Oscar Eduardo Osuna Oliveros

Expediente 1513/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1513/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Oscar Eduardo Osuna Oliveros
  • Director del Centro de Prevención y Readaptación Social con sede en Valles, San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Juzgado remite constancia de ratificación Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual remite copias certificadas del exhorto 486/2023, orden 779/2023 del proveido de seis de noviembre del presente año. De la contenido de dicha comunicación oficial, se desprende que el directo quejoso Oscar Eduardo Osuna Oliveros, al momento de ser notificado del acuerdo del acuerdo de seis de noviembre del año en curso, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 1483/2023-V, refirió que sí ratificó la demanda promovida en su favor por Juan Francisco Martínez Martínez. Se levanta reserva Ahora, del estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, este juzgado se reservó a pronunciarse sobre la admisión de la demanda hasta en tanto se tuviera certeza sobre su ratificación por parte del directo agraviado; por tanto, habida cuenta que ya aconteció, se levanta dicha reserva en los términos siguientes: Hecho notorio En relación con lo anterior, para un mejor entendimiento de la Litis planteada en la presente demanda de amparo, se invoca como hecho notorio el cuaderno incidental del juicio de amparo 1175/20231, promovido por el aquí quejoso Oscar Eduardo Osuna Oliveros, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, consistente en la prisión preventiva justificada dictada en su contra mediante audiencia de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 131/2023 de su índice, Del citado cuaderno incidental, se desprende que mediante proveído de catorce de noviembre del año en curso, el juzgador responsable informó que mediante acuerdo de veinte de octubre del año en curso, calificó de legal el traslado administrativo del quejoso Oscar Eduardo Osuna Oliveros, en términos de los artículos 24 y 52, fracciones I y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenado mediante resolución administrativa derivada del acta de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, correspondiente a la ducentésima vigésima octava sesión extraordinaria del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, al considerar que dicho interno representa un riesgo para la seguridad de Centro de Reinserción Social, así como la vida e integridad de la población penitenciaria y de los funcionarios que prestan sus servicios. [...] Desechamiento Primeramente, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. [...] Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra los actos reclamados, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Acotado lo anterior, a fin de evidenciar que en el caso en concreto no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, se reitera que el acto reclamado, en estudio, consiste en el traslado administrativo del quejoso a diverso centro penitenciario en esta entidad federativa, es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución MARTIN ALEJANDRO CHAVEZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.72.84 11/10/24 14:55:03 Penal, contempla los traslados voluntarios, los involuntarios y los urgentes y/o excepcionales. En el caso, al haber señalado el quejoso como acto reclamado una orden de traslado, y atribuirla a autoridades administrativas, además que de las constancias invocadas como hecho notorio se advierte que dicho traslado se ejecutó el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, con motivo de la sesión extraordinaria ducentésima vigésima octava del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, al considerar que dicho quejoso representa un riesgo para la seguridad de Centro de Reinserción Social, así como la vida e integridad de la población penitenciaria y de los funcionarios que prestan sus servicios; por tanto, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, el cual se encuentra regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. MARTIN ALEJANDRO CHAVEZ GARCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.72.84 11/10/24 14:55:03 En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Del artículo transcrito se desprende que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de su libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en los que la autoridad penitenciaria, deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, del precepto legal en cita, se desprende que contra la determinación administrativa en cita proceden dos medios de defensa legal a través de los cuales puede ser combatida; a saber, la controversia judicial y la apelación; cuya procedencia depende del actuar del Juez de Ejecución, ya que una vez que dicha autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de aquélla. En ese sentido, contra la determinación que emita el Juez de Ejecución a través de la cual califique la legalidad de la orden de traslado, procederá el recurso de apelación. [...] Por tanto, respecto del acto reclamado en análisis, consistente en la orden de traslado ejecutado que atribuye a autoridades administrativas; previo a la promoción del juicio de amparo, resultaba indispensable que la parte quejosa agotara el referido medio defensa consistente en la controversia judicial, y en su caso, el recurso de apelación correspondiente si resultaba perjudicial la resolución recaída en la controversia de mérito; razón por la que queda de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. [...] En síntesis, la determinación en análisis no materializa alguna hipótesis de excepción que torne procedente el juicio de amparo indirecto sin antes haber agotado el recurso de apelación; pues como ya se expuso ampliamente, el acuerdo de veinte de octubre del año en curso, dictado en la causa penal 131/2023, mediante el cual el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral con sede en la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, en términos de los artículos 24 y 52, fracciones I y III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, calificó de legal el traslado del aquí quejoso a diverso centro penitenciario; pudo haber sido modificado o revocado mediante el multicitado recurso de apelación. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XVIII, respectivamente, ambos de la Ley de Amparo; en relación con el diverso precepto legal 107, fracción III, inciso b), así como la fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; respecto de ambos actos tildados de inconstitucionales por el impetrante; con fundamento en lo dispuesto en el diverso precepto legal 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Oscar Eduardo Osuna Ontiveros; por notoriamente improcedente. Finalmente, no se soslaya que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, previo a remitir por conocimiento previo el juicio 1483/2023-V de su índice, otorgó la suspensión de plano respecto de la incomunicación que en ese momento podía estar siendo objeto el directo quejoso Oscar Eduardo Osuna Ontiveros, con motivo del traslado administrativo reclamado; no obstante, dicho acto no fue señalado como reclamado en al capítulo respectivo de la demanda, sino que se derivó de la manifestación de que en el momento del traslado administrativo sus familiares no conocían su paradero ni se había podido comunicar con él; sin embargo, mediante diligencia de siete de noviembre del año en curso, al margen de que el quejoso ratificó la demanda promovida a su favor por Juan Francisco Martínez Martínez, le manifestó al actuario que no ha sufrido actos de tortura ni física ni psicológica, que se encuentra en buen estado de salud, así como que ha estado en contacto telefónico con su papá, mamá e hijas; de ahí que aquélla probable incomunicación que ordenó suspender de plano el juzgado homólogo no puede ser considerada para la fijación de los actos reclamados. Se gira exhorto. Toda vez que el aludido quejoso, Oscar Eduardo Osuna Oliveros, se encuentra recluido en el Centro de Prevención y Readaptación Social con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, notifiquen el presente proveído a la citada parte procesal, en el domicilio a que se ha hecho referencia con antelación. Asimismo, a efecto de no retardar la impartición de justicia y lograr la notificación ordenada, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial correspondiente esté en posibilidad de notificarlo al presente asunto. Notifíquese personalmente; y mediante exhorto al directo quejoso.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido y signado electrónicamente por la parte quejosa. Recurso de revisión De conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Glósese a este expediente una copia sellada del ocurso de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes, mismas que deberán obtenerse del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, toda vez que el referido medio de impugnación fue interpuesto vía electrónica. Se forma cuaderno de antecedentes Fórmese cuaderno de revisión con copias certificadas de las constancias necesarias, con copia sellada del escrito de expresión de agravios y copia autorizada de este auto. Remisión de recurso Con fundamento en el artículo 89 de la ley de la materia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, los autos de este asunto, el original del escrito por el que se expresa agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Copia parte tercero interesada En la inteligencia de que la copia correspondiente a la parte tercero interesada, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se reciben informes suspensión de plano Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite telegrama de informe de suspensión de plano rendido por el Director del Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, San Luis Potosí; de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Suboficial Enlace Jurídico Coordinación Estatal en San Luis Potosí de la Guardia Nacional, con un anexo que se acompaña, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado y al efecto remite copia certificada de las constancias que guardan relación con los actos reclamados. Domicilio y delegados Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Vista Con lo anterior dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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