Óscar Eduardo Ramírez López
Expediente 607/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Óscar Eduardo Ramírez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Determinación causa estado. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se determina que el proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, ha adquirido firmeza procesal. Valoración de destino. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que refirió reclamar de la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, una violación al derecho de petición establecido en el artículo octavo constitucional derivado de la falta de respuesta a la petición que formuló por escrito el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, así como sus efectos y consecuencias. No obstante lo anterior, de acuerdo a la totalidad de constancias que obran en autos, deviene necesario precisar que el acto reclamado no se estudiará como un derecho de petición -como lo afirma el quejoso-, sino como la omisión de emitir acuerdo sobre el recurso de queja que interpuso el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 118-B de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en contra del licenciado ********************, en su carácter de Notario Público número ********************, de esta ciudad de León, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."****************************************Por su parte, de las constancias que anexó la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a su informe justificado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice:**************************************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.********************(.)"****************************************La anterior se estima de esa manera, porque de conformidad con el precepto legal antes transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo.****************************************Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente:****************************************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."****************************************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida.****************************************En efecto, en la especie, se considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que el cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Dirección General de Registro Públicos de la Propiedad y Notarías, acordó con auto de requerimiento el escrito de queja presentado por el quejoso el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 57 a 61), mismo que se le notificó el cinco de julio siguiente, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva (foja 62).****************************************De esta manera, al tenerse por acreditado que con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la potestad responsable acordó el escrito por el que el quejoso interpuso queja y que éste se le notificó, es que se considera que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si se hubiera concedido el amparo.****************************************Incluso, aun cuando se considerara que lo que la parte quejosa pretende reclamar fuera la propia notificación, el juicio de amparo de igual forma resultaría improcedente, pues resultaría una violación procesal que, en su caso, tendría que hacer valer al momento de controvertir la última determinación que se dicte en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; sin embargo, se insiste, el quejoso fue notificado del acuerdo que recayó a su escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.****************************************En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia. ****************************************No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.****************************************Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés); comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de doce de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo presentada por ********************, en la que refirió reclamar de la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, una violación al derecho de petición establecido en el artículo octavo constitucional derivado de la falta de respuesta a la petición que formuló por escrito el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, así como sus efectos y consecuencias. No obstante lo anterior, de acuerdo a la totalidad de constancias que obran en autos, deviene necesario precisar que el acto reclamado no se estudiará como un derecho de petición -como lo afirma el quejoso-, sino como la omisión de emitir acuerdo sobre el recurso de queja que interpuso el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 118-B de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en contra del licenciado ********************, en su carácter de Notario Público número ********************, de esta ciudad de León, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."****************************************Por su parte, de las constancias que anexó la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a su informe justificado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice:**************************************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.********************(.)"****************************************La anterior se estima de esa manera, porque de conformidad con el precepto legal antes transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo.****************************************Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente:****************************************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."****************************************"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida.****************************************En efecto, en la especie, se considera que se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que el cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Dirección General de Registro Públicos de la Propiedad y Notarías, acordó con auto de requerimiento el escrito de queja presentado por el quejoso el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (fojas 57 a 61), mismo que se le notificó el cinco de julio siguiente, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva (foja 62).****************************************De esta manera, al tenerse por acreditado que con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la potestad responsable acordó el escrito por el que el quejoso interpuso queja y que éste se le notificó, es que se considera que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si se hubiera concedido el amparo.****************************************Incluso, aun cuando se considerara que lo que la parte quejosa pretende reclamar fuera la propia notificación, el juicio de amparo de igual forma resultaría improcedente, pues resultaría una violación procesal que, en su caso, tendría que hacer valer al momento de controvertir la última determinación que se dicte en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; sin embargo, se insiste, el quejoso fue notificado del acuerdo que recayó a su escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós.****************************************En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia. ****************************************No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma.****************************************Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional (diez horas con dos minutos del siete de agosto de dos mil veintitrés); comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que da por concluido el presente asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado que remite la autoridad responsable el director de lo Contencioso y Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, con su contenido dese vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se tiene a la citada potestad designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que ahí nombra y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en el oficio de cuenta; así como proporcionando cuenta de correo electrónico para entablar comunicación no procesal, en caso de estimarse necesario. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la prueba documental que anexa a su informe de ley, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional.
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