Oscar Eder Cruz Martínez

Expediente 605/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
605/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2015

Partes del expediente

  • Oscar Eder Cruz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto quince de mayo de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio (fojas 28 a 30 ), sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA VI B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que surta sus efectos legales correspondientes. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad en comento, la copia certificada de la resolución de treinta de abril del año en curso, dictada en la causa penal 119/2010 de su registro; probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se conoce que el quejoso Óscar Eder Cruz Martínez, esencialmente reclamó de la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la omisión de resolver el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar en la causa penal 119/2010 de su índice. Por su parte, la autoridad judicial en el informe de cuenta, negó la existencia del acto que se le reclama, agregando al efecto que el treinta de abril del año en curso, dictó resolución en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar; sin embargo, de su propia manifestación así como de la constancia remitida para justificar su dicho, se advierte que la resolución en cuestión, fue dictada con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de abril de dos mil quince -foja 2-); por tanto, es evidente que a la fecha en que se instó el juicio constitucional, sí existía la omisión de que se duele la parte quejosa. De las copias certificadas que remite la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con su informe de cuenta, mismas que revisten el carácter de documentos públicos con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se conoce que el treinta de abril de dos mil quince, en la causa penal 119/2010 que se instruye contra el aquí quejoso Óscar Eder Cruz Martínez, la citada autoridad, resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar, -cuya falta de emisión constituye aquí el acto reclamado-; así también, que dicha resolución fue debidamente notificado al procesado, aquí quejoso, el treinta de abril citado (fojas 16 a 26). Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable emitió resolución en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos para procesar, dentro de la causa penal 119/2010 de su índice, mismo que se notificó personalmente al aquí quejoso, acto del cual se dolía la parte impetrante en este asunto; por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Con motivo de lo anterior, deviene innecesario emplazar a la parte tercero interesada, ya que la resolución no le irroga perjuicio alguno. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 7 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MES V B Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/OAX/3505/2015, signado por el Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, por el que, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informa que instruyó al Suboficial de la Policía Federal Ministerial que tiene asignada la orden de aprehensión librada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, relacionado con la causa penal 56/2014, para que suspenda toda actividad que lleve a cabo el cumplimiento de dicho mandamiento, hasta que la autoridad competente determine lo procedente; y al efecto remite copia con firmas autógrafas de dicha comunicación. Al efecto, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta que la diversa autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, informe el acatamiento de dicho fallo.

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