Óscar Enrique Torre Peón

Expediente 202/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
202/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Óscar Enrique Torre Peón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Atento a lo informado por el secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Rodrigo Espinosa Valencia, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las catorce horas del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 202/2020-VI, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de seis de febrero de dos mil veinte; constancias de notificación practicadas a la autoridad responsable, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita e informe justificado el cual obra agregado en autos. Abierto el período de pruebas la Secretaría da cuenta con las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, es decir, legal y humana que ofreció la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, con las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado con las cuales justificó el acto reclamado; así como, las remitidas por oficio RAN/YUC/SR/DJ/2734/2020 de veinte de octubre de dos mil veinte. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo que se concluye la etapa respectiva. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en la que la Secretaria certifica que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita se abstuvo de realizar pedimento. En atención a lo cual el Juez acuerda: Téngase por practicada la certificación secretarial que antecede; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo número 202/2020-VI promovido por Oscar Enrique Torre Peón contra actos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el cinco de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Oscar Enrique Torre Peón solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, los cuales los hizo consistir en: - La negativa por parte de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, para inscribir del acta de asamblea, presentada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, solicitud marcada con el número 31190007059 respecto del acta de asamblea de uno de agosto de dos mil diecinueve, celebrada en el Ejido de Dzibichaltún, Municipio de Mérida. Segundo. Admisión de demanda. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclama actos omisivos, que no tienen ejecución material. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama, la abstención por parte de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, a fin de inscribir el acta de asamblea, de uno de agosto de dos mil diecinueve, celebrada en el Ejido de Dzibichaltún, Municipio de Mérida, misma solicitud que fuera presentada ante dicha responsable el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, correspondiéndole el folio 31190007059. Lo anterior es así, pues como ya se señaló los actos que por esta vía se reclaman se fijaron en atención a la lectura integral de la demanda, y a la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J 40/2000, Novena época, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, apoya a lo anterior la tesis Jurisprudencial número P. VI/2004, Novena época, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Tercero. Actos existentes. Son ciertos los actos reclamados al Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, ya que dicha responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que acompañó la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado, que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de ellas se advierte la existencia del acto reclamado; en consecuencia, se tiene por cierto tal acto, al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la negativa (abstención) por parte de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, para inscribir del acta de asamblea, presentada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, solicitud marcada con el número 31190007059 respecto del acta de asamblea de uno de agosto de dos mil diecinueve, celebrada en el Ejido de Dzibichaltún, Municipio de Mérida. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes que remitió la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/2734/2020, de veinte de octubre de dos mil veinte, así como la constancia de notificación que adjunto a su oficio de referencia, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, la nombrada responsable entregó al aquí quejoso Oscar Enrique Torres Peón, por conducto de su apoderada (Ana Lilia Rodríguez Cocom) la calificación registral negativa relativa a la solicitud número 31190007059, según se desprende de la constancia que para tal efecto levantara la autoridad responsable. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el cinco de febrero de dos mil veinte, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la abstención por parte de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, a fin de inscribir el acta de asamblea, de uno de agosto de dos mil diecinueve, celebrada en el Ejido de Dzibichaltún, Municipio de Mérida, misma solicitud que fuera presentada ante dicha responsable el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, correspondiéndole el folio 31190007059, es inconcuso que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que se elaboró la calificación registral negativa relativa a la solicitud número 31190007059, se le notificó y entregó al peticionario del amparo por conducto de su apoderada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, dejando de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la calificación registral de mérito repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. R e s u e l v e: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Oscar Enrique Torre Peón, contra actos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, y toda vez que de autos consta que aún está transcurriendo el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a las partes respecto de la vista que se les dio por auto de veintiséis de los actuales; esto es, con la copia certificada de las diversas pruebas documentales que remitió la Jefe de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán en ausencia de la Encargada de la Delegación, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Por tanto, a fin de permitir que las partes en el presente juicio de amparo tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido del informe justificado de referencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las catorce horas del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Resultando pertinente precisar que con motivo de la circular 2/2020 de veintiséis de octubre de dos mil veinte, suscrita por la Coordinadora de Magistradas y Magistrados de Circuito y por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito, a través de la cual determinaron suspender labores de los órganos jurisdiccionales adscritos a esta Entidad Federativa, los días lunes veintiséis de octubre a partir de las dieciocho horas y martes veintisiete de octubre ambos del año en curso, lo anterior, con motivo del acercamiento del fenómeno meteorológico "Zeta" al Estado de Yucatán, por ende, en dichas fechas no corrieron términos ni plazos procesales previstos en las normatividades correspondientes, por ese motivo el presente juicio se está difiriendo en esta fecha. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle la nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional de mérito, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, en apego a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio de cuenta y copia certificada que se adjunta suscrito por la Jefe de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán en ausencia de la Encargada de la Delegación, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en alcance a su informe justificado remite copia certificada de la notificación del trámite 31190007059 de su índice. Consecuentemente, a efecto de estar en condiciones de resolver este asunto con conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes las mencionadas documentales para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano