Oscar Filiberto Bay Hernández

Expediente 231/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
231/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
29/05/2019

Partes del expediente

  • Oscar Filiberto Bay Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 231/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Oscar Filiberto Bay Hernández, por derecho propio, presentó demanda de amparo contra las autoridades en su denominación correcta y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. 2.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS "(.) De la C. Juez Cuarto de Primera Instancia del Reino Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en Avenida Gran Vía Tropical, sin número, Fraccionamiento Las Playas, Acapulco, Gro C.P. 39390, reclamo la omisión de acordar lo que en derecho proceda en contenido de mi escrito de fecha 30 de noviembre del 2018, recibido en ese juzgado en esa misma fecha como consta en el mismo donde solicito se envíen de nueva cuenta los oficios y anexos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente 1434-1/2012, del juicio de divorcio incausado promovido por SILVINO ROSAS SANTIAGO contra DEYADIRA NAJERA TAGLE, reitere mi petición mediante escrito de fecha 25 de febrero del 2019, recibido el día 26 de febrero del 2019, y se ha omitido acordar lo que proceda. Del H. PLENO del Poder Judicial del Estado de Guerrero, reclamo la inobservancia a su subordinado en el cumplimiento a sus obligaciones, en términos del artículo 143, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y de La LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO." SEGUNDO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo siendo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 231/2019; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos omisivos dentro de un juicio familiar, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados: En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: a) La omisión del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio de divorcio incausado 1434-1/2012. b) La omisión del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, de observar a sus subordinados en el cumplimiento a sus obligaciones, en términos del artículo 143, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. TERCERO. Inexistencia acto reclamado. Establecido lo anterior, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir su respectivo informe justificado, no preciso si aceptaba o no el acto que se le atribuía; sin embargo, no obstante dicha circunstancias, no es factible tenerlo por cierto el mismos, partiendo del hecho de que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º, 3º, 76 y 79, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el Poder Judicial del Estado, integrado entre otros, por el Consejo de la Judicatura y los juzgados de Primera Instancia, tiene plena autonomía para el ejercicio de sus atribuciones y si bien el Consejo de la Judicatura del Estado tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de ello no se deriva que la autoridad adscrita al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dependa jerárquicamente de la responsable de referencia; aunado a que no existe evidencia de que el acto que se le reprocha a aquélla responsable hubiera sido objeto de la tramitación de alguna queja de carácter administrativa. En consecuencia, el acto atribuido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, se impone decretar el sobreseimiento a su respecto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. SON CIERTOS los actos que se reclaman al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir informe con justificación; manifestación que basta para tener a dichos actos por plenamente evidenciados, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que además se corrobora con la documental consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 1434/2012-I, que acompañó a su informe, la cual hace prueba plena en el juicio, de acuerdo a lo establecido en los numerales 129, 197 y 202 del código adjetivo civil en cita aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Por su parte el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, al rendir su respectivo informe justificado, no preciso si aceptaba o no el acto que se le atribuía, por tanto con fundamente en el artículo 117, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXV, pagina 747, materia común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, OMISION EN EL. Si la autoridad responsable omite tratar determinado punto en su informe justificado, el inferior está en lo justo si tiene por cierto el hecho omitido en ese punto, porque a ello lo obliga el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, que previene que la falta de informe al respecto, establece la presunción de certidumbre del acto de que se trata, sin que se tome en consideración lo afirmado por la autoridad que cometió la omisión, al haber recurrido la sentencia relativa, que el inferior no estimuló la prueba documental que acompañó a su informe con justificación, si dicha prueba documental no puede tener efecto de subsanar la susodicha omisión." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto al acto indicado con el inciso a) se advierte oficiosamente que en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77º, fracción II de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que cuando se reclamen actos negativos, entendiéndose por estos, aquellos que implican un no actuar de la autoridad (omisión o abstención de hacer), el efecto de la sentencia que se dicte, será para que la autoridad responsable, respecto el derecho que tiene la parte quejosa y a cumplir lo que el mismo señale. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número I.3o.C. J/6 , emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada a página 2895, tomo IV, Enero de 2014, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique. " Por otro lado, el juez responsable mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, manifestó su imposibilidad para dar cumplimiento a lo solicitado por el quejoso, en virtud de que fue informado por el encargado del archivo de dicho juzgado, de que el expediente 1434/2012-I, se había extraviado, ordenándose la reposición de autos, asimismo ordeno a las partes exhibieran las constancias con las que cuentan, lo cual se corrobora con las documentales que al efecto exhibe, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anteriormente expuesto, se tiene que el acto que en esta vía constitucional se reclama es un acto negativo, porque el juez responsable ha sido omiso en acordar lo solicitado por la quejosa, ya que si bien señalo que debido a la pérdida del expediente de origen, no estaba en condiciones de proveer respecto a lo solicitado, subsiste la omisión reclamada. En ese contexto, aun cuando se concediera la protección constitucional a la quejosa, para que el juez responsable acordara lo conducente a su petición, por el cual solicita se giren de nueva cuenta los oficios correspondientes a fin de que se dé cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de divorcio 1434/2012-I, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, lo cual contravendría lo dispuesto por el invocado numeral 77 fracción II de la Ley de Amparo, pues habría imposibilidad material, para dar cumplimiento a la misma, por las razones que expuso el juez responsable en su informe justificado. Resulta aplicable la jurisprudencia número 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De manera que, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Asimismo, en relación al acto indicado con el inciso b), no obstante la certeza del mismo, no es factible tenerlo como tal, partiendo del hecho de que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º, 3º, 76 y 79, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el Poder Judicial del Estado, integrado entre otros, por el Consejo de la Judicatura y los juzgados de Primera Instancia, tiene plena autonomía para el ejercicio de sus atribuciones y si bien el Consejo de la Judicatura del Estado tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de ello no se deriva que la autoridad adscrita al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, dependa jerárquicamente de la responsable de referencia; aunado a que no existe evidencia de que el acto que se le reprocha a aquélla responsable hubiera sido objeto de la tramitación de alguna queja de carácter administrativa. En consecuencia, el acto atribuido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, se impone decretar el sobreseimiento a su respecto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 231/2019. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le hizo el diez de abril pasado, y por recibidas las documentales que al efecto exhibe como complemento de su informe justificado rendido en autos; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifiquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Luis Ángel Robles Lucas, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, diez de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que con motivo del extravió del expediente 1434/2012-I, del que derivan los actos reclamados inicio el trámite del incidente de reposición de autos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la ley de la materia, requiérasele para que en el término de tres días a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa de su artículo 2°, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe el estado procesal del incidente de reposición de autos que refiere, acreditándolo con las constancias respectivas, en razón de que son necesarias para resolver el presente asunto, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercíbasele que de no cumplir en tiempo con el requerimiento formulado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo; con independencia de aquélla a que se refiere el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Luis Ángel Robles Lucas, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

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