Oscar David Pérez Ortiz

Expediente 737/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
737/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Oscar David Pérez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Glósese el oficio 6299/2022 que remite el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, derivado del juicio de amparo 117/2022-VI de su índice; en atención a su contenido se provee: Como lo solicita, en términos del numeral 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo 737/2021-VII, así como de su incidente de suspensión respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el apartado denominado "vinculación". Por lo tanto, se instruye a la Analista Jurídica de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y el acceso del expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como el número de expediente relativo, relacionando el juicio de origen con el juicio de amparo indirecto que se genere y su incidente de suspensión; esto, a fin de que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado pueda realizar la consulta. Lo anterior, comuníquese a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Como de constancias se advierte que no existen promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar; en tal virtud, vuelve este expediente al archivo definitivo de donde fue extraído. Notifíquese; y personalmente a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Devuélvase al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, en San Luis Potosí, el disco compacto que presentó en este asunto, para los efectos legales a que haya lugar. De autos se advierte que las restantes partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  3. Principal

    Glósese el escrito signado por Jesús Reyes Durón, autorizado del quejoso Óscar David Pérez Ortiz, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, informa que no ha sido posible hacer las publicaciones correspondientes de los edictos, pues el quejoso carece de momento de recursos económicos, por lo que solicita que se le otorgue un tiempo de quince días para realizar dichas publicaciones; al respecto se provee: Estado de constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa a fin de acreditar ante este órgano jurisdiccional que procedió a entregar los edictos ordenados en el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno para su publicación, sin que hubiese acreditado haber realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación de los edictos a fin de emplazar a la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez, como le fue requerido en el acuerdo indicado. Antecedentes. Al respecto, en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se tuvo como tercero interesada a Yuliana Marente Rodríguez, requiriéndose a Rosa Margarita Sánchez Mejía, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado, para que informara el domicilio actual y correcto de la citada Marente Rodríguez. El veintiséis de agosto del año en curso, se comunicó el domicilio de la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez, por lo que se ordenó su emplazamiento. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no la pudo emplazar en dicha dirección, por los motivos expuestos en la razón levantada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; por lo que en el auto de dos de septiembre del mismo año se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la nombrada tercero interesada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a Yuliana Marente Rodríguez, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Ante la circunstancia de que la parte quejosa manifestó desconocer el domicilio actual en el que habita la citada tercero interesada, en el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran el domicilio de la parte tercero interesada; sin que se haya podido obtener alguna dirección de esa búsqueda. Tomando en cuenta lo anterior, en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata. Posteriormente, en el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se glosó un escrito signado por el quejoso Óscar David Pérez Ortiz, por el que manifestó su conformidad y compromiso para realizar el pago y publicación de los edictos ordenados en el acuerdo de cinco del mismo mes y año, además de que autorizó a Jesús Reyes Durón para recibir los edictos de que se trata. En el acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, se agregó la comparecencia por la que Jesús Reyes Durón, autorizado de la parte quejosa, recogió los edictos que se pusieron a su disposición en el auto de cinco de octubre de la misma anualidad, a fin de emplazar a la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez en este juicio. Sin que hasta la fecha la parte quejosa hubiese acreditado haber realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación de los multicitados edictos. Interpretación del marco normativo. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos y dentro del término de veinte días acreditara que procedió a la publicación de los mismos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no acreditar que procedió a la publicación de los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Respecto a solicitud. En cuanto a la solicitud de prórroga que solicita la parte quejosa en el escrito que se agrega, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, por los motivos expuestos en el presente acuerdo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Glósese el escrito signado por Jesús Reyes Durón, autorizado del quejoso Óscar David Pérez Ortiz, mediante el cual en atención al requerimiento que se le formuló en el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, informa que no ha sido posible hacer las publicaciones correspondientes de los edictos, pues el quejoso carece de momento de recursos económicos, por lo que solicita que se le otorgue un tiempo de quince días para realizar dichas publicaciones; al respecto se provee: Estado de constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa a fin de acreditar ante este órgano jurisdiccional que procedió a entregar los edictos ordenados en el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno para su publicación, sin que hubiese acreditado haber realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación de los edictos a fin de emplazar a la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez, como le fue requerido en el acuerdo indicado. Antecedentes. Al respecto, en el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se tuvo como tercero interesada a Yuliana Marente Rodríguez, requiriéndose a Rosa Margarita Sánchez Mejía, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado, para que informara el domicilio actual y correcto de la citada Marente Rodríguez. El veintiséis de agosto del año en curso, se comunicó el domicilio de la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez, por lo que se ordenó su emplazamiento. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no la pudo emplazar en dicha dirección, por los motivos expuestos en la razón levantada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; por lo que en el auto de dos de septiembre del mismo año se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la nombrada tercero interesada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se ordenaría la investigación del mismo y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a Yuliana Marente Rodríguez, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Ante la circunstancia de que la parte quejosa manifestó desconocer el domicilio actual en el que habita la citada tercero interesada, en el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno se giraron oficios a diversas dependencias para que informaran el domicilio de la parte tercero interesada; sin que se haya podido obtener alguna dirección de esa búsqueda. Tomando en cuenta lo anterior, en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar el emplazamiento de la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata. Posteriormente, en el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se glosó un escrito signado por el quejoso Óscar David Pérez Ortiz, por el que manifestó su conformidad y compromiso para realizar el pago y publicación de los edictos ordenados en el acuerdo de cinco del mismo mes y año, además de que autorizó a Jesús Reyes Durón para recibir los edictos de que se trata. En el acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, se agregó la comparecencia por la que Jesús Reyes Durón, autorizado de la parte quejosa, recogió los edictos que se pusieron a su disposición en el auto de cinco de octubre de la misma anualidad, a fin de emplazar a la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez en este juicio. Sin que hasta la fecha la parte quejosa hubiese acreditado haber realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la publicación de los multicitados edictos. Interpretación del marco normativo. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si el domicilio del tercero interesado resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. Caso concreto. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos y dentro del término de veinte días acreditara que procedió a la publicación de los mismos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no acreditar que procedió a la publicación de los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de la tercero interesada Yuliana Marente Rodríguez, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Decisión. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Respecto a solicitud. En cuanto a la solicitud de prórroga que solicita la parte quejosa en el escrito que se agrega, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, por los motivos expuestos en el presente acuerdo

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