Óscar Edmundo Aguayo Arredondo

Expediente 291/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Óscar Edmundo Aguayo Arredondo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió en plazo a efecto de que la autoridad Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, diera cumplimiento con el requerimiento de veintiuno de febrero del año en curso, no obstante haberse otorgado una prórroga el dieciséis de marzo del año que transcurre, misma que fue debidamente notificada, como se advierte de la constancia respectiva. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias con las cuales acredite haber concluido el trámite del acuerdo de titulación y título de propiedad 1022631, del predio "El Sinaí fracción I". En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibida la autoridad requerida que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, en el siguiente requerimiento, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acato a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida una multa por ciento cincuenta días de la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirá copia certificada de los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se declara QUE EL AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en comento, por lo que deberá conservarse únicamente las resoluciones que concedieron la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. En ese sentido, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 21 del acuerdo de referencia. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, tomando en consideración que es la jornada de labores presenciales que le corresponde a este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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