Óscar Edmundo Aguayo Arredondo

Expediente 499/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
499/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Óscar Edmundo Aguayo Arredondo

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual transcribe el proveído de tres de octubre del actual, del que se aprecia que se admitió a trámite el conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato; correspondiéndole el número de conflicto competencial 14/2019.

  3. Principal

    Notifíquese vía sistema electrónico

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Honorable Congreso de la Unión; 2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 3. Secretario de Gobernación; 4. Titular del Diario Oficial de la Federación; 5. Juez Penal de Oralidad Base Guanajuato, con sede en Guanajuato, Guanajuato; y, 6. Violeta Mendoza Rosales, Agente del Ministerio Público de la Fiscaliza Especializada en Combate a la Corrupción, en Guanajuato, Guanajuato. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 499/2019-II. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Al interpretar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que uno de los actos reclamados es el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS " [.] a) Código Nacional de Procedimientos Penales. Los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el día 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, con motivo del primer acto de aplicación que me perjudica. b) DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el17 de junio de 2016, en particular se reclama la modificación al artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, también con motivo del primer acto de aplicación que me perjudica. c) Omisiones en la investigación del delito en la Carpeta del 83736/2017 que derivó en la causa penal 1P1418-344 que indudablemente me perjudican. d) Negativa a otorgarme copia gratuita del tomo IV de la Carpeta de Investigación 83736/2017 que derivó en la causa penal 1P1418-344. e) Apercibimiento de una multa de 100 unidades de medida y actualización diaria que me fue hecho dentro de Audiencia en la Causa Penal 1P1418-344. f) Ejecución de los actos reclamados. Los actos a) y b) se reclaman en cuanto a su expedición al H. Congreso de la Unión, en cuanto a su promulgación y refrendo al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Gobernación respectivamente y en cuanto a su publicación al Titular del Diario Oficial de la Federación. Respecto de la aplicación y ejecución de esos mismos actos se reclaman del Juez Penal señalado en este proemio, así como al Ministerio Público señalado en este escrito. Respecto de los actos c) y d) se le reclama al Agente del Ministerio Publico señalado en este escrito. Por último, respecto del acto e) y f) se le reclama al Juez Penal señalado en el presente proemio. [.]" Estos hechos concatenados con los antecedentes narrados en la demanda, permiten determinar que este Juzgado no es competente para conocer del presente asunto. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En el caso en análisis, si bien el quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la modificación al artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, también los es que los reclama como consecuencia de los actos de aplicación reclamados, como lo son la integración de la carpeta de investigación 83736/2017 por Violeta Mendoza Rosales, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Guanajuato, Guanajuato, la negativa de otorgarle copias de la misma y el apercibimiento de una multa de cien Unidades de Medida y Actualización diaria que le fue realizado en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 1P1418-344, atribuida al Juez Penal de Oralidad Base Guanajuato, con sede en Guanajuato, el cual en su caso se le haría efectivo en la audiencia inicial fijada para el seis de septiembre del año en curso. Dichos actos, se tratan de actuaciones que tienen efectos materiales; por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Luego, si los actos de aplicación consistentes en la integración de la carpeta de investigación 83736/2017, la negativa de otorgarle copias de la misma y el apercibimiento de una multa de cien Unidades de Medida y Actualización diaria que le fue realizado en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 1P1418-344, son actos que al ejecutarse se materializarán en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Por tanto, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dichos actos tendrían ejecución en la localidad de Guanajuato, Guanajuato, por ende, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el acto de ejecución. Entonces, si en el asunto que nos ocupa los actos reclamados es la integración de la carpeta de investigación 83736/2017 por Violeta Mendoza Rosales, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Guanajuato, Guanajuato, la negativa de otorgarle copias de la misma y el apercibimiento de multa de cien Unidades de Medida y Actualización diaria que le fue realizado en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en la causa penal 1P1418-344, atribuida al Juez Penal de Oralidad Base Guanajuato, con sede en Guanajuato, resulta inconcuso que éste órgano de control constitucional es incompetente para abordar el estudio de su constitucionalidad. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en Turno, en Guanajuato, Guanajuato; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFICACIÓN VIA SISTEMA ELECTRONICO De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario: "oscar.aguayo", para que tenga acceso al expediente electrónico del presente juicio. También, al existir solicitud expresa por parte del promovente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de la materia, así como en los diversos 79 y 96, ambos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que Regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal Penal, se autoriza la realización de las notificaciones vía electrónica a través del portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, sin perjuicio de que éstas continúen realizándose ya sea de manera personal o por lista, según sea el caso y de conformidad con lo establecido en la ley de la materia. Se informa a la parte quejosa que en caso de tener alguna dificultad con el acceso a dicho expediente, podrá comparecer ante este órgano jurisdiccional para recibir el apoyo necesario por parte del personal de este Juzgado de Distrito. Por otra parte, infórmese a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese vía sistema electrónico.

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