Óscar Galindo Ortiz

Expediente 1575/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1575/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Óscar Galindo Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1575/2019, promovido por ********************, por su conducto de su apoderado legal Jonathan Ávila Ocampo; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese mismo día en este órgano jurisdiccional ********************, por su conducto de su apoderado legal Jonathan Ávila Ocampo, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10), se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: Las fechas lejanas señaladas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para el desahogo de las pruebas testimonial y pericial admitidas en autos de nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas) y dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 136 y 137 del tomo de pruebas), en el juicio laboral 01/754/16-III de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, toda vez que así lo advierte en su informe justificado (fojas 15 y 16); además, la junta responsable exhibió como prueba, entre otras copia certificada de los acuerdos dictados en el juicio de origen el trece y once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 141 y 145 del tomo de pruebas); los cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, la parte quejosa reclamó en esta instancia constitucional, que la responsable dentro del juicio laboral 01/754/16-III, dictó los acuerdos de trece y once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 141 y 145 del tomo de pruebas), en los que señaló fechas para el desahogo de diversas probanzas como lo son: -Testimonial a cargo de Erendira Reyes Roman, Rincon Lepe Laura y Luz María Rendon Miranda, señalada para las nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil veinte. -Pericial a cargo de experto tercero en discordia, señalada para las diez horas del tres de marzo de dos mil veinte. Bajo ese tenor, el artículo 878 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice: "Artículo 878.- La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: (.) VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución." En ese aspecto se determina, que al concluir en la audiencia bifásica el periodo de demanda y excepciones, la junta verificará dentro de los diez días siguientes la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Luego, al confrontar lo que dicta el artículo 884 fracción II de la Ley Federal del Trabajo, el cual indica que si la prueba admitida no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; con la actuación de la autoridad responsable, es inconcuso que las fechas señaladas mediante acuerdos de trece y once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 141 y 145), para el desahogo de las probanzas relatadas, no se ajustaron al plazo de diez días que dispone el citado artículo, ya que entre las citadas, median más de tres meses, por lo que a juicio de quien resuelve, se está ante una dilación del procedimiento en el juicio laboral de origen. Por su parte, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total; de modo que en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, al fijar las fechas para el desahogo de las aludidas pruebas, la autoridad laboral pudiera no necesariamente ceñirse al plazo que para tal efecto prevé la ley, pero no de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento. Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado es violatorio del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque implica una abierta dilación del procedimiento, toda vez que no se ha administrado justicia dentro de los plazos que señala la ley, puesto que no acató lo dispuesto por el artículo 878 fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo, al señalar la responsable, fechas lejanas para que tuvieran verificativo el desahogo de las pruebas testimonial y pericial admitidas en autos de nueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 1 a 7 del tomo de pruebas) y dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 136 y 137 del tomo de pruebas), en el juicio laboral 01/754/16-III, con ello, incurre la responsable en una denegación de justicia al no impartir justicia de manera pronta y expedita; motivo por el cual, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Tiene aplicación por identidad de razón la tesis visible en la página 373, Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: Deje insubsistentes las fechas señalada para el desahogo de las prueba testimonial y pericial relatadas y señale nuevas fechas para su celebración, en el juicio laboral 01/754/16-III, ajustándose a lo preceptuado por la ley, y lo haga del conocimiento de las partes. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". En el entendido que, atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia, no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a la responsable; de ahí que atendiendo a la garantía violada, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, al señalar nuevas fechas para el desahogo de las aludidas diligencias, ya que atento a que los efectos del amparo se deben limitar al acto de omisión concreto existente en la etapa correspondiente; sin que esto signifique que los efectos se deban extender a grado tal de ordenar el desahogo de las mismas, pues esto implicaría ocuparse precisamente, de omisiones inexistentes aún. No obsta a la determinación anterior, que el asunto se resuelva bajo el hecho de que no transcurrió a las partes el plazo de ocho días que el artículo 117 de la Ley de Amparo, establece como el mínimo que debe mediar entre el conocimiento del último informe justificado y la fecha de la audiencia constitucional, ya que es patente la transgresión al derecho a la seguridad jurídica de la quejosa, de modo que a nada práctico conduciría diferir la celebración de la audiencia para que las partes se impongan del contenido de dicho informe. RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. FCG Se hace constar que esta foja es parte última del proveído dictado el doce de diciembre de dos mil diecinueve en el juicio de amparo 1575/2019-V-B. Conste.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. MIDM*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil diecinueve. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por JONATHAN ÁVILA OCAMPO, en su carácter de apoderado legal del ÓSCAR GALINDO ORTIZ, personalidad que acredita en términos de la carta poder que exhibe, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIAICÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 1575/2019-V-B; por consiguiente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrán que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado; asimismo se tiene como autorizados con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la presuncional e instrumental de actuaciones, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, mediante oficio emplácese al tercero interesado SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda para que si a sus intereses conviene comparezca a juicio, haciéndole de su conocimiento que se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia constitucional. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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