OSCAR FERRER DOMINGUEZ y Otros.
Expediente 716/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- OSCAR FERRER DOMINGUEZ y Otros.
- Oscar Ferrer Dominguez
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción al haberse desechado el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.
- Principal
Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como 716/2022. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa es: ( La orden de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictada en el exhorto ***, dentro del proceso *** del índice del Juez de lo Penal y Civil de San Martín Texmelucan. Al respecto, quien resuelve estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, plazo que en el presente caso debe observarse, ya que en el caso particular no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones de tal numeral. Lo anterior es así, dado que no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Plazo que deberá iniciar a computarse al día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se precisó, el acto reclamado por la parte quejosa es la orden de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, dictada en el exhorto ***, dentro del proceso *** del índice del Juez de lo Penal y Civil de San Martín Texmelucan, determinación que le fue notificada el seis de junio de dos mil veintidós. En ese tenor, la ley que rige los actos que reclama es el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que en el artículo 48 establece: "Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este Código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica". De la transcripción anterior, se advierte que los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación, salvo lo dispuesto en dicha codificación. En ese orden de ideas es dable concluir que se actualiza en el presente caso la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado. En esa tesitura, en el presente caso tenemos que el juicio de amparo es improcedente, pues el quejoso consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo. De ahí que si el quejoso tuvo conocimiento del acto que combate el seis de junio de dos mil veintidós, surtió efectos el siete de junio del año en curso, entonces el término de quince días para formular su demanda de amparo, conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo, comenzó a computarse el ocho de junio, feneciendo el veintiocho del mismo mes y año (descontando los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio del mismo año por haber sido inhábiles); de suerte que, si la demanda de amparo fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, el treinta de junio de dos mil veintidós, según se acredita con la papeleta de turno, es claro que el referido escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la Ley de la Materia, y por tanto, el juicio de amparo es improcedente por extemporáneo, ya que el justiciable consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, de conformidad con el artículo trascrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado. Por otro lado, como el domicilio que señala parte quejosa para oír y recibir notificaciones está fuera de la circunscripción territorial de este Juzgado, se tiene como tal la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, se tienen por autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar Ferrer Domínguez, toda vez que tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Ahora, como lo solicita, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídica SISE, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario "***". Asimismo, se tienen como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que indica, a fin de que se establezca el contacto respectivo exclusivamente en los casos en que este juzgador lo estime necesario. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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