecológico y proctológico, en virtud de que la menor informó que los tocamientos que se le realizaron fueron por encima de la ropa. De ahí que el examen médico que se le realizó fue a efecto de verificar su integridad física y lesiones, así como indicadores de violencia física, tales como hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre otros; sin que correspondiera realizar un examen ginecológico y proctológico, pues de la narración vertida por la víctima no se aprecia que haya sufrido una conducta distinta, lo que en su caso, sería materia de una investigación por un hecho distinto al que se instruye. Así las cosas, resultó apegado a derecho que el Juez de Control responsable haya emitido en contra del imputado ahora quejoso, auto de vinculación a proceso, para lo cual, no se requiere de prueba plena de su responsabilidad en este momento procesal, ni de los elementos del tipo penal en cuestión, sino sólo datos que conlleven a demostrar que el hecho materia de la imputación se encuentra sancionado por la ley penal como delito y la probabilidad de que el imputado de mérito participó en su comisión, como lo establece el ordinal 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, pues para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del imputado en su comisión, lo que excluye un análisis completo de los elementos del delito, dado que lo relevante para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es explicar el delito, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma jurídico penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejosoxxxxx, y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a xxxxxx, contra los actos que reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, consistentes en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 9705/2021, en la que se calificó de legal la detención y retención del quejoso xxxxx; y el auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; por los razonamientos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada xxxxx, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxxxx, hoy veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a xxxxxx, contra los actos que reclamó al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, consistentes en la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 9705/2021, en la que se calificó de legal la detención y retención del quejoso xxxxx; y el auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; por los razonamientos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Audiencia Constitucional En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con diez minutos del primero de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la licenciada ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la licenciada ***, Secretaria que autoriza y da fe; sin la comparecencia de las partes en este juicio de amparo 846*2021- V, situación que no les depara perjuicio a las mismas, ya que si bien de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12*2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia, no obstante, a fin de no retardar la pronta impartición de justicia se considera procedente la celebración de la audiencia de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de las partes en la presente audiencia, además de realizarse de manera remota ocasionaría la dilación en su resolución, aunado a que no depara ninguna afectación a las partes, toda vez que pudieron alegar en forma escrita, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 124, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por tal motivo se declara abierta la audiencia. Así, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo; el emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicológico de la Fiscalía de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género que intervino en el procedimiento penal 9705*2021 y ***, representante de la persona menor de edad de nombre de iniciales ***., así como el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos. Con motivo de lo anterior, la Juez de Distrito acordó: con fundamento en los numerales 117, 119 y 124, de la ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado. Acto seguido, la Juez de Distrito ordenó abrir el periodo probatorio. En la etapa de referencia, la secretaria hace constar que se tiene por desahogadas las documentales aportadas por la autoridad responsable. Con lo que se cierra esta fase. En la siguiente etapa de la presente diligencia, la Juez ordenó pasar al periodo de alegatos, por lo que se hace constar que la parte quejosa no los formuló, mientras que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó el pedimento 12/2022. Sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede al dictado de la resolución correspondiente una vez que las labores del juzgado lo permitan. Firmando al calce, los que en ella intervinieron. Doy fe. LA JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA LIC.*** LA SECRETARIA LIC. ***

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