Oscar Garces Marquez

Expediente 319/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
319/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Oscar Garces Marquez
  • Juan Manuel Longoria Silgero

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del que se advierte que, no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente asunto, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer el presente asunto; por tanto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Cúmplase.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Actuario del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual, devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 94/2020, orden 121/2020, enviado a fin de notificar a los quejosos Misael Ramos Cruz, Ricardo Beltrán Flores, Edgar Gutiérrez Celaya, Edel Eduardo López Villalobos, Josué Solís Zavala, Cesar Anuar Cepeda Rodríguez, Enrique García Hernández, Guillermo Flores Herrera, Miguel Ángel Castillo Martínez, Juan Antonio Torres Vázquez, Francisco Javier Moreno Olivo, Joel Abisai Tafolla Vázquez, Francisco Samuel Cruz Carrillo, Eduardo Martínez López Barrios, Edgar Galván Vargas, Daniel Espinoza Alanís, Josué Ismael Sustaita Osorio, José Mario Gómez Rodríguez, José Becerra Jiménez, Rubén Rodríguez Mendoza, Rigoberto Silva Juárez, Jesús Esquivel Palacios, José Guadalupe Ramírez Vite, Luis Rolando Caudillo Garza, Carlos Roberto Hernández Quilatan, Erik Manuel Pichardo Arreola, José Fidel Hernández Bautista, Pablo Uriel Lamas Velázquez, Rogelio Campos Rivera, Pablo Heriberto Sánchez Sánchez, Óscar Garcés Márquez, Juan Manuel Longoria Silgero, Federico Ramos Lozoya, Miguel Ángel Cruz de León, Francisco Javier Moreno Olivo, Jonathan Edgar Hernández Guevara, Gabriel Gabrieles Hernández, Omar Machado Sillas, Jesús Javier Zamora Lee, Alex Omar Martínez, Francisco Ramírez Guerrero, Hugo Edel Ríos Rangel, Roberto Rafael Gutiérrez Rodríguez, Edgar Maximiliano Jaime Carrillo, Luis Alberto Blanco Flores, Juan David Méndez Malfabón, Juan Sandoval Cartagena, José Villegas Cuellar y Salvador Castellanos Arteaga, el acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinte. Por consiguiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones libradas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Además, se tiene por notificados a los quejosos Misael Ramos Cruz, Ricardo Beltrán Flores, Edgar Gutiérrez Celaya, Edel Eduardo López Villalobos, Josué Solís Zavala, Cesar Anuar Cepeda Rodríguez, Enrique García Hernández, Guillermo Flores Herrera, Miguel Ángel Castillo Martínez, Juan Antonio Torres Vázquez, Francisco Javier Moreno Olivo, Joel Abisai Tafolla Vázquez, Francisco Samuel Cruz Carrillo, Edgar Galván Vargas, Daniel Espinoza Alanís, Josué Ismael Sustaita Osorio, José Mario Gómez Rodríguez, José Becerra Jiménez, Rubén Rodríguez Mendoza, Rigoberto Silva Juárez, Jesús Esquivel Palacios, José Guadalupe Ramírez Vite, Luis Rolando Caudillo Garza, Carlos Roberto Hernández Quilatan, Erik Manuel Pichardo Arreola, José Fidel Hernández Bautista, Pablo Uriel Lamas Velázquez, Rogelio Campos Rivera, Óscar Garcés Márquez, Juan Manuel Longoria Silgero, Federico Ramos Lozoya, Francisco Javier Moreno Olivo, Jonathan Edgar Hernández Guevara, Gabriel Gabrieles Hernández, Omar Machado Sillas, Jesús Javier Zamora Lee, Alex Omar Martínez, Francisco Ramírez Guerrero, Hugo Edel Ríos Rangel, Roberto Rafael Gutiérrez Rodríguez, Luis Alberto Blanco Flores, Juan David Méndez Malfabón, Juan Sandoval Cartagena y José Villegas Cuellar, del auto de cinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, toda vez que de las razones actuariales de once de marzo y seis de agosto de dos mil veinte, se advierte que del quejoso Eduardo Martínez López Barrios, no se encontró registrado en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, Tepic, Nayarit; y los diversos Edgar Maximiliano Jaime Carrillo, Miguel Ángel Cruz de León, Salvador Castellanos Arteaga y Pablo Heriberto Sánchez Sánchez, egresaron de dicho centro de reclusión por haber obtenido su libertad, en consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte procesal, el auto de cinco de marzo de dos mil veinte, por medio de la lista de acuerdos que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional. Y, tomando en consideración que el quejoso Federico Ramos Lozoya, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, el cual se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila y notifique el contenido del presente auto y del diverso de cinco de marzo de dos mil veinte (el cual se adjunta a la comunicación oficial) al quejoso Federico Ramos Lozoya. Habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial ÚNICAMENTE por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese.*************************Cuernavaca, Morelos, a cinco de marzo de dos mil veinte. Téngase por recibido la demanda promovida por Misael Ramos Cruz, Ricardo Beltrán Flores, Edgar Gutiérrez Celaya, Edel Eduardo López Villalobos, Josué Solís Zavala, Cesar Anuar Cepeda Rodríguez, Enrique García Hernández, Guillermo Flores Herrera, Miguel Ángel Castillo Martínez, Juan Antonio Torres Vázquez, Francisco Javier Moreno Olivo, Joel Abisai Tafolla Vázquez, Francisco Samuel Cruz Carrillo, Eduardo Martínez López Barrios, Edgar Galván Vargas, Daniel Espinoza Alanís, Josué Ismael Sustaita Osorio, José Mario Gómez Rodríguez, José Becerra Jiménez, Rubén Rodríguez Mendoza, Rigoberto Silva Juárez, Jesús Esquivel Palacios, José Guadalupe Ramírez Vite, Luis Rolando Caudillo Garza, Carlos Roberto Hernández Quilatan, Erik Manuel Pichardo Arreola, José Fidel Hernández Bautista, Pablo Uriel Lamas Velázquez, Rogelio Campos Rivera, Pablo Heriberto Sánchez Sánchez, Óscar Garcés Márquez, Juan Manuel Longoria Silgero, Federico Ramos Lozoya, Miguel Ángel Cruz de León, Francisco Javier Moreno Olivo, Jonathan Edgar Hernández Guevara, Gabriel Gabrieles Hernández, Omar Machado Sillas, Jesús Javier Zamora Lee, Alex Omar Martínez, Francisco Ramírez Guerrero, Hugo Edel Ríos Rangel, Roberto Rafael Gutiérrez Rodríguez, Edgar Maximiliano Jaime Carrillo, Luis Alberto Blanco Flores, Juan David Méndez Malfabón, Juan Sandoval Cartagena, José Villegas Cuellar y Salvador Castellanos Arteaga, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" y otras autoridades de quienes reclaman la orden de traslado a diverso centro penitenciario. Registro de la demanda Al respecto, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 319/2020-PJ, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Incompetencia. Una vez decretado lo anterior, esta sede constitucional estima necesario señalar que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, y por consiguiente una cuestión de orden público, debe ser analizada oficiosamente por este órgano jurisdiccional, para legitimarse en el momento de decidir el fondo de un litigio al dictar la sentencia respectiva, por lo que es de precisarse que es el acto y las autoridades los que determinan dicha incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo promovida este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos arriba a la conclusión de que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se vierten. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, para determinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe primero precisarse donde tiene ejecución el acto reclamado, para lo cual resulta necesario el siguiente estudio. La parte quejosa reclama la orden de traslado a diverso centro penitenciario, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit y otras autoridades, asimismo, de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes del amparo actualmente se encuentran recluidos en el referido Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. En ese sentido, y al advertirse que el acto reclamado tiene efectos positivos sobre las cuestiones de internamiento de los mismos quejosos, dado que los beneficios alcanzados en el caso de ser procedente la demanda de amparo, surtirán efectos en el lugar donde se encuentren recluidos; por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, Sirve de apoyo por analogía jurídica a la anterior determinación, la Tesis II.2o.P.16 K (10a.), Décima Época, visible en el Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia Común, Registro 2012019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 2093, cuyo rubro texto reza: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. Asimismo, sirve de apoyo la diversa jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, en la página 107, Materia (s) Común, que por rubro y texto dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". En tales circunstancias, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y en acatamiento a la jurisprudencia 1a./J.64/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcribe en el párrafo siguiente, determina carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver en el presente juicio de amparo; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase las actuaciones correspondientes al citado órgano jurisdiccional, quien se estima competente para conocer del asunto. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará ." Asimismo, se solicita al Juez que corresponda conocer del mismo, comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. De la notificación a la parte quejosa. En ese sentido, toda vez que el domicilio para llevar a cabo la notificación del presente auto a la parte quejosa, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", les notifique el contenido del presente auto a los quejosos Misael Ramos Cruz, Ricardo Beltrán Flores, Edgar Gutiérrez Celaya, Edel Eduardo López Villalobos, Josué Solís Zavala, Cesar Anuar Cepeda Rodríguez, Enrique García Hernández, Guillermo Flores Herrera, Miguel Ángel Castillo Martínez, Juan Antonio Torres Vázquez, Francisco Javier Moreno Olivo, Joel Abisai Tafolla Vázquez, Francisco Samuel Cruz Carrillo, Eduardo Martínez López Barrios, Edgar Galván Vargas, Daniel Espinoza Alanís, Josué Ismael Sustaita Osorio, José Mario Gómez Rodríguez, José Becerra Jiménez, Rubén Rodríguez Mendoza, Rigoberto Silva Juárez, Jesús Esquivel Palacios, José Guadalupe Ramírez Vite, Luis Rolando Caudillo Garza, Carlos Roberto Hernández Quilatan, Erik Manuel Pichardo Arreola, José Fidel Hernández Bautista, Pablo Uriel Lamas Velázquez, Rogelio Campos Rivera, Pablo Heriberto Sánchez Sánchez, Óscar Garcés Márquez, Juan Manuel Longoria Silgero, Federico Ramos Lozoya, Miguel Ángel Cruz de León, Francisco Javier Moreno Olivo, Jonathan Edgar Hernández Guevara, Gabriel Gabrieles Hernández, Omar Machado Sillas, Jesús Javier Zamora Lee, Alex Omar Martínez, Francisco Ramírez Guerrero, Hugo Edel Ríos Rangel, Roberto Rafael Gutiérrez Rodríguez, Edgar Maximiliano Jaime Carrillo, Luis Alberto Blanco Flores, Juan David Méndez Malfabón, Juan Sandoval Cartagena, José Villegas Cuellar y Salvador Castellanos Arteaga, y les corra traslado con copia autorizada del mismo que al efecto se acompaña; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y por medio de exhorto a la parte quejosa.

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