Óscar Enrique Sánchez Salcedo
Expediente 2585/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2585/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Óscar Enrique Sánchez Salcedo
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en informar los trámites realizados a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, informe el acatamiento total a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1802/2018, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciocho, en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Segundo de Distrito en Materia Civil del estado de Jalisco. C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.; C. Secretario de Gobernación.; C. Secretario de Hacienda y Crédito Público.; C. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.; C. Secretario de Energía.; C. Secretario de Economía.; C. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. C. Secretaria de la Función Pública.; C. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.." "IV.- ACTO RECLAMADO: Proveído dictado por el c. Juez Segundo de Distrito en Materia civil en el Estado de Jalisco dentro del expediente 70/2018, con fecha doce de abril de dos mil dieciocho, donde se determina desechar la solicitud planteada por la moral Fermaca de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (sic), a efecto de validar el Contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado con Antonio Barba Gómez, por estimar que es improcedente por extemporánea, de acuerdo al numeral 75 del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, sirviéndose de apoyo en la jurisprudencia 2a./J85/2017 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, materia administrativa, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, específicamente el artículo 75 de dicho ordenamiento reglamentario por considerarse anticonstitucional como mas adelante se demostrara; acto que se le adjudica a las autoridades mencionadas de acuerdo a lo siguiente: Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que se reclama es la creación, formulación, promulgación y orden de publicación del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, en específico lo concerniente al contenido del artículo 75 de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de Gobernación, se reclama el refrendo de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama el refrendo de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se reclama el refrendo de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de Energía, se reclama su participación en la formulación de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de Economía, se reclama el refrendo de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se reclama su participación en la formulación de dicho ordenamiento administrativo. Del Secretario de la Función Pública; se reclama el refrendo de dicho ordenamiento administrativo. Del C. Director General Adjunto del Diario Oficial de la federación, se reclama la publicación del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos en específico el artículo 75 de dicho ordenamiento administrativo." Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, cuyo titular, por auto de quince de mayo de dos mil dieciocho la registró con el número 504/2018-VII de su índice y, entre otras cuestiones, se declaró legalmente impedido para tramitarlo en razón de que había sido señalada como autoridad responsable en diverso juicio de amparo; por ende, ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno, a fin de determinar lo conducente. Así, por razón de turno correspondió conocer de dicho impedimento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien resolvió el impedimento 38/2018 de su índice en el que sustancialmente declaró fundado el impedimento referido y; por ende, consideró que el órgano jurisdiccional competente para sustanciar y resolver el juicio de amparo aludido era un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por ende, por razón de turno, el ocurso y anexo de mérito fueron remitidos a este órgano jurisdiccional y por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se avocó a su conocimiento; asimismo, se registró bajo en número 1802/2018, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; máxime que así lo determinó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Zapopan al resolver el impedimento 2/2018 de su índice. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Secretario de Energía, del Secretario de Economía, de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de la Secretaria de la Función Pública y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con domicilio en la Ciudad de México, se reclaman en su respectivo ámbito de competencia la creación, la expedición, la promulgación, el refrendo, la orden de publicación y la publicación del: Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, en particular el dispositivo 75. Del entonces Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan: El acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho en el que se desechó solicitud de validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado entre la inconforme y Antonio Barba Gómez, dentro del expediente de jurisdicción voluntaria 70/2017, como acto de aplicación. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En la especie, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de autos no se aprecia la certeza de los actos impugnados a las autoridades consideradas en el presente considerando. El Secretario de Gobernación con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, así, uno de los presupuestos de la acción del amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de la responsable se acusa. Por lo tanto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente y del proceso legislativo que dio origen al reglamento combatido no se advierte la existencia de los actos reclamados a esa autoridad responsable y, además, la parte quejosa no aportó prueba relativa a desvirtuar tales negativas lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio en cuanto al acto reclamado y autoridad responsable precisada en el presente considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 284 visible en la página trescientos cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, tomo II, Sexta Época, materia común, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, es preciso invocar en lo conducente la tesis VI.2o.A.4 K localizable a foja 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, materia común, Novena Época, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos impugnados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Secretario de Energía, al Secretario de Economía, a la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a la Secretaria de la Función Pública y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con domicilio en la Ciudad de México, en virtud de que tratándose de ordenamientos reglamentarios éstos no son objeto de prueba, acorde con el principio reconocido por los dispositivos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo previsto por el arábigo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis V.2o.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV-1, febrero de mil novecientos noventa y cinco, de rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." De igual forma cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, visible en la página doscientos sesenta, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es cierto el acto reclamado al entonces Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; Cobra aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por dicho juez, en apoyo a su informe de ley, consistentes en los autos del expediente que conforman las diligencias de jurisdicción voluntaria 70/2018 de su índice, de las que se advierte la determinación combatida en esta instancia constitucional. Documental a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia Civil el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el once de abril de dos mil dieciocho, Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para la validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, celebrado el cinco de mayo de dos mil diecisiete entre la solicitante y Yolanda Cornejo Jáuregui así como de Antonio Barba Gómez . 2. El escrito de referencia y sus anexos fue turnado al entonces Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, para su conocimiento y tramitación, por lo que, mediante proveído de doce de abril de dicha anualidad registró las diligencias de jurisdicción voluntaria con el consecutivo 70/2018 y las desechó por improcedentes. SEXTO. Estudio de sobreseimiento. Como cuestión previa y acorde a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causales de improcedencia, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado consistente en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos es extemporánea, por no reclamarse dentro del término de quince días, a que se refiere la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa impugna el referido numeral, en atención a su primer acto de aplicación (heteroaplicativa). En efecto, en atención a la técnica que rige en el juicio de amparo contra leyes, el estudio de normas de carácter heteroaplicativo no debe desvincularse de su acto de aplicación, de manera que por cuestión de orden y método, se atiende preferentemente la cuestión de inconstitucionalidad planteada, pues en el caso a estudio es procedente en cuanto a su acto de aplicación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P.XVII/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Ahora bien, en tratándose del juicio de amparo indirecto contra leyes, la hipótesis de improcedencia en estudio distingue entre las normas autoaplicativas y heteroaplicativas -según se reclamen en virtud de su entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación de acuerdo con el concepto de individualización incondicionada a que se refiere la jurisprudencia P./J. 55/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- al prever que cuando se promuevan diversos juicios de amparo para impugnar la misma norma con motivo de actos de aplicación distintos, la causa de improcedencia se actualizará hasta que quede firme la resolución dictada en alguno de los juicios, en la cual se analice la constitucionalidad de las normas generales. En el caso concreto, de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa impugna el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, específicamente el artículo 75, -como heteroaplicativa-, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación. De este modo, cuando la ley reclamada se impugna con esa característica, necesita de un acto posterior en donde quede plasmada su aplicación, en este caso, se trata del auto de doce de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro de la jurisdicción voluntaria 70/2018, por el entonces Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el que desechó la solicitud planteada por la parte quejosa a efecto de validar el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado con Yolanda Cornejo Jáuregui y Antonio Barba Gómez, por ser extemporánea, fundado su actuación entre otros, en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, y de ese modo la solicitante del amparo se vincula con lo dispuesto en el precepto impugnado. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. LXX/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." En ese sentido, la improcedencia del acto estriba en que no puede analizarse la constitucionalidad o no del artículo 75 impugnado, en razón de que su reclamación deviene extemporánea, al haber sido consentida tácitamente, entendiéndose por esto, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los quince días que prevé la ley de la materia, conforme a los artículos 17 y 18, pues la persona jurídica colectiva quejosa reclama la norma en su carácter de heteroaplicativa. La determinación anterior, tiene sustento en que en este órgano jurisdiccional se resolvió el diverso juicio de amparo 442/2018; en el que la hoy quejosa reclamó del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, el proveído de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la jurisdicción voluntaria 57/2017, en la que se desechó la solicitud planteada por la persona moral Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a efecto de validar el contrato que celebró con René Tolentino Hernández, por considerar que se presentó fuera del término establecido en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos -acuerdo que constituye un acto de aplicación anterior al que se reclama en este juicio. El dato anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la tesis P./J. 16/2018 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Lo que es suficiente para demostrar que desde esa fecha se le aplicó el numeral que tilda de inconstitucional. Por lo tanto, el término para promover el juicio de amparo contra el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, con motivo de su primer acto de aplicación, debe computarse a partir de que la quejosa moral tuvo conocimiento de que le fue aplicado dicho artículo, lo cual es -por lo menos- desde el quince de noviembre de dos mil diecisiete, fecha en la cual, impugnó el mencionado acuerdo y por ende, desde ese momento le fue aplicado el precepto que ahora pretende combatir. En consecuencia, la pretensión de la parte quejosa de controvertir hasta esta fecha la inconstitucionalidad del artículo 75, con motivo del primer acto de aplicación, se encuentra consentida, en la medida que la impugnación de las leyes con motivo de su primer acto de aplicación ocurrió, no con la emisión del acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho (jurisdicción voluntaria 70/2018), sino desde el momento en el que le fue aplicado en la jurisdicción voluntaria 57/2017. Por ende, si la demanda se presentó hasta el diez de mayo de dos mil dieciocho, como aparece del sello de la Oficina de Correspondencia Común, de los entonces Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con sede en Zapopan, resulta incuestionable que al no haberse impugnado dentro del término de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, tácitamente se consintió. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia P. 30 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Circunstancia que en el particular, actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, descrita en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo; por lo que, al operar en perjuicio de la empresa quejosa, la citada causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, sólo por lo que hace a la impugnación del artículo 75 del Reglamento, que reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Secretario de Energía, del Secretario de Economía, de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de la Secretaria de la Función Pública y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con domicilio en la Ciudad de México. Dada la actualización del sobreseimiento, es innecesario entrar al análisis del concepto de violación relacionado con dicho acto, conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Estudio de fondo. En razón de que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia ni la suscrita advierte alguna de oficio se procederá a estudiar el fondo del asunto con base en los conceptos de violación hechos valer por la amparista, en el entendido de que éstos no se transcribirán ya que para mayor claridad de la sentencia se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La parte quejosa señala que se transgredieron en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. Previo a examinar los motivos de disenso conviene traer a cuenta que en el Capítulo IV del Título Cuarto, la Ley de Hidrocarburos regula las negociaciones entre los contratistas y terceros propietarios para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; preceptos que son igualmente aplicables "a la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de Transporte por medio de ductos", según disposición expresa del artículo 117. El uso y ocupación podrá realizarse a través de figuras de como el arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley. En cualquier caso, los artículos 100 y 101 establecen la forma en que se fijará la contraprestación, así como los términos y las condiciones del uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos; estableciendo como obligación del contratista el dirigir una manifestación de interés hacia el propietario, describir el proyecto a desarrollar y notificar a la Secretaría de Energía sobre el inicio de las negociaciones (quien podrán prever la participación de testigos sociales durante el proceso de negociación), así como sujetar el contrato a los lineamientos y modelos emitidos por la secretaria, además de ajustar la contraprestación a los tabuladores oficiales. En lo que al asunto interesa, el artículo 105 impone al contratista la carga de presentar el acuerdo de uso y ocupación superficial ante el Juez de Distrito en materia civil -o el Tribunal Unitario Agrario competente- a fin de que proceda a su validación, dándole el carácter de cosa juzgada. Para lo cual el juzgador ordenará la publicación de un extracto del acuerdo alcanzado y verificará el cumplimiento "de las formalidades exigidas tanto en la presente Ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables." Precisado lo anterior, cabe destacar que el estudio de los motivos de disenso se abordará en un orden diverso al propuesto por la parte quejosa en su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia VI.2o.C.J/304, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Sexto Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." Así, por cuanto hace al motivo de inconformidad consistente en que el peticionario del amparo estima que la actuación de la autoridad responsable no está debidamente fundada y motivada, pues considera que interpretó indebidamente el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos y el 75 del reglamento, así como la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a.) al no haber atendido el fondo del asunto y considerar improcedente la solicitud planteada; es infundado. En efecto, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues al dar por concluida la diligencia de jurisdicción voluntaria solicitada por la parte quejosa, el juez responsable declaró improcedente su tramitación bajo el argumento toral de que la solicitud no se presentó dentro del término legal. Consideración que sustentó en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, referente a que los contratistas que suscriban un acuerdo sobre el uso y ocupación de superficies en materia de hidrocarburos deberán cumplir con la obligación -establecida por el numeral 105 de la ley de la materia- de presentar ese acuerdo ante el juzgador competente, para su validación, dentro del plazo de treinta días naturales posteriores a su suscripción. Igualmente, citó como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a), cuya aplicabilidad quedó demostrada con base en las consideraciones expuestas sobre el asunto particular referentes a la naturaleza jurídica de la solicitud presentada, la normativa que regula su procedencia y el término para su promoción, así como la fecha en que se celebró el acuerdo y la data en que se formuló la solicitud de jurisdicción voluntaria; lo cual satisface lo determinado por el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 88/2000, en cuanto a que la transcripción de un criterio es apta para fundar y motivar una determinación, siempre que se demuestre su aplicabilidad. Ello deja manifiesto que la responsable expuso los argumentos por los cuales consideró que el trámite de la diligencia de jurisdicción voluntaria solicitada por la quejosa resultaba improcedente y debía tenerse por concluido el asunto sin abordar el estudio del fondo; y, al efecto, citó la normativa y el criterio jurisprudencial aplicables para fundamentar la extemporaneidad de la solicitud. Ello patentiza que el juez federal ciertamente expuso las circunstancias especiales del caso y las razones particulares que tuvo en consideración para emitir el acto reclamado; con lo cual satisfizo la obligación prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." No pasa inadvertida la consideración de la quejosa en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado porque la autoridad responsable interpretó la normativa y jurisprudencia aplicada en forma incorrecta. Al respecto, es menester destacar que el deber del juzgador de privilegiar la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas o, en su caso, la que confiera mayor validez al negocio jurídico, no implica resolver, a toda costa, a favor del interés particular del justiciable pese a la insatisfacción de presupuestos procesales. Se cita en apoyo la jurisprudencia 1ª./J.104/2013(10ª.)" de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.", en la parte en que indica: ".del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Ahora por lo que hace a la aplicabilidad de la jurisprudencia 85/2017, el concepto de violación resulta infundado donde la parte quejosa aduce que la jurisprudencia invocada por la autoridad responsable no es precisa ni aplicable al caso particular. De acuerdo con los antecedentes narrados por la propia quejosa en el ocurso mediante el cual solicitó la validación del acuerdo, su carácter de contratista deriva del contrato celebrado con la Comisión Federal de Electricidad para la prestación de servicios de transporte de gas natural en materia de hidrocarburos. Ahora bien, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 49/2017, de la que derivó la jurisprudencia 85/2017, los criterios contendientes fueron sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en apoyo al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, y por el Pleno del Decimoséptimo Circuito. Los asuntos analizados por este último versaron sobre "cinco diligencias de jurisdicción voluntaria, a efecto de validar los acuerdos de uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos -contratos de servidumbre legal de hidrocarburos-, cuyo objeto residía en el uso, goce y afectación de terreno, con el fin de hacer posible el traslado de gas natural." En términos similares, el diverso órgano contendiente se pronunció sobre la validación "del acuerdo de uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos -contrato de servidumbre legal de hidrocarburos-." Al resolver que efectivamente existía contradicción de criterios, la Segunda Sala puntualizó que los órganos contendientes analizaron el mismo punto jurídico, referente a "la consecuencia jurídica de presentar ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario, una diligencia de jurisdicción voluntaria para el efecto de validar el acuerdo a que hace referencia el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, fuera del plazo establecido en el artículo 75 del reglamento de dicha ley." Por lo que la materia de contradicción se hizo consistir en lo siguiente: ".determinar si la solicitud para validar el acuerdo de uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos, establecido en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, debe presentarse ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, dentro del plazo de treinta días naturales, establecido en el artículo 75 del reglamento de la citada legislación, y cuáles serían las consecuencias jurídicas de no cumplir con el citado plazo." Con base en lo anterior es dable concluir que, pese a que el texto de la jurisprudencia 85/2017 se refiere expresamente al acuerdo en materia de uso y ocupación superficial "para la exploración y extracción de hidrocarburos", lo cierto es que la resolución de la contradicción de tesis versó, en términos generales, sobre "el acuerdo de uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos, establecido en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos"; materia que envuelve la participación privada en los sectores petrolíferos y de gas natural. Incluso, como se anticipó, el artículo 117 de la Ley de Hidrocarburos prevé que esa disposición es aplicable al acuerdo sobre uso y ocupación superficial necesarios para el transporte por medio de ductos. A lo que se aúna que uno de los precedentes que sustentaron la contradicción derivaron, específicamente, de un contrato para el traslado de gas natural, como el celebrado por la amparista. En este tenor, no es dable atender a las características que la quejosa destaca para distinguir entre la actividad que realiza (transportación y suministro de gas natural) con la exploración y extracción de hidrocarburos, en la medida en que invariablemente quedan comprendidas en el objeto de estudio de la contradicción de tesis, referente a la validación del acuerdo de uso y ocupación superficial en materia de hidrocarburos, establecido en el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos. En otro aspecto, no asiste razón jurídica a la quejosa en cuanto a que el declarar improcedente la solicitud posterga aún más su análisis en contravención de la tutela judicial efectiva, lo cual es contrario a la lógica de la jurisprudencia en el sentido de que el acuerdo debe analizarse en una fecha próxima a su celebración. Sobre este punto, conviene analizar la ejecutoria en que la Segunda Sala resolvió la contradicción de tesis 49/2017, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 85/2017 (10a), en la parte pertinente al caso: ".la Ley de Hidrocarburos exige que los acuerdos sobre usos y ocupaciones superficiales sean presentados -ya sea por el asignatario o contratista-, ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente. --- Así, del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se advierte que el acuerdo alcanzado será presentado, pero no como una mera formalidad o simplemente para que la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento del acuerdo y su contenido [.] no se trata de un aspecto formal, sino que la presentación del acuerdo a la autoridad jurisdiccional da lugar a que ésta verifique la satisfacción de los requisitos de validez del acto, a efecto de que emprenda un estudio de fondo del asunto en que valore las circunstancias fácticas y la normativa aplicable en la materia [.] no basta el acuerdo de [las partes] para que se perfeccione el uso u ocupación superficial, sino que se requiere que el juzgador verifique el cumplimiento de ciertas exigencias, en atención, precisamente, a que se trata de una servidumbre de interés público, debido a la importancia del sector de hidrocarburos y de las actividades realizadas a su amparo. --- Por tanto, solamente en el caso de que el Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario hayan validado el acuerdo alcanzado, éste podrá adquirir el carácter de cosa juzgada, ello a partir de una resolución que tendrá el carácter de sentencia, en contra de la cual, solamente procederá juicio de amparo [.] la propia ley faculta al juzgador para que analice no solamente la Ley de Hidrocarburos, sino el resto de disposiciones normativas aplicables en la materia [.] tomando en consideración que el artículo 105, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos, en relación con el diverso numeral 22, remite a las 'demás disposiciones aplicables' para que se valide el acuerdo, es necesario hacer referencia al Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, cuyo artículo 75 establece lo siguiente: 'Artículo 75. Para efectos del artículo 105 de la ley, el asignatario o contratista presentará por escrito ante el órgano jurisdiccional competente y ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el acuerdo alcanzado a que se refiere dicha disposición, dentro de los treinta días naturales siguientes a que se haya suscrito éste.' [.] la exigencia de un plazo para la presentación de los acuerdos sobre uso y ocupación superficial, refuerza la idea de que exista el mayor grado de seguridad jurídica posible; porque de esa manera, particulares y autoridades involucradas sabrán a qué atenerse en los trámites a realizarse, así como las formalidades correspondientes para ello. --- El hecho de que se establezcan treinta días naturales para la presentación del acuerdo alcanzado, tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional analice, con un grado de proximidad temporal razonable, los elementos de validez exigidos en los cuerpos normativos aplicables, a efecto de dilucidar si el acuerdo cuenta con los requisitos necesarios para dotarle del carácter de cosa juzgada. Esto es, que analice el acuerdo alcanzado dentro de un plazo cercano a la celebración de éste, lo que presupone la subsistencia de las circunstancias que suscitaron el acuerdo y, por tanto, ello implica que el juzgador se encuentre en una mejor aptitud de analizar las particularidades del asunto a efecto de dictar su resolución [.] si no se atiende al plazo de treinta días, entonces se podrá llevar el acuerdo alcanzado, para la validación del Juez de Distrito o Tribunal Unitario Agrario competente, dentro de cualquier plazo, esto es, incluso después de varios años a partir de la celebración del acuerdo. --- Por tanto, el juzgador ya no contará con esa nota de proximidad temporal para analizar el asunto, en específico, la posible influencia en la celebración del acuerdo, ya que potencialmente podrán haberse modificado en demasía las circunstancias fácticas, dificultando así su tarea de validar el acuerdo y dotarle del carácter de cosa juzgada [.] también se advierte la pertinencia de atender al plazo de treinta días naturales, pues de tal manera se permite que la servidumbre surta efectos solamente durante un plazo reducido, dando la oportunidad de que los terceros potencialmente afectados puedan comparecer; esto es, la normativa pretende que el estudio de validación se efectúe de manera cercana a la fecha en que se celebró el acuerdo, para evitar una potencial afectación a terceros durante un periodo prolongado [.] el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos no establece una consecuencia para el caso de que el convenio alcanzado no se presente dentro de los treinta días naturales siguientes. Sin embargo, ello no se traduce en que se trate de una norma imperfecta y, por tanto, no se le pueda atribuir consecuencia jurídica alguna a la falta de observancia de dicho requisito [.] la propia Ley de Hidrocarburos señala que deberán atenderse no solamente los requisitos contenidos en la misma, sino también a lo previsto en el reglamento correspondiente, ello dentro de las facultades que de validación tienen los Jueces de Distrito. --- Así las cosas, al no presentarse el convenio alcanzado dentro de los treinta días naturales a que hace referencia el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, esto es, al incumplirse dicha formalidad, el órgano jurisdiccional no podrá validar el acuerdo y, en consecuencia, no podrá dotarle del carácter de cosa juzgada." Las consideraciones de la Segunda Sala del Alto Tribunal evidencian que la conclusión arribada, referente a la exigencia y pertenencia de un plazo legal para someter el acuerdo al escrutinio del juzgador federal, se sustenta en alcanzar un mayor grado de seguridad jurídica para el sector de hidrocarburos -que implica un especial interés público al tratarse de un área estratégica para el desarrollo del país- y en que su análisis se realice con un grado de proximidad temporal razonable a la celebración del acuerdo que permita la subsistencia de las circunstancias reinantes en su celebración, además de salvaguardar los derechos de terceros potencialmente afectados. Estos elementos teleológicos identificados con el término establecido por el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos son los que precisamente justifican que su inobservancia tenga como consecuencia jurídica que el órgano jurisdiccional quede impedido para resolver sobre la validez del acuerdo y, en su caso, dotarle del carácter de cosa juzgada; provocando la improcedencia de la diligencia de jurisdicción voluntaria. De manera que resulta jurídicamente inadmisible sostener que esos mismos elementos pueden servir como fundamento para sostener justamente lo contrario y relevar al contratista del deber de presentar el acuerdo para su validación jurisdiccional fuera del término de treinta días naturales o autorizar al juzgador para proceder a su análisis incluso cuando se ha excedido el término de su presentación. En suma, la determinación de la autoridad responsable no es contraria al derecho fundamental de tutela judicial efectiva en tanto se reduce a la consecuencia procesal de la insatisfacción de uno de los presupuestos para su procedencia y estudio de fondo, referente a la oportunidad de la solicitud planteada; lo cual se traduce en un criterio de procedencia de carácter judicial que no constituye, por sí mismo, una violación al derecho referido, al ser una formalidad proporcional con los elementos destacados por la Segunda Sala y un requisito connatural a la resolución de cualquier asunto sometido a la potestad judicial, incluso ante la ausencia de una contienda entre las partes. Sobre ese aspecto, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: ".el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos." A mayor abundamiento, la doctrina judicial ha reconocido los requisitos de procedencia, procedibilidad o admisibilidad y su relación con el derecho a la tutela judicial, sobre todo por cuanto se refiere al acceso a la justicia, de forma que una precisión inicial es que la exigencia de tales requisitos no son violatorios per se del derecho humano en cuestión recogido tanto en el texto constitucional, como en diversos instrumentos internacionales, en razón de que se encuentra acotado por el legislador y en su caso el poder ejecutivo en ejercicio de su facultad reglamentaria -facultados para establecer los plazos y términos en que el gobernado debe plantear una pretensión o defenderse de ella- y que el simple establecimiento de presupuestos formales necesarios para la procedencia y el estudio de fondo no constituye en sí mismo una violación. La frase en sí mismo no se torna trivial, antes bien el matiz no es superficial y carente de sentido, sino que encierra la afirmación universal genérica que siempre y en todos los casos y cualquier requisito, por el hecho de serlo, resultará necesariamente constitucional. Ello no autoriza al creador de la norma a establecer sin más los requisitos que se le ocurra y que por el sólo hecho de estar previstos en ella sean ipso facto acordes con la Constitución. En todo caso, lo relevante es que la previsión de ciertos requisitos de procedencia no contraría el derecho humano a la tutela judicial y acceso a la justicia. Además, es necesaria la existencia de dichos requisitos para el acceso a la jurisdicción y para la obtención de una resolución de fondo del asunto, en tanto se dirigen a la demostración prima facie de que existe un vínculo jurídico entre la persona que promueve y el derecho tutelado; evitando que se estimule la función jurisdiccional sin la previa justificación de que el justiciable tiene motivos válidos y suficientes para ello. Por lo demás, son inoperantes los argumentos de disenso en que la quejosa relata los factores que contribuyeron a que la solicitud de validación del acuerdo se presentara fuera del término de treinta días previsto por el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, porque ellos pretenden justificar la inaplicación del referido término en el caso particular, sin atacar las consideraciones del acto reclamado referentes a que la formulación de la solicitud fuera de término tiene como consecuencia procesal el desechamiento de la diligencia de jurisdicción voluntaria sobre la validación del acuerdo de uso y ocupación superficial. Lo mismo por cuanto hace a la consideración de que el criterio sostenido en la jurisprudencia 85/2017 controvierte el espíritu del legislador federal plasmado en la Ley de Hidrocarburos; en tanto estos argumentos se dirigen a debatir lo resuelto en aquella ejecutoria. De manera que, al no controvertir los argumentos y fundamentos torales del acto reclamado, el estudio de los conceptos de violación no podría traer como consecuencia la concesión del amparo a efecto de que la autoridad responsable varíe el sentido de su determinación. Apoya esta consideración la tesis I.6o.C. J/15 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA." En ese orden de ideas, en cuanto a la Aplicación del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, de igual manera resulta infundado el concepto de violación en que la quejosa aduce que indebidamente se atendió a lo dispuesto por el reglamento toda vez que la legislación de la materia no establece limitante de tiempo para presentar ante el juzgador federal el acuerdo para su validación. Contrario a su consideración, pese a la falta de regulación expresa por parte del legislador sobre un término para su presentación, el artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos dispone que los contratos en esa materia "se regularán por lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento" e, incluso, en su ejecución "será aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga a la presente Ley y su Reglamento, la legislación mercantil y el derecho común." Lo que evidencia la posibilidad de justipreciar el acuerdo sobre uso y goce superficial a la luz del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. Además, el propósito del legislador de que, al pronunciarse sobre la validación del acuerdo, el juzgador analice la satisfacción de las formalidades exigidas en el reglamento, se evidencia con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos que lo obliga a "Verificar si se cumplieron las formalidades exigidas tanto en la presente Ley como, en su caso, en la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables." Motivos por los que el análisis de la procedencia de la diligencia de jurisdicción voluntaria conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos no transgrede los derechos fundamentales de la quejosa, sino que se dirige a preservar los elementos mínimos necesarios para accionar del aparato jurisdiccional. Lo cual atiende a la decisión del legislador de facultar al juzgador para analizar no solamente la Ley de Hidrocarburos sino también su reglamento; así como a la posibilidad del ejecutivo federal para que, en ejercicio de su facultad reglamentaria, fije un término legal, en aras de alcanzar el mayor grado posible de seguridad jurídica en la suscripción y ejecución de contratos en materia de hidrocarburos. Por lo demás, devienen inoperantes los argumentos en que la quejosa aduce que el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos es inconstitucional y se trata de una norma imperfecta. La razón es que se dirigen a combatir un acto distinto al ahora reclamado. En efecto, al combatir el aludido exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria del ejecutivo federal y la ausencia de consecuencias jurídicas por el incumplimiento del plazo previsto por el reglamento, la quejosa pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la referida disposición reglamentaria, pese a no haber sido señalada como acto reclamado y, de conformidad con la técnica jurídica que rige el juicio de amparo, no forma parte de la litis constitucional. De manera que aquellos argumentos de disenso no desvirtúan la legalidad o constitucionalidad de la actuación de la autoridad responsable al fundamentar su determinación en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, pues, al respecto, lo relevante es que la propia ley que reglamente autoriza al juzgador para verificar el cumplimiento de los requisitos ahí previstos; lo cual incluye los de procedencia. Apoya esta consideración, de manera análoga, la tesis IV.3o.A.22 A (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LOS SON AQUELLOS QUE CONTROVIERTEN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, AL NO CONSTITUIR ÉSTA EL ACTO RECLAMADO, SINO EL FALLO EMITIDO POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA." En esas condiciones, al no controvertir los argumentos y fundamentos torales del acto reclamado, el estudio de los conceptos de violación no podría traer como consecuencia la concesión del amparo a efecto de que la autoridad responsable varíe el sentido de su determinación. Ilustra la decisión que se adopta, por las consideraciones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 621, tomo XII, julio de 2000, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191572, que estatuye: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." En ese orden de ideas, se considera que no existe en este asunto materia para suplir la queja deficiente a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 de la Ley de Amparo y al desestimarse los motivos de inconformidad, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra el acto reclamado relativo a la expedición, promulgación, refrendo, orden de publicación y publicación del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, en su respectivo ámbito de competencia, atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Secretario de Energía, del Secretario de Economía, de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de la Secretaria de la Función Pública y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en la Ciudad de México, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fermaca Pipeline de Occidente, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderada, contra el acto reclamado al Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, consistente en el proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria 70/2018, por medio del cual se desechó la solicitud para validar el contrato de servidumbre de voluntaria, continua y aparente de paso celebrado por la aquí quejosa. Lo anterior, atento a los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, fecha en que concluyó su dictado y lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Secretaria Alma Angélica Conde Chávez, que autoriza y da fe. Doy fe.- AACCH.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito y anexos de cuenta presentados por el ****, autorizado de la parte quejosa, a través del cual informa que presentó ante la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes, Clabe Interbancaria, copia de la Credencial de Elector y comprobante de domicilio, de dicha parte procesal, a fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio y, para acreditar su dicho adjuntó el acuse de recibo de la información proporcionada; en consecuencia, se le tiene realizando las manifestaciones de mérito y se estará en espera de lo que informe la autoridad.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ****, a través del cual solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en razón de que han sido omisas en acatar el fallo protector concedido en autos. En consecuencia, previo a hacer efectivo dicho apercibimiento, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice de este proveído, acate en sus términos el fallo protector de que se trata En el entendido de que subsiste el apercibimiento indicado en auto dieciséis de octubre del año en curso (foja 117). NOTIFÍQUESE.
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