Oscar de Jesús Pérez Bolivar

Expediente 223/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2014.

Datos del expediente

Expediente
223/2014
Año
2014
Actuaciones
14
Última actuación
19/08/2014

Partes del expediente

  • Oscar de Jesús Pérez Bolivar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II. Agréguese a los autos el oficio de la Directora General de la Propiedad Rural, Directora General de Coordinación de Delegaciones y Director de Coordinación de Delegaciones, todos con sede en México, Distrito Federal, mediante el cual, informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por oficio de seis de agosto de dos mil catorce, devolvió al Delegado Estatal en Quintana Roo, el original del acuerdo de archivo respectivo debidamente firmado.. Al respecto, infórmese a las autoridades oficiantes que por acuerdo de doce de agosto del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable , remitiendo copia certificada del acuerdo de archivo de seis de agosto del año en curso, decretado en el expediente con número de control interno 198/2004, relativo al trámite de enajenación del predio denominado "La Luz" del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, así como la constancia de notificación de ocho de agosto del año en curso; no obstante ello, se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su derecho convenga, con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por tanto, no es el caso ordenar la notificación a la parte impetrante del referido acuerdo que ordenó el archivo del expediente de origen, puesto que ésta tiene pleno conocimiento del mismo, y actualmente se encuentra transcurriendo el término de la vista otorgada.

  2. Principal

    II.- Con este fecha se notifica a la parte quejosa: Con las documentales remitidas por el Dalegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con sede en esta ciudad, dése vista a la prate quejosa, para que dentro del términbo de tres días manifieste lo que a su derecho corresponda, apercibida de que en caso de no realizar manifestación, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

  3. Principal

    II. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, en consecuencia, téngase a la citada autoridad en vías de cumplimento, asimismo, se le requiere para que una vez que tenga el acuerdo a que hace referencia, remita a este Juzgado, copia certificada del mismo y de su notificación al quejoso, en debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito, por lo que se le hace de su conocimiento que susbsiste el apercibimiento decretado en proveído de quince de julio del año en curso. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de la Directora General de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en México, Distrito Federal, en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, hace del conocimiento de este Juzgado, que en su carácter de superior jerárquico instruyó a la autoridad responsable, para efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del oficio con el que lo acredita.

  4. Principal

    II. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, de la autoridad responsable Delegado Estatal en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, residente en esta ciudad, con el que hace del conocimiento que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio constitucional, el once de julio del año en curso, hizo del conocimiento de la parte quejosa que derivado de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural en fecha veintinueve de noviembre de dos mil doce, era obligatorio para todo solicitante de enajenación de terrenos de carácter nacional, presentar ante la citada autoridad oficiante, la documentación requerida en el artículo Cuarto Transitorio de dicho reglamento, con la finalidad de actualizar su otrora solicitud de enajenación, para estar en aptitud de continuar con el procedimiento correspondiente; asimismo, informa que revisadas las constancias que integran la documentación que obra en el expediente con número de control interno 198/2014 relativo a la solicitud de enajenación onerosa del predio denominado "La Luz", ubicado en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se advierte que no obra escrito por el que se infiera que el interesado pretende cumplir con el referido artículo Cuarto Transitorio, por lo que mediante oficio JUR/000603/DEQROO/001727 de ocho de julio del año en curso, envió a la Dirección General de la Propiedad Rural, con sede en México, Distrito Federal, el acuerdo de archivo respectivo para su valoración y rúbrica y que al momento de contar con la respuesta de ésta, se hará del conocimiento de la parte quejosa; adjuntando copia certificada del oficio de mérito. Asimismo, refiere que, con relación al requerimiento de acreditar haber emitido acuerdo alguno tendente a la continuación del trámite de la solicitud de regularización de terrenos nacionales de la aquí amparista, a fin de que ésta se encuentre en aptitud de saber si se va a continuar o no con el procedimiento respectivo, las facultades de esa Delegación Estatal, únicamente se limitan a tres aspectos dentro del multicitado procedimiento de enajenación de terrenos nacionales, recepción y calificación de la solicitud, investigación de antecedentes regístrales y, medición y deslinde, y las demás que se deleguen con base en los artículo 35 y 36 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, no así la emisión de acuerdos de procedencia, improcedencia o archivo en su caso, toda vez que aquello es facultad única y exclusiva de la Dirección General de la Propiedad Rural, como superior jerárquico de esa representación Estatal en Quintana Roo, de conformidad con los numerales 22, 23, 34, 35 y 36 del reglamento interior referido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Dirección General de la Propiedad Rural, con sede en México, Distrito Federal, para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado Federal, con constancias fehacientes, el cumplimiento del fallo protector de mérito, cuyos efectos son los siguientes . Asimismo, toda vez que la autoridad oficiante refiere que el acuerdo que adjuntó al oficio JUR/000603/DEQROO/001727 de ocho de julio del año en curso, dirigido a la Dirección General de la Propiedad Rural, con sede en México, Distrito Federal, no tiene las firmas del Director General de la Propiedad Rural y la Directora General adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, debido a que fue remitido precisamente para su valoración y rúbrica correspondiente y una vez devuelta a esa Delegación Estatal; en consecuencia, téngase a la citada autoridad informando tal circunstancia y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la misma de nueva cuenta, para que una vez devuelto el acuerdo referido con sus respectivas firmas, rubricas y sellos, remita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, copia certificada del acuerdo respectivo que adjuntó a su oficio JUR/000603/DEQROO/001727 de ocho de julio del año en curso, en el expediente con número de control interno 198/2004 relativo al trámite de enajenación del predio denominado "La Luz" del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con las salvedades que se mencionan, en debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 192 de la Ley de la Materia. Apercíbase a dichas autoridades responsables que de ser omisas a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que esté realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de la Materia, y en relación con los diversos numerales 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del dispositivo 260 de la Ley de Amparo, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique este juzgador la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, con fundamento en lo estatuido en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio que se libre al efecto, requiérase a la Directora General de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en México, Distrito Federal, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, dentro del mismo término aludido en el párrafo que antecede, ordene a su subalterno cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden respectiva, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 del ordenamiento legal citado; además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables obligadas. No obstante que la autoridad Dirección General de la Propiedad Rural, con sede en México, Distrito Federal, no fue señalada como responsable, lo cierto es que por razón de sus funciones, debe intervenir en la ejecución, ya que no solamente las autoridades que hayan figurado con el carácter de responsables en el juicio de amparo están obligadas a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución del fallo protector.

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