Oscar Eduardo Arechiga Mora

Expediente 126/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
126/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2017

Partes del expediente

  • Oscar Eduardo Arechiga Mora

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene a la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, acusando recibo del juicio de amparo 126/2017-III y anexos, del índice de este órgano jurisdiccional e informando que dicho Tribunal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida, en razón de que este juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del referido juicio de amparo. En virtud de lo anterior y por no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. III

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Aguascalientes, Aguascalientes, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Hugo Mercader Jurado, quien se ostenta como defensor particular de Oscar Eduardo Arechiga Mora, respecto de actos reclamados de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 126/2017-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incompetencia. Ahora, en principio es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En ese tenor, del estudio integral de la demanda, presentada el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con el que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución del toca penal 1339/2015-II, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el veintiuno de septiembre de dos mil quince en la causa penal 0047/2014, del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Estado. En ese tenor, es menester destacar el contenido del artículo 170 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En tales condiciones, si el acto reclamado es la resolución del recurso de apelación dictada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca penal 1339/2015-II, interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Juez Tercero Penal del Estado en el expediente 0047/2014 de su índice y en la cual se modificó dicha resolución solo en lo relativo al objeto material del ilícito y a la individualización de la pena, dejando la pena privativa de la libertad consistente en veinte años de prisión tal y como lo decretó el Juez en comento, es inconcuso que tal resolución es de aquellas que deciden el juicio en lo principal; de ahí que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto; en consecuencia, se ordena remitir de inmediato el mismo al Tribunal Colegiado en Turno del Trigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I. 11º C. 13 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veintiuno de febrero de dos mil catorce, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento". Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la calle Fray Servando de Segovia, número trescientos uno, fraccionamiento Jardines de Aguascalientes, de esta ciudad. V. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, ante Arturo Montes de Oca Gálvez, secretario que autoriza y da fe.

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