Óscar Filiberto Cantor Chavelas
Expediente 499/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Óscar Filiberto Cantor Chavelas
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atento a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación, previa acta y relación que se elabore para la identificación del expediente, procédase a la destrucción de los autos, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y dentro del término de treinta días siguientes, remítase una copia del acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2828/2023, de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Carlos Alberto Lara Gaona, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al estado procesal que guarda este sumario, se advierte que en proveído de catorce de junio actual, se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Presidenta Municipal y Director de Áreas Verdes del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. En este contexto, de las documentales que acompañó la autoridad responsable Director de Áreas Verdes del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, en apoyo de su informe con justificación, se advierte que por oficio DAV/0627/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa en el escrito de diecisiete de marzo pasado, presentado el veintiuno siguiente, y le fue notificado el seis siguiente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que la autoridad responsable, con fecha posterior a la presentación de la demanda, es decir, el cinco de junio de dos mil veintitrés, dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa en el escrito de diecisiete de marzo del año en curso, presentado el veintiuno siguiente, la cual le fue notificada el seis del actual; lo que evidencia que dejó de existir el agravio que le fue causado al aquí quejoso Óscar Filiberto Cantor Chavelas. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Junio de 199 Tomo IX, página 38). Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado es la omisión por parte de las autoridades responsables de dar contestación al ocurso presentado por el quejoso el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, y de las constancias exhibidas por la propia autoridad responsable Director de Áreas Verdes del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el cinco de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio DAV/0627 dio contestación a la solicitud planteada por el quejoso en el aludido ocurso, y le fue notificada el seis siguiente; por lo que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168189, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a esta determinación jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios firmados por la Presidenta Municipal y Director de Áreas Verdes del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Téngaseles señalando domicilio oficial para oír y recibir notificaciones, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como delegados a las personas que designan para tales efectos. De igual forma, se les tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico, para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
citatorio: Notifico por lista al quejoso el auto de once de mayo del presente año, el cual determinó: Acapulco de Juárez, Guerrero; once de mayo de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Jefe del Área de Amparo del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria amparadora dictada en este sumario, exhibe el cheque 0000073, expedido a nombre de ****, por la cantidad de $808,57 (ochocientos ocho pesos 57/100 moneda nacional). En atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado con credencial de validez oficial vigente con fotografía y copia de la misma a efecto de recoger dicho título valor, por lo que deberá traer dos identificaciones oficiales a fin de que una sirva para su registro de entrada al edificio sede del Poder Judicial de la Federación y otra para identificarse en este órgano de control constitucional.
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