Óscar Eduardo González Lara
Expediente 624/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Óscar Eduardo González Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ****************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de las constancias que indica, previo recibo que se deje en autos de su entrega; se autoriza a las personas que menciona para que las reciba. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que se carezca con el acuse de recibo del oficio con el que se le notificó la determinación referida a la autoridad responsable, a fin de computar si le trascurrió o no el plazo para interponer el recurso de revisión, toda vez que ésta carece de legitimación para interponerlo, debido a que esa resolución no le depara perjuicio alguno en razón de que se sobreseyó respecto del acto que se le reclamó. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa mediante proveído de siete de noviembre hogaño, para que realizara manifestaciones respecto de las documentales remitidas por la agente del Ministerio Público de Litigación 1 de Tramitación Común de Celaya, sin que lo haya hecho; al respecto, se acuerda: Ahora bien, de constancias recibidas en este juzgado, así como de las que obran en autos se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que deja de seguir surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; se desprende que el quejoso reclama: La negativa de acceso a la carpeta de investigación ********************, así como poder ofrecer pruebas en la indicada carpeta; La omisión del Fiscal de resolver su solicitud de devolución del vehículo en que arguye es de su propiedad; y, El desposeimiento del vehículo automotor marca ********************, motor hecho en México, placa de circulación ******************** del estado de Querétaro. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitió la agente del Ministerio Público de Litigación 1 de Tramitación Común de Celaya, se desprende que: El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público de Litigación 1 de Tramitación Común de Celaya, emitió el oficio ******************** mediante el cual ordenó la devolución del vehículo automotor marca ********************, que el quejoso aduce es de sus propiedad, lo que se le notificó en la misma data. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó sus efectos, ya que es imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que se carece del objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable devolvió el vehículo automotor marca ******************** y lo hizo de su conocimeinto, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la devolución del vehículo que reclamaba el quejoso y su notificación, cesaron los actos que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la retención de dicho bien mueble, así como la negativa de acceso a la carpeta de investigación, pues dicha circunstancia imposibilitaba su recuperación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Sin que sea obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido por la agente del Ministerio Público de Litigación 1 de Tramitación Común de Celaya, mediante el cual informa que ordenó la devolución del vehículo automotor al quejoso ***************, y exhibe copia del escrito del que se advierte que le fue notificado. En ese sentido, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista con las constancias de referencia a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, pues dichas documentales podrían actualizar alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio.
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