Oscar Dionisio León Pérez

Expediente 1113/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1113/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2016

Partes del expediente

  • Oscar Dionisio León Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  2. Principal

    León, Guanajuato, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se acuerda: QUEJOSO CUMPLE REQUERIMIENTO. Se tiene a Oscar Dionisio León Pérez, cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de veintidós de julio anterior, pues al efecto, manifestó que los antecedentes expuestos en su demanda, los hacía, bajo protesta de decir verdad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el presente caso, quien esto resuelve estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; [.] Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Conforme al artículo 61, fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la Ley de la materia; por su parte, el artículo 1º, fracción I, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como presupuesto para el ejercicio de la acción constitucional, se requiere que las vulneraciones a derechos fundamentales tengan origen o sean producto de actos de autoridad, entendiendo por estos aquellos que son dictados, ejecutados, o tratan de ejecutar la voluntad del Estado, a través de cualquier órgano o ente. Serán actos (u omisiones) de autoridad aquellos que trasciendan o impacten al gobernado (a su esfera jurídica o situacional). Es decir, son actos de autoridad los que crean, modifican o extinguen cualquier situación de una persona, en plano de subordinación, y esto último se verifica cuando la voluntad del Estado, tiene impositivas o coercitivas (unilateralidad y obligatoriedad). En este caso, el quejoso reclama la omisión de las responsables de hacerle entrega de sus libros jurídicos y una Biblia. El acto descrito no constituye acto de autoridad, porque básicamente no tiene relación con la voluntad imperativa del Estado, sino con servicios que indirectamente presta, y por ello, no tienen carácter imperativo, como enseguida se verá. En principio, la omisión de entregarle los libros de su propiedad, es una situación que deriva de la forma de prestación del servicio penitenciario en México, y no es objeto del juicio de amparo sino de revisión por parte de las autoridades de los sectores administrativos correspondientes, quienes tienen el deber de vigilar y controlar este tipo de servicios. Es importante destacar que los servicios que reclama como inadecuados son prestados en la penitenciaría, pero el gobernado se duele de la eficiencia de éstos, cuestión que no es objeto del juicio de amparo, además, de que no constituyen un acto de autoridad en estricto sentido, aunado a que tales cuestiones son de orden administrativo, que deben ser atendidos por los órganos ordinarios de la administración pública. Los actos de autoridad que son materia de análisis en el juicio de amparo, son aquellos que involucran la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. El peticionario del amparo argumenta que el acto citado vulnera sus derechos fundamentales ya que se encuentra reconocidos por la Constitución Federal. Ahora bien, contrario a lo estimado por la parte quejosa, la afectación que en su caso pudiere llegar a resentir, tiene su génesis en la inconformidad con la manera en que se proporcionan los servicios penitenciarios, así como las medidas reglamentarias en el centro de reclusión, que constituyen actos administrativos, relacionados con la forma en que se lleva a cabo la prestación de tales servicios en reclusión; sin embargo, el juicio de amparo no es procedente para resolver las controversias de naturaleza administrativa ordinaria, como las que refiere el impetrante en su demanda, puesto que el mismo solo redunda en inconformidades por la manera como desempeñan sus funciones administrativas las autoridades responsables, lo cual en todo caso es competencia del Comisionado Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, encargado de la supervisión y vigilancia a los centros federales, por lo que se concluye que el impetrante debe elevar su reclamo ante órganos de control y vigilancia de la administración pública, o en su caso, ante el superior jerárquico del Director del Centro Federal de Readaptación Social, que en la especie, es el citado Comisionado, el cual está encargado de supervisar su actuación administrativa. De conformidad con los artículos 2, 8, fracción VIII y 17 inciso a), fracción II, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, le corresponde al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, la supervisión y vigilancia a los centros federales, en tanto que al Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, le corresponde vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos, por lo que las citadas autoridades penitenciarias son las que deberán resolver las inconformidades con la forma como se brinda dicho servicio. En el presente asunto, los actos que el amparista reclama de las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS-Guanajuato, no tienen relación con algún derecho fundamental ni con el objeto de reinserción de su persona. De ahí que los actos u omisiones que directamente se vinculan por un servicio penitenciario de naturaleza administrativa, no son en estricto sentido actos de autoridad, porque al ser prestacionales y reclamarse únicamente su calidad, deben ser analizados por los entes administrativos estatales de control y vigilancia, y no en forma primara por un juicio de carácter extraordinario como es el juicio de amparo. En estas condiciones, por actualizarse de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia en trato y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de cuenta, promovida contra actos del Director General y del Director Jurídico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato. DOMICILIO DEL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 C.P.S., en Ocampo, Guanajuato. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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