Óscar Díaz Bello y Otros.
Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Óscar Díaz Bello y Otros.
- Óscar Díaz Bello
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ********************; asimismo, informa que ese juzgado aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo al rubro citado, registrándolo bajo el número ********************. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 19, fracción I inciso b), del citado acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el cuadernillo en que se actúa será DESTRUIBLE. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de junio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 655/2023 de su índice, promovido por **************************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, acepta la competencia planteada. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Registro de Expedientes (SISE). Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 842/2023-A que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Incompetencia. No obstante haber aceptado la competencia por cuestión administrativa de conocimiento previo, tales prevenciones no pueden hacerse extensiva a un ámbito de aplicación competencial diversos a ese, como la materia, grado o territorio, y en el caso este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no tendrá ejecución dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 46/2011 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Página 585 (registro digital: 162632), que dispone: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio." Resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; . Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, pues la multa impuesta tendrá ejecución en Iguala, Guerrero fuera la jurisdicción de este Juzgado. El artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando utiliza las palabras "ejecución material", está definiendo el denominador común para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. Tal expresión debe entenderse en el sentido de que, con la emisión del acto reclamado, se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo factico o real. Entonces, lo esencial es determinar si el acto o resolución reclamada requiere de ejecución material, esto es, que deba ejecutarse; y, lo que hace la diferencia es el lugar donde deba ejecutarse, se ha tratado de ejecutar, se esté ejecutando o si el acto ya se ejecutó; por lo que también ha de atenderse a si esas acciones materiales ocurren en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Es orientadora en ese sentido, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), registro 2009409, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado". (Época: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 916). En ese contexto, se tiene como regla general, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la naturaleza del acto y si debe tener ejecución, para distinguir cuál Juez de Distrito debe conocer de un amparo; esto es, el factor o punto de conexión que vincula a conocer del juicio es el lugar de la ejecución material del acto, y no el lugar donde se emitió el acto y los trámites previos, sino el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Al atender a ese factor de competencia el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que, promover el procedimiento constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, y al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 985/2012 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, promovido por Yolando Eugenio Moreno Zárate, en contra del Ayuntamiento Municipal de Iguala, Guerrero, en la parte donde le impuso, en su carácter de persona física y por fungir actualmente como presidente municipal de dicho ayuntamiento, una multa por la cantidad de $33,677.00 (treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); así como su ejecución. En ese contexto, queda demostrado que el acto reclamado tiene efectos positivos y ejecución material consistente en la imposición de la multa y el consecuente cobro que se hará de la misma con el requerimiento de pago y embargo que se tendrá que realizar en la ciudad de Iguala, Guerrero; esto es, sus efectos trascienden al mundo fáctico, porque la autoridad habrá de ejecutar el cobro de la multa impuesta en un lugar determinado (en donde el quejoso funge como representante del Ayuntamiento demandado en el juicio de origen en el cual se impuso la multa) que es el factor para generar la competencia. Lo anterior en razón de que el acuerdo reclamado habrá de materializarse en una diligencia en la ciudad de Iguala, Guerrero, perteneciente a la jurisdicción de los juzgados de Distrito en Iguala; por lo que es esta última diligencia la que evidentemente materializará la ejecución del acto de imposición de la multa, y demuestra que el acto en su ejecución material habrá de ejecutarse en esa jurisdicción. Consecuentemente, en el caso opera la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que existe un lugar en el que el acto tendrá ejecución; aunque haya sido en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde se dictó el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, porque lo relevante es que la materialización de la ejecución del acto reclamado será en la ciudad de Iguala, Guerrero. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que es juez competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, el que reside en la ciudad de Iguala, Guerrero. Las anteriores consideraciones fueron analizadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en el conflicto competencial 14/2022, que partió de la misma premisa consistente en que la conexión que vincula a conocer del juicio es el lugar de la ejecución material del acto, y no el lugar donde se emitió el acto y los trámites previos. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en turno, con sede en Iguala, a fin de que decida dentro del lapso de cuarenta y ocho horas si acepta o no la competencia planteada, para así estar en aptitud de proveer lo relativo, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. En este sentido, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, previa cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el juicio de amparo en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para que por su conducto, la envíe al Juzgado que por cuestión de turno, corresponda su conocimiento. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Rendón Ramos, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Arturo Gutiérrez Zamora y Aurelio Jovanny Abad Román, por no contar con cédula registrada en el consabido sistema. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia. De conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Habilitación. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese y cúmplase.
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