Oscar Dorantes Flores
Expediente 116/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Oscar Dorantes Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil quince. Visto el oficio suscrito por la Secretaria de la Sección de Amparos Mixta de la Segunda Sala del Tribunal superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual remite copia del oficio DOF12317/2015, enviado al Juez de Primera Instancia de Control y Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el estado de Morelos, relativo a los resultados de las sesiones de Atención Psicológica que llevaron a cabo Evelin García Andraca y la menor de nombre reservado; el que se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda en virtud de que en auto de diez de marzo de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Notaria Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial en el Estado, por medio del cual solicita una prórroga a fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado por auto de diecinueve de febrero actual; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos jurídicos conducentes. En atención a su contenido, indíquese a la Notaria promovente, que se le concede un término de tres días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado del presente auto, a efecto de que remita a éste juzgado copia certificada, completa del recibo de pago de derechos de inscripción, relativos a la compraventa relativo a la escritura pública 63,412 (sesenta y tres mil cuatrocientos doce) de su protocolo; con el apercibimiento que de no hacerlo así, con base en el artículo 260, fracción II en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del Titular, autorizada en sesión celebrada el diecisiete de febrero de dos mil quince, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/405/2015, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la delegada TESORERO MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS, por medio del cual informa que ha requerido al área de tesorería para que elabore el cheque a nombre de la parte quejosa, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este juzgado fecha exacta, día y hora, para la entrega del cheque a la parte quejosa, sin que dicha fecha exceda de treinta días naturales a partir de la notificación de este acuerdo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de diecisiete de febrero del dos mil quince, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo de los que se advierte que la Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no ha enviado las constancias con las que acredite que el cumplimiento a la sentencia de amparo y en su caso al requerimiento realizado por su superior jerárquico. Asimismo, se aprecia ha solicitado más de seis prórrogas y este juzgado ha otorgado las mismas, para que envíe copia certificada del cheque correspondiente a nombre de la quejosa, lo anterior para que este juzgado tenga la certeza de que dicha autoridad está en vías de cumplimiento, sin que a la fecha haya enviado la citada copia certificada. Aunado a lo anterior, se aprecia que fuera de acreditar que está en vías de cumplimiento, sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, como lo es, cuando solicitó un convenio con la parte quejosa al cual no dio cumplimiento. Asimismo, se advierte que se requirió a su superior jerárquico le solicitara el cumplimiento, sin que se aprecie a la fecha que haya acatado lo indicado por dicho superior. Por lo anterior, este juzgador procede en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán en este acuerdo, en el caso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituye en cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, debe decirse que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 85/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168959 32 de 66 PLENO Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Pág. 589 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 589. COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sentado lo anterior, tenemos que la ejecutoria de amparo es una cosa juzgada cuya ejecución es ineludible por mandato constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé en su artículo 77, que los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber: I.- Notificará a las partes la ejecutoria de la sentencia. II.- Otorgará a la autoridad responsable un plazo de tres días para que cumpla con la ejecutoria, sin perjuicio de que ese plazo se amplíe tomando en cuenta la complejidad o dificultad, pero debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. III.- Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo determinado, hará el pronunciamiento respecto e impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. IV.- Con independencia de la multa, requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con aquélla, bajo el apercibimiento al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de hacerle saber que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. V.- Con independencia de lo anterior, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 144. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo también prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar del juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el suscrito provee: En el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificada del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no ha demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acredita estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, este juzgador impone a Liliana García Ortega en su carácter de Tesorera del Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, una multa a cada uno de los mencionados por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $6,729.00 (seis mil setecientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $67.29, (sesenta y siete pesos 29/100, moneda nacional). Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede, quienes pueden ser localizados en el domicilio ubicado en el Plaza 10 de abril sin número, Colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos. Ahora, por disposición expresa del artículo 193 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes Agréguese copia al cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse el expediente original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la Tesorera del Ayuntamiento del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas computados legalmente, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, o bien, no acreditar las circunstancias que justifiquen su retraso, con fundamento en los artículos 193, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa que puede ir de los ciento uno a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto atendiendo a que ya se le impuso una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en esa zona geográfica. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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