Oscar Eduardo Silva Noguez y Otros.

Expediente 988/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
988/2021
Año
2021
Actuaciones
32
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Oscar Eduardo Silva Noguez
  • Oscar Eduardo Silva Noguez y Otros.
  • Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido, ya que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En cumplimento a lo establecido en el multicitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, en su momento se procederán a su glose y tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa cita y únicamente los días viernes en el horario establecido a este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; además de que se efectuará en estricto acatamiento a las medidas sanitarias para la pandemia que prevalece en el país. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del cuatro de agosto de este año; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 988/2021-III, promovido ********** y ***********, por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que exhibieron las autoridades responsables y parte quejosa, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos formulados por la parte quejosa. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechos sus argumentos. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 988/2021-III, promovido por *********** y ************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ********** y *********, por propio derecho, demandaron el amparo y protección contra actos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades. II. Por auto del siete de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado registró la demanda de amparo con el número 988/2021-III del índice de este Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por auto del catorce de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con la intervención de diversas autoridades en los actos reclamados, sin que al efecto desahogara tal requerimiento y por auto del once del mes próximo pasado se continuó la secuela procesal únicamente con las autoridades expresamente señaladas como responsables en el escrito inicial; previo diferimiento de la audiencia de ley, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 57, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que se reclaman normas de carácter local y su ejecución, por autoridades que residen dentro de la demarcación territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, ha de precisarse que el quejoso combate en esencia: 1. Del Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: a) Encierro en lugar oscuro, mal oliente, insalubre e incomunicados y quitarles agujetas y cinturones. b) Elaboración de la boleta e ingreso de los quejosos a las galeras. c) Calificación de la falta administrativa. d) Elaboración de la orden de pago por la cantidad de $1,613.16 (mil seiscientos trece pesos 16/100 m.n.). e) Abstención de portar uniformes, gafetes o credenciales de identificación. f) Discriminación por razón laboral. g) Omisión de entregar copias certificadas de la resolución administrativa que impuso la multa. 2. De la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: Detención, traslado y puesta a disposición ante la Oficialía Calificadora de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 3. Del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: La discusión, aprobación y expedición de los artículos 27, fracción IV, inciso b), 162 fracción V, 212, 222 fracción II, 224, 226 y 227 del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno. TERCERO. El Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (fojas 172 y 173), al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados, precisados en el considerando que antecede en los incisos a), e) y f), sin que al efecto la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendente acreditar la existencia de los mismos, dado que le correspondía la carga de la prueba para acreditar la emisión y ejecución de los actos reclamados a ellas; por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio biinstancial, ante la inexistencia de los mismos. Por otra parte, el Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, si bien al rendir su correspondiente informe justificado (fojas 172 y 173), acepta que no realizó la entregar copias certificadas de la resolución administrativa por la que impuso multa a los quejosos, al efecto, no resulta dable tenerlo como cierto para efectos del presente asunto, puesto que su existencia o no, parte de las obligaciones que como imperativo le impone la legislación aplicable a la autoridad a quien se atribuya determinado acto, dentro del desempeño de sus funciones. Al efecto, cabe señalar que del contenido de lo previsto en los numerales 37 al 57 del Reglamento de las Oficialías Calificadoras y Mediadoras-Conciliadoras del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que regula el procedimiento de calificación de faltas o infracciones administrativas, se desprende la serie de actos concatenados que el Oficial Calificador correspondiente debe realizar una vez que es puesta persona alguna a su disposición, como es, el desahogo de garantía de audiencia, así como la calificación o no de la falta o infracción administrativa e imponer, en caso de resultar procedente, la sanción respectiva y la notificación correspondiente al interesado, así como el derecho con que cuenta el sancionado para conmutar la misma, por arresto. Por lo que, del contenido de tales numerales, no se desprende que de manera oficiosa corresponda al Oficial Calificador expedir copia certificada de la resolución que imponga la sanción correspondiente dentro del procedimiento respectivo, de ahí que si al efecto no existió petición expresa al respecto, no resulta procedente asumir la certeza de la omisión atribuida, puesto que no corresponde por imperativo de la norma, que de manera oficiosa se extienda a favor de los quejosos, copias certificadas de las resoluciones por las que se les impone sanción económica. De ahí que al no encontrase dentro de las hipótesis de actuación de la autoridad, la expedición de manera oficiosa de las copias que aducen su falta de emisión; y, por tanto, que tal acto reclamado resulte inexistente. Asimismo, con relación a los actos atribuidos al Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, consistente en la detención, traslado y puesta a disposición ante la Oficialía Calificadora de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, si bien señala la existencia de tal acto, también lo es, que precisó que la detención, traslado y puesta a disposición, se llevó a cabo por los oficiales Jorge Alberto Banda Gallegos y Francisco Uriel Martínez Acosta, funcionarios, respecto de los que en autos se dio vista a la parte quejosa, para el efecto de que manifestara si era su deseo señalarlos como autoridades responsables, sin que al efecto se hubiera desahogado tal requerimiento, como se desprende del auto del once de julio del año en curso. Por lo anterior, así como atento a las constancias que remitiera en copia certificada el Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el presente asunto, relativas a la Remisión con número ACT1/3011/09/2001, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se desprende la certeza del acto de molestia atribuido al Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, puesto que su ejecución corresponde a diversas autoridades que no fueron señaladas con el carácter de responsables, de ahí que no se desprende la existencia de los actos que se le reclaman. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio por cuanto a dichos actos reclamados. CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, consistentes en la discusión, aprobación y expedición de los artículos 27, fracción IV, inciso b), 162 fracción V, 212, 222 fracción II, 224, 226 y 227 del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno. En efecto, la certeza del ordenamiento legal en el que se contienen los artículos reclamados se acredita con su respectiva publicación en la Gaceta Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que constituye un hecho notorio que puede invocarse de oficio, según lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo; y, por ende, se tiene por plenamente probados. Asimismo, son ciertos los actos reclamados al Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, consistentes en la emisión de la boleta, ingreso respectivo de los quejosos a las galeras municipales, calificación de la falta administrativa y elaboración de la orden de pago por la cantidad de $1,613.16 (mil seiscientos trece pesos 16/100 m.n.) por cada quejoso, tal como se advierte del informe justificado rendido por el Oficial Calificador adscrito al Primer Turno, ambos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, confesión que merece valor probatorio pleno de la autoridades responsable, únicamente en relación con la existencia de los actos reclamados, no así respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. QUINTO. El estudio de las causales de improcedencia en el juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que debe examinarse de oficio por el órgano de control de la constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la materia. Así las cosas, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la boleta e ingreso respectivo de los quejosos a las galeras municipales, atribuido al Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.)" De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. La doctrina y la jurisprudencia consideran que los actos consumados, son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, actos consumados de modo reparable, son aquellos que, a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de amparo; y los actos consumados de modo irreparable son aquellos que, al realizarse sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece, tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impresa en la página 738, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." De igual forma resulta ilustrativa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 76 del Volumen 103-108, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IRREPARABILIDAD DE CONSUMACIÓN DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE AMPARO. NO BASTA GRAVE DIFICULTAD DE REPARACIÓN. La causal de improcedencia del juicio de amparo que se funda en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo no se justifica con el argumento de que los actos reclamados se encuentran consumados porque resultan de difícil reparación, en virtud de que la disposición legal que se cita señala como causa de improcedencia del juicio de garantías que se entable en contra de "actos consumados de modo irreparable" y no contra actos difíciles de reparar." En el presente asunto los quejosos reclamaron entre otros actos, la boleta e ingreso de los quejosos a las galeras municipales, actos que se consumaron de modo irreparable, ya que al ser puestos a disposición del Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el once de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las trece horas con veinte minutos, emitió la boleta de ingreso respectiva y conforme a las constancias relativas a la Remisión con número ACT1/3011/09/2001, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los quejosos una vez ingresados, en forma subsecuente en acta de garantía de audiencia de la misma fecha otorgada a los quejosos, respectivamente, derivado de los hechos que les fue atribuido, y como consecuencia de ello, el Oficial Calificador en comento, impuso una multa de dieciocho UMAS (unidad de medida de actualización) a cada uno. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que efectivamente en tal fecha fueron presentados por elementos de seguridad pública, al señalar que no presentaron el permiso correspondiente para poder justificar la colocación de un anuncio espectacular de publicidad. Ahora, de las constancias que este órgano jurisdiccional toma en cuenta para resolver el presente juicio de amparo, se aprecia que los quejosos pagaron respectivamente la cantidad de $1,613.16 (mil seiscientos trece pesos 16/100 m.n.), y con motivo de ello, fueron puestos en libertad, sin que al caso se advierta que fuera conmutada por arresto alguno. Por tanto, es jurídicamente factible determinar que la emisión de la boleta de ingreso y su ejecución, origen al presente asunto y por la que se detuvo momentáneamente a los solicitantes del amparo, previo a la imposición de multa, se consumaron irreparablemente, pues tales actos ya no producen efectos en forma independiente susceptibles de impugnarse en este momento, al haberse materializado todos sus efectos, como lo es, al ser puestos a disposición del Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, sin que al efecto se encuentren postergados sus efectos materiales; lo que cobra mayor relevancia, ya que con posterioridad a ello, no se advierte que la autoridad ante quien fueron puestos a disposición, haya emitido arresto en contra de los quejosos, para pueda considerarse que tienen vigencia tales actos, ante la eventualidad que aún quedaran pendientes horas de arresto por cumplimentarse; aunado a ello, se tiene actuación posterior, de la que se tiene que los quejosos obtuvieron su libertad, con motivo del pago de la sanción económica respectiva; de ahí que tales actos se consumaron plenamente. Por lo que de ser procedente el amparo solicitado contra esos actos sería imposible regresar el tiempo para dejarlos sin efectos, esto en atención a que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de la que se duelen, nulificando el acto reclamado. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que él se dicte pueda producir la restitución de los agraviados en el pleno goce de sus derechos. En atención a lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio en lo concerniente al acto reclamado mencionado con antelación, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego, al no haber sido invocadas causas de improcedencia y sobreseimiento por alguna de las partes, así como tampoco este órgano de control constitucional advierte que se actualice diversa, lo que procede es el estudio de fondo del asunto. SEXTO. La parte quejosa precisa como conceptos de violación los formulados en su escrito inicial de demanda, los cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, de acuerdo con el criterio que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Atento a los actos reclamados, resulta de estudio preferente el consistente el tema de la inconstitucionalidad de los preceptos que reclama, relativos al Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno; y, al respecto aduce en sus conceptos de violación, lo siguiente: 1) De la fracción IV, inciso b), del artículo 27, así como la diversa fracción V, artículo 162, menciona que suponen una intromisión injustificada, arbitraria y desproporcional en la libertad de las personas. 2) Que el numeral 212, viola la jerarquía normativa de los derechos humanos. 3) De la fracción II, del artículo 222, afirma que supone un acto de discriminación de las personas trabajadoras que no corresponde a un jornalero, ejidatario u obrero. 4) Del numeral 224, aduce que es discriminatorio al considerar cuestiones diversas al acto cometido, como instrucción, escolaridad, ingresos económicos. 5) Que artículo 226, es injustificado, arbitrario y desproporcional en la libertad de las personas. 6) Que el artículo 227, carece de legalidad y seguridad jurídica por no definir con claridad si se trata de infracciones o faltas administrativas. Atento a lo antes mencionado, así como para una mejor comprensión en el presente asunto, conviene tener en consideración el contenido de los preceptos reclamados, mismos que en lo conducente, versan al tenor siguiente: "Artículo 27.- En el Municipio se consideran faltas o infracciones administrativas las siguientes conductas: (.) IV. Faltas contra la propiedad: b) Colocar, ampliar y dar mantenimiento a anuncios publicitarios y su estructura, de competencia municipal, en inmuebles públicos o privados, sin contar con la autorización, permiso o licencia previa, expresa y vigente expedida por la autoridad competente; (.)." "Artículo 162.- Se requiere licencia vigente o permiso de la Autoridad Municipal para: (.) V. Colocación de anuncios publicitarios en propiedad privada o en la vía pública;" (.)" "Artículo 212.- La actuación de los Oficiales Calificadores, para calificar las faltas o infracciones a que se refiere el artículo 27 del presente Bando Municipal, se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento de las Oficialías Calificadora y Mediadora-Conciliadora del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México." "Artículo 222.- Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Bando Municipal, se sancionarán por la Oficialía Calificadora, atendiendo a la gravedad de la infracción cometida, con: (.) II. Multa hasta de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción; si la persona infractora es jornalera, ejidataria u obrera, la multa no excederá del valor diario de una UMA; (.)" "Artículo 224.- Para la aplicación de las sanciones se tomará en cuenta lo siguiente: I. La gravedad de la infracción; II. La edad de la persona infractora; III. Los antecedentes de reincidencia o habitualidad de la persona infractora; IV. Las condiciones económicas de la persona infractora; V. El monto de los daños y perjuicios ocasionados; y VI. El grado de instrucción de la persona infractora." "Artículo 226.- Para la imposición de las sanciones a las infracciones administrativas, los Oficiales Calificadores se sujetarán a la siguiente clasificación: CLASIFICACIÓN DE LA SANCIÓN NIVEL MULTA ARRESTO ACTIVIDADES DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 1 1 a 12 UMA Hasta 8 horas Hasta 8 horas 2 1 a 12 UMA Hasta 8 horas 3 13 a 25 UMA De 9 a 18 horas De 9 a 18 horas 4 13 a 25 UMA De 9 a 18 horas 5 26 a 37 UMA De 19 a 26 horas De 19 a 26 horas 6 26 a 37 UMA De 19 a 26 horas 7 38 a 50 UMA De 27 a 36 horas De 27 a 36 horas 8 38 a 50 UMA De 27 a 36 horas "Artículo 227.- Las conductas señaladas en el artículo 27 del presente Bando se consideran infracciones o faltas administrativas y serán sancionadas por el Oficial Calificador conforme a la siguiente clasificación: I. Sanción Fracción Inciso Descripción de la conducta u omisión Nivel Multa UMA Arresto Trabajo en favor de la comunidad (.) Faltas contra la propiedad (.) IV b) Colocar, ampliar y dar mantenimiento a anuncios publicitarios y su estructura, de competencia municipal, en inmuebles públicos o privados, sin contar con la autorización, permiso o licencia previa, expresa y vigente expedida por la autoridad competente; 4 9 a 18 13 a 25 No aplica (.) II. Las señaladas en las fracciones II incisos p) y q) y IV inciso d) del artículo 27 se sancionará en términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (.)" De los preceptos antes en cita, se tiene que el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, estableció como falta administrativa que atenta a la propiedad, el colocar, ampliar y dar mantenimiento a anuncios publicitarios y su estructura, de competencia municipal, en inmuebles públicos o privados, sin contar con la autorización, permiso o licencia previa, expresa y vigente expedida por la autoridad competente, y al efecto, señaló la legislación sobre la que deben ceñir su actuación los Oficiales Calificadores, para calificar las faltas a que se refiere el artículo 27 del propio Bando municipal, así como las sanciones respectivas y elementos de individualización al imponer tales sanciones. Atento al contenido de los preceptos reclamados y manifestaciones vertidas por la parte quejosa, con relación a tales preceptos, se tiene que, resulta inoperante lo reseñado vía conceptos de violación en párrafos precedentes, bajo los numerales 1), 2), 3) y 5), relativos a la fracción IV, inciso b), del artículo 27; fracción V, artículo 162; artículo 212; fracción II, del artículo 222; y, artículo 226, del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno, puesto que resultan meras afirmaciones, al mencionar respectivamente que, suponen una intromisión injustificada, arbitraria y desproporcional en la libertad de las personas; que viola la jerarquía normativa de los derechos humanos; que supone un acto de discriminación de las personas trabajadoras que no corresponde a un jornalero, ejidatario u obrero; que es injustificado, arbitrario y desproporcional en la libertad de las personas; siendo que el concepto de violación debe externar la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones, tendentes a evidenciar la violación al derecho fundamental alegado. Bajo lo antes precisado, resulta inconcuso que deviene inoperante lo aseverado por la parte quejosa en la presente instancia con relación a lo antes precisado, ya que de la lectura de tales manifestaciones, la quejosa se limita a realizar meras afirmaciones, sin aducir razonamiento alguno tendente a evidenciar la transgresión de derechos fundamentales. Es decir, que exponga razonamiento alguno, enderezado a evidenciar el por qué resulta violatorio de derechos fundamentales las disposiciones de referencia y en su caso, verter argumentos tendentes a evidenciar la eficacia de los agravios propuestos, ya sea frente al proceso de creación o contenido de las disposiciones que reclama de inconstitucional; siendo que el concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer y hacer valer frente a los actos tildados de inconstitucional, vertiendo argumentos tendentes a demostrando jurídicamente la contravención de derechos fundamentales de tales disposiciones tildadas en la presente instancia constitucional. Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, como en el caso, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que la parte quejosa realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una suplencia de la queja que en el cao no aplica al versar tratándose de inconstitucionalidad de normas. Por lo que, si la quejosa se limita a realizar meras afirmaciones, como en el caso, al referir que resultan inoperantes. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/33, con registro digital: 180929, de la Novena Época, Materias(s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Agosto de 2004, página 1406, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR." Por otra parte, resulta infundado lo señalado por la parte quejosa bajo el numeral identificado bajo el número 6), al señalar que el artículo 227 del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno, carece de legalidad y seguridad jurídica por no definir con claridad si se trata de infracciones o faltas administrativas, ya que del contenido del propio precepto, como se advierte de manera destacada de la transcripción contenida en párrafos precedentes, ya que se establece la clasificación de la forma en que pueden ser sancionadas por el Oficial Calificador, ya sea las infracciones o faltas administrativas, siendo el caso, que conforme a la fracción I, corresponde a las "Faltas contra la propiedad", así como los parámetros en que puede basar su actuación la autoridad respectiva al imponer la sanción correspondiente. De lo anterior, resulta evidente que no existe inseguridad jurídica, puesto que del propio contenido del precepto cuestionado, se establecen en lo que interesa, que las sanciones que pueden ser motivo de imposición corresponde entre otras, a las "Faltas contra la propiedad", mismo que se desprende se aplicó a la parte quejosa, y no así que se advierta transgresión a principio de legalidad y seguridad jurídica, respecto de la conducta sujeta a la imposición de la sanción correspondiente, ya que la hipótesis normativa aplicable atiende a las faltas administrativas. Por otra parte, resulta infundado lo señalado en el inciso identificado bajo el número 4), en el que precisa que el numeral 224 del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno, es discriminatorio al considerar cuestiones diversas al acto cometido, como instrucción, escolaridad, ingresos económicos. Resulta infundado ya que el legislador puede establecer válidamente una serie de circunstancias particulares del infractor, para el efecto de establecer de manera fundada y motivada la correlativa imposición de multas, así como, debe tenerse en consideración que la disposición normativa de referencia, es complemento de la mecánica que forma parte de la regulación en que debe basar su actuación la autoridad encargada de su aplicación al momento de calificar la falta administrativa e imponer la sanción correspondiente, sin que por ello, implique discriminación alguna, ya que precisamente versa en el sentido de tomar en consideración las circunstancias especiales y particulares del gobernado a quien se atribuya falta que amerite sanción alguna, como lo es, la gravedad de la infracción, edad de la persona infractora, antecedentes de reincidencia o habitualidad de la persona infractora, sus condiciones económicas, el monto de los daños y perjuicios ocasionados; y, el grado de instrucción de la persona infractora, al momento de individualizar la sanción correspondiente, pero de ello, no se advierte que afecte en la calificación de la conducta atribuida como falta administrativa, es decir, que tales particularidades se hayan previsto como elemento normativo para actualizar o no la hipótesis normativa correspondiente; de ahí que resulte infundado lo señalado por la parte quejosa. Al resultar por una parte inoperantes los conceptos de violación y en otra, infundados, se niega el amparo y protección solicitado por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados, consistentes en la discusión, aprobación y expedición de los artículos 27, fracción IV, inciso b), 162 fracción V, 212, 222 fracción II, 224, 226 y 227 del Bando Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente en dos mil veintiuno, atribuidos al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. SÉPTIMO. Finalmente, se advierte que la parte quejosa, pretende hacer valer concepto de violación por vicios propios de los actos recamados consistentes en la calificación de la falta administrativa y elaboración de la orden de pago a los aquí quejosos, por la cantidad de $1,613.16 (mil seiscientos trece pesos 16/100 m.n.), respectivamente, atribuidos al Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Al efecto refiere que existen causas que invalidan el acto administrativo, que al no reunir los requisitos de validez que establecen los artículos 1.7 y 1.8 del Código Administrativo del Estado de México y debe declararse inválido a la luz del numeral 1.11 fracciones I y III del mismo ordenamiento; sin embargo, tal consideración resulta inoperante, puesto que resultan meras afirmaciones, siendo que, como se establecido en el considerando que antecede, el concepto de violación debe externar la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones, tendentes a evidenciar la violación al derecho fundamental alegado. Siendo que el caso, lo señalado constituye una simple afirmación, siendo que corresponde a la parte quejosa, salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja (mismo que no cobra vigencia en el presente caso, atento a la materia sobre el que versa el presente asunto) exponer, razonadamente, por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman y no así que corresponda a este juzgador suplir la deficiencia, aunado que no establece la contravención del acto reclamado frente a derecho fundamental alguno. De ahí que, al no externar los motivos de inconformidad, a través de razonamiento alguno (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), de exponer el por qué o cómo (sustento) el acto reclamado transgrede derecho fundamental alguno, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento), resulte inoperante lo señalado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el Registro digital 185425, de la Novena Época, Materias(s): Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, del rubro y testo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así las cosas, ante lo inoperante de los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, actos recamados consistentes en la calificación de la falta administrativa y elaboración de la orden de pago a los aquí quejosos, por la cantidad de $1,613.16 (mil seiscientos trece pesos 16/100 m.n.), respectivamente, atribuidos al Oficial Calificador adscrito al Primer Turno del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********* y **********, por propio derecho, por los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos antes señalados. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** y ***********, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos sexto y séptimo de este fallo, por los motivos expuestos en tales considerandos. Notifíquese; por lista electrónica a los quejosos y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda este juicio de amparo y en atención a la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a los quejosos para que manifestaran si señalaban como nuevas autoridades responsables a **********(policía 1o.) y ********** (policía), ambos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Lo anterior, en virtud de que del informe justificado rendido por la Directora General de Servicios Jurídicos del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en representación del Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se desprende su posible injerencia en los actos reclamados. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del catorce de junio de este año y con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, se continua la tramitación de este sumario constitucional, únicamente con las autoridades responsables y los actos reclamados que señalaron los quejosos en su escrito inicial de demanda; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 28 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano