Oscar Díaz Jiménez

Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
258/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2019

Partes del expediente

  • Oscar Díaz Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó de plano la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por el quejoso y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, mediante la cual se advierte que no fue posible realizar la notificación al quejoso del proveído de dos del mes en curso, por los motivos que se exponen. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó el dos de los actuales, esto es, por causas atribuibles a la parte quejosa, se ordena la notificación del referido acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al quejoso el proveído de dos del mes en curso, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a dos de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Oscar Diaz Jimenez, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 258/2019. En principio, se destaca que el acto reclamado consiste en la negativa de acordar procedente el traslado del quejoso del "Penal de la Ciudad de Big Spring, Texas, en los Estados Unidos de Norte América, donde guarda reclusión actualmente" al "Centro de Readaptación Social 'Lic. David Franco Rodríguez', comúnmente conocido como Mil Cubres, con sede en el Municipio de Charo, Michoacán, México", que se atribuye al referido comisionado. Establecido lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgado considera que debe desecharse de plano la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. .". Para sustentar lo anterior, se considera necesario apuntar que los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación conjunta de dichos preceptos se obtiene que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos que prevé la ley y, además, que el plazo general para la promoción del juicio es de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos conforme a la ley que rija al acto, la notificación respectiva, al en que se haya tenido conocimiento del mismo, o al en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto, término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en dicho numeral. Es orientador el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, cuyo rubro establece: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL". Ahora, de la demanda se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que fue notificado del acto reclamado mediante oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/CGPRS/DGES/26716/2018, el nueve de agosto de dos mil dieciocho. Así, la demanda de amparo que dio origen a este controvertido fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, el uno de abril del año en curso, por lo que se hace patente que es extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la Ley de Amparo, pues se evidencia que si el quejoso fue notificado del acto que ahora impugna el nueve de agosto de dos mil dieciocho, el plazo de quince días transcurrió en exceso, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y por ello, no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto impugnado; máxime que la naturaleza del mismo impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el numeral 17, de la ley de la materia. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113, en vinculación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. No obsta para resolver como se hace, el contenido de la jurisprudencia citada por el quejoso de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO", pues esta hace referencia a que la demanda promovida contra la orden de traslado, se ubica dentro del supuesto de excepción que refiere el artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, por lo que puede presentarse en cualquier tiempo, sin embargo, en el presente juicio se reclama la negativa de acordar procedente el traslado del quejoso, de ahí que no resulte aplicable dicho criterio a este asunto. Se tiene como domicilio y autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, hasta en tanto se acredite que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada...".

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