Óscar Eliud Maya Salazar
Expediente 478/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Óscar Eliud Maya Salazar
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés. Causa estado determinación Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para hacer valer el recurso de queja contra el proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo 20, fracción II, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, y como se advierte de la certificación que antecede, ha transcurrido el plazo de cinco días concedidos a la parte quejosa, sin que cumpliera con el requerimiento realizado en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, a pesar de haber sido legalmente notificada de ese auto, como se advierte de la constancia de notificación integrada en autos. En consecuencia, ante el incumplimiento del promovente de amparo a la prevención formulada, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de mérito. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LI, Quinta época, página 208 de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, que promovió * * * * * * *, quien se ostenta como apoderado legal de * * * * * * * , contra actos del Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 478/2023, y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Prevención de la demanda De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que existen irregularidades, que deberán ser subsanadas previo a proveer respecto de la admisibilidad de la demanda. En el caso, el promovente se ostenta apoderado legal de * * * * * * * * *, en virtud de la carta poder simple que acompaña a la demanda de amparo; sin embargo, se considera que ese documento no es suficiente para acreditar la personalidad con la cual se ostenta. Los artículos del 5 a 15 de la Ley de Amparo regulan lo relativo a la capacidad y representación de las partes; esos numerales establecen "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos.". Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante, en su defecto, lo hará el órgano jurisdiccional en su primer auto sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. Los terceros interesados podrán también nombrar representante común. Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo, o bien en ese mismo carácter reclamen actos u omisiones distintos pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano del Poder Judicial de la Federación, según corresponda. Recibida la solicitud, el Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona". De lo anterior se deprende que los únicos casos en los que no se requiere que el promovente acredite su personalidad, son los previstos por los numerales 8 y 15 de la Ley de Amparo; el primero se refiere al menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, bajo los supuestos ahí previstos y el restante numeral, cuando se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y el agraviado esté imposibilitado para promover el amparo supuestos que no resultan aplicables al caso en estudio Luego, fuera de los supuestos contemplados en los normativos 8 y 15 de la Ley de Amparo, el promovente que no sea la persona directamente afectada por el acto reclamado, tiene la obligación de acreditar su personalidad en términos de lo señalado en los preceptos 10, 11 o 14; con la acotación de que el último es aplicable solamente en asuntos de naturaleza penal y cuando, el promovente, tenga el carácter reconocido de defensor en el asunto materia de la litis. Ahora, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 10 de la Ley de Amparo, en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el caso, se concluye que la personalidad del apoderado del quejoso debe acreditarse conforme a la última parte del párrafo segundo del citado artículo 10 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque no se reclaman actos respecto de los cuales la personalidad se pueda acreditar conforme a los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, es decir, los actos no derivan de un juicio civil, penal o laboral, en el que se haya reconocido la personalidad aquí cuestionada, sino que se trata de un acto administrativo. Ello considerando que en términos de lo dispuesto por el artículo 276, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, todo litigante, en su primera promoción, deberá presentar el documento con el que acredite la representación de alguna corporación o persona, es decir, su personalidad, entonces para efectos de este juicio de amparo, el mandato se encuentra regulado por el Código Civil Federal. En ese tenor, el artículo 2224 del Código Civil Federal establece que el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno; luego, según la normatividad jurídica, la idoneidad del acto en el momento de su celebración permite producir los efectos jurídicos que las partes se han propuesto al celebrarlo, pues aun cuando la voluntad es un elemento esencial del acto, es preciso que a la existencia de la voluntad y a su conformidad con la declaración, se una el apego formal a la disposición normativa para que el acto adquiera su eficacia, por lo que desde que se perfecciona esa voluntad en un poder general, o en una carta poder, o en cualquier forma que establezca la ley aplicable, obliga al representante legal, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Por lo que, por regla general, para que un acto realizado por una persona a nombre de otra, tenga eficacia legal, es requisito indispensable que esté facultada mediante un poder notarial, carta poder o en cualquier otra forma en la que se reúnan los requisitos exigidos por la ley. En ese tenor, el artículo 2551 del Código Civil Federal, establece la forma en que puede otorgarse el mandato escrito, a saber: a) en escritura pública, b) en escrito privado y ratificado y c) en carta poder sin ratificación de firmas; el segundo, que el poder puede ser general o especial; el tercero, que los poderes generales pueden ser para: a) pleitos y cobranzas, b) administrar bienes y c) ejercer actos de dominio, que cuando en alguno de esos casos se quisieran limitar, se hará la consignación relativa; el cuarto numeral dispone que el mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas, cuando: 1. Sea general, 2. El interés del negocio para el que se confiera sea superior o equivalente a mil veces el salario mínimo general vigente; y 3. Cuando en virtud de él el mandatario ha de ejecutar a nombre del mandante algún acto que conforme a la ley deba constar en instrumento público; y el último, que el mandato podrá otorgarse en escrito privado sin que sea necesaria la ratificación de firmas, cuando el interés del negocio no exceda de mil veces el salario mínimo al momento de otorgarse. De ello se desprende que para efectos de que una persona actúe en representación de otra en una controversia, es necesario un poder para pleitos y cobranzas, pues otorga al mandatario o representante una actuación ilimitada dentro de los procedimientos jurisdiccionales o judiciales pudiendo intervenir libremente sobre las actuaciones que correspondan al representado, porque existe la voluntad expresa de éste para que su representante lo sustituya en su actuar. Poder, que siendo general debe otorgarse en escritura pública, como lo dispone el artículo 2555, fracción I, del Código Civil o bien en carta poder otorgada ante dos testigos y las firmas del otorgante y testigos ratificadas ante notario, jueces o autoridades administrativas correspondientes, como también lo prevé ese numeral, sin que pueda considerarse incluido en los previstos en el diverso 2551, fracción II, del código invocado, pues ello es solamente para asuntos administrativos, o bien, cuando el interés del negocio no exceda de mil veces el salario mínimo al momento de otorgarse. En ese tenor, la carta poder exhibida por el promovente * * * * * * * *, es insuficiente para acreditar la personalidad como representante o apoderado legal de * * * * * * * * *, y si bien ésta se otorgó en escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos, en términos, entre otro, del artículo 2556 del código citado, que dispone que el mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere no exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal al momento de otorgarse. Sin embargo, como la intención del otorgante era que * * * * * * * * * actuara como representante o apoderado legal en el juicio de amparo, debió otorgar poder general para pleitos y cobranzas en escritura pública y no una simple gestión judicial firmada ante dos testigos, pues esa formalidad es una exigencia legal cuando se trata de un poder general, sin que pueda otorgarse en forma distinta, esto es, en escrito privado con ratificación de firmas o en carta poder sin dicha ratificación, pues el primero, es expresamente para asuntos de índole administrativa y el último, cuando el interés del negocio no exceda de mil veces el salario mínimo al momento de otorgarse, y en el caso, no se cumple ninguna de esas dos condiciones. Lo anterior, ya que en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio biinstancial tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 6, primer párrafo, 10, primer párrafo, artículo 114, fracciones I, II y III, en relación con el 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su legal notificación, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, con las copias necesarias, realice lo siguiente: 1) Acredite de manera fehaciente su personalidad con documento distinto a la carta poder que presentó como anexo al escrito de demanda de amparo, en los términos expuestos. Por otra parte, toda vez que en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, manifiesta lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: A) De las dos primeras autoridades responsables secretario de administración y director jurídico de la secretaría de administración, reclamo la omisión de dar respuesta a mi escrito de fecha treinta y uno de enero del año en curso, recibido por ambas responsables el dos de febrero del dos mil veintitrés. B) De la tercer autoridad Directora Administrativa la negativa y omisión de entregar los cheques expedidos a mi favor por los honorarios causados por los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintidós. C) De la cuarta autoridad, la omisión de intervenir en la solicitud de información planteada para proporcionarme la información requerida." Asimismo, en el capítulo de pruebas, la parte quejosa manifiesta: "Asimismo, solicito se haga llegar de todos los elementos necesarios que permitan arribar a la convicción de los hechos, pues la omisión y negativa de entrega de mis cheques, son carga de la prueba de la autoridad responsable." Por tanto, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de su admisión, con fundamento en lo establecido en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, previo a proveer lo conducente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que quede notificada de este auto, con las copias necesarias y bajo protesta de decir verdad, deberá precisar: El acto destacado que reclama; si este es: a) la omisión de respuesta a su escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; o bien, b) la negativa y omisión de entregarle los cheques que refiere. Destacando que, de indicar como acto reclamado el inciso b), deberá señalar la fecha en que la autoridad que indica como responsable emitió la negativa que aduce. Asimismo, deberá informar en forma concreta, cronológica y ordenada, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, pues son imprecisos en la demanda de amparo. Lo anterior, porque de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierten con claridad esos datos y, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar los antecedentes respectivos; ya que si bien está obligado a estudiar la demanda en su integridad; en atención al principio de igualdad procesal, debe, entre otros aspectos, conocer con precisión los actos reclamados y sus antecedentes; lo anterior, a fin de que, en el caso, las autoridades que señala como responsables tengan conocimiento de los actos atribuidos y puedan, en su caso, contestar lo que les corresponda en sus respectivos informes justificados y se integre la litis debidamente. Además, para que, de ser el caso, se provea respecto de la suspensión del acto reclamado. Por lo anterior, se apercibe al quejoso y a sus autorizados que tiene señalados en este juicio, para que se conduzcan en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080 que establece: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Apercibimiento Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, pues a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, del sitio de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvan zada.action y, https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvan zada.action, se advierte que tiene expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública la cédula profesional ****. En consecuencia, si el quejoso otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además se advierten los números de cédulas profesionales que tienen a su favor las profesionistas en cita; ello es suficiente para que se les tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Lo anterior con apoyo en la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.)3, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Por lo que respecta a las diversas personas que menciona, se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Toda vez que la parte quejosa proporciona usuario para consulta electrónica, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "oeliudms", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5 , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I . 3 . C . 725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente.
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