Óscar Desales Martínez

Expediente 1456/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1456/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Óscar Desales Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Óscar Desales Martínez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. Acto reclamado: ".La resolución de fecha VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO dictada dentro de los autos del incidente 1092/2013-B SM14/2013 en cumplimiento a la ejecutoria amparadora emitida en fecha DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO dentro de los Juicios de Amparo Indirecto 1684/2019, del índice del Juzgado TERCERO DE DISTRITO con residencia en Cuernavaca.". SEGUNDO. El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1456/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente de ejecución de penas 1092/2013-B SM 14/2013, de su índice, así como la ejecución de la referida resolución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sin embargo, en principio, resulta menester precisar que en el presente asunto, opera la suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, así como en el numeral 107, quinto párrafo, de la Constitución General de la República, pues el acto reclamado es relativo a la materia penal y el quejoso es un sentenciado, caso en el que opera la suplencia de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación, con independencia de que pueda o no concederse la tutela constitucional. Los conceptos de violación son infundados sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, al ser la parte quejosa el sentenciado en el proceso de origen. Como cuestión preliminar, resulta relevante destacar que no se soslaya, como se advierte de la resolución reclamada, el hecho de que con anterioridad el quejoso promovió un incidente de traslación del tipo penal y adecuación de la pena, el cual se determinó como improcedente, situación que pudiera llevar a considerar que se está frente a un acto derivado de otro consentido que llevaría al sobreseimiento del juicio; sin embargo, tomando en consideración los nuevos señalamientos vertidos en el acto reclamado, a criterio jurídico de quien aquí resuelve, se estima que resulta procedente sean materia de un análisis de fondo. Precisado lo anterior, en relación con el concepto de violación en el cual el quejoso señala que el acto reclamado trasgrede en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal, resulta infundado. En efecto, el numeral 14, párrafo segundo, de la Carta Magna, establece: "Artículo 14.[.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]." En el segundo párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, descansan las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, las cuales nuestro máximo tribunal del país ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido que las formalidades esenciales del procedimiento a que se refiere el artículo 14, de la Constitución General de la República, son las que otorgan al indiciado la prerrogativa de ser oído en la causa penal instruida en su contra, que comprende la observancia de los requisitos procesales siguientes: a) El derecho de ser llamado e informado de la materia de la afectación b) El derecho de alegar; c) La oportunidad de aportar pruebas; y d) El derecho de obtener una sentencia. Lo anterior, conforme la jurisprudencia 11/2014, publicada en la página 396, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto dicen: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Sobre esa base, a criterio de quien resuelve, la determinación que constituye el acto reclamado, ninguna afectación produjo al derecho fundamental de debido proceso del peticionario de amparo, ya que se le brindó bajo el amparo de la tutela jurisdiccional, la posibilidad de promover la petición que formuló respecto de la traslación de tipo y adecuación de la pena en la causa 134/2004, del índice del Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal actualmente Ciudad de México, la cual fue resuelta el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, esto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1684/2019, índice de este propio Juzgado Federal. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 47/95, emitida por el Pleno de nuestro máximo Tribunal, relativo a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." De donde se sigue que en modo alguno se vulneró el debido proceso en perjuicio del impetrante, en razón de que la autoridad judicial responsable no dejó al hoy quejoso en estado de indefensión, dado que resolvió el recurso de revocación con fundamento en los artículos 361 y 362 del Código Federal de Procedimientos Penales, admitió dicho recurso, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, dando oportunidad a las partes de hacer manifestación en la audiencia de mérito y poner los autos en estado de resolución. En ese sentido, no se incumplieron en su perjuicio las formalidades del procedimiento y se atendió oportunamente su petición, aun cuando el sentido de la respuesta de la responsable haya sido desfavorable para el disconforme, satisfaciéndose el derecho fundamental previsto por el artículo 14, de la Constitución Federal. De igual forma, resultan infundados los conceptos de violación que hace valer el peticionario de amparo, respecto a que la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente de ejecución de penas 1092/2013-B SM 14/2013, del índice del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, no se encuentra debidamente fundada y motivada. Para evidenciar lo anterior, este órgano de control constitucional estima necesario establecer lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)". De tal forma, se advierte que no existe violación en perjuicio del quejoso de la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, la cual se refiere a que todo acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por lo segundo que también se señalen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal". Así, se tiene que, del contenido del acto reclamado en este juicio, se aprecia que la potestad responsable, respecto a la solicitud de incidente no especificado de traslación del tipo y adecuación de la pena, determinó que conforme a las manifestaciones del enjuiciado aquí quejoso, obtuvo que a través del incidente de traslación del tipo penal y adecuación de la pena, el hoy quejoso pretende la aplicación del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque consideró que prevé una sanción más benéfica y porque estaba vigente en la época en que cometió los hechos por los que fue sentenciado, determinación en la que se invocó el ordinal 56 del Código Penal Federal, el cual establece: "Artículo 56.- La autoridad jurisdiccional competente aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma." En tanto que, respecto a la motivación, señaló: ".Es improcedente esa solicitud, pues a través de la traslación del tipo y adecuación de la pena no procede el análisis que pretende. Lo que dicho artículo 56 del Código Penal Federal, prevé la posibilidad de aplicar la ley más favorable; siempre y cuando la ley o reforma sea posterior a la fecha en que el sentenciado fue condenado. .Lo que en el caso no ocurre, puesto que tanto la ley que le fue aplicada en la sentencia de segunda instancia de cuatro de julio de dos mil once, dictada en el toca penal 11/2008, por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, como la que pretende se le aplique (Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México) estaban vigentes en la época en que cometió los hechos por lo que se les juzgó y, en la data en que dictó dicha sentencia de segundo grado. De ahí que no es factible realizar el análisis que pretende a través de las citadas figuras jurídicas. Ahora bien, tampoco es posible que este juzgado especializado, se ocupe de analizar la aplicación del Código Penal para el Distrito Federal, ahora ciudad de México. Ello es así, porque con independencia de que se trate de una legislación más favorable, o en su caso, prevea penas más benéficas como lo refiere el sentenciado, realizar ese ejercicio en realidad se trata de determinar, si en el caso, el delito por el que fue juzgado y por el que se le condenó en sentencia ejecutoriada es de orden común o federal, para que como consecuencia de ello, se aplique la ley respectiva, ya que se trata de dos legislaciones de distintos fueros. Incluso, cabe señalar que para el caso de que se estimara que el delito por el que fue condenado es del orden común y por ende, le era aplicable el código local a que alude el enjuiciado, se actualizaría una cuestión de competencia; esto es, implicaría determinar si el juez de instrucción y el tribunal de alzada, en su caso, eran competentes conforme al ejercicio de la competencia prevista en el artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo Constitucional; lo cual evidentemente no corresponde a este órgano jurisdiccional analizar. En las relatadas condiciones, se reitera, este juzgado de ejecución, no está facultado legalmente para analizar la aplicación del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México; además, de la ejecutoria de cita, se aprecia la vía y autoridad a la que en su caso corresponde conocer de lo que aquí solicita el enjuiciado.". Como puede verse, con acierto la autoridad responsable expuso sustancialmente que referente a la solicitud del quejoso de que se le trasladara la conducta al tipo penal más favorable y se adecuara la pena de prisión de veinte años por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, resulta improcedente en razón que dicha figura jurídica, encuadra siempre y cuando la ley o reforma sea posterior a la fecha en que el sentenciado fue condenado, aunado a que como se trata de legislaciones distintas, se involucra la competencia por que se conoció y se llevó a cabo un procedimiento jurisdiccional que culmino con una sentencia y que fue confirmada por la alzada y que incluso como bien lo precisa la autoridad señalada como responsable no le corresponde analizar en la incidencia reclamada. Ahora bien, cuando un hecho delictivo, cometido durante la vigencia de una norma, produce consecuencias que se concretan cuando la norma que lo regula fue modificada con disposiciones que benefician al indiciado, estableciéndose, para la misma conducta ilícita, una sanción menor que la que establecía la ley anterior, debe seguirse el principio que hasta ahora, como excepción, rige en materia penal, relativo a aplicar la ley que resulte más benéfica para el particular, ya que esto resulta coherente con el sentido del derecho fundamental de irretroactividad. Por ello, la aplicación retroactiva de la ley penal tiene como condición que la norma posterior a la comisión del delito, siendo benévola, debe aplicarse al momento del dictado de la sentencia definitiva. Así, el análisis de la retroactividad implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 78/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Abril de 2011, con el rubro y texto: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular." A lo que se adiciona lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del tenor siguiente: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello." Tratado en cuestión que establece las garantías mínimas en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra el de retroactividad en beneficio de toda persona. Por lo tanto la determinación reclamada en el presente juicio de amparo se estima ajustada a la regularidad constitucional y legal, conforme a las consideraciones y razones jurídicas expuestas, además de que efectivamente se advierte que respecto de la traslación del tipo y adecuación de la pena solicitada por el aquí quejoso, la ley que le fue aplicada en la sentencia de segunda instancia, como la que pretende se le aplique estaban vigentes en la época de los hechos, sin que con posterioridad se advierta alguna reforma que pudiera beneficiar al aquí accionante del amparo, razón por la cual, de manera acertada el Juez responsable resolvió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, aunado a que como también lo precisó, realizar el ejercicio que refiere el quejoso, se trata de determinar, si en el caso el delito por el que se le condenó en sentencia ejecutoriada es del orden común o federal, para que como consecuencia de ello, se le aplique la ley respectiva, ya que se trata de dos legislaciones distintas, lo cual no le compete analizar. Lo que se advierte correcto, toda vez que no se ha dado alguna modificación a la ley que rige su situación y por la cual permanece privado de su libertad compurgando una pena de prisión que ameritara su análisis para determinar si le resulta más favorable, derivado de alguna nueva petición incidental. Por lo tanto, resultan infundados los argumentos esgrimidos por la parte quejosa y en consecuencia correcta la determinación del Juez señalado como autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Resulta también importante establecer y destacar el alcance de la figura jurídica de cosa juzgada. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los presupuestos para la existencia de la citada figura jurídica, en la jurisprudencia 1a./J. 161/2007, publicada en la página 197, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." El efecto principal de las sentencias firmes, de impedir su revisión y hacerlas inmutables, es lo que actualmente se conoce con el nombre de cosa juzgada; de suerte tal que la institución en estudio, impide repetir la acción promovida, cualquiera que fuese la suerte del proceso, en atención al principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, consagrado en el artículo 16 constitucional. Ahora, la doctrina distingue dos clases de cosa juzgada, la formal y la material. La primera constituye una preclusión al fundarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Mientras que la segunda, además de tener como base esa inimpugnabilidad, implica la indiscutibilidad de lo resuelto en cualquier otro proceso. Esto es, la sentencia tiene autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal al ser inimpugnable, pero si dicha determinación también es jurídicamente indiscutible, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material. La cosa juzgada formal se configura sólo cuando una sentencia debe considerarse firme, es decir, cuando no puede ser impugnada por los medios ordinarios de defensa; empero, existen fallos que no obstante su firmeza formal no adquieren la autoridad de cosa juzgada (desde el punto de vista material), ya que la decisión no es indiscutible jurídicamente. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1427, Tomo XIX, Junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL. DIFERENCIAS Y EFECTOS. La doctrina moderna distingue dos especies de cosa juzgada, la formal y la material. La primera está encaminada a operar exclusivamente en el proceso, pues consiste en la inimpugnabilidad de la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de que con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar determinados actos procesales. En cambio, la material, además de tener como base esa inimpugnabilidad de la sentencia dentro del proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser respetada fuera del proceso, o en cualquier otro procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos de la sentencia devienen definitivos y obligatorios para el juzgador en cualquier juicio en el que se pretendiera reiterar lo sentenciado, es decir, la sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o externo, pero si, además, resulta jurídicamente indiscutible el pronunciamiento judicial que el fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de cosa juzgada en sentido material o interno. Luego, la primera es el presupuesto de la segunda y el significado de ambas puede condensarse así: la cosa juzgada formal es igual a inimpugnabilidad, mientras que la cosa juzgada material es igual a indiscutibilidad. Por lo general coinciden los dos sentidos de la cosa juzgada, pero no en todos los casos, ya que en algunos sólo se produce el primero." Asimismo, la jurisprudencia propugnada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 565, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del contenido siguiente: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." En suma, la cosa juzgada reviste a las sentencias judiciales de inmutabilidad, convirtiendo las situaciones jurídicas que se resuelven en el juicio, obligatorias e inalterables, con lo cual se impide, en un juicio futuro, la revisión de lo ya resuelto en sentencia firme, de modo que lo importante de la institución en estudio es que robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones, evitando criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión. En esta tesitura, la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables. Establecidas las anteriores premisas, en el caso en particular se actualiza esta figura jurídica dado que existe sentencia de primera y segunda instancia, y en ese sentido, si el tema materia de la pretensión del sentenciado ya fue estudiado por la autoridad judicial de primera instancia y por el tribunal de alzada, resulta inconcuso que dicho fallo alcanzó la calidad de cosa juzgada para todos los efectos legales y adquirió el carácter de irrevocable. Sin que pase desapercibido para quien ahora resuelve, la circunstancia relativa a que la hipótesis para modificar una sentencia firme en materia penal sería el incidente de reconocimiento de inocencia, pero ésta se lleva a cabo por cuestiones probatorias, lo cual no corresponde al caso en estudio, es decir, no cuestiones de competencia por razón de fuero. En consecuencia, se insiste, los aspectos relacionados con la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena impuesta bajo la ley vigente al momento de los hechos, quedaron definidos y agotados desde el pronunciamiento de la sentencia firme que se emitió contra el quejoso, por lo que es imposible jurídicamente realizar pronunciamiento al respecto, ya que implicaría desconocer o disminuir (cuando no existe motivo legalmente establecido para ello) una cuestión que quedó inalterable. En ese estadío, resulta inconcuso que el juez responsable no vulneró los derechos fundamentales del impetrante. Apoya a lo anterior la tesis 1ª. XVIII/2012 (9ª.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, página 257 que señala: DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DELAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos." Aunado a que el hecho de que no se haya resuelto su petición en los términos que pretendía no implica afectación a los derechos fundamentales y convencionales que alega la parte quejosa, ya que tal pronunciamiento se realizó conforme a la ley aplicable al caso y se expusieron los motivos específicos por los cuales se está en presencia de cosa juzgada, sin actualización de circunstancias novedosas que provocaran cambiar el cómputo ya efectuado de su actual sentencia. Lo antedicho tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 906 del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos quematerializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Además, se precisa que en nada beneficia la tesis invocada por la parte quejosa, respecto de la retroactividad de la Ley Penal, toda vez que como se advierte del estudio del presente asunto, la determinación reclamada, se encuentra ajustada a la regularidad constitucional y legal, conforme a las consideraciones y razones jurídicas expuestas, además de que efectivamente se advierte que respecto de la traslación del tipo y adecuación de la pena solicitada por el aquí quejoso, la ley que le fue aplicada en la sentencia de segunda instancia, como la que pretende se le aplique estaban vigentes en la época de los hechos, sin que con posterioridad se advierta alguna reforma que pudiera beneficiar al aquí accionante del amparo, aunado a que la única hipótesis para modificar una sentencia firme lo es el incidente citado en líneas anteriores, y que no constituye el caso a estudio. Ahora, resulta un hecho notorio para quien esto resuelve, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las documentales que acompañó la responsable en justificación a su informe dentro del juicio de amparo 1684/2019, índice de este propio Juzgado Federal. En mérito de lo expuesto, al ser infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso y al no advertirse motivo alguno por el cual deba suplirse la queja deficiente en su favor, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita OSCAR DESALES MARTÍNEZ, contra la determinación de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1092/2013-B SM14/2013, del índice del Juzgado Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a OSCAR DESALES MARTÍNEZ, contra el acto del Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy treinta de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1456/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Óscar Martínez Desales, reclama del Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, lo siguiente. ".La resolución de fecha VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO dictada dentro de los autos del incidente 1092/2013-B SM 14/2013 en cumplimiento a la ejecutoria amparadora emitida en fecha DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO dentro de los Juicios de Amparo Indirecto del Índice del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Cuernavaca." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, al rendir su informe previo aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. SEGUNDO. Al respecto lo procedente es negar la suspensión definitiva. En virtud de que se trata de actos declarativos y, además, de concederse, se le estaría otorgando efectos restitutorios que son materia de la sentencia que se dicte en el juicio principal. A fin de evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimients que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Cabe precisar que tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formule la promovente del amparo; en cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora, para quien resuelve, no resultan colmados los supuestos precisados en los párrafos que anteceden, pues como ya se dijo, estamos ante la presencia de actos declarativos que no son susceptibles de ser suspendidos. En efecto, como se dijo anteriormente, el objetivo de la suspensión del acto reclamado se traduce en mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra en la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya que la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, pues únicamente dichos actos son susceptibles de suspenderse, y no aquellos que por su naturaleza son declarativos y que por tanto no tienen una ejecución material en la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, resulta evidente que la resolución reclamada, no tiene algún efecto positivo, esto es, no conlleva a una ejecución material, lo que procede es negar la medida cautelar solicitada, ya que ésta por su naturaleza no tiene efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el expediente principal en la que se resolverá el fondo del asunto. Sirven de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis IV. 3° A. 9 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1625, tomo XX, julio de dos mil cuatro, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con número de registro 181238, que establece lo siguiente: "ACTOS DECLARATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. No procede conceder la suspensión contra el acto reclamado en el juicio de amparo, si éste reviste el carácter de positivo con efectos meramente declarativos, sin actos de ejecución atribuibles a la autoridad que los emitió, como en el caso de que la responsable al dar contestación a una petición se constriña a informar al particular la instancia a que debe acudir para realizar la gestión que requiere, pues en ese supuesto las consecuencias de tal acto se reflejarán en la conducta que a posteriori despliegue el particular al acudir o no ante la instancia que se le informó es competente para decidir sobre su solicitud, pero éstas de ninguna forma serían imputables a la autoridad que emitió el acto reclamado". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Óscar Desales Martínez respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Secretaria del Juzgado de Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Para dar margen a que las partes se impongan de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con un minuto del diecisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe previo rendido por duplicado por la autoridad responsable la Secretaria del Juzgado de Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en la Ciudad de México. Al respecto, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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