Oscar Francisco Piña del Bosque

Expediente 1061/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1061/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Oscar Francisco Piña del Bosque

Actuaciones

  1. Principal

    CUENTA. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con el oficio signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registrado con el folio 16384, y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio 3703/2017 y anexos, consistentes en demanda de amparo registrada con el número 586/2017-1, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, promovida por Oscar Francisco Piña del Bosque, contra actos del juez de Primera Instancia del Orden Civil del Partido Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y otra autoridad, del que se aprecia que la Homóloga Federal se declaró legalmente incompetente para seguirla conociendo hasta su resolución. Regístrese dicho asunto en el libro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal con el número 1061/2017 y fórmese expediente. Ahora bien, en auto de seis del mes y año en curso, dictado en el juicio de amparo 586/2017-1 de su índice, la juez declinante determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver del juicio de amparo promovido por Oscar Francisco Piña del Bosque, contra actos del juez de Primera Instancia del Orden Civil del Partido Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y otra autoridad, sustentando su determinación en que los actos reclamados en el precitado juicio de amparo se hicieron consistir en: - Orden de inscripción de la demanda promovida por la empresa denominada Sociedad de Triana, sociedad anónima de capital variable, en contra de Javier LLAMAS IBARRA de la que conoció dicha autoridad bajo el número 810/2010. - La omisión de llamamiento a juicio y emplazamiento y todas las demás actuaciones que se hayan adoptado en el juicio 810/2010, del que derivó la orden de cancelación de la inscripción de la escritura de adjudicación que fue tirada a mi favor". Así, la Juez Federal consideró declinar la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata, expresando que los actos que reclama el quejoso fueron llevados a cabo y sus efectos siguen subsistiendo por parte de las autoridades que señaló como responsables que tienen su residencia en el estado de Zacatecas, en razón a que de conformidad con los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, por lo que estimó corresponde el conocimiento de este asunto al juez de Distrito con sede en esta ciudad de Zacatecas. En el caso, el suscrito considera respetables los argumentos vertidos por la juez declinante, pero no los comparte, por lo que en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, por las siguientes razones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del tercer párrafo del precepto transcrito, se advierte, que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito de la jurisdicción en la que se haya presentado la demanda, texto normativo que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. En la especie, contrario a la respetable opinión de la juez declinante, el suscrito considera que el acto reclamado destacado en el juicio de amparo 586/2017-1, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, consiste la falta de emplazamiento a un juicio seguido en el Juzgado de Primera Instancia del Orden Civil del Partido Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, pues aun cuando indica como actos reclamados la orden de inscripción de la demanda promovida por la empresa denominada Sociedad de Triana, sociedad anónima de capital variable, en contra de Javier Llamas Ibarra, dentro del expediente 810/2010 y la orden de cancelación de la inscripción de la escritura de adjudicación en favor del citado quejoso, así como todas las demás actuaciones que se hayan adoptado en el mismo; lo cierto es que de la demanda de amparo no se advierte que controvierta dichas órdenes por vicios propios. En ese sentido, en atención a que el acto reclamado destacado por el quejoso constituye la falta de emplazamiento a juicio dentro del expediente 810/2010, para fijar a qué autoridad de amparo le corresponde conocer del mismo, debe considerarse que se trata de un acto cuya naturaleza es de carácter omisivo, de ahí que no tenga ejecución. Esto es así, pues la esencia de la falta de emplazamiento evidencia la omisión o la abstención de la autoridad a quien se le atribuye; la cual es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, es decir, pervive en el tiempo, mientras que la autoridad responsable no haga lo que la ley le exige. Por lo que, en caso de concederse el amparo al quejoso, por la falta de emplazamiento a juicio, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. De este modo, la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias, es un acto emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requiere ejecución material, porque consiste en la omisión de incluir a una de las partes al juicio, es decir, se trata de un no hacer de la autoridad responsable, y su consecuencia legal y necesaria es que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, precisamente para que se llame a la parte que se omitió incluir en el juicio, como lo alega el quejoso. En ese orden de ideas, al no tener ejecución el acto reclamado principal, es la falta de emplazamiento a un juicio, deben seguirse las reglas del artículo 37 de la Ley de Amparo, para fijar la competencia en el presente asunto. Atento a lo anterior, es inconcuso que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso, lo es, el Juez de Distrito de la jurisdicción en la que se haya presentado la demanda, pues se insiste, en la especie el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a juicio, el cual no requiere ejecución material, según lo analizado en líneas precedentes. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1ª/J. 17/2014, (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la Tesis: II.2o.P.11 K (10a.), de diverso tribunal colegiado, sustentada en la Décima Época, registro 2006112, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, visible en la página 1460, que literalmente establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable." Establecido lo anterior, se considera que para determinar la competencia territorial para conocer del juicio de amparo, debe estarse a la naturaleza del acto reclamado y no a si éste causa o no perjuicio al justiciable. Por tanto, de conformidad con lo establecido por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no tenga ejecución como sucede en el caso, es competente para conocer del mismo el Juez de Distrito de la jurisdicción en que se presentó la demanda de amparo, por lo que es inconcuso que el conocimiento del juicio constitucional 586/2017-1, corresponde al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, en donde se presentó la demanda. Por los motivos antes expuestos, respetuosamente no se comparte la determinación de la juez declinante, pues se estima que en el caso se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley Amparo y, como consecuencia, de la presente demanda le corresponde conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad en cuyo órgano se presentó inicialmente la demanda. En consecuencia, respetuosamente hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese esta determinación al Juzgado Federal declinante, y devuélvasele el juicio de amparo 586/2017-1, promovido por Oscar Francisco Piña del Bosque, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo; solicitándole el acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria que autoriza y da fe. [Karla]

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