Oscar Diaz Bello
Expediente 112/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Oscar Diaz Bello
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso b), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades.********************Registro********************Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número ********************, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).********************Estudio de la demanda********************En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.********************En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."********************Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.********************Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece:********************"DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."********************A fin de explicar mejor el sentido de esta determinación se precisa que los actos reclamados y autoridades responsables en el presente juicio de amparo (********************), son:********************De la 1] Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Chilpancingo; 2] Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; 3] Notificador-Ejecutor del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; y 4] secretario actuario adscrito a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo:********************a] La falta de notificación personal del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia ********************, derivado del expediente ********************, en el que se apercibió con imposición de multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), para el caso de que no se realizara el pago de $217,731.19 (doscientos diecisiete mil setecientos treinta y un peso 19/100 moneda nacional).********************b] La falta de notificación personal del auto de siete de julio de dos mil veintidós, que hizo efectivo el apercibimiento antes referido, e impuso multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional).********************c] El mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio ********************, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; y********************d] La diligencia de requerimiento de pago y la diligencia de embargo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, llevada a cabo por el notificador-ejecutor del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. ********************Por otra parte, del juicio de amparo******************** invocado como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que fue promovido por ********************, en su carácter de ******************** y otros; en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:********************De la 1] Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, 2] secretario general de acuerdos adscrito a dicho órgano; 3] magistrada y 4] secretario actuario, de la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa, en esta ciudad:********************a] La falta de notificación de manera individual a cada uno de los quejosos del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós que contenía apercibimiento de multa. ********************b] Proveído de siete de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia ********************, derivado del expediente ********************, que hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización; y********************c] La falta de notificación de manera individual a cada uno de los peticionarios de amparo del acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós que impuso multa. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el viernes 8 de junio de dos mil dieciocho, cuyo tenor literal es el siguiente:********************"HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."****************************************Desechamiento de la demanda por lo que hace a los actos reclamados atinentes a: a] la falta de notificación personal del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia ********************, derivado del expediente ********************, en el que se apercibió con imposición de multa; y b] la falta de notificación personal del auto de siete de julio de dos mil veintidós, que hizo efectivo el apercibimiento antes referido********************Este órgano jurisdiccional considera que en relación con los actos reclamados consistentes en: a] la falta de notificación personal del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia ********************, derivado del expediente ********************, en el que se apercibió con imposición de multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), para el caso de que no se realizara el pago de $217,731.19 (doscientos diecisiete mil setecientos treinta y un peso 19/100 moneda nacional); y b] la falta de notificación personal del auto de siete de julio de dos mil veintidós, que hizo efectivo el apercibimiento antes referido, e impuso multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la promoción de la demanda de amparo de que se trata resulta extemporánea, en atención a las consideraciones siguientes:********************Los artículos mencionados disponen:********************"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. [.]"****************************************"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."****************************************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]"********************Para explicar mejor esta determinación, debe precisarse que este órgano de control constitucional no desconoce que ********************, por derecho propio, reclama la falta de notificación personal de los proveídos de veinticuatro de marzo y siete de julio, de dos mil veintidós, pronunciados en el expediente ********************; lo anterior, no obstante haber reconocido que tales proveídos le fueron notificados en su calidad de ente municipal (********************).********************Así, alega que dichas circunstancias lo dejaron en completo estado de indefensión porque no tuvo conocimiento de la obligación que se le impuso en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo para cubrir el pago requerido, so pena de hacerse merecedor a la imposición de una multa, que a la postre, se hizo efectiva.********************Lo anterior, a criterio de este órgano de control constitucional es suficiente para estimar que, contrario a lo expuesto por ********************, por derecho propio, su doble connotación no puede desprenderse una de la otra; es decir, debido a las constancias que obran en el juicio de amparo invocado como hecho notorio (********************), este juzgado de Distrito tiene la plena certeza de que el peticionario de la tutela constitucional, con motivo de lo manifestado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento completo de las actuaciones que integran el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia ********************, deducido del diverso ********************.********************Ahora, para resolver el planteamiento jurídico, este juzgado federal, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, invoca la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en la que esencialmente sustentó lo siguiente:********************- Conforme el numeral 17, en relación con el 18, de la ley que rige el procedimiento de amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde:********************1] El día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame.********************2] Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o ********************3] Al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos.********************- Por lo que entratándose de este último supuesto basta que la parte quejosa así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. ********************- Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. ********************- Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. ********************- En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.********************Bajo tales consideraciones, resulta indefectible considerar que si bien, ********************, por derecho propio, en el capítulo relativo a la "fecha de notificación del acto reclamado", refiere que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés; lo cierto es que de las constancias que obran en el sumario constitucional invocado como hecho notorio, se tiene la certeza que se ostentó sabedor de: a] la falta de notificación personal del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia ********************, derivado del expediente ********************, en el que se apercibió con imposición de multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), para el caso de que no se realizara el pago de $217,731.19 (doscientos diecisiete mil setecientos treinta y un peso 19/100 moneda nacional); y b] la falta de notificación personal del auto de siete de julio de dos mil veintidós, que hizo efectivo el apercibimiento antes referido, e impuso multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), por lo menos, desde el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en que presentó la demanda de amparo********************en su carácter de ******************** y otros.********************Es así porque de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad es evidente que el ente municipal (representado por la persona física), conocía de manera completa la existencia de esos actos reclamados ya que vertió conceptos de violación dirigidos a atacarlos; circunstancia que es suficiente para estimar que ********************, por derecho propio, se ostentó sabedor de tales determinaciones reclamadas, desde la promoción del juicio de amparo ********************; consecuentemente, a criterio de este órgano de control constitucional, la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo ********************, fue exhibida fuera del plazo de quince días a que se refiere los numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, lo que hace evidente que dicha parte procesal consintió tácitamente los actos reclamados indicados como a] y b], por lo que es procedente desechar la demanda de amparo por cuanto hace a tales actos.********************A mayor abundamiento, debe decirse que en esas condiciones, la formalidad relativa a la notificación conforme a la ley del acto, prevista en el primer caso del numeral 18 de la Ley de Amparo, no es exigible para los otros dos supuestos, porque son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y su actualización exige requisitos diferentes.********************Por tanto, se concluye que el plazo de quince días a que se refiere el dispositivo 17 de la ley que rige el procedimiento de amparo, para que ********************, por derecho propio, promoviera demanda de amparo, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostentó sabedor de los actos reclamados por cualquier medio, aún cuando no haya sido notificado o su conocimiento no provenga (como en el caso a estudio), necesaria y exclusivamente de dicha notificación.********************Por ende, estimar lo contrario, equivaldría a privar de contenido y efecto útil al artículo 18 de la ley de la materia, cuya esencia se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación.********************La jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citada, puede ser consultada en el registro digital 163172, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, que es de rubro y texto siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.********************Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."********************Máxime que no se advierte que se trate de algún caso de excepción de los que prevé el citado numeral 17 de la ley de la materia, ya que no se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; no se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; el amparo no se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, y tampoco el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.********************Desechamiento de la demanda por lo que hace a los actos reclamados atinentes a: c] el mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio ********************, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; y d] la diligencia de requerimiento de pago y la diligencia de embargo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, llevada a cabo por el notificador-ejecutor del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero********************Por otro lado, en relación con los actos reclamados antes descritos, se actualiza la causal de improcedencia prevista artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" ************************************************************"Artículo 107. El amparo indirecto procede: ********************[.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" ********************En relación a dicha causal, resulta oportuno precisar que el procedimiento administrativo de ejecución, no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo; sin embargo, consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada, lo cual, justifica que el juicio de amparo por regla general sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. ********************En el caso, a la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento administrativo de ejecución. ********************Se explica: ********************Del contenido del ocurso de cuenta, se observa que la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: ********************a) El mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio ********************, por el que se le notificó requerimiento de pago y diligencia de embargo, lo reclama por vicios propios y no ha sido objeto de impugnación diverso al presente amparo.******************** Así, resulta inconcuso que del análisis de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se advierte que a ******************** no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución, porque tuvo conocimiento del mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio ********************, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; en consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente, ya que debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. ********************En efecto, el procedimiento administrativo es una serie de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente, de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; ahora, si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, lo cierto es que debe esperar a que exista una resolución definitiva y, si lo perjudica, podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones cometidas, en su caso, dentro del procedimiento. ********************Con base en lo anterior, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución que lo culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas en ese procedimiento a pesar de que se impugne la constitucionalidad de leyes. ********************Lo anterior es en ese sentido, pues así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. ********************Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias Común, Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1242, que es de rubro y texto siguientes: ********************"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." ********************Asimismo, es aplicable la tesis 2a./J. 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 187, que es de rubro y texto siguientes: ********************"EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." ********************En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ********************, por derecho propio, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18; en el primer supuesto; y artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados analizados en segundo término.********************Domicilio.********************Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************.********************Autorizados********************De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ********************y ********************toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. ********************No así por lo que respecta a ********************, ********************única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones.********************Aviso de transparencia********************Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos.********************Tramitación e integración de expediente electrónico y físico********************En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso.********************En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional.********************Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso.********************Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico.********************De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo.********************Se ordena a cualquiera de los actuarios notificar a la parte quejosa la presente determinación en términos del artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de amparo.********************Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************
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