Oscar Flores Hernandez
Expediente 675/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- Oscar Flores Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Por último, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo se recibieron las constancias identificadas como anexo I, por parte de la autoridad responsable; se ordena devolver los mismos. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en auto de catorce de julio del año en curso y, al efecto, informa que en el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice, la perita tercera en discordia, ***, renunció al cargo conferido y designó a Leonardo Díaz Flores como nuevo perito tercero en discordia en materia de documentoscopía y grafoscopía, remitiendo copia certificada de todo lo actuado con posterioridad al auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, la que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Se deja de tener como tercera interesada a la perita. En consecuencia de lo anterior, y atendiendo a que la perita tercera en discordia a ***, renunció al cargo conferido, en el juicio de origen, se deja de tener como parte tercera interesada en el presente asunto. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en el juicio tal como se procede a explicar. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, este juzgado federal encuentra que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. En principio, es preciso recordar que la parte quejosa reclamó la resolución del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, relativa al recurso de revocación promovido por el quejoso en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, en el que se fijaron los honorarios de la perito tercero en discordia designada en ese procedimiento. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que como se dijo, se reclama la resolución del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, relativa al recurso de revocación promovido por el quejoso en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice de la responsable, esto es, el acto reclamado es derivado de un procedimiento jurisdiccional. En relación con el supuesto previsto en el inciso b), de las constancias que remite la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que por auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés dictado en el juicio de origen, tuvo a la perita tercera en discordia Diana Laura Flores Juárez renunciando al cargo conferido, y designó como nuevo perito tercero en discordia a ***. Así, mediante proveído de once de julio del año en curso, tuvo a dicho experto aceptando y protestando el cargo conferido como perito tercero en discordia en materia de documentoscopía y grafoscopía, autorizando como monto de pago de honorarios la cantidad de ocho mil pesos cero centavos moneda nacional, ordenando requerir a las partes para que en el término de tres días cubrieran la parte proporcional (50% cada una). Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que el cuatro de julio de dos mil veintitrés dictado en el juicio de origen, designó como nuevo perito tercero en discordia a Leonardo Díaz Flores y, mediante proveído de once de julio del año en curso, tuvo a dicho experto aceptando y protestando el cargo conferido como perito tercero en discordia en materia de documentoscopía y grafoscopía, autorizando como monto de pago de honorarios la cantidad de ocho mil pesos cero centavos moneda nacional, ordenando requerir a las partes para que en el término de tres días cubrieran la parte proporcional (50% cada una). De lo anterior, se advierte que en el juicio ejecutivo mercantil en mención, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla dejó de tener como perita tercera en discordia a ***, dictando un nuevo auto para designar a *** como nuevo perito tercero en discordia en materia de documentoscopía y grafoscopía, autorizando como monto de pago de honorarios la cantidad de ocho mil pesos cero centavos moneda nacional, ordenando requerir a las partes para que en el término de tres días cubrieran la parte proporcional (50% cada una); lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la resolución reclamada, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, la designación del nuevo perito y su pago de honorarios. Finalmente, el requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la resolución reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio mercantil de origen, que consiste en el auto de once de julio del año en curso, en el que tuvo al nuevo perito tercero en discordia **** aceptando y protestando el cargo conferido y fijando su monto de honorarios. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva situación jurídica, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda. En conclusión, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las ONCE DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintitrés. Se solicitan constancias. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la resolución del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, que declaró fundado el recurso revocación promovido en contra del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 100/2022, del índice del en el que se fijaron los honorarios de la perita tercera en discordia designada en ese procedimiento -Diana Laura Flores Juárez-, estableciéndose como nuevo monto ocho mil pesos. No obstante, como se puso de relieve con la certificación elaborada al inicio de este acuerdo, se advierte que una persona que se dijo ser Diana Laura Flores Juárez comunicó verbalmente que le fue revocado el nombramiento de perita tercera en discordia en el juicio de origen. En consecuencia, dado que lo anterior podría actualizar una causa de improcedencia y a fin de contar con todos los elementos necesarios para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, se estima necesario requerir al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, para que en el plazo de tres días realice lo siguiente: Informe si revocó a Diana Laura Flores Juárez el nombramiento de perita tercera en discordia en el juicio ejecutivo mercantil 100/2022. Remita copia certificada de todo lo actuado en dicho expediente con posterioridad a la resolución reclamada del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Se apercibe a la aludida autoridad que de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles da gran amplitud al Juez para realizar cualquier diligencia o admitir pruebas para mejor proveer, sin limitación temporal, con las solas restricciones de que no se practiquen diligencias o se admitan pruebas que sean contrarias a la ley." Asimismo, se recuerda al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, que como se le dijo en el auto admisorio del presente juicio de amparo, tiene la OBLIGACIÓN de informar si ha dictado actuaciones que actualicen alguna causa de improcedencia, pues de lo contrario se le pude imponer una multa económica. Lo anterior es de especial importancia ya que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las ONCE DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese; y por correo electrónico al Juez responsable -2jchuejotzingo@htsjpuebla.gob.mx-, sin desdoro del uso del correo ordinario oficial.
- Principal
----NOTIFICACIÓN LISTA TERCERO DLFJ------ San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de julio de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento a tercero. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se requirió a la parte tercero interesada ***-perito tercero en discordia en el juicio de origen-, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por lista. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés a la parte tercero interesada ****-perito tercero en discordia en el juicio de origen-, y téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada. Notifíquese. A
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 8,646 expedientes
- Óscar Cortés Hernández2214/2019
- Oscar de Jesus Hernandez Mata1030/2022
- Oscar Duarte Ramirez1924/2021
- Oscar Duarte Ramirez1519/2022
- Óscar Felipe Hernández875/2020
- Oscar Filadelfo Lopez Espinosa1462/2023
- Óscar Flores Ventura1082/2020
- Óscar García Espinoza1071/2019
- Óscar García Macías292/2021
- Óscar Gerardo Prieto Carreto619/2019
- Oscar Gerardo Prieto Carreto1387/2021
- Óscar Gerardo Prieto Carreto966/2019