Oscar Eduardo Bonilla Aviña

Expediente 1278/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1278/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Oscar Eduardo Bonilla Aviña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González secretario de juzgado CERTIFICA: El término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra el auto pronunciado el veintiuno de agosto del año que transcurre, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciocho, sin que a la fecha se haya recibido escrito alguno. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; por ende no se exhibió billete de depósito que amerita proveer su destino. Que no existen tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. El Secretario. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  2. Principal

    El tres de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 17618. Conste. Zacatecas, zacatecas, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por el que formula alegatos; lo anterior, en atención a que por resolución de veintiuno de agosto del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, expídase a la promovente copia de la anterior determinación, previa toma de razón y recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  3. Principal

    El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 16629.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, adjunta copia certificada de las diligencias de ratificación de contenido y firma a cargo de Federico Pavel Jiménez Acosta, celebradas el nueve de enero del año en curso. Ahora, de autos se advierte que el peticionario de amparo Oscar Eduardo Bonilla Aviña, señaló en su escrito inicial de demanda como acto reclamado: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de notificar al absolvente María del Rosario Alemán Gómez, prueba ofrecida por la parte actora, y a los ratificantes Maricela Márquez Salas y al Lic. Federico Pavel Jiménez Acosta, pruebas ofrecidas por la parte demandada, dentro del expediente número 170/2017." Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, señaló que era cierto el acto reclamado por el quejoso de mérito, sin embargo, hizo referencia a que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, fueron señaladas las trece horas del diez de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial con cargo a María del Rosario Alemán Gómez, así como para la celebración de la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Maricela Márquez Salas, ordenándose notificar dicha circunstancia a éstas; estando pendiente de notificar a la segunda de las nombradas. Cabe señalar, que la responsable remitió a este juzgado copia certificada de las constancias de notificación hechas a María del Rosario Alemán Gómez y Maricela Márquez Salas respecto de la fecha señalada para la celebración de la audiencia confesional y ratificación de contenido y firma a su cargo, respectivamente. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, señaló las trece horas del diez de septiembre del presente año, para que la celebración de la prueba confesional a cargo de la absolvente María del Rosario Alemán Gómez; y, las once horas con treinta minutos del diez de septiembre del año actual, para que tenga verificativo la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Maricela Márquez Salas; quienes fueron notificadas de dicha circunstancia, como se desprende de las constancias de notificación que les fueron practicadas a éstas el catorce de junio y ocho de agosto del presente año, respectivamente (fojas 16 y 33); por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. En otro sentido, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de notificar al licenciado Federico Pavel Jiménez Acosta, al desahogo de las diligencias de ratificación de contenido y firma, no se acreditó la existencia del acto reclamado. En efecto, la referida responsable informó que Federico Pavel Jiménez Acosta, compareció el nueve de enero del presente año, al desahogo de las diligencias de ratificación de contenido y firma y para acreditar tal circunstancia, remitió testimonio autorizado de la celebración de las audiencias de ratificación de contenido y firma a cargo de Federico Pavel Jiménez Acosta, de nueve de enero de dos mil dieciocho. Así pues, de lo expuesto se desprende que, para la fecha en que el quejoso Oscar Eduardo Bonilla Aviña, presentó su demanda, que lo fue el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, no existía la omisión reclamada, pues como se evidenció Federico Pavel Jiménez Acosta, compareció el nueve de enero del presente año, al desahogo de las diligencias de ratificación de contenido y firma. En ese contexto, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y al no haberse demostrado la existencia del citado acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas del tres de septiembre del presente año, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSAOSCAR EDUARDO BONILLA AVIÑA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, adjunta copia certificada de las diligencias de ratificación de contenido y firma a cargo de Federico Pavel Jiménez Acosta, celebradas el nueve de enero del año en curso. Ahora, de autos se advierte que el peticionario de amparo Oscar Eduardo Bonilla Aviña, señaló en su escrito inicial de demanda como acto reclamado: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de notificar al absolvente María del Rosario Alemán Gómez, prueba ofrecida por la parte actora, y a los ratificantes Maricela Márquez Salas y al Lic. Federico Pavel Jiménez Acosta, pruebas ofrecidas por la parte demandada, dentro del expediente número 170/2017." Por su parte, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, señaló que era cierto el acto reclamado por el quejoso de mérito, sin embargo, hizo referencia a que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, fueron señaladas las trece horas del diez de septiembre del año en curso, para el desahogo de la prueba testimonial con cargo a María del Rosario Alemán Gómez, así como para la celebración de la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Maricela Márquez Salas, ordenándose notificar dicha circunstancia a éstas; estando pendiente de notificar a la segunda de las nombradas. Cabe señalar, que la responsable remitió a este juzgado copia certificada de las constancias de notificación hechas a María del Rosario Alemán Gómez y Maricela Márquez Salas respecto de la fecha señalada para la celebración de la audiencia confesional y ratificación de contenido y firma a su cargo, respectivamente. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Consecuentemente, el suscrito juzgador advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ello es así, pues el contenido de las constancias aludidas, ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que se advierte que durante la substanciación del presente juicio constitucional y antes de la celebración de la audiencia constitucional, la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, señaló las trece horas del diez de septiembre del presente año, para que la celebración de la prueba confesional a cargo de la absolvente María del Rosario Alemán Gómez; y, las once horas con treinta minutos del diez de septiembre del año actual, para que tenga verificativo la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Maricela Márquez Salas; quienes fueron notificadas de dicha circunstancia, como se desprende de las constancias de notificación que les fueron practicadas a éstas el catorce de junio y ocho de agosto del presente año, respectivamente (fojas 16 y 33); por lo que, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos de los actos impugnados en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la ley reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. En otro sentido, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en la omisión de notificar al licenciado Federico Pavel Jiménez Acosta, al desahogo de las diligencias de ratificación de contenido y firma, no se acreditó la existencia del acto reclamado. En efecto, la referida responsable informó que Federico Pavel Jiménez Acosta, compareció el nueve de enero del presente año, al desahogo de las diligencias de ratificación de contenido y firma y para acreditar tal circunstancia, remitió testimonio autorizado de la celebración de las audiencias de ratificación de contenido y firma a cargo de Federico Pavel Jiménez Acosta, de nueve de enero de dos mil dieciocho. Así pues, de lo expuesto se desprende que, para la fecha en que el quejoso Oscar Eduardo Bonilla Aviña, presentó su demanda, que lo fue el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, no existía la omisión reclamada, pues como se evidenció Federico Pavel Jiménez Acosta, compareció el nueve de enero del presente año, al desahogo de las diligencias de ratificación de contenido y firma. En ese contexto, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y al no haberse demostrado la existencia del citado acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas del tres de septiembre del presente año, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional por los razonamientos anteriormente expuestos. Notifíquese; personalmente a las partes."

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