Óscar Edgardo González Núñez

Expediente 945/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
945/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Óscar Edgardo González Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto de doce de septiembre pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que aparentemente promueve Alberto Alvarado Morfin, quien se ostenta como defensor privado del quejoso Oscar Edgardo González Núñez, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 945/2023-V. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 constitucional, en su fracción I, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Principio que reproduce el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al establecer que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En el análisis íntegro de la demanda se observa que fue promovida electrónicamente; sin embargo, no obra la firma electrónica del promovente Alberto Alvarado Morfin -evidencia criptográfica-; por tanto, la demanda es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad del quejoso. Si la demanda es presentada en forma física y directa ante la oficina de correspondencia de los juzgados de distrito, para que tenga validez debe ser firmada en forma autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pero si es presentada por vía electrónica, como es el caso, debe portar la firma electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior es así, pues, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, dado que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Así, la firma (autógrafa o electrónica) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad del promovente de instar; razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia. De ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del ocursante, es necesario tener certidumbre de su intención de promover. Es cierto que en la boleta de turno respectiva, la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, asentó que la demanda sí contiene firma; no obstante, se reitera, para que tenga validez la presentada por vía electrónica debe portar la evidencia criptográfica respectiva, lo que en el caso no sucede, por lo que se trata de un documento simple, sin elementos que corroboren la voluntad del promovente en suscribirlo electrónicamente. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Máxime que al haberse optado por presentar el escrito vía electrónica se debieron observar las reglas previstas en el artículo 3 de la Ley de Amparo, artículo 5 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al Expediente Electrónico y artículos 45, 46 y 47 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. De ahí que el quejoso debió observar lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de la materia. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, ante tal motivo notorio e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, registro 2019715, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 71, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, en materia Común, cuyo rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". No se soslaya que en la demanda de amparo obra la impresión de una firma autógrafa; sin embargo, al haberse optado por presentar el escrito vía electrónica se debieron observar las reglas previstas en el artículo 3 de la Ley de Amparo y artículo 45 del Acuerdo General Conjunto número 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Tampoco pasa inadvertido para este juzgado que los artículos 3, último párrafo y 109 de la Ley de Amparo establecen que la demanda que se promueva en términos del numeral 15 del mismo ordenamiento no requerirá de firma electrónicas; sin embargo, en el presente caso no se reclama alguno de los actos mencionados por el referido artículo. De ahí que el promovente debió observar lo dispuesto por el artículo 3 de la ley de la materia. Domicilio procesal Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "AALVARADOM", para que pueda consultar el expediente de manera electrónica y recibir notificaciones por la misma vía. Autorizados Téngase a Jaime Ricardo Kirchner Plascencia, Alfredo Cuevas Orozco, Linda Martín Hernández Díaz y Carlos Omar Vargas Martínez como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las demás personas señaladas por carecer de dicho registro.

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