Oscar Daruma Godínez Pérez
Expediente 134/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Oscar Daruma Godínez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos el original y duplicado del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. notifíquese.
- Principal
AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 134/2017, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se desprende que mediante auto de veintiséis de enero actual, se reservó a acordar lo conducente respecto de los medios probatorios ofrecidos por la parte quejosa hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció por lo que se provee al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se desechan las pruebas testimonial e inspección judicial, en virtud de que, el acto reclamado consiste en el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal ***/2014, a través del cual se hace efectiva una multa y su ejecución, derivados de un procedimiento en materia penal; en ese sentido, si dicho dispositivo legal dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto del auto reclamado, entonces, en el caso no es conducente admitir las pruebas ofrecidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2o.P.6 K (10ª.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Materia Común, Décima Época, visible en la página 2607, Tomo III, Febrero de 2014, Libro 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PREVIO A SU ADMISIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EXAMINAR LAS CONSTANCIAS Y PONDERAR SI EL QUEJOSO CONTÓ O NO CON OPORTUNIDAD DE OFRECERLAS Y SI LA TUVO, OBSERVAR SÓLO LAS QUE JUSTIFIQUEN LA EXISTENCIA Y CONSTITUCIONALIDAD O NO DEL ACTO RECLAMADO COMO FUE PROBADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin admitirse ni tomarse en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante ella; empero, dicho numeral, en su párrafo segundo, refiere que no obstante lo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable". En esas condiciones, el Juez de Distrito debe, previo a admitir las pruebas ofrecidas, examinar las constancias enviadas por aquélla, para ponderar si el quejoso contó o no con la oportunidad de ofrecerlas, pues de haber tenido esa oportunidad, entonces, deben observarse sólo las que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero, como fue probado ante aquella autoridad." Aunado a lo anterior, tales medios probatorios no son una prueba conducente para acreditar los actos reclamados, pues de la lectura de los puntos a desahogar tienen como finalidad acreditar hechos distintos a los señalados en el escrito de demanda de amparo, pues a nada practico conllevaría desahogar probanzas que tienen como finalidad acreditar en primer lugar hechos que debió haber aclarado ante la autoridad responsable y en segundo término actos acontecidos con anterioridad al nacimiento del acto reclamado de los cuales el fedatario público no puede tener certeza pues únicamente debe cerciorarse de los hechos y actos que a su vista y en el momento pueda apreciar con los sentidos. Cabe destacar que el desechamiento de una prueba no siempre se da en relación a la falta de requisitos legales o formales con que son ofrecidas las pruebas, sino también a lo que con ella pretenda probarse, es decir, sea o no el medio adecuado, lo que desde luego no sucede en el caso, siendo totalmente inconducente ofrecerlas para el objeto que fueron propuestas. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1991, página 115, que refiere lo siguiente: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN NO SÓLO ESTÁ SUJETA A QUE NO SEA CONTRA LA MORAL NI AL DERECHO, SINO A QUE SEA IDÓNEA PARA JUSTIFICAR ALGÚN HECHO". Por tanto, debe considerarse que toda prueba permitida por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", como establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se advirtiera, desde luego y sin lugar a dudas, que no guardan relación con la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones la jurisprudencia P./J. 41/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Máxime que la finalidad de la prueba en el juicio de amparo obedece a un principio de defensa que debe tener la parte quejosa para demostrar, por un lado, la existencia de los actos de las autoridades responsables y, por otro, su ilegalidad cuando el acto no es violatorio de derechos humanos en sí mismo; lo que evidentemente sólo podrá hacerlo aportando los medios probatorios conducentes y no cualquier probanza; de ahí que el desechamiento del medio de convicción ofrecido no le causa agravio alguno al aquí quejoso, debido a que no es apto para demostrar lo pretendido. Tiene aplicación al caso, por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR NO ENCONTRARSE RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL, NO CAUSA AGRAVIO. En términos del artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o contra el derecho; sin embargo, ello no significa que en todo caso deban admitirse indiscriminadamente todas las pruebas que ofrezca la parte quejosa, sino se requiere que tengan relación con la litis constitucional, y si en un caso el juez de Distrito no admitió la prueba pericial propuesta por los quejosos, por considerar que no guardaba relación directa con la litis constitucional, que se redujo a establecer si aquéllos tenían o no el carácter de arrendatarios del bien inmueble en disputa en el juicio natural y si los actos reclamados afectan o no su esfera de derecho, la determinación del juez federal es acertada y no causa agravio a los quejosos, porque para determinar tales elementos no se requieren conocimientos técnicos especializados, por lo que resultaría ocioso y dilatorio del procedimiento el desahogo de la prueba pericial propuesta, por no ser la idónea para acreditar los elementos de la litis constitucional. En consecuencia, a fin de dar marguen a que la parte quejosa se imponga del contenido del presente auto se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese, y personalmente al promovente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se desprende que mediante auto de veintiséis de enero actual, se reservó a acordar lo conducente respecto de los medios probatorios ofrecidos por la parte quejosa hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables, lo cual ya aconteció por lo que se provee al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se desechan las pruebas testimonial e inspección judicial, en virtud de que, el acto reclamado consiste en el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 11/2014, a través del cual se hace efectiva una multa y su ejecución, derivados de un procedimiento en materia penal; en ese sentido, si dicho dispositivo legal dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto del auto reclamado, entonces, en el caso no es conducente admitir las pruebas ofrecidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2o.P.6 K (10ª.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Materia Común, Décima Época, visible en la página 2607, Tomo III, Febrero de 2014, Libro 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. PREVIO A SU ADMISIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EXAMINAR LAS CONSTANCIAS Y PONDERAR SI EL QUEJOSO CONTÓ O NO CON OPORTUNIDAD DE OFRECERLAS Y SI LA TUVO, OBSERVAR SÓLO LAS QUE JUSTIFIQUEN LA EXISTENCIA Y CONSTITUCIONALIDAD O NO DEL ACTO RECLAMADO COMO FUE PROBADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin admitirse ni tomarse en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante ella; empero, dicho numeral, en su párrafo segundo, refiere que no obstante lo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable". En esas condiciones, el Juez de Distrito debe, previo a admitir las pruebas ofrecidas, examinar las constancias enviadas por aquélla, para ponderar si el quejoso contó o no con la oportunidad de ofrecerlas, pues de haber tenido esa oportunidad, entonces, deben observarse sólo las que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero, como fue probado ante aquella autoridad." Aunado a lo anterior, tales medios probatorios no son una prueba conducente para acreditar los actos reclamados, pues de la lectura de los puntos a desahogar tienen como finalidad acreditar hechos distintos a los señalados en el escrito de demanda de amparo, pues a nada practico conllevaría desahogar probanzas que tienen como finalidad acreditar en primer lugar hechos que debió haber aclarado ante la autoridad responsable y en segundo término actos acontecidos con anterioridad al nacimiento del acto reclamado de los cuales el fedatario público no puede tener certeza pues únicamente debe cerciorarse de los hechos y actos que a su vista y en el momento pueda apreciar con los sentidos. Cabe destacar que el desechamiento de una prueba no siempre se da en relación a la falta de requisitos legales o formales con que son ofrecidas las pruebas, sino también a lo que con ella pretenda probarse, es decir, sea o no el medio adecuado, lo que desde luego no sucede en el caso, siendo totalmente inconducente ofrecerlas para el objeto que fueron propuestas. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1991, página 115, que refiere lo siguiente: "PRUEBAS, SU ADMISIÓN NO SÓLO ESTÁ SUJETA A QUE NO SEA CONTRA LA MORAL NI AL DERECHO, SINO A QUE SEA IDÓNEA PARA JUSTIFICAR ALGÚN HECHO". Por tanto, debe considerarse que toda prueba permitida por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", como establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se advirtiera, desde luego y sin lugar a dudas, que no guardan relación con la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razones la jurisprudencia P./J. 41/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Máxime que la finalidad de la prueba en el juicio de amparo obedece a un principio de defensa que debe tener la parte quejosa para demostrar, por un lado, la existencia de los actos de las autoridades responsables y, por otro, su ilegalidad cuando el acto no es violatorio de derechos humanos en sí mismo; lo que evidentemente sólo podrá hacerlo aportando los medios probatorios conducentes y no cualquier probanza; de ahí que el desechamiento del medio de convicción ofrecido no le causa agravio alguno al aquí quejoso, debido a que no es apto para demostrar lo pretendido. Tiene aplicación al caso, por analogía la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR NO ENCONTRARSE RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL, NO CAUSA AGRAVIO. En términos del artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o contra el derecho; sin embargo, ello no significa que en todo caso deban admitirse indiscriminadamente todas las pruebas que ofrezca la parte quejosa, sino se requiere que tengan relación con la litis constitucional, y si en un caso el juez de Distrito no admitió la prueba pericial propuesta por los quejosos, por considerar que no guardaba relación directa con la litis constitucional, que se redujo a establecer si aquéllos tenían o no el carácter de arrendatarios del bien inmueble en disputa en el juicio natural y si los actos reclamados afectan o no su esfera de derecho, la determinación del juez federal es acertada y no causa agravio a los quejosos, porque para determinar tales elementos no se requieren conocimientos técnicos especializados, por lo que resultaría ocioso y dilatorio del procedimiento el desahogo de la prueba pericial propuesta, por no ser la idónea para acreditar los elementos de la litis constitucional. En consecuencia, a fin de dar marguen a que la parte quejosa se imponga del contenido del presente auto se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese, y personalmente al promovente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado remitido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Morelos "1", en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1"; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con apoyo en el ordinal 9° de la Ley de la Materia, se tiene como delegados de la autoridad oficiante, a los profesionistas que designa, y conforme a lo que establece el número 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, la autoridad oficiante, manifiesta que la información contenida en el oficio remitido, puede estar sujeta a clasificación de confidencialidad, sin embargo de su contenido no se desprende dato alguno que se encuentre en los supuestos marcados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
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