Oscar Escarrega Loredo

Expediente 95/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 27 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
95/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Oscar Escarrega Loredo
  • JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CVIL, GUASAVE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Guasave, Sinaloa, mediante el cual acusa recibo de oficio 2913-4B, por medio del cual se le comunico el contenido del auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, donde se ordenó el archivo del presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído donde se concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria por la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, sentencia y del proveído por el que se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, mediante el cual acusa recibo del oficio 2201-4B; en atención a lo anterior, agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que en sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio de amparo respecto de unos actos reclamados y se concedió por otros, resolución que causó ejecutoria por auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se requirió a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa y Actuarios Primero, Segundo y Tercero de su adscripción a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgaran el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifestaran el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En la inteligencia de que, el amparo se concedió para efecto de que las responsables, -únicamente por lo que hace al impetrante- dejaran insubsistente todo lo actuado en el juicio natural -que tuviera vinculación con el quejoso- a partir de la diligencia de emplazamiento practicada al recurrente, a fin de que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la transgresión reclamada y, en su caso, al practicar nuevamente esa diligencia, se observaran las formalidades debidas para ello; restituyendo así a la parte quejosa, en el pleno goce de la garantía individual violada en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por su parte, la autoridad responsable Juez Primera de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante oficio 1085/2019 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto dictado el treinta de agosto del año en curso en el juicio de origen 481/2016, en el que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 481/2016, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Óscar Escarrega Loredo, a partir de la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de diez de agosto de dos mil dieciséis, y ordenó requerir de pago y emplazar a juicio al citado quejoso, cumpliendo con las formalidades de ley. Asimismo, dejó sin efecto el embargo decretado sobre diversos bienes inmuebles propiedad del amparista, haciéndolo del conocimiento del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, a fin de que se sirva dejar sin efecto el oficio 1332/2018 de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades pata determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, restituyera al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, dejaran insubsistente todo lo actuado en el juicio natural -que tuviera vinculación con el quejoso- a partir de la diligencia de emplazamiento que le fue practicada. Como se puede apreciar, la responsable mediante auto dictado el treinta de agosto del año en curso en el juicio de origen 481/2016, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 481/2016, únicamente por lo que respecta al aquí quejoso Óscar Escarrega Loredo, a partir de la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento de diez de agosto de dos mil dieciséis, y ordenó requerir de pago y emplazar a juicio al citado quejoso, cumpliendo con las formalidades de ley. También, dejó sin efecto el embargo decretado sobre diversos bienes inmuebles propiedad del amparista, haciéndolo del conocimiento del Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guasave, Sinaloa, a fin de que se sirva dejar sin efecto el oficio 1332/2018 de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose al impetrante en el pleno goce de sus derechos violados, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos.

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