Óscar Daniel Guerrero Martínez
Expediente 584/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Óscar Daniel Guerrero Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación del secretario de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
se notifica por lista al promovente: Vista la certificación que antecede, deriva que el promovente del presente juicio de amparo no dio cumplimiento a lo ordenado por auto de cuatro de mayo del presente año, mediante el cual se le requirió para que aclarara su escrito de demanda; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
se notifica por lisdta al promovente: Torreón, Coahuila, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Oscar Daniel Guerrero Martínez, contra actos del Secretario de Infraestructura y Transporte del Estado de Coahuila, y otras autoridades; al efecto, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 584/2018-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, al examinar integralmente la demanda aparecen irregularidades en cuanto al acto reclamado y los antecedentes del mismo, ya que el promovente no es claro al precisar los actos atribuidos a las autoridades responsables ordenadoras, dado que no explica en qué consisten los actos de amenaza y preparación de decomiso o retiro de circulación, ni señala en qué forma o cuando sucedieron los señalamientos referentes a que realiza un servicio público sin concesión u autorización, además de que tampoco menciona de qué forma las autoridades responsables incurren en la negativa o prohibición de su libertad de trabajo consagrada en el artículo 11 constitucional. Igualmente, tampoco es claro en los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, dado que no señala cuál es la orden de decomiso que pretenden cumplimentar y que aduce es carente de fundamentación y motivación, además de que no precisa cuando se le amenazó e intento decomisar el vehículo que aduce de su propiedad, no señala si se materializó o no la detención arbitraria en la vía pública, así como en qué forma sucedieron los actos de hostigamiento, molestia y revisión de su teléfono celular y el interrogatorio a los pasajeros del vehículo, y tampoco explica cómo se ejecutan los actos de vigilancia y seguimiento en su contra. Por otro lado, el promovente omite señalar la forma en que conoció de los actos reclamados, puesto que genéricamente refiere que se dio cuenta de ellos el diecisiete de abril de este año, pero sin explicar cómo se enteró de los mismos o de los operativos de decomiso, en función de la ejecución en su perjuicio. Finalmente, el promovente refiere en sus antecedentes que le causa perjuicio la orden dada por las autoridades responsables, a través de un comunicado por escrito, con base en los artículos 102, fracción V, 104, 107, fracción I y III, 329, 330, 331, fracción VI y IV de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza; sin embargo, no aclara si dicho documento constituye un acto más de su demanda de amparo, además de que no manifiesta cuando lo recibió o si fue requerido con el mismo por las autoridades responsables. Por todo lo anterior, a fin de proveer lo que corresponda respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda de amparo y manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Precise en qué consisten los actos de amenaza y preparación de decomiso o retiro de circulación, explicando cómo y cuándo se materializaron en su perjuicio. Señale en qué forma sucedieron los señalamientos referentes a que realiza un servicio público sin concesión u autorización, precisando que autoridades realizaron dichos actos y cuando se practicaron. Explique la manera en que las autoridades responsables incurren en la negativa o prohibición de su libertad de trabajo consagrada en el artículo 11 constitucional, señalando en concreto cuál es ese acto de prohibición; o bien, manifieste si dicho acto lo refiere a manera de agravios de los diversos actos señalados en su escrito de demanda. Aclare los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, para lo cual deberá señalar cuál es la orden de decomiso que pretenden cumplimentar y que aduce es carente de fundamentación y motivación. Manifieste cuando se le amenazó e intento decomisar el vehículo que aduce de su propiedad, precisando si se materializó o no la detención arbitraria en la vía pública. Especifique en qué forma sucedieron los actos de hostigamiento, molestia y revisión de su teléfono celular y el interrogatorio a los pasajeros del vehículo, así como en qué forma se ejecutan los actos de vigilancia y seguimiento en su contra. Señale la manera en qué conoció de los actos reclamados, es decir, deberá explicar cómo se enteró de los mismos, así como de los operativos de decomiso que refiere en su demanda de amparo. Finalmente, deberá aclarar lo manifestado en el capítulo de antecedentes, en el sentido de que le causa perjuicio la orden dada por las autoridades responsables, a través de un comunicado por escrito, con base en los artículos 102, fracción V, 104, 107, fracción I y III, 329, 330, 331, fracción VI y IV de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable para el Estado de Coahuila de Zaragoza; es decir, deberá señalar si dicho documento constituye un acto más de su demanda de amparo, en cuyo caso tendrá que manifestar los antecedentes del mismo, así como en qué fecha lo recibió y que autoridad se lo entregó, así como en qué términos se le requirió con dicho comunicado. Por otra parte, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, que en este caso son ocho, ya que señaló cinco autoridades responsables, dos para la apertura del incidente de suspensión y una más para el agente del Ministerio Público de la adscripción quien también es parte. En ese sentido, se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento hecho con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se atenderá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Se autoriza en los términos más amplios del articulo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Claudia María Teresa Vázquez Fernández; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriela Lucero Pizarro, toda vez que su cédula no se encuentra debidamente inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se tiene por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en la demanda. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente Oscar Daniel Guerrero Martínez. Así lo acordó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida del secretario licenciado Jesús Omar López Coronado, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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