Oscar Flores Estrada

Expediente 2235/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2235/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Oscar Flores Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el comunicado de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, por medio del cual acusa recibo del oficio 1009-V del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual le fueron devueltas las constancias que integran el toca familiar 36/2022 y el expediente familiar 104/2008 por los motivos expuestos en el auto de diecisiete de enero del año en curso. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado de autos de los que se advierte que por acuerdo treinta de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, para que dieran cabal cumplimiento al fallo protector otorgado en autos, dentro del término de tres días, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio, no obstante estar debidamente notificadas del referido proveído desde el veintisiete de octubre del año próximo pasado, como se advierte de la pieza postal correspondiente; por tal motivo, resulta evidente que el término para que dieran cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En esa tesitura, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de: "El Tesorero del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no le exija la cantidad total que la quejosa, por concepto de impuesto predial respecto de los predios con claves catastrales 20-02701-500-047-000 y 20-027-01-500-048-000, ubicados en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), la que deberá ser debidamente actualizada como si se tratara del pago de lo indebido; a excepción, de las actualizaciones, actualizaciones de rezago, recargos, recargos de rezago o bien, por diversos impuestos no reclamados en el juicio que nos ocupa, en caso de existir. Lo anterior, no obstante que el citado el Tesorero del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no haya sido señalado como responsable en el presente juicio, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y, que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución." Y toda vez que el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, se terminó de engrosar resolución en el incidente innominado relativo al presente juicio de amparo, en el que se determinó que la cantidad a pagar con motivo de la ejecutoria de amparo asciende a la cantidad de $372,490.40 (trescientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 40/100 moneda nacional). En consecuencia, debe decirse que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, la citada autoridad responsable ha incurrido en una conducta totalmente omisiva, desacatando el fallo protector. Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, se le hace efectivo a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, el apercibimiento del que fue objeto en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, mismo que le fue notificado el veintisiete de octubre del año próximo pasado, como se advierte de la pieza postal correspondiente, consistente en una multa de cien Unidades de Medida y Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dicho efecto gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de las referidas multas. Asimismo, requiérase a la citada autoridad recaudadora, para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en el párrafo que antecede. En la inteligencia que visto el estado procesal que guardan los presentes autos, no se advierten más datos de identificación de los funcionarios públicos sancionados, pues le corresponde a dicha autoridad recaudadora investigar el nombre de dicho funcionario; sin embargo, la falta de información de dichos datos no puede ser impedimento para hacer efectiva la multa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por última ocasión, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, se sirva dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos, esto es, realice la devolución ordenada a la parte quejosa en la ejecutoria de amparo, lo cual deberá acreditar debidamente con constancias certificadas. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Además, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Tesorero Municipal del referido Ayuntamiento, dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 1931 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las 1 "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.".autoridades responsables. Sustenta lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2007918, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a ÓSCAR FLORES ESTRADA, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de treinta de noviembre del año en curso, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que signa la Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, y en atención a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que expresa en relación al informe justificado que hace alusión en su comunicado; sin embargo, una vez que obre en autos vía ordinaria el mismo provéase lo conducente. Asimismo, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. NOTIFÍQUESE

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