Óscar Félix Frayre Palafox
Expediente 780/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Óscar Félix Frayre Palafox
- Juez Sexto Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto en que se desechó de plano la demanda que dio inicio al presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario imperio, se declara que dicho auto causa estado para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y sí obran documentos en copia certificada; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, advirtiéndose en autos que obran documentos en copia certificada, y que fueron exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, hágase de su conocimiento que quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el término de noventa días, contados a partir de la legal notificación, que en caso de no recabarlos en el término indicado, se destruirán en forma conjunta con el presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los archivos judiciales. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida contra actos del JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR POR AUDIENCIAS, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS residente en la localidad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 780/2022-III-A. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario de amparo precisa como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo emitido por el Responsable LICENCIADO SIMON MARIO SALINAS PACHECO Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el Expediente 270/2020, relativo al juicio ORDINARIO tramitado por OSCAR FELIX FRAIRE PALAFOX en contra de HILDA MARGARITA DOMINGUEZ CHONG, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, publicado en listas del día siguiente, bajo el número 8, mismo que en lo conducente señalan: <Se Recibe Informe por Oficio> CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. Por recibido oficio número UIDVFAM-5459/2022 en este Tribunal el día dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, que signa la Licenciada Marisela Hernández Sáenz, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la familia y trata de personas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se le tiene solicitando se les remita en auxilio y colaboración con la Fiscalía, copia certificada del presente en el que se actúa, lo anterior con motivo de que dicha representación social, recibió la noticia del delito de retención y sustracción de personas menores de edad o de quien no tienen la capacidad de comprender el hecho, incoado en contra de [HILDA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHONG], respecto de sus menores hija de iniciales [P.R.F.D.] y [D.V.F.D.], radicado bajo la carpeta de investigación número 37-2022-0002109; es por lo que se ordena remitir copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente juicio a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la familia y trata de personas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lo anterior de conformidad por el artículo 62 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Chihuahua. Notifíquese.". Como cuestión preferente es necesario analizar la procedencia de la acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior hace evidente que el juicio de amparo es improcedente, porque se trata de actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales concede la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Atento lo anterior, es evidente que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XVII (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De los antecedentes bajo protesta de decir verdad, el promovente en su demanda de amparo expresa. --- Que el quince de noviembre de dos mil dieciocho, como resultado de los múltiples problemas que aquejaban al matrimonio, el promovente tuvo a bien entablar demanda de divorcio en la vía ordinaria en contra de su esposa HILDA MARGARITA DOMINGUEZ CHONG, la cual fue radicada como expediente 1116/18 del índice del Juzgado Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, residente en Chihuahua, Chihuahua. --- Que emplazada que fue la tercera interesada en la ciudad de Chihuahua, en el domicilio conyugal sito en Calle Valle de Liebana 9924 del fraccionamiento Caminos del Valle Ill de la ciudad de Chihuahua, y mediante escrito recibido en el Buzón del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Morelos, en el juzgado de radicación el diez de enero del dos mil diecinueve, compareció la tercera interesada contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, en la inteligencia que dentro de ese mismo escrito de contestación, interpuso la reconvención en contra del aquí promovente, solicitando igualmente la disolución del vínculo matrimonial; guarda y custodia de sus menores hijas de iniciales PRFD y DVFD. --- Mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, de la Cuarta Sala de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria, interpuesto por la tercera interesada, por lo que en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la resolución del Tribunal de Alzada, la Juez Séptimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos remitió los autos a la autoridad competente en esta ciudad Juárez Chihuahua. --- Por auto de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Juez sexto Familiar por Audiencias de este Distrito judicial Bravos, se avocó al conocimiento del juicio y ordenó registrar en el libro de Gobierno el mismo habiéndole correspondido ante esa autoridad el número 306/2019. --- Que, a pesar de que, se llevaron a cabo dos audiencias de avenimiento ordenadas oficiosamente por el Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, no fue posible llegar a ningún acuerdo entre las partes, ya que la tercera interesada siempre evadió las pláticas para llegar a acuerdos, sin embargo, desde que la tercera interesada realizó el cambio de residencia con sus menores hijas de iniciales PRFD y DVFD a esta ciudad Juárez Chihuahua, lo hizo para vivir al lado de su jefe JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS, situación tal que comenzó a levantar sospechas en el promovente acerca de la paternidad de las menores de iniciales PRFD y DVFD, lo anterior fue así, precisamente en virtud del comportamiento tan anómalo que adoptó su esposa en relación con dichas menores y el proceso de divorcio que sostenían, sobre todo considerando ese afán enfermizo que tenía por sepáralo y alejarlo a toda costa de las menores de iniciales PRFD y DVFD, impidiendo la comunicación con ellas, mientras por otro lado, procuraba un acercamiento inexplicable de las mismas menores hacia su "jefe" JOSÉ LUIS MARTÍN RAMOS, aspecto que les parecía a sus propias hijas, "raro e incómodo", tan es así que, le platicaban al promovente que, el jefe de su mama "era muy empalagoso con ellas", "que siempre las quería abrazar", "que les compraba muchas cosas", que "todos los días las llevaba a comer mientras su mama trabajaba", que "él las llevaba y traía de la escuela todos los día" y que "él dormía en la misma casa que ellas", situaciones las antes mencionadas, que llevaron al promovente a interponer una demanda de nulidad del reconocimiento de paternidad, la cual fue admitida en fecha diez de marzo de dos mil veinte, en el mismo Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, bajo el número de expediente 270/2020, en el cual no se ha logrado emplazar a la tercera interesada, según las constancias de búsqueda que obran, de las cuales incluso una apunta a que la tercera interesada, no vive en el domicilio que había proporcionado en el diverso juicio. Luego, en el escrito aclaratorio de cuenta el aquí promovente, expreso bajo protesta decir verdad, que omitió interponer algún medio de defensa ante el Juez Natural, contra el acuerdo reclamado de fecha diecinueve de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio 270/2020 del índice del Juzgado Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y que respecto a las copias certificadas que solicitó la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, realizó una llamada a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar a fin de que le informaran y que una secretaria quien solo dijo llamarse Lourdes, le comunicó que aún no se habían recibido las copias en cuestión. Ahora, el Código de Relaciones Familiares del Estado de Chihuahua, en sus artículos 473, 474 y 475, establece: [. ARTÍCULO 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación; y, II. Apelación. ARTÍCULO 474. Los recursos no son renunciables. ARTÍCULO 475. Pueden interponer recursos: I. Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. II. Las o los terceros que hayan salido al juicio. III. El ministerio público y la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, cuando así lo establezca la Ley. IV. Las demás personas a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesadas.] Así, como puede observarse los actos que aquí se reclaman, pueden ser impugnados ante la responsable, a través de la interposición del recurso de revocación establecido en la citada Ley, de ahí que la interposición del recurso de revocación puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, de manera que, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio resulta improcedente al no haberse agotado previo a la promoción del juicio el medio de impugnación de referencia. No se soslaya por este Juzgador que, la parte promovente aduce que los actos reclamados, afectan derechos sustantivos como son los datos personales de las menores involucradas en la contienda familiar, lo cual atenta directamente contra el interés superior de las menores; lo cual este Juzgado estima que en la especie, no es así, dado que tanto las autoridades competentes en la procuración de justicia, como las jurisdiccionales competentes de impartir justicia, saben y conocen que los datos personales sensibles y de reserva concernientes a menores, no se publican y en el caso que nos ocupa, el juez del conocimiento determinó que con motivo de la investigación del delito de retención y sustracción de personas menores de edad o de quien no tienen la capacidad de comprender el hecho, incoado en contra de HILDA MARGARITA DOMÍNGUEZ CHONG, respecto de sus menores hijas de iniciales P.R.F.D. y D.V.F.D., radicado bajo la carpeta de investigación 37-2022-0002109; ordenó remitir copias certificadas de todo lo actuado, dentro del juicio natural como auxilio en la investigación que realiza la Titular Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, pues la investigación de tales delitos es cuestión de orden público. Por tanto, como se precisó, de estar inconforme el promovente deberá agotar el medio de defensa ordinario previsto a su favor en la ley común, antes de ocurrir al juicio constitucional. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 350, que dispone lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Bajo esa premisa, es aplicable al particular la Jurisprudencia I.3o.C.J/39, visible en la página 1214 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, Materia Común, Tribunales Colegiado de Circuito, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 1, visible en la página 699, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo" En las relatadas condiciones, al haber quedado en evidencia, que contra los actos reclamados, el promovente debe interponer en su contra el recurso de revocación, como medio de defensa con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo, antes de ocurrir al juicio de amparo, debe desecharse de plano la demanda de cuenta, al no haberse agotado previamente al juicio constitucional el citado recurso; conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley en cita, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en estudio, por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, toda vez que en el escrito de demanda se advierte que el promovente señaló para oír y recibir notificaciones como domicilio físico el despacho ubicado en la Calle Nicolás Bravo número 909 altos 2 de la Colonia Obrera, de la ciudad de Chihuahua, el cual está fuera de esta circunscripción territorial, sin embargo, otorga de manera expresa el consentimiento para que se realice cualquier tipo de notificación, aun las de carácter personal en el correo electrónico que refiere, así como también de manera electrónica, proporcionando su número de usuario, en consecuencia, se autoriza al Actuario Notificador realice indistintamente las notificaciones a través del correo electrónico marinna_ortiz@hotmail.com, y al número telefónico 614 199 51 43, así como de manera electrónica en el usuario marinnaortiz. En otro orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde ahora los días y horas inhábiles para que el actuario realice las notificaciones correspondientes en el presente asunto; ello, atendiendo a las cargas de trabajo de este juzgado y con la finalidad de tutelar el derecho fundamental de acceso a justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 constitucional. En cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", así como al numeral 3º de la ley de la materia, fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por último, y dado que este resolutor estima que el acto reclamado con el que se pretende ampliar la demanda -lo cual no fue ni siquiera motivo de aclaración de demanda-, constituye un nuevo acto, diverso a los planteados en la demanda inicial promovida por la misma parte en este órgano jurisdiccional, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarse a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), Registro digital 2022181, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias Común, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, visible a página 5, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto. "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla". En tales condiciones, dadas las consideraciones realizadas y en acatamiento a la Jurisprudencia invocada en último término, remítase el presente escrito con sus copias al JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, para que proceda a darle el turno correspondiente a esta demanda de amparo. Notifíquese personalmente vía electrónica y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado que autoriza las actuaciones y da fe. FSC.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo, presentada por Óscar Félix Fraire Palafox, contra el acto que reclama del Juez Sexto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, a efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se proveerá en la forma siguiente. En tal sentido, hecha su lectura acuciosa, el suscrito Juez, advierte irregularidades y puntos obscuros en la misma, razón por la cual se estima necesario prevenir al promovente para que dentro del plazo de cinco días, aclare bajo protesta legal de decir verdad, los siguientes puntos: Precise si interpuso algún medio de defensa contra el acuerdo reclamado de diecinueve de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio 270/2020. Indique si las copias certificadas que solicitó la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, ya las recibió y en caso de ser así, si se protegieron los datos personales de las menores involucradas en la contienda del juicio familiar de origen. Lo anterior, a efecto de que el suscrito resolutor tenga elementos para resolver respecto de la admisión de la demanda de amparo en estudio. Prevención que se hace con base en el dispuesto en el artículo 114, fracciones I, II y V, de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no cumplirse con el requerimiento de aclaración antes dicho se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Merina Evangelina Ortiz Ruiz. Por otra parte, téngase por autorizada la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, del presente juicio de amparo al usuario "marinnaortiz", conforme a las disposiciones aplicables del ¨Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en consecuencia se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite al usuario en mención para los efectos precisados con antelación. Notifíquese personalmente.
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