Oscar Ediel Eleria Mancilla
Expediente 1521/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/03/2018
Partes del expediente
- Oscar Ediel Eleria Mancilla
- MaVel Hernández Velasco
- Oscar Ediel Eleria Mancilla y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada Mavel Hernández Velazco, mediante el cual solicita copia certificada del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó en el presente asunto fuera de audiencia. De conformidad en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa las copias que refiere en su escrito de cuenta, previa razón de recibo que se deje en autos, para su debida constancia, teniéndose como autorizados para recibirlas a las personas que señala, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas en día hábil. Finalmente, como esta ordenado en autos devuélvase al archivo el presente asunto. Notifíquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 69 a 71), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios remitidos por las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado, por conducto del Director Jurídico Normativo y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales en alcance a sus informes justificados remiten copia certificada de los recibos de pago con folios 1096181, 1098983, 1135493 y 1138278, así como del oficio DRH/0142/2018. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remiten las autoridades responsables. Ahora, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañaron las responsables 1. Fiscalía General del Estado, por conducto del Director Jurídico Normativo y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, a sus oficios de cuenta, así como del oficio DRH/2818/2017, mediante el cual la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, que la reducción de pensión alimenticia del treinta al quince por ciento se aplicaría al aquí quejoso, a partir de la primera quincena de enero de dos mil dieciocho, debido a que el cálculo de las nóminas correspondientes a diciembre del año pasado y aguinaldo, se procesaron con anterioridad a la presentación de dicho oficio y que se le cubriría la retroactividad por lo que hace al periodo del seis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y aguinaldo; por lo que, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro que se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, de dar cumplimiento al oficio JPFT/4644-B/2017, de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, relativo al incidente de reducción de pensión alimenticia, dictado en los autos del expediente 1126/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a efecto de que se modifique de manera provisional la pensión alimenticia que se descuenta al aquí quejoso ***, reduciendo su porcentaje del treinta al quince por ciento de todos y cada uno de los sueldos, salarios y demás prestaciones extraordinarias que percibe, por concepto de pensión alimenticia que otorga a favor de ***. Ahora, se observa que las autoridades 1. Fiscalía General del Estado y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, adjuntaron a sus oficios de cuenta copia certificada de los recibos de pago con folios 1096181, 1098983, 1135493 y 1138278, de los que se advierte que dieron cumplimiento al oficio TPFT/4644-13/2017, de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio 1126/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que realizaron la reducción del porcentaje respecto a la pensión alimenticia que se descuenta al aquí quejoso ***, del treinta al quince por ciento de todos y cada uno de los sueldos, salarios y demás prestaciones extraordinarias que percibe, por concepto de pensión alimenticia que otorga a favor de ***, subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo dieron cumplimiento al multicitado oficio en el que se ordenó la reducción provisional del porcentaje respecto a la pensión alimenticia que se descuenta al aquí quejoso ***, del treinta al quince por ciento de todos y cada uno de los sueldos, salarios y demás prestaciones extraordinarias que percibe, a favor de ***, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por las autoridades responsables extingue la omisión original en que se encontraban y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales a que haya lugar, los oficios remitidos por las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado, por conducto del Director Jurídico Normativo y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales en alcance a sus informes justificados remiten copia certificada de los recibos de pago con folios 1096181, 1098983, 1135493 y 1138278, así como del oficio DRH/0142/2018. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remiten las autoridades responsables. Ahora, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañaron las responsables 1. Fiscalía General del Estado, por conducto del Director Jurídico Normativo y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, a sus oficios de cuenta, así como del oficio DRH/2818/2017, mediante el cual la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, que la reducción de pensión alimenticia del treinta al quince por ciento se aplicaría al aquí quejoso, a partir de la primera quincena de enero de dos mil dieciocho, debido a que el cálculo de las nóminas correspondientes a diciembre del año pasado y aguinaldo, se procesaron con anterioridad a la presentación de dicho oficio y que se le cubriría la retroactividad por lo que hace al periodo del seis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y aguinaldo; por lo que, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro que se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables 1. Fiscalía General del Estado y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, de dar cumplimiento al oficio JPFT/4644-B/2017, de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, relativo al incidente de reducción de pensión alimenticia, dictado en los autos del expediente 1126/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a efecto de que se modifique de manera provisional la pensión alimenticia que se descuenta al aquí quejoso ***, reduciendo su porcentaje del treinta al quince por ciento de todos y cada uno de los sueldos, salarios y demás prestaciones extraordinarias que percibe, por concepto de pensión alimenticia que otorga a favor de ***. Ahora, se observa que las autoridades 1. Fiscalía General del Estado y 2. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Estado, ambos con sede en esta ciudad, adjuntaron a sus oficios de cuenta copia certificada de los recibos de pago con folios 1096181, 1098983, 1135493 y 1138278, de los que se advierte que dieron cumplimiento al oficio TPFT/4644-13/2017, de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio 1126/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que realizaron la reducción del porcentaje respecto a la pensión alimenticia que se descuenta al aquí quejoso ***, del treinta al quince por ciento de todos y cada uno de los sueldos, salarios y demás prestaciones extraordinarias que percibe, por concepto de pensión alimenticia que otorga a favor de ***, subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo dieron cumplimiento al multicitado oficio en el que se ordenó la reducción provisional del porcentaje respecto a la pensión alimenticia que se descuenta al aquí quejoso ***, del treinta al quince por ciento de todos y cada uno de los sueldos, salarios y demás prestaciones extraordinarias que percibe, a favor de ***, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por las autoridades responsables extingue la omisión original en que se encontraban y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese."
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